Aunque la costra cangreja controla el Ministerio Público y buena parte del Congreso y las cortes, e intenta impedir que los diputados del partido Semilla del presidente Arévalo puedan ejercer como bancada y dirijan comisiones, otro tipo de alianzas se está construyendo a favor de una nueva gobernabilidad en Guatemala.
Arévalo ha establecido alianzas con alcaldes y diputados derechistas temerosos de la fuerza que ha ganado la fiscalización ciudadana, y a ello se agrega la decisión del Ejecutivo de abrir a toda la población la convocatoria para elegir gobernadores departamentales, usualmente nombrados por el presidente para pagar favores políticos o reforzar clicas de rateros de cuello blanco.
Es alentador que esta medida haya movido a presentar sus papeles a mujeres indígenas con formación académica y experiencia de liderazgo local.
Se criticó inicialmente la ausencia de indígenas en el gabinete, pero a la par de nuevos nombramientos en mandos altos y medios, es innegable que indígenas de orientación progresista están ganando visibilidad, como la diputada Sonia Raguay Gutiérrez en la Junta Directiva del Congreso.
Eso preocupa a lo más rancio de la ultraderecha oligárquica, entre ellos al clan de los Arzú, uno de los cinco troncos oligárquicos más poderosos, cuyo máximo líder Álvaro Arzú Irigoyen fallecido en 2018, dejó a sus parientes y allegados parasitando en el Congreso y en la municipalidad capitalina.
Su hijo mayor, el diputado Alvarito Jr. ha dado mucho de qué hablar a raíz de su oposición a que el erario siga cubriendo sus gastos en alimentos, bebidas, celulares, seguros médicos y otras prebendas.
Desde 2020 la diputada indígena, Vicenta Jerónimo enfrentó a Alvarito por insistir en querer comer con dinero público y este ejemplo chusco muestra como Guatemala lucha por dejar atrás el conservadurismo neofascista que excluye a la mayoría.
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