Por Peter Schurmann. Ethnic Media Services.
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El arresto de un conocido activista comunitario en El Salvador pone de relieve el creciente riesgo de detención arbitraria en la nación centroamericana.
En enero de este año, el activista comunitario José Santos Alfaro Ayala fue arrestado por las autoridades de El Salvador acusado de afiliación a pandillas. Santos es cofundador y codirector de la Fundación Tamarindo, una organización sin fines de lucro que trabaja para abordar los problemas que impulsan la migración forzada fuera de la nación centroamericana, brindando oportunidades educativas, económicas y de liderazgo basadas en la fe.
El arresto de Santos es parte de una amplia represión justificada en virtud de la ley de “estado de excepción” aprobada por el presidente Nayib Bukele en 2022, pensada inicialmente como una herramienta para combatir la violencia de las pandillas. Los activistas de derechos humanos dicen que ahora se está utilizando contra líderes cívicos como Santos. Más del 2 por ciento de la población adulta de El Salvador se encuentra ahora tras las rejas debido a la ley.
El periodista y fotógrafo Manuel Ortiz, en colaboración con la organización de derechos humanos Global Exchange, viajó a la localidad de Guarjila, en el norte rural del país, para conocer más sobre el caso Santos. Lo que encontró fue una región “paralizada por el miedo”.
(Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad).
¿Quién es José Santos Alfaro Ayala?
José Santos es un líder comunitario que trabaja para la Fundación Tamarindo, que comenzó en 1992 en Guarjila, una comunidad de poco más de dos mil personas en el Departamento de Chalatenango. Es deportista y se desempeña como director de recreación de la organización, capacitando a jóvenes en el deporte. Es un apasionado del deporte y hasta hace poco trabajó para el gobierno local como director del Instituto Nacional de Deportes en Chalatenango. Cuando llegué por primera vez a Guarjila, anduve preguntando a la gente sobre José Santos. Quedé inmediatamente impresionado porque todos parecían conocerlo o saber de él. Muchos lo describieron como estricto pero afectuoso. Es un líder importante en la comunidad y un modelo a seguir para los jóvenes en un lugar, donde eso es muy importante. Esta es una región rural pobre con pocas oportunidades.
Santos fue arrestado el 12 de enero. ¿Cuáles fueron los cargos?
El gobierno salvadoreño lo acusó de estar vinculado con la Camarilla Hollywood de la MS13, un grupo del que nadie en la zona había oído hablar. No ofrecieron ninguna prueba, ninguna. Llegaron los soldados, entregaron un papel a sus abogados y eso fue todo. Permaneció en un aislamiento casi total, no podía hablar con sus abogados, su esposa ni sus hijos. Nadie sabía dónde estaba ni si todavía estaba vivo. Es importante señalar que, si bien Santos trabajó en el gobierno local, no estuvo involucrado en política, pero la región de donde proviene no votó por Bukele y eso todos lo saben. Muchos allí creen que Bukele ha desplegado militares en la región como mensaje y advertencia.
¿Puedes decir más sobre la presencia de militares allí?
Hubo un asesinato poco antes de mi llegada. Dos jóvenes estuvieron involucrados en un tiroteo que mató a una persona e hirió a otra. En respuesta, el gobierno de Bukele desplegó cinco mil soldados y mil policías adicionales en la región. Los residentes insisten en que el tiroteo no estuvo relacionado con pandillas y que los jóvenes involucrados eran ladrones conocidos, nada más. También dicen que la MS13 nunca ha tenido mucha presencia en la región.
Ahora, con la presencia de tantos soldados armados, el miedo es palpable. Asistí a una reunión comunitaria en Tamarindo donde la gente habló del terror de las detenciones arbitrarias. Bajo el actual estado de excepción, ahora en su segundo año, el ejército puede arrestar a cualquier persona sin motivo y no hay recursos legales disponibles para lograr su liberación. Esto está alimentando una nueva ola de migración juvenil fuera del país. Muchos preguntan si pueden hacérselo a Santos, cuyo nombre significa literalmente “santo”, ¿qué les podría pasar?
Recientemente usted describió la región como “tierra sin ley”. ¿Qué quieres decir con eso?
Según la Constitución de El Salvador, el gobierno puede invocar un “estado de excepción”, suspendiendo temporalmente derechos básicos como la libertad de expresión y de reunión. Eso fue exactamente lo que hizo el 27 de marzo de 2022, después de una serie de brutales asesinatos relacionados con pandillas. Se supone que la ley sería temporal y duraría sólo un mes. Sin embargo, ha sido renovado 24 veces desde su primera aprobación. El Estado y, por extensión, el ejército y la policía, ahora pueden hacer lo que quieran. Se ha restringido la libertad de asociación, el derecho a un abogado defensor y a un juicio rápido, e incluso la libertad de comunicación. Pueden arrestar a cualquiera. La gente hablaba de familiares que estaban siendo atacados, hijos o sobrinos de activistas conocidos. Por eso la gente tiene miedo.
¿Pudiste confirmar esto?
Sí, numerosos grupos de derechos humanos confirmaron lo que había escuchado, incluida la organización sin fines de lucro Cristosal, que acaba de publicar su segundo informe anual sobre violaciones de derechos humanos bajo el estado de excepción en El Salvador. Una de sus principales conclusiones es que el estado de excepción se está utilizando ahora como una herramienta para reprimir a los grupos cívicos, en parte apuntando a miembros de la familia. Pregunté sobre esto durante el ayuntamiento de Tamarindo, y varias madres que son activas en la comunidad inmediatamente se me acercaron con historias sobre los arrestos de sus propios hijos. Todos sostuvieron papeles, el mismo entregado a los abogados de Santos.
En una de tus fotos vemos a una mujer mayor frente a un altar ¿Quién es ella?
Ella es la madre de Santos, María Carmen Ayala. La visité y tuvimos una breve conversación. Apenas puede caminar. Dijo que reza todos los días. Le pedí que me mostrara su altar. Comenzó a orar, encendió una vela. Fue muy triste. Ella empezó a llorar. Además de su trabajo en la comunidad, Santos también es la principal fuente de sustento económico de la familia. Entonces, su arresto significó que no solo estaban desconsolados sino también devastados financieramente.
Bukele sigue siendo muy popular, tanto en El Salvador como en toda América Latina. ¿Qué le dices a la gente que lo apoya?
Bueno, tienen sus razones. Primero, por el fracaso de los gobiernos anteriores, ya sea de derecha o de izquierda. Y sí, El Salvador era peligroso. Tenía un buen amigo que fue asesinado por pandillas allí. Entonces entiendo el apoyo a Bukele. El Salvador lleva mucho tiempo esperando un cambio, y lo que hizo Bukele fue tomar el que había estado entre los países más violentos del planeta y convertirlo en uno de los más seguros de la región.
Pero Bukele es un experto en marketing. Está vendiendo la idea de que El Salvador se está volviendo más moderno, pero eso sólo es cierto para una pequeña porción del país. Hay un barrio de la capital, San Salvador, donde ha instalado una serie de pancartas con luces de neón, como Times Square. La gente ve esto como una prueba de lo que está logrando. Pero es un espectáculo. La gente no entiende que mientras hace esto, está desfinanciando clínicas públicas, escuelas públicas y otras instituciones vitales en zonas rurales de todo el país. Mientras tanto, la economía está pasando apuros, la inversión extranjera se está quedando atrás y más personas están cayendo en la pobreza.
En tus últimos días allí entregaste una carta al fiscal general ¿Qué decía la carta?
Necesitaba obtener una respuesta de las autoridades por el reportaje que estaba realizando, por lo que por consejo de algunos abogados decidí acercarme al fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado Montes. Y lo que me di cuenta fue que, a pesar de todos los testimonios, a pesar de todos los relatos e informes emitidos, nada se movía. Entonces redacté una carta detallando el caso de Santos. Incluí en la carta las organizaciones y medios de comunicación en representación de los cuales estuve en El Salvador y la entregué personalmente a la Fiscalía. Eso fue el 5 de abril. El 7 de abril, los abogados de Santos recibieron una carta informándole que iba a ser liberado. El 10 de abril salió de prisión.
Peter Schurmann es editor y reportero de Ethnic Media Services en San Francisco. Manuel Ortiz es fundador y editor de Peninsula 360 Press en Redwood City.
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