La cuenta regresiva ha iniciado. Faltan tan solo unos días para las elecciones más importantes para Honduras, pues podrían marcar un verdadero paso hacia la democracia, sin embargo, el proceso está empañado por la violencia política y el narco que han permeado hasta lo más profundo de la contienda.
Y es que, existen candidatos a cargos de elección popular denunciados o arrestados por presuntos vínculos con lavado de activos, a lo que se suma casos de violencia política que «van cobrando matices mucho más preocupantes que los acontecidos y registrados meses atrás», de acuerdo con un comunicado del Centro de Estudio para a Democracia (CESPAD) de Honduras.
Agregó que durante esta contienda electoral, el país se encuentra ante un escenario de violencia política que ha dejado como saldo candidatos a cargos de elección popular asesinados «con mucha saña», mientras que unos 300 aspirantes han desistido a continuar buscando un cargo, «debido a amenazas a muerte, hostigamiento y persecución en sus municipios y departamentos».
La organización recordó que el reciente allanamiento a inmuebles pertenecientes al alcalde del municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, Roosevelt Eduardo Avilez López, por parte de la Dirección de la lucha contra el Narcotráfico (DLCN) por supuesto lavado de activos, da cuenta y vuelve a poner «en la mesa» el tema de la narco-política.
De acuerdo con el investigador, Avilez no pudo justificar más de 160 millones de lempiras (poco más de 6.5 millones de dólares), en relación con el monto que obtiene como ingresos; en tanto que, a su esposa, Nancy Mareyil Santos Ríos ‒también detenida‒, se le encontraron otros 150 millones de lempiras (6.1 millones de dólares) que tampoco pudieron ser acreditados.
El caso de Avilez, precisó el CESPAD, «es de suma preocupación, porque evidencia la escasa capacidad y voluntad de actuar de los entes encargados de investigar este tipo de delitos, tomando en cuenta que el propio Ministerio Público reconoce que desde el mes de marzo del 2013, es decir, desde hace 8 años se tuvo conocimiento de esta situación».
A la cuenta se suma la investigación por el delito de lavado de activos al candidato a diputado Mauro Antonio Romero Carías, por el Partido Liberal, y a su esposa, Angélica Roxana Girón Hernández, quienes, además, al momento de su captura se les decomisó más de un millón de lempiras (41 mil dólares) de los cuales no pudieron acreditar su procedencia.
Violencia, violencia y más violencia
La violencia política en Honduras nunca se ha ido y ha cobrado fuerza con el tiempo y las contiendas electorales. Muestra de ello ha sido el asesinato por desmembramiento y posterior calcinación del cuerpo del exregidor nacionalista de la municipalidad de San Luis, Santa Bárbara, Fredy Geovanny Velásquez, a finales de septiembre.
A ése se suman los asesinatos del candidato a alcalde en Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Nery Fernando Reyes, por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y el del candidato a regidor de la municipalidad de Choloma, Cortés, Napoleón Muñoz, de la Alianza Patriótica.
Estos asesinatos, dijo CESPAD, «elevan la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad encargada de investigar este tipo de crímenes en el marco de las elecciones generales, que ya están a la vuelta de la esquina, amenazan el proceso electoral y el día de las votaciones».
Asimismo, estimó que aunque hay otros temas que conforman el marco contextual de Honduras, «realza la preocupación de la debilidad institucional para garantizar la transparencia en el financiamiento electoral».
En tanto que, precisó, «las amenazas, persecución y los crímenes a alcaldes, regidores y otros personajes del mundo político que, al carecerse de una investigación que dilucide el origen de la violencia, se da por sentado que acontece devenida del accionar político».
Cabe destacar que en las elecciones generales que se llevarán a cabo el 28 de noviembre de noviembre, y a las que están convocadas más de 5.1 millones de hondureños, se elegirán además tres designados ‒vicepresidentes‒, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.
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