Samuel Cortés Hamdan. Península 360 Press /Global Exchange (@cilantrus)
[Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) de Honduras. Foto: Manuel Ortiz]
La elección presidencial de noviembre y el golpe de Estado de 2009
Honduras vive una crisis política desde hace doce años. Un escenario de autoritarismo y deterioro institucional derivado del golpe de Estado que dio fin al mandato de Manuel Zelaya en 2009.
A partir de entonces, el Partido Nacional, de derecha tradicional y fundado a principios del siglo XX, gobierna Honduras. El actual mandatario, Juan Orlando Hernández, sobre quien pesan acusaciones de vínculos con el narcotráfico, compite por la continuidad política a través de su candidato Nasry Asfura, aunque asegure en uno de sus principales eslóganes de campaña que su “proyecto es diferente.”
Aunado a la situación política y social, se vive en el país una crisis generalizada de derechos humanos, inseguridad, migración, desigualdad y desconfianza en la separación de poderes y en el gobierno de Hernández, circunstancias desafiantes que se suman a la trágica inestabilidad histórica de Centroamérica —derivada del colonialismo europeo— en correlación directa con la violencia, el autoritarismo, el pandillaje, el trasiego de drogas y la desigualdad fomentadas desde Washington como parte de sus estrategias geopolíticas para mantener el control en la región, y con consecuencias cotidianas hasta hoy.
En este contexto, las hondureñas y hondureños acudirán a las urnas este noviembre de 2021 no sólo para elegir presidente, sino también a renovar el Congreso y aportar veinte legisladores al Parlamento Centroamericano, además de escoger alcaldes, vicealcaldes y regidores.
“Difícil que no se repitan las conductas fraudulentas de la elección de 2017”: Centro de Estudios para la Democracia
A dos meses de las elecciones no hay certezas que garanticen la transparencia de los comicios y el respeto a la voluntad popular en la jornada del 28 de noviembre de 2021, estima en entrevista para Península 360, Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) de Honduras.
“El principal desafío está en asegurar que las elecciones se realicen bajo los estándares internacionales de la transparencia, la equidad y la competitividad, que precisamente es un atributo que en estos últimos tres procesos electorales postgolpe de Estado del 2009 no sólo no han estado presentes, sino que se han venido deteriorando y significan un claro retroceso en la limitada electoral de Honduras”, califica el analista.
El director ejecutivo del Cespad reconoce una incertidumbre general, un panorama sumamente complejo.
“Hasta este momento todo apunta a que podríamos estar ante un proceso electoral descaradamente fraudulento como el de 2017. Aunque hay un pequeño espacio para evitar que este escenario pueda repetirse”, pondera.
A este escenario de crisis institucional y fractura histórica se suma la violencia actual en el proceso electoral, que ha producido al menos el asesinato de candidatos y enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos en contienda, enumera Irías.
Alternancia o continuidad
La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, destaca en la intención de votos a pocos puntos porcentuales debajo del oficialista Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Estos dos aspirantes sintetizan, en términos generales, el panorama político de los comicios de noviembre: la abanderada de Libre milita en la organización política que lidera el desplazado Manuel Zelaya, mientras que el candidato del Partido Nacional supone la continuidad política del poder derivado del golpe de Estado.
El Partido Libre reivindica una orientación política desde la que acusa a la actual gestión de Honduras de ejercer una dictadura como heredera política del golpe de Estado de 2009, mientras que el abanderado del Partido Nacional finca parte de su discurso político en asegurar que es diferente a Hernández.
En tanto, Asfura asegura que “Papi es diferente” como una de las líneas centrales de su discurso proselitista.
Precariedad institucional, debilidad política
Más allá de las narrativas de los contendientes, el Centro de Estudios para la Democracia recuerda que Honduras acudirá a las urnas con un proceso sin concluir en la renovación de la tarjeta de identidad —sólo se ha cubierto alrededor del 70 por ciento—, sin acuerdos ni fortaleza técnica en el sistema de conteo preliminar para empezar a arrojar certezas en las primeras horas del cierre de urnas, y sin concertación sobre el procedimiento de voto con huella dactilar.
Estas iniciativas de modernización electoral han sido sistemáticamente bloqueadas por el Partido Nacional, con la participación cómplice del Congreso Nacional y del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), acusa el titular del Cespad.
Ante todo esto, ¿podrán hondureñas y hondureños encontrar un camino democrático de salida a esta larga crisis política?
*Este artículo forma parte de un acuerdo de colaboración entre Península 360 Press y la organización internacional de derechos humanos Global Exchange. Sigue la cobertura de las elecciones en Honduras a través de nuestra página web y redes sociales.
