Redacción. Península 360 Press [P360P].
Las manifestaciones en Colombia que comenzaron el 28 de abril –ahora conocido como Paro Nacional–, tiene su origen sobre propuestas en materia fiscal derivada de los efectos en la economía a causa de la pandemia por COVID-19. El presidente de Colombia, Iván Duque, insistió en que la reforma «es una necesidad» y no «un capricho» lo que llevó a la renuncia del titular del ministerio de Hacienda de Colombia y, posteriormente, a desestimar la propuesta por completo.
A través de la señal de KiQi 1010 AM, en San Francisco, el sociólogo Manuel Ortiz, viajó hacia Colombia para conocer, de primera mano, a las víctimas de desapariciones forzadas, represión hacia manifestantes –resultantes en heridas en el rostro– y sobre todo, conocer a los padres y madres de familia que han sufrido la pérdida de sus hijos por ejecución a manos de la fuerza pública –Policía Nacional y el Esmad– por órdenes del gobierno de Colombia, encabezado por Iván Duque.
«Lo que observamos es una práctica sistemática de desaparición de jóvenes de estrato social bajo, muchos de ellos, hijos de desplazados», relata Ortiz. Advirtió que, desde los EE. UU., es importante no perder de vista a la nación hermana y al resto de América Latina en el marco de las exigencias de una nueva reforma migratoria.
Además, se presentan testimonios de las víctimas que han sufrido agresiones a sus rostros dirigidos intencionalmente a sus ojos.
En el mismo sentido, el abogado y coordinador de Primera Línea Jurídica, Rubén Darío, señaló que el constante estado de guerra en el que se ve involucrado el gobierno de Colombia, da paso a la justificación de actos arbitrarios contra su sociedad y, por tanto, a su situación económica cuya verdadera causa sigue siendo la corrupción. Rubén Darío explica que la pandemia por COVID-19 agravó la hambruna y situación precaria de acceso a su alimentación y a su salud.
