El gobernador Gavin Newsom dio a conocer un nuevo programa piloto de 4.5 millones de dólares para brindar de forma gratuita servicios legales a trabajadores agrícolas que están involucrados en investigaciones laborales estatales.
El programa incluye servicios de revisión de casos, asesoramiento legal y representación por un abogado, todo sin costo alguno para los trabajadores agrícolas que buscan asistencia.
«Los trabajadores agrícolas son la columna vertebral de nuestra economía y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los malos actores usan la amenaza de deportación como una forma de explotación. En ausencia de que el Congreso modernice nuestro sistema de inmigración roto y obsoleto, California continúa nuestros esfuerzos para apoyar a las familias inmigrantes», dijo Newsom.
Se estima que el 50 por ciento de los trabajadores agrícolas en California son indocumentados, mientras que el miedo a las represalias de los malos empleadores, incluida la amenaza de deportación y las dificultades para obtener otros trabajos sin autorización de trabajo, se ha vuelto una razón común por la que muchos trabajadores de la industria agrícola no presentan reclamos laborales ni brindan información como testigos.
Este nuevo programa piloto busca prevenir la explotación de los trabajadores agrícolas indocumentados proporcionando herramientas adicionales para los departamentos de cumplimiento laboral de California para ayudar a abordar los temores de los trabajadores de ejercer sus derechos debido a su estatus migratorio.
«Ahora es el momento de que nos aseguremos de que los derechos laborales de los inmigrantes se respeten y respeten. Felicitamos al estado por apoyar este piloto, que ayudará a garantizar que los servicios legales estén disponibles y accesibles a través de asociaciones con organizaciones comunitarias confiables en todo California», señaló María Elena De La Garza, directora ejecutiva de la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz.
«La Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz se compromete a mejorar los derechos laborales de los inmigrantes para que todas las familias puedan seguir prosperando», agregó.
Por su parte, Diana Tellefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación UFW, destacó que «la discrecionalidad procesal garantiza que los trabajadores agrícolas estarán facultados para hacer valer sus derechos laborales y hacer frente al abuso y la explotación que a menudo enfrentan».
Destacó también que los trabajadores agrícolas indocumentados, que forman una porción tan grande y esencial de la fuerza laboral del país, deben poder hacer valer sus derechos sin la amenaza de represalias de inmigración.
Además, explicó que «es de suma importancia que los trabajadores indocumentados tengan acceso a servicios legales gratuitos y de bajo costo, para que cualquier trabajador agrícola que haya experimentado violaciones en el lugar de trabajo pueda presentarse sabiendo que está protegido contra la deportación. Estamos entusiasmados con el nuevo programa piloto y esperamos trabajar con el gobernador Newsom para que sea un éxito».
Los servicios no estarán limitados por el estado migratorio de una persona. Para ser elegible, los casos deben estar bajo revisión por la Oficina del Comisionado Laboral del Departamento de Relaciones Industriales, la División de Seguridad y Salud Ocupacional o la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas. Los proveedores de servicios legales estarán disponibles según las estimaciones de la población de trabajadores agrícolas y la capacidad del proveedor.
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