Incrustada entre las más de mil páginas del paquete de gastos promovido por el presidente Donald Trump, recientemente aprobado por la Cámara de Representantes, se encuentra una medida que podría alterar el equilibrio económico de muchos países en desarrollo: un impuesto del 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas por no ciudadanos desde Estados Unidos.
El objetivo declarado es aumentar la recaudación fiscal para contribuir al financiamiento del paquete presupuestario, pero el impacto podría ir mucho más allá de las fronteras de EE. UU., afectando economías familiares, nacionales y hasta la seguridad internacional.
Un flujo vital en cifras
En 2024, los residentes de EE. UU. enviaron más de 220 mil millones de dólares a sus países de origen, más de la mitad dirigidos a América Latina. Según datos del Banco Mundial citados por Ariel Ruiz Soto durante una conferencia realizada por American Community Media (ACoM), analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, las remesas mundiales alcanzaron aproximadamente 905 mil millones de dólares este año. De esa cifra, 695 mil millones se dirigieron a países de ingresos bajos o medios.
“Las remesas se han convertido en un instrumento de desarrollo en sí mismas. No es solo dinero; son gastos en comida, salud, educación, e incluso infraestructura comunitaria”, señaló Ruiz Soto. Mencionó que, en lugares como las Tierras Altas Occidentales de Guatemala, las remesas suplen la ausencia del Estado.
El compromiso de los migrantes es tan fuerte que, incluso durante la pandemia y en contextos de dificultad económica en EE. UU., los envíos aumentaron en varias regiones, particularmente en América Latina.
Impacto directo en los países receptores
La directora adjunta del programa de migración del Centro para el Desarrollo Global, Helen Dempster, detalló que, según sus investigaciones, el impuesto podría causar una caída del 5.6 por ciento en el total de remesas enviadas. “Si el nuevo impuesto aumenta los costos en un 3.5 por ciento, países como México podrían perder hasta 2.6 mil millones de dólares anualmente. El Salvador, por su parte, perdería más del 1 por ciento de su ingreso nacional bruto”, dijo.
“Para muchos países, este flujo de dinero es una línea de vida absoluta. El impuesto llega en un momento en el que ya se han reducido las ayudas internacionales. En África, por ejemplo, se podrían perder hasta 488 millones de dólares”, agregó Dempster.
Riesgo para la seguridad nacional
El experto en remesas y migración Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano y Harvard, advirtió que la propuesta tiene implicaciones de seguridad graves. “La enmienda exige que se verifique la ciudadanía o el estatus legal de quienes envían dinero. Eso significa que empresas financieras y tecnológicas deberán recolectar y almacenar información extremadamente sensible. Esto abre la puerta al fraude de identidad, al espionaje financiero y a la creación de ciudadanos fantasmas”.
Además, según Orozco, aumentar los costos fomenta el uso de mecanismos informales: “Por cada 1 por ciento de aumento en el costo de transacción, la informalidad aumenta un 6 por ciento. Esto podría devolvernos a niveles de informalidad financiera de los años 2000”.
Una medida que podría fomentar la migración
En su análisis, Orozco concluyó que, si las remesas disminuyen, también lo hará el consumo privado, el ahorro y, en consecuencia, la estabilidad social en países de origen. “Cuando las remesas bajan, la intención de migrar aumenta. Estás empujando a la gente a salir de sus países justo cuando tratas de evitar que migren”.
Reacción desde la comunidad latina y los bancos
Ana Valdez, presidenta del Colaborativo de Donantes Latinos, condenó la medida como una “penalización al sueño americano”. “Estas personas ya han pagado impuestos sobre ese dinero, a veces dos o tres veces. Estás castigando a quienes más contribuyen a nuestra economía”.
Valdez destacó el poder adquisitivo de la comunidad latina, que alcanza los 4 billones de dólares. “Lo que estamos viendo es que las familias priorizan a sus seres queridos. Dicen: ‘mi madre recibirá sus mil dólares pase lo que pase’. Eso implica menos consumo interno: menos salidas, menos ropa, menos entretenimiento. Y eso perjudica la economía estadounidense”.
Según encuestas realizadas por su organización, muchos trabajadores estarán pidiendo a sus empleadores compensación por el nuevo impuesto. Al mismo tiempo, bancos como Bank of America y Wells Fargo han reportado aumentos en los retiros de efectivo por parte de inmigrantes, muchos de los cuales están considerando llevar el dinero personalmente a sus países de origen.
Efectos visibles
Incluso antes de su implementación, la amenaza del impuesto ya está teniendo consecuencias. “Empresas como Western Union y Wise han endurecido sus requisitos de verificación, lo que ha llevado a una caída del 12 por ciento en las remesas mexicanas este mes”, afirmó Valdez. “Y eso es devastador para las empresas estadounidenses de esta industria”.
Una política que podría fracasar en todos los frentes
Ruiz Soto señala que los datos muestran una tendencia reciente a la baja en las remesas hacia México. “En abril, ya había una caída visible. No tenemos los datos de mayo, pero es probable que continúe”, dijo. En contraste, en Guatemala hubo un leve aumento. “Los guatemaltecos están enviando entre 450 y 500 dólares al mes, un poco más que los mexicanos”.
Concluyó que, en el corto plazo, es probable que los migrantes aceleren el envío de dinero antes de que el impuesto entre en vigor, pero a largo plazo podría reducirse el volumen general, debilitando economías familiares y nacionales.
La medida, lejos de resolver el problema de la migración irregular, podría exacerbarlo, afectando tanto a los países emisores como a los receptores. Y todo esto, mientras las agencias de remesas, los bancos, las familias y los gobiernos intentan adaptarse a una regulación que muchos consideran contraproducente e incluso peligrosa.
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