Miles de inmigrantes han recibido cartas con las millonarias penalidades para presionarlos a que se autodeporten
Por Araceli Martínez. ACoM. Peninsula 360 Press.
A finales de mayo, Ángel, quien reside en Los Ángeles desde hace más de dos décadas, recibió una carta por correo del Departamento de Seguridad Nacional que le informaba de una multa por $1.8 millones por no acatar una orden de deportación.
Ángel (su nombre real fue omitido debido a su falta de estatus migratorio) dijo que los días y semanas transcurridos desde que recibió la carta han estado llenos de angustia.
“Me quedé helado al recibir la carta”, dijo. “No podía comer. Perdí el apetito. Me sentí acorralado”. Añadió: “Empecé a preguntarme una y otra vez que iba a ser de mí. No tengo dinero para pagar esa cantidad. ¿Qué pasará con mi familia si me deportan?”.
Un informe reciente del Proyecto Marshall revela que el gobierno federal ha enviado más de 65 mil cartas similares a inmigrantes en todo el país que, como Ángel, tienen órdenes de deportación pendientes. En el caso de Ángel, el 1.8 millones de dólares se basan en una multa de 998 dólares diarios con un mínimo legal de cinco años.
Al administrar las multas, que ascienden a unos 36 mil millones de dólares en total, la Administración Trump ha reactivado una ley de 1996, poco utilizada, que permite sanciones económicas a inmigrantes que fallaron con cumplir con las órdenes de deportación emitidas.
Cuidado con los notarios
Ángel tiene 47 años y trabaja en la construcción desde que llegó a Los Ángeles procedente de México. Con un nudo en la garganta, este esposo y padre de tres hijos, de 21, 18 y 12 años, todos ciudadanos estadounidenses hace largas pausas durante la entrevista. Entre sollozos, cuenta que sus problemas comenzaron cuando visitó un notario en 2001, poco después de llegar al país.
“Me prometió un permiso de trabajo, un número de seguro social y la residencia”, relató Ángel. “En ese entonces solo llevaba un año en el país, y por ignorancia, le creí ingenuamente”.
En México y otras partes de Latinoamérica, los notarios son abogados designados por el estado, con amplia autoridad legal, lo cual no ocurre en Estados Unidos. Esta confusión ha generado problemas legales y financieros, así como numerosas estafas que hacen blanco de los inmigrantes.
En el caso de Ángel, tres años después, en 2004, cuando un juez de inmigración le negó la solicitud de asilo, y dictó una orden de deportación, comprendió su error.
“No fui el único, hubo cientos”, explicó Ángel, quien le pagó al notario 4 mil dólares por sus servicios. Según dijo el notario nunca le explicó que presentaría una solicitud de asilo en su nombre.
Históricamente, la tasa de aprobación de solicitudes de asilo para ciudadanos mexicanos ha sido inferior al 10 por ciento.
El juez le dijo a Ángel que podía optar por su autodeportación o que agentes fueran a su domicilio. “Respondí que me iría por mi cuenta”, afirmó.
Ángel no se fue. Se quedó en el país, motivado por la necesidad de apoyar económicamente a sus padres en México. Un año después, en 2005, se casó y formó su propia familia.
“Tengo un muy buen trabajo. Pago mis impuestos. Mi esposa siempre ha sido voluntaria en las escuelas de nuestros hijos”, dijo Ángel. “Nunca he tenido problemas con la policía; tengo un historial crediticio impecable. Muchos me consideran un ciudadano ejemplar”.
Sueños destrozados
Dos semanas después de recibir la primera carta del DHS, Ángel recibió una segunda notificándole que su deuda sería enviada a una agencia de cobranza.
“Desde entonces, he consultado con muchos abogados tratando de encontrar una solución, pero no hay nada que se pueda hacer. Un abogado quería cobrarme 5 mil dólares por presentar una apelación; otros 8 mil dólares por declararme en bancarrota, pero esa opción no está disponible. No funciona cuando se debe dinero al gobierno”.
Finalmente decidió cancelar sus cuentas bancarias y poner sus ahorros y vehículos a nombre de sus hijos para evitar que fueran embargados.
“También me han dicho que pueden embargar hasta el 25 por ciento de mi salario, lo cual me afectaría mucho porque soy el único sostén de mi familia”.
Ángel dijo que espera que la Administración Trump le envíe otra carta con una citación judicial, y que en última instancia, un juez decidirá su destino.
“Si mis hijos ya hubieran terminado sus estudios, me sentiría más tranquilo para regresar a México”, dijo. “Mi hija quiere estudiar para ser maestra y mi hijo mayor sueña con ser ingeniero en drones. Deportarme, significa destrozar sus sueños”.
Protejan sus bienes
Alex Gálvez, abogado de migración en Los Ángeles, recomienda a los inmigrantes que, al recibir estas cartas, tengan cuidado con las estafas de abogados que ofrecen apelar las multas del DHS por más de un millón de dólares.
“No hay nada que apelar; y estamos viendo abogados que cobran hasta 4 mil 500 dólares por presentar una apelación que no detendrá la multa ni cancelará la deportación”, explicó. “Lo que deben hacer es proteger sus bienes, especialmente quienes poseen una vivienda, y crear un fideicomiso para evitar que sus propiedades sean embargadas o confiscadas”.
Añadió que ha visto casos de inmigrantes que recibieron estas cartas, y poco después, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron por ellos, porque ya tienen la información de dónde viven.
“Lo que sucedió es que el ICE los detuvo al salir de sus casas”, afirmó. “Lo he visto”.
“El objetivo es quebrarlos”
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, afirmó que estas multas tienen dos propósitos: primero seguir aterrorizando a la comunidad inmigrante.
“Lo único que les queda es quitarle los pocos ahorros que tienen”, dijo.
El segundo, añadió, es lograr que la gente se deporte voluntariamente, cumpliendo así la promesa de campaña de Trump de deportar masivamente. “El objetivo es quebrar emocionalmente a los inmigrantes indocumentados, para que, presas del pánico, se autodeporten”.
Por su parte, Ángel, devastado y sin forma de regularizar su situación migratoria, dijo que su mayor deseo es contactar con otros inmigrantes que hayan recibido las multas millonarias del DHS.
“Hasta ahora, no he podido contactar con nadie. Hablar con alguien que esté viviendo la misma pesadilla que yo, me ayudaría muchísimo”.
This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.
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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California.
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