Por Manuela Tobías. CalMatters
Las protecciones de desalojo para miles de hogares de California que aún esperan en la fila para recibir pagos del programa de alivio de alquiler multimillonario del estado expiraron el jueves.
Desde septiembre de 2020, la Legislatura aprobó y el gobernador Gavin Newsom firmó cuatro leyes que protegen del desalojo a los inquilinos que no pudieron pagar el alquiler debido al COVID-19.
La extensión más reciente protegió hasta el 30 de junio a los inquilinos que habían solicitado alivio de alquiler del programa estatal de 5 mil millones de dólares antes de la fecha límite del 31 de marzo, pero aún no habían recibido respuesta o pagos. Esos inquilinos ahora pueden ser llevados ante los tribunales por sus propietarios.
«Es muy poco probable que completen todas estas solicitudes antes del 30 de junio, cuando expiren las protecciones de desalojo», dijo Sarah Treuhaft, vicepresidenta de investigación de PolicyLink, una organización sin fines de lucro que ha estado revisando el programa de alivio de alquileres del estado, durante una conferencia de prensa esta semana.
«Esto significa que es probable que sean desalojados y que eventualmente obtengan asistencia para el alquiler», subrayó.
Debra Carlton, cabildera principal de la Asociación de Apartamentos de California, dijo que han pedido a sus miembros que no lleven a sus inquilinos con solicitudes pendientes a los tribunales.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado, que administra el programa a través de un contratista, dijo el 1 de julio que había aprobado todas las solicitudes completas para los inquilinos elegibles.
Geoffrey Ross, subdirector a cargo del programa, señaló que todavía están procesando 13 mil solicitudes a las que les falta documentación o representan una apelación luego de una denegación. Por lo que esperan liquidar todas las solicitudes pendientes a principios de agosto.
El programa de alivio de alquiler ha pagado a 339 mil hogares un promedio de 11 mil dólares por un total de casi 4 mil millones de dólares, según el panel de datos públicos del estado. Los cheques pronto estarán en camino a unos 16 mil hogares aprobados esta semana.
La brecha entre las solicitudes completadas y las aprobadas se ha reducido significativamente durante la última semana a medida que se ha incrementado la gestión de casos.
El 30 de junio, el tablero del programa mostró que unas 404 mil personas habían completado sus solicitudes. A última hora de esta mañana, luego de la publicación original de esta historia, el tablero se actualizó para mostrar solo 352 mil solicitudes completas.
En ese sentido, Ross dijo que más de 70 mil solicitantes fueron eliminados de la cola y emitidos rechazos debido a la inactividad de la cuenta.
Estos solicitantes con solicitudes incompletas fueron contactados al menos tres veces y se les dio al menos 20 días para responder, muchas veces más, dijo.
Usando datos del 23 de junio, PolicyLink, que ha estado revisando los datos semanales del programa del estado a través de solicitudes de la Ley de Registro Público, encontró más de 28 mil solicitantes iniciales y 57 mil personas que volvieron a solicitar aún no han recibido respuesta del programa.
Así, Ross, del departamento de vivienda, dijo que los datos, aunque producidos por el estado, tienen «fallas en la interpretación», pero se negó a comentar detalles.
Horne LLP, una firma de contabilidad con sede en Mississippi que se especializa en socorro en casos de desastre, recibirá un pago máximo de 278 millones de dólares para distribuir fondos federales de alivio de alquiler con un tope de 4.5 mil millones de dólares, según una renovación de contrato fechada el 1 de abril que CalMatters obtuvo a través de la Ley de Registros Públicos el 17 de junio.
El departamento de vivienda no pudo decir cuánto se había pagado a la empresa hasta la fecha.
La asambleísta estatal Buffy Wicks, demócrata de Oakland y coautora de la última extensión, reconoció que el programa ha sido «increíblemente frustrante». Ella dijo que el departamento de vivienda del estado le había asegurado que se pagarían sus solicitudes calificadas.
«Creo que no es ningún secreto que ha tenido desafíos», refirió. «Y aunque simpatizo con algunos de los desafíos que hemos tenido como gobierno estatal en términos de lidiar con una pandemia global que ninguno de nosotros anticipó, también es nuestro trabajo como gobierno funcionar bien, especialmente cuando se habla de redes críticas de seguridad social».
Pero hay un lado positivo para los defensores de los inquilinos. Una parte clave de la ley ahora vencida fue la prevención de medidas locales más estrictas contra el desalojo, muchas de las cuales ahora entrarán en vigencia, incluso en el condado de Los Ángeles.
El estado enfrenta al menos dos demandas por el programa por parte de los defensores de los inquilinos, quienes argumentan que ha negado la financiación a los inquilinos que califican y que no está cubriendo la cantidad de la deuda de alquiler prometida originalmente.
A partir del 17 de junio, más de 135 mil personas, o casi un tercio de todos los hogares, que solicitaron ayuda para el alquiler vieron rechazadas sus solicitudes, según los datos que CalMatters obtuvo del departamento de vivienda a través de la Ley de Registros Públicos.
Ese número se disparó en las últimas semanas cuando el programa terminó. La demanda, que cita el mismo conjunto de datos, dice que los inquilinos reciben poca o ninguna explicación por sus negativas, lo que dificulta la impugnación de la decisión final.
«Los inquilinos se enfrentan al desalojo incluso cuando sus propietarios reciben estos cheques gigantes y se niega a los inquilinos que son elegibles para recibir asistencia con estos avisos crípticos que no les dicen por qué. Simplemente no tiene sentido», precisó Madeline Howard, una abogada principal del Western Center on Law & Poverty, uno de los grupos que demanda al estado por el programa.
Ross, del departamento de vivienda, no pudo proporcionar números específicos sobre las denegaciones, pero dijo que a aproximadamente la mitad de los solicitantes se les niega la elegibilidad: ganan demasiado dinero, no residen en un lugar cubierto por el programa estatal, solicitaron un período de tiempo fuera de las pautas del programa o no pudieron probar su tenencia o el impacto que la pandemia ha tenido en su capacidad para pagar el alquiler.
La otra mitad de las denegaciones se debieron a solicitudes incompletas o inactivas.
Dijo que un número no especificado de solicitudes eran fraudulentas o se habían presentado varias veces.
Agregó que a los inquilinos con solicitudes incompletas se les dice qué sección necesitan para proporcionar más pruebas, pero no se limitan a documentos específicos. También destacó que les dieron instrucciones sobre cómo comunicarse con sus administradores de casos para obtener ayuda.
Por su parte, Wicks explicó que el último presupuesto estatal, aprobado esta semana, incluye casi 2 mil millones de dólares para pagar al estado una línea de crédito abierta a principios de este año para pagar a los inquilinos que presentaron solicitudes antes del 31 de marzo, aunque no incluye nuevos fondos para el alivio de alquiler.
El programa cubrió el alquiler por hasta 18 meses entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2022 para inquilinos de bajos ingresos que se vieron afectados financieramente por COVID-19.
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