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El ejecutivo del condado, Mike Callagy, dio a conocer un plan presupuestario de 4.2 mil millones de dólares en medio de crecientes preocupaciones de que el estado de California pueda reclamar ingresos del condado para equilibrar sus propias cuentas ante un entorno económico complicado.
Si bien el condado continúa brindando programas y servicios, Callagy advirtió que los obstáculos fiscales derivados de un déficit en las tarifas de las licencias de vehículos (una forma de impuesto a la propiedad), junto con los cambios en el presupuesto estatal, amenazan lo que ahora es un presupuesto equilibrado.
“El entorno económico actual plantea desafíos para la estabilidad financiera de nuestro condado”, señaló Callagy. “Abogamos por un enfoque fiscal cauteloso debido a los tiempos económicos difíciles que enfrentamos”.
La Junta de Supervisores celebrará una audiencia pública sobre el proyecto de presupuesto el 25 de junio.
De acuerdo con Callagy, por dos años fiscales, el estado le debe al condado más de 100 millones de dólares en ingresos por tarifas de licencias de vehículos.
Sin los fondos, los funcionarios del presupuesto enfrentarán desafíos enormes que podrían resultar en recortes en servicios e iniciativas clave que incluyen programas básicos que abordan la crisis de vivienda y personas sin hogar, señaló.
Y es que, esta fuente clave de ingresos locales, que representa el 18 por ciento del fondo operativo general del condado, no está incluida en el presupuesto estatal propuesto por el gobernador Newsom, lo que genera alarmas no solo en el centro del condado sino en ciudades de todo el condado de San Mateo que enfrentan incertidumbres similares.
El gobernador Gavin Newsom proyectó este mes un déficit presupuestario de alrededor de 56 mil millones de dólares durante los próximos dos años fiscales, que pretende equilibrar mediante 30 mil millones en recortes de gastos continuos y únicos.
Con las audiencias presupuestarias en curso en Sacramento, sigue siendo incierto cómo afectarán los posibles recortes en los fondos estatales a los programas locales.
Así, el panorama fiscal podría verse muy diferente en septiembre, cuando la Junta de Supervisores considerará un presupuesto final con revisiones para el año fiscal 2024-25.
Al pedir “un equilibrio entre la elaboración de presupuestos responsable y la prestación continua de servicios esenciales”, Callagy recomienda agregar cinco puestos al Departamento de Vivienda para apoyar los esfuerzos para aumentar la oferta de viviendas asequibles, así como sumar cinco puestos al Departamento de Manejo de Emergencias para reforzar las medidas de resiliencia y ayudar a los residentes a planificar y prepararse.
Aunado a ello, sugiere agregar dos puestos a la recién creada Oficina de Cumplimiento de Normas Laborales, para ayudar a proteger los derechos de los trabajadores; además de una amplia gama de inversiones en proyectos de capital para mejorar parques y completar el Campus de Salud y Curación Cordilleras.
En la reunión del 25 de junio, los supervisores también considerarán las recomendaciones del personal sobre dónde invertir 12 millones en servicios para niños, familias y personas mayores.
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