Promotores de esta enmienda que busca restaurar la acción afirmativa en las elecciones de noviembre, dicen que su aprobación ayudará a remover políticas que han alimentado el racismo por más de 20 años en el estado.
Ethnic Media Services. Península 360 Press.
24 años después de que los votantes de California aprobaron la Proposición 209 que prohíbe considerar la raza y el género en las admisiones a las universidades públicas, este 3 de noviembre una nueva iniciativa quiere revertir esa decisión. Conocida como acción afirmativa, la opción estará de nuevo en la boleta electoral en California con la Proposición 16, en lo que sus impulsores dicen es una herramienta para «mejorar las brechas de oportunidades raciales para los californianos».
Los tres copresidentes impulsores de la propuesta, todos veteranos de derechos civiles en California hablaron en un panel organizado por Ethnic Media Services vía Zoom, en momentos en que las protestas por el racismo sistémico y las injusticias contra las comunidades étnicas están encendidas en todo el país, mientras la pandemia de la COVID-19 azota con fuerza a familias inmigrantes y negras.
«La proposición 16 trata directamente el tema del racismo sistémico», dijo Eva Paterson, presidenta y cofundadora de The Equal Justice Society, una organización legal nacional centrada en los derechos civiles y la lucha contra la discriminación. «Nosotros (los afroamericanos) no tenemos suficiente poder político. Tenemos los números, pero no tenemos el dinero para contribuir a campañas políticas o pagar lobistas… con la acción afirmativa tendremos más acceso a la educación superior, mejores trabajos, mejor seguro de salud e incluso mayor acceso a cargos públicos», aseveró.
En la práctica, la acción afirmativa busca que los grupos que han sido tradicionalmente discriminados (mujeres, negros, morenos, hispanos, indígenas, nativo-americanos, asiático-americanos, e inmigrantes en general) tengan mayor acceso a oportunidades de educación, empleo y contratación a través de la adopción de políticas que favorezcan el género y la raza.
Esto en contraste con lo que se aprobó en la proposición 209 de 1996 con el 56% de los votos generales, pero con un amplio rechazo de los votantes de comunidades étnicas (entre el 60% y el 70% votaron no). Esta iniciativa liderada por Ward Connerly, un regente de la Universidad de California (UC) designado por el entonces gobernador Pete Wilson, hizo constitucional la prohibición al estado de «discriminar u otorgar un trato preferencial por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en la operación del empleo público, la educación pública, y contratación pública». Sus detractores dicen que este confuso lenguaje buscaba apelar a las mayorías blancas.
«Tenía una etiqueta engañosa como si fuera una iniciativa de derechos civiles en California», dijo Tomás Sáenz, presidente y consejero general del Fondo de Educación y Defensa Legal México-americano (MALDEF en inglés). «Al usar las palabras «trato preferencial» en vez de «acción afirmativa», pretendía promover una prohibición innecesaria a la discriminación que ya estaba resuelta en la decisión de la Corte Suprema en Brown v. Board of Education sobre la segregación racial en las escuelas».
Pero los opositores a la acción afirmativa han desafiado esta herramienta ante la Corte Suprema y el mes pasado el Departamento de Justicia acusó a Yale de discriminación ilegal en la admisión contra estudiantes blancos y asiático-americanos.
De acuerdo con Sáenz, lo que la proposición 209 hizo en California en cambio, fue afectar el acceso de personas de comunidades étnicas a espacios educativos desde el jardín de infancia hasta la educación superior. Hoy en día, aunque el 60% de los estudiantes del último año de secundaria son negros o latinos, solo el 29% de esas razas compone el cuerpo estudiantil de primer año en los campus de todo el sistema universitario en California. Un año después de su aprobación, el número de estudiantes negros en la escuela de derecho de Berkeley pasó de 30 a 1; en otras esferas, dificultó aún más la contratación de policías latinos, asiáticos y negros en condados de California.
«Ningún político quiere abordar la discriminación si la ley le impide implementar algo para resolverla. Bajo la proposición 209, cualquiera que esté interesado en abordar la acción afirmativa, se ve limitado por los enfoques neutrales en cuanto al género y la raza para abordar esas disparidades», agregó Sáenz.
El experto citó el ejemplo de cómo los fondos que se asignan a la fórmula de financiamiento de control local que proporciona recursos adicionales a las escuelas con base en el número de jóvenes en crianza temporal, aquellos de bajos recursos y aprendices de inglés, fueron retrasados por legisladores preocupados por violar la proposición 209. «La mayoría de los jóvenes en crianza temporal son afroamericanos, mientras la mayoría de los aprendices de inglés son asiáticos o latinos… no es una ley que ayude a combatir la discriminación».
En el campo laboral, los defensores de la proposición 16 que se votará en las urnas, argumentan que muchos negocios asiático-americanos fueron brutalmente impactados al comienzo de la pandemia por los comentarios hechos por el mismo presidente Donald Trump al bautizar al COVID-19 como el virus chino o el Kung Flu. Esto ha disminuido la posibilidad de pequeños empresarios de contratar con el estado por aquellos amparados en la proposición 219 y en estos comentarios racistas.
«Desde que el presidente Trump usó estos términos hemos documentado 2500 reportes de incidentes de odio», aseguró Vincent Pan, codirector ejecutivo de Chinese for Affirmative Action, una organización comunitaria de justicia social con sede en San Francisco. «Aunque la congresista Grace Meng introdujo una resolución en contra del odio hacia los asiáticos (que fue finalmente aprobada), 164 republicanos votaron en contra de esa resolución y ese es el partido que más vigorosamente se opone a la proposición 16».
Pan dijo que en ciudades como Atlanta o Chicago la posibilidad para los asiáticos americanos de contratar con el estado es mucho mayor que en San Francisco, pese a que, en esta última ciudad, la mano de obra de esa raza es superior en número. Y la razón, según él, es la ausencia de acción afirmativa. Pasa igual con el acceso al programa de protección de salarios (PPP en inglés), una medida federal para ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia a la que el 90% de los negocios propiedad de mujeres o personas de raza diferente a la blanca, no pudieron acceder.
Validadores y villanos
Como resultado de la proposición 209, mujeres y comunidades étnicas han perdido cerca de 1,000 millones de dólares al año según estimados de Equal Justice Society compartidos por Paterson. La activista dijo que no ha habido incentivos para la gente blanca de emplear a subcontratistas de otras razas, lo que también limita hacer crecer negocios y recursos dentro de la comunidad.
Pero su optimismo con la proposición 16 se basa en que la demografía en California ha cambiado mucho en las últimas dos décadas, al punto que casi 43% de los votantes del estado son de raza diferente a la blanca. Paterson también dijo que incluso antes de la muerte de George Floyd a manos de policías en Minneapolis, un hecho que ha despertado la solidaridad de los blancos estadounidenses que «se quitaron las vendas de sus ojos frente al racismo», la mayoría de ellos ya estaba de acuerdo con la acción afirmativa.
«Tenemos una estrategia que se llama validadores y villanos», contó Paterson sobre esta recta final de campaña. A la proposición 16 la apoyan personas como John Legend, los cofundadores del movimiento Las Vidas Negras Importan, Kamala Harris, la hija de Martin Luther King Jr. y todos los jugadores deportivos profesionales en el área de la bahía.
«Cuando la gente reconoce que ellos son los validadores, se vienen de nuestro lado» aseguró Paterson. «Y cuando saben que entre los villanos que se oponen a esta propuesta, hay personas como Trump, entonces también se vienen de nuestro lado», concluyó.
