Es necesario fortalecer los esfuerzos, desde el punto legislativo, para garantizar el derecho al voto, aseguraron expertos en conferencia llevada a cabo por Ethnic Media Services.
Pamela Cruz. Península 360 Press [P360P].
El creciente racismo en EE. UU., los ataques contra la comunidad asiático-americana, las barreras lingüísticas, entre otros problemas, han sido imperantes para que millones de inmigrantes y personas de color no hayan podido ejercer su voto de manera segura en los últimos años, por lo que es necesario fortalecer los esfuerzos, desde el punto legislativo, para garantizar el derecho al voto, aseguraron expertos.
Promulgada en 1965, la Ley de Derechos Electorales ‒VRA, por sus siglas en inglés‒ prohíbe la discriminación racial en las elecciones, por lo cual se ha considerado un logro emblemático del movimiento de derechos civiles.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema de 2013 en Shelby versus Holder debilitó significativamente las protecciones de la VRA, despejando el camino para que los estados aprueben una serie de leyes que privan de sus derechos a los votantes y discriminan a los votantes de color.
Ante ello, dos proyectos de ley podrían marcar un parteaguas en las próximas elecciones, garantizando así el acceso para todos aquellos que buscar ejercer su derecho al voto de manera asegura y lejos de la discriminación racial en las urnas.
Así, la Ley del Pueblo y la Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John L. Lewis son iniciativas que buscan prevenir la interferencia extranjera en las elecciones, limitar la influencia del dinero en la política y modernizar la infraestructura para aumentar la seguridad electoral.
Dichas legislaciones también establecen comisiones no partidistas de redistribución de distritos, un período de votación anticipada de 15 días para todas las elecciones federales y un mayor acceso a la votación por correo y al registro automático de votantes, entre otras disposiciones.
Para Wendy Weiser, vicepresidenta de Democracia en el Centro Brennan para la Justicia, «estos proyectos de ley son fundamentales para detener el flagelo de la supresión de votos que enfrenta nuestro país hoy y para proteger la libertad de voto en el futuro».
Así lo señaló durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services, donde apuntó que los derechos de voto en EE. UU. están bajo ataque como no lo han estado desde la era de Jim Crow, en tanto que «la presión para restringir el acceso al voto en las legislaturas estatales no tiene precedentes, tanto en términos de volumen como de intensidad».
Destacó que hasta hace un mes, había 360 proyectos de ley que buscaban restringir los derechos de voto, los cuales han sido presentados por legisladores de 47 estados, «eso es un aumento dramático en comparación con cualquier año anterior, y estos proyectos de ley se han estado moviendo agresivamente a través de la legislatura».
Explicó además que hay siete proyectos de ley significativos sobre la supresión de votos que se han aprobado, y existen otros que se están moviendo agresivamente a través de las legislaturas estatales en Arizona, Texas, Michigan, y Nuevo Hampshire, mientras que alrededor de una docena de otros estados, en este momento, tienen el potencial de reducir drásticamente el acceso al voto, especialmente para los votantes de color.
Ante ello, dijo, «el Congreso puede y debe detener esta campaña legislativa en todo el país, para suprimir el voto. Tiene poder para hacer cosas bajo la Constitución y hay algunas disposiciones muy fuertes».
Es por ello que, reiteró, las dos leyes «son piezas clave de la legislación federal que, en conjunto, tienen todas las reformas clave que necesitamos para proteger el derecho al voto y fortalecer la democracia en Estados Unidos».
En ese sentido, Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense ‒MALDEF, por sus siglas en inglés‒ explicó que los proyectos de ley para restringir el voto, «buscan endurecer los requisitos de identificación de votantes, dificultar el registro y ampliar las purgas de listas de votantes».
En ese sentido, aclaró que todas esas medidas, afectan particularmente a las comunidades étnicas.
Y es que, dijo, «en la mayoría de los casos, estas iniciativas locales se han justificado en narrativas falsas sobre un supuesto fraude electoral, sin la más mínima evidencia».
Voto latino es decisivo
Sáenz destacó que el crecimiento del voto latino es significativo en muchos de los estados más grandes del país.
«Los latinos son ahora más de una cuarta parte de los votantes registrados en el estado de California, y lo más importante, los latinos y el crecimiento del voto latino es lo que ha contribuido significativamente a un cambio en la política de una serie de estados, empezando por California».
«La política californiana ha cambiado permanentemente, como hemos visto en el último cuarto de siglo, y a ello ha contribuido en gran medida el voto latino. Hemos visto más recientemente cambios en Arizona, Nuevo México, Nevada y Colorado, estados han pasado de ser morados o incluso rojos a ser más consistentemente azules», destacó.
Sin embargo, recalcó que el gran problema es Texas, el cual también podría dar la vuelta con el crecimiento de la población latina, pues esta comunidad representa el 40 por ciento de la población en dicho estado.
«Son el segundo estado más poblado, un estado que acaba de ganar esta semana dos representantes más en la Cámara de Representantes, y cuyo poder sólo se proyecta para crecer en el futuro. Pero el crecimiento de la participación latina en las elecciones de Texas es una amenaza. Si Texas da un vuelco como lo han hecho estos otros estados, todo el cálculo de las elecciones presidenciales cambiará permanentemente. Esa es la amenaza que perciben ciertas fuerzas políticas que están detrás de los esfuerzos por suprimir el voto de todos, pero particularmente en las comunidades de color», agregó.
Thomas A. Saenz puntualizó que, incluso a un nivel micro, en localidades a lo largo del país donde la comunidad latina está llegando a proporciones mayoritarias del voto, los líderes que buscan retener el poder saben que, si no obtienen el apoyo de la creciente comunidad latina, tomarán medidas para suprimir el voto.
Actualmente, subrayó, está pendiente en Texas, una legislación que permitiría a los observadores dentro de los lugares de votación, tomar videos con teléfonos celulares de los votantes que están recibiendo asistencia en el proceso de votación.
«Esto no es más que una intimidación. Esta es una medida de por qué necesitamos que el Congreso y el presidente intervengan para protegernos contra estas depredaciones del derecho al voto».
Señaló que actualmente hay una Administración que apoya el derecho al voto y facilita la participación de ampliar la participación de los votantes en las comunidades, como la comunidad latina.
Sin embrago, ese no era el caso antes del 20 de enero de este año, pues el entonces presidente Donald Trump, culpó a los votantes latinos de fraudulentos y de su fracaso para obtener la mayoría del voto popular en 2016.
Explicó que los latinos son a menudo implícita o explícitamente los que son acusados por líderes como Donald Trump de participar en el fraude electoral «sin una pizca de evidencia».
El experto destacó que en la ley de avance de los derechos de voto John Lewis, la cual espera que pronto se considere en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, hay disposiciones importantes para reconocer.
«Debemos proteger no sólo contra los típicos supresores de votos de largo historial en partes de nuestro país, principalmente el sur, incluyendo el estado de Texas, pero también debemos anticipar que dondequiera que una nueva comunidad esté alcanzando una masa crítica para amenazar a los poderes, se deben establecer protecciones».
Lo anterior, dijo, para asegurar que los nuevos supresores de votos se dediquen a la intimidación de votantes simplemente para preservar su propio poder frente a una comunidad creciente, como la latina o los asiático-americanos.
«Tenemos que asegurarnos de que estamos apuntando, no sólo a los asesinos de votos en serie, sino también a los asesinos de votos imitadores. Y la legislación, que tiene que ser considerada en el Congreso, garantizará que lo hagamos».
Cabe destacar que, si bien la comunidad latina acudió a las urnas en gran cantidad en las últimas elecciones, aún existen niveles muy bajos de registro, «de modo que como porcentaje de todos los votantes elegibles, todavía estamos atrasados y esas son algunas de las razones por las que tenemos que facilitar el registro y la emisión real de votos en la comunidad latina».
Comunidades minoritarias, las más afectadas
Hilary Shelton, vicepresidenta sénior de defensa y políticas de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color ‒NAACP, por sus siglas en inglés‒, refirió que EE.UU. es uno de los pocos países que no registra automáticamente a sus ciudadanos en los padrones electorales cuando cumplen 18 años, pero sí lo hace para el reclutamiento.
De acuerdo con Jacqueline De León, abogada del Fondo de Derechos de los Nativos Americanos ‒NARF, por sus siglas en inglés‒, la situación ha afectado gravemente a los votantes nativos americanos, pues durante los últimos cuatro años su organización ha impugnado en la corte la ley de identificación de votantes de Dakota del Norte.
Asimismo, la prohibición de recolección de boletas de Montana, el requisito de firma de testigos de Alaska para votar durante la pandemia, y la negativa a abrir un lugar de votación en persona en la reserva Blackfeet, que habría obligado a los miembros de la tribu a viajar hasta 120 millas para poder votar.
Agregó que muchas reservaciones de nativos americanos no tienen lugares de votación y las oficinas de correos pueden estar a cientos de millas de distancia.
«Debido a la discriminación continua y la negligencia del gobierno, muchos nativos americanos viven en hogares superpoblados que no tienen dirección, no reciben correo y están ubicados en caminos de tierra, que pueden ser intransitables en noviembre invernal», agregó De León.
La comunidad asiático-estadounidense también ha sido fuertemente atacada y afectada a la hora de emitir su voto, pues las barreras del idioma también se usan como excusa para estas personas no ejerzan su derecho al voto, refirió John C. Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice ‒AAJC‒.
«Las barreras del idioma son uno de los mayores impedimentos para el voto asiático-estadounidense, ya que un tercio de los asiático-estadounidenses tienen un dominio limitado del inglés», dijo.
Agregó que, en todas las encuestas electorales, los monitores han observado que faltan señales e intérpretes en idiomas asiáticos, lo que limita el acceso de esta comunidad a la boleta. «Asegurar una asistencia lingüística eficaz es fundamental para cerrar esa barrera constante en las elecciones nacionales y locales».
