By Joyce Chu. San Jose Spotlight. Peninsula 360 Press.
Las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados ordenadas por el presidente Donald Trump han impulsado la respuesta local para proteger a los residentes del condado de Santa Clara de cualquier daño.
La Red de Respuesta Rápida (RRN, por sus siglas en inglés), una coalición regional de voluntarios que proporciona alertas en tiempo real sobre la aplicación de la ley federal de inmigración, ha triplicado con creces su número de colaboradores, llegando a 3 mil personas desde su creación hace casi una década.
La red también ha crecido hasta incluir a 10 organizaciones participantes, entre ellas Amigos de Guadalupe, SIREN, Caridades Católicas del Condado de Santa Clara y Asian Law Alliance. Ofrece asistencia legal gratuita a las personas detenidas y apoyo a sus familias, así como acompañamiento a las audiencias de inmigración.
Voluntarios gestionan la línea directa 24/7 para inmigrantes que buscan protección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), investigan y observan las actividades de control migratorio, entre otras cosas. La línea recibe entre 30 y 50 llamadas diarias, desde residentes que buscan información y solicitudes de emergencia hasta reportes de posibles avistamientos de agentes del ICE.
La amplia base de voluntarios permite que un agente de respuesta esté listo en cuestión de segundos cada vez que la red emite una alerta sobre una posible actividad del ICE, declaró Jacklyn Alonzo, portavoz de RRN.
“Contamos con una red de respuesta muy sólida”, declaró Alonzo a San José Spotlight. “Estamos atendiendo las necesidades de las comunidades afectadas y asegurándonos de estar presentes en todo el condado”.
Cómo empezó
Aunque la red se estableció formalmente en 2017, sus orígenes se remontan a décadas atrás, cuando los residentes latinos del condado de Santa Clara comenzaron a organizarse contra las políticas antiinmigrantes que se estaban formulando a nivel estatal y nacional.
En 1994, los votantes de California aprobaron la Proposición 187, que prohibía a los inmigrantes indocumentados el acceso a los servicios sociales y a las escuelas públicas. Además, obligaba a maestros y médicos a denunciar a los presuntos inmigrantes ante el fiscal general del estado. Las comunidades protestaron y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) lucharon contra el referéndum. Los tribunales federales declararon la ley inconstitucional antes de su entrada en vigor oficial.
En 2005, un proyecto de ley federal que proponía tipificar como delito grave la situación de indocumentado impulsó a la comunidad inmigrante del condado a luchar por sus derechos, según declaró Robert Yabes, director de programas de Catholic Charities y miembro fundador de RRN. El proyecto de ley no prosperó en el Senado.
Los inmigrantes se mostraron reacios a organizarse cuando Trump asumió la presidencia en 2017 y amenazó con deportaciones y la construcción de un muro masivo en la frontera sur de Estados Unidos con México. Esto llevó a Yabes y a otros a idear una línea directa que funcionaría como el 911. Gracias a la inversión del condado y de San José, la Red de Respuesta Rápida se hizo realidad.
“La red se formalizó porque ya no podemos depender de las protestas masivas”, declaró Yabes a San José Spotlight. “Ayuda a los inmigrantes a concentrarse más en lo que necesitan hacer en lugar de tener miedo. Saber que hay alguien ahí cuando se necesita ayuda es muy importante”.
La evolución de RRN
El segundo mandato de Trump ha generado un clima de temor sin precedentes, según defensores de los inmigrantes. Menos gente frecuenta supermercados y comercios, las calles del este de San José están más vacías y menos estudiantes asisten a clases. Algunos inmigrantes han optado por la deportación voluntaria ante la intensificación de los operativos de control migratorio en Los Ángeles y las agresivas campañas televisivas que los instan a marcharse.
Si bien no se han producido deportaciones masivas en el condado de Santa Clara, este ha sido uno de los más afectados de la región por arrestos selectivos. Desde principios de 2025 hasta junio de 2026, 232 residentes fueron detenidos, según la red.
Los inmigrantes representan aproximadamente 40 por ciento de los casi 2 millones de residentes del condado de Santa Clara. Estos inmigrantes provienen de todo el mundo, incluyendo una gran parte de Asia y Sudamérica, y desempeñan diversos trabajos, desde la manufactura hasta la tecnología y la agricultura. Aproximadamente 134 mil personas son indocumentadas y cerca del 44 por ciento nacieron en México.
En tiempos de crisis, la información precisa y oportuna es fundamental, según afirman los defensores. La red actúa como organismo de control para la comunidad, enviando personal de respuesta para investigar denuncias de posibles actividades del ICE y, o bien aliviar el temor, o bien informar a los residentes para que permanezcan en sus casas.
También se envían equipos de respuesta si un residente está detenido. Rebeca Armendáriz, ex concejala de Gilroy y cofundadora de RRN, quien trabaja como operadora de la línea directa, recuerda un momento particularmente conmovedor ayudando a una familia cuyo padre fue detenido por ICE.
Armendáriz recibió la alerta tras dejar a su hija en el trabajo. Relató que, al llegar al lugar de los hechos en Gilroy, los agentes del ICE acababan de marcharse en sus coches con el padre de la familia bajo custodia. Dos niños pequeños se aferraban a las piernas de su abuela. La madre estaba dentro del coche, llorando mientras abrazaba a su bebé.
“Lo único que pude hacer fue intentar consolarlos en ese momento, y enseguida volví al modo de respuesta rápida para ayudarlos”, declaró Armendáriz a San José Spotlight. “Realizo mucho trabajo en la comunidad, pero nada me enorgullece más que poder ofrecer servicios”.
La red también contacta a empresas en momentos de mayor sospecha de actividad del ICE para informarles sobre los servicios disponibles y capacitarlas como personal de respuesta. A principios de este año, RRN intensificó su labor de divulgación y sumó mil nuevos voluntarios antes del Super Bowl en febrero, ante el temor de que agentes estuvieran en las cercanías. Los voluntarios realizaron rondas durante todo el día para vigilar y no reportaron actividad del ICE.
La Red de Respuesta Rápida está intensificando su labor de divulgación en el sur del condado debido a la futura instalación del ICE a las afueras de Gilroy. Casi 60 por ciento de los aproximadamente 60 mil habitantes de la ciudad son latinos.
Las obras en el lugar se han paralizado temporalmente a raíz de la demanda interpuesta el mes pasado por el condado de Santa Clara y el fiscal general de California, Rob Bonta, para bloquear el proyecto.
“Seguimos trabajando para ampliar nuestra cobertura en lugares como Gilroy”, dijo Alonzo. “Si no existiera esta red, creo que habría mucho más miedo. Gran parte de nuestro trabajo consiste en tranquilizar a la comunidad”.
Read the original note here.
You may be interested in: 5 cosas que debe saber sobre las operaciones policiales encubiertas en las cárceles de California
