Hace un año, el condado de San Mateo lanzó el Programa de Prevención de la Violencia Armada, un esfuerzo específico para quitar las armas de fuego de las manos de personas con violencia doméstica, violencia armada y otras órdenes de restricción civiles en su contra.
En el primer aniversario del programa, funcionarios del condado, tribunales y autoridades policiales del condado, informaron que, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, el Tribunal Superior otorgó 403 órdenes de restricción civiles, 65 de ellas incluían requisitos para renunciar a las armas de fuego.
De ellos, el Tribunal procesó 48 “formularios de prueba de cumplimiento”, lo que significa que las armas de fuego fueron entregadas voluntariamente y documentadas.
Además, se precisó que los detectives dieron seguimiento a las 17 órdenes restantes para que esas personas cumplieran o, si se habían mudado fuera del condado, notificaron a las nuevas jurisdicciones. A su vez, verificaron la información en los 48 “formularios de prueba de cumplimiento”.
Como resultado, 168 armas de fuego (67 rifles o escopetas y 101 pistolas) fueron entregadas a las autoridades o a comerciantes con licencia federal de armas de fuego en cumplimiento de órdenes judiciales.
“Pusimos el listón alto desde el principio”, dijo la jueza del Tribunal Superior de San Mateo, Susan Greenberg. “Nuestra alta tasa de cumplimiento es un logro significativo para el Programa de Prevención de la Violencia Armada. Proporciona seguridad a las partes protegidas en casos de órdenes de restricción civiles y al público”.
El programa apunta a una brecha en los esfuerzos de California para reducir la violencia armada: si bien muchas leyes están vigentes, a menudo se destina poca financiación a su aplicación. La Junta de Supervisores intervino con una promesa de donar 2 millones de dólares durante dos años para lanzar el esfuerzo local.
La iniciativa se centra en el cumplimiento voluntario: informar a las personas que una orden judicial les exige renunciar a las armas de fuego o enfrentar cargos penales.
Los primeros esfuerzos incluyeron revisar los formularios para que las personas sujetas a órdenes judiciales pudieran comprender mejor la ley y simplificar la forma en que se notifica a las autoridades sobre las órdenes judiciales, subrayó Bill Massey, inspector jefe de la Oficina del Fiscal de Distrito.
“Hemos establecido un sistema que se ha convertido en un modelo para los condados de todo el estado”, puntualizó Massey. “Estamos cumpliendo con nuestras prioridades declaradas de reducir el tiempo en que las autoridades se enteran de una orden y aumentar el cumplimiento voluntario”.
Los detectives asignados al programa también reciben alertas en menos de 24 horas cada vez que se emite una orden judicial que exige la entrega de armas de fuego y comienzan a trabajar para fomentar el cumplimiento.
Dave Pine, presidente de la Junta de Supervisores y quien dirigió los esfuerzos para lanzar el programa, dijo que las muertes de cinco mujeres este año –todas como resultado de violencia doméstica– señalan la necesidad urgente de reforzar la aplicación de las leyes existentes y de brindar a los sobrevivientes de violencia doméstica la ayuda que necesitan para obtener órdenes de restricción.
“California lidera la nación en el número de leyes sobre armas vigentes”, dijo Pine. “Lo que estamos haciendo aquí a nivel local es fortalecer esas leyes y estoy encantado con los resultados hasta ahora. Literalmente estamos quitando las armas a personas a quienes se les ha ordenado que las entreguen”.
De acuerdo con información del condado de San Mateo, los detectives del Programa de Prevención de la Violencia Armada de los departamentos de policía de San Mateo y del sur de San Francisco, reasignados a la Oficina del Fiscal de Distrito, revisan sistemáticamente una base de datos estatal que enumera personas a las que se sabe que tienen prohibida la posesión de armas de fuego.
Cabe destacar que el condado ha contratado el Programa de Prevención de la Violencia de UC Davis para evaluar su eficacia.
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