Este lunes, una coalición de reuniones cuáqueras (doctrina religiosa) presentó una demanda en el tribunal federal de Maryland para bloquear el abrupto cambio de política del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) que permite a los funcionarios federales de inmigración entrar en lugares de culto para llevar a cabo sus acciones de control de inmigración.
La política ya está sembrando el miedo entre las congregaciones favorables a los inmigrantes y ha provocado la cancelación de los servicios religiosos por miedo, afirma la demanda, al tiempo que alega que la política de Trump viola la Primera Enmienda y otras protecciones.
Los demandantes, representados en el desafío legal por Democracy Forward, incluyen la Congregación de Filadelfia de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Congregación de Nueva Inglaterra de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Congregación de Baltimore de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Congregación de los Amigos Adelphi de la Sociedad Religiosa de los Amigos y la congregación de los Amigos de Richmond de la Sociedad Religiosa de los Amigos.
La organización Democracy Foward, destaca que, durante décadas, Estados Unidos ha protegido lugares sensibles, incluidas las casas de culto, de las actividades de control de inmigración, por la preocupación de que tales actividades impidan a las personas recibir servicios esenciales y participar en actividades esenciales, como el culto.
A pesar de estas protecciones de larga data, dice, el DHS de la administración Trump ha cambiado de rumbo y ahora las operaciones de control de inmigración pueden llevarse a cabo en áreas protegidas como iglesias y ceremonias religiosas como bodas y funerales, limitadas únicamente por la instrucción del DHS de que utilicen el «sentido común».
La demanda alega que la presencia de agentes gubernamentales armados en las casas de culto o cerca de ellas perturba la capacidad de los demandantes para asociarse y practicar su culto libremente. La demanda también alega que el cambio abrupto de política viola la prohibición de la ley federal contra las agencias del gobierno federal que actúan de manera arbitraria y caprichosa.
“Hoy hace una semana que el presidente Trump juró defender la Constitución y, sin embargo, hoy en día las instituciones religiosas que existen en nuestro país desde el siglo XVII tienen que acudir a los tribunales para impugnar lo que constituye una violación del derecho constitucional de toda persona a practicar su religión y a asociarse libremente”, señaló Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
“Nuestro equipo tiene el honor de representar a las reuniones cuáqueras que han estado a la vanguardia en la protección de los valores de la libertad religiosa durante siglos e instará al tribunal a actuar con rapidez para detener esta política ilegal y perjudicial”, agregó.
Las congregaciones demandantes señalaron que han protegido el espacio para que los cuáqueros y otras minorías religiosas practiquen su religión. “Nuestra fe nos exige hacer justicia, oponernos a la guerra y la violencia, amar a nuestros vecinos (sin excepciones) y tomar decisiones con todos los presentes”.
En ese sentido, precisaron que la política del DHS impide todas esas cosas e invade el espacio sagrado y su capacidad de rendir culto libremente. “Estamos comprometidos a continuar lo que comenzamos hace más de 300 años: garantizar que las personas puedan practicar su religión”.
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