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Cada día, desde tiempos inmemoriales el sol se asoma tras los Andes. Sus potentes rayos han calentado e insuflado ánimos a generaciones de peruanos; la actual conserva en su corazón el fuego de la resistencia que empezó a arder el 7 de diciembre de 2022.
La crisis política se desencadenó cuando Pedro Castillo fue destituido -vacado en los términos legales peruanos- por un Congreso derechista aliado con la vicepresidenta, Dina Bolauarte.
Boluarte, hoy presidenta del Perú, ha desempolvado el manual de los Golpes de Estado y a las demandas de un pueblo hastiado del ninguneo y la indolencia de las élites, el gobierno respondió con violencia, armas y balas. Su sed de legitimidad se sacia con la sangre regada en las calles.
Si bien la molestia corrió por todo el país, la rebelión permeó más al sur: miles tomaron las calles en repudio al gobierno y al Congreso, por los que no se sienten representados.
Al momento de la publicación de esta exposición, al menos mil 200 personas han sido heridas y 52 han muerto de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Los datos distan de ser exactos debido al miedo de familiares y activistas que los ha empujado a guardar silencio ante la brutalidad del Estado y que no han denunciado otros asesinatos y heridas por temor a la represión.
A las demandas de la renuncia de la Presidenta, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales, llamado a un Constituyente que redacte una nueva Carta Magna la respuesta oficial en más de tres meses es la represión.
El Estado asume al pueblo como un enemigo interno al que se persigue, se judicializa, se amenaza, se le golpea y, sobre todo, se le asesina.
Dina Boluarte, la primera mandataria peruana, ha inscrito su nombre en la historia nacional con tinta de sangre.
Esta exposición es apenas un viso a lo que viven diariamente miles de peruanos que luchan por sus derechos y libertad. Presentamos lo que han padecido los habitantes de Juliaca -centro económico de Puno- al sur de Perú.
La carne de jóvenes, trabajadores, adolescentes e incluso niños pequeños ha sido lacerada por los tiros del Estado que califica a los manifestantes de “terrorista” o violentista”. Estos retratos son de víctimas indirectas. Llevan en sus manos las fotografías de un familiar asesinado o herido.
La expresión de sus rostros morenos habla en silencio de sueños truncados, rabia agolpada en la garganta y la impotencia ante la revictimización a la que los somete el Estado de Boluarte. Pese a esto la determinación de exigir justicia no desaparece de la luz de sus miradas, dirigidas a los perpetradores de los crímenes: policías, militares y sus superiores, esos que, aunque no empuñaron las armas, dieron las órdenes del exterminio.
Este trabajo, que se expone en línea y de manera presencial en CDMX, Bogotá, San Francisco, California; Redwood City, East Palo Alto, Nueva York y Washington, forma parte de las actividades de monitoreo y documentación de las actuales violaciones de derechos humanos en Perú, que realizan las organizaciones Global Exchange y Social Focus, en colaboración con medios y organizaciones aliadas como Península 360 Press, Rompeviento TV, Periodistas Unidos y el Centro de Estudios Socio jurídicos Latinoamericanos (CESJUL).
Al corte, una salida política pacífica no se vislumbra en el horizonte.
La pregunta al gobierno de Perú -que extenderíamos a otros gobiernos de Latinoamérica donde la violencia del Estado contra el pueblo, crece día a día- es:
¿Qué cosechará un país que siembra muertos?
Ingrid Sánchez
