El 18 de septiembre entrará en vigor la norma de carga pública en Estados Unidos, reactivada por Donald Trump, que otorga facultades a funcionarios para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública, negando la residencia a los que utilizan o vayan a utilizar beneficios públicos como Medicaid, asistencia para la vivienda o cupones de alimentos, lo que ha generado temor y vulnerabilidad en las familias.
La implementación de esta norma ha generado miedo, impactando principalmente la salud y el bienestar de las familias, mencionó Xiao Wang, director ejecutivo y cofundador de Boundless Immigration, durante una sesión informativa realizada por American Community Media (AcoM).
“La última vez que la administración trató de hacer esto, las familias quitaron a los niños de estos programas”.
Wang explicó que con la carga pública, los funcionarios de inmigración tienen suficientes criterios para negar una residencia si consideran que no pueden mantenerse por sí solos.
Esto no debería generar pánico, pues no es nada nuevo, es algo que funciona desde hace muchos años, “siempre ha estado el concepto de que la oficina de Estados Unidos de inmigración puede frenar a cualquier persona que pueda pasar a ser una carga pública”, explicó Wang.
A partir del 18 de septiembre “vamos a volver a la regla previa, esto significa que lo que era más objetivo con cifras pierde peso y los oficiales funcionales van a volver a ver la totalidad de las circunstancias, caso por caso, en la salud, estatus familiar, recursos, bienes, educación, habilidades o cualquier otra cosa”.
Entonces, las aplicaciones van a ser más complicadas, con más hojas, va a ser muchísimo más largo el proceso de adjudicación, el tiempo del proceso va a ser más tardado porque hay más cosas para leer y ahora las rúbricas no son claras, puntualizó el director ejecutivo de Boundless Immigration.
Wang dijo que las principales afectaciones son en las familias vulnerables, “la última vez que se expandió esta regla, 1 de cada 5 adultos de familias inmigrantes evitaron un beneficio público porque tenían miedo de que esto afectaría su estatus migratorio entre familias de bajos recursos, estamos hablando de 3 de 10, esta es la parte que tiene un impacto muchísimo más amplio a las comunidades migrantes, al mismo tiempo que el miedo es más grande que la norma en sí”.
Xiao Wang, expresó su preocupación por el miedo y la falta de información que se está generando, “este es el momento en que la gente necesita tener la información adecuada, la confianza y las pautas indicadas, si la persona esta lista con sus documentos, es mejor aplicar antes del 18 de septiembre”.
Es importante mencionar que antes del 18 de septiembre todos los procesos se deben continuar con las normas actuales, pues la aplicación de la carga pública es solo para las solicitudes que lleguen después de esta fecha.
Joan Alker, profesora investigadora en la Escuela de Políticas Públicas McCourt de Georgetown, dijo que desde enero de 2025 se han visto 2.3 millones de niños menos en Medicaid.
“El número de niños ha disminuido con la administración de Trump y no tiene que ver con la carga pública, pero uno de los motivos es que esos niños son de familias de estatus mezclados o mixtos y los padres tienen miedo por la agenda tan agresiva que está afectando a los niños y familias”, dijo la también profesora investigadora en la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.
Alker, puntualizó que las personas tienen miedo porque el departamento de salud y servicios sociales comparte información con agentes del ICE.
“Es un problema cuando los niños no tienen seguro médico; es muy difícil acceder a la atención médica, especialmente preventiva, para que sus problemas médicos se puedan tratar, por ejemplo, el asma, porque si no van a terminar en emergencias, lo cual es muy costoso para los padres”.
La norma de carga pública, afectará aún más en las solicitudes para servicios médicos de las familias y en cuanto a las consecuencias, económicamente pueden sufrir una gran deuda por temas médicos e incluso llegar a la bancarrota por alguna emergencia de salud, comentó la investigadora.
El doctor Giridhar Mallya, médico de salud pública y alto funcionario de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson, dijo que, la carga pública va a hacer que la situación sea más complicada, al hablar del programa SNAP, que es un apoyo para costear los alimentos, un salvavidas fundamental para unas 37 millones de personas en el país, donde 4 de cada 10 beneficiarios son niños”.
En el caso de la carga pública, “hay una gran cantidad de discreción que se les dará a los oficiales de inmigración y creo que, hará que tomen decisiones erróneas, dando lugar a acciones inexactas y arbitrarias, se va a reducir aún más las personas que están recibiendo estos beneficios”.
Según datos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, la participación del SNAP ha disminuido en aproximadamente 4.5 millones de personas en estos últimos 9 meses y esto incluye casi un millón de niños, mencionó Mallya.
“La motivación de crear todas estas políticas es para crear confusión y miedo; esto es el propósito principal porque sabemos qué tan poderosos son el miedo y la confusión, impactando a todo el mundo en este país y tenemos comunidades de color que se han quedado atrás”, expresó el doctor.
Los expertos coincidieron en que, la norma de carga pública está generando miedo y confusión, haciendo más complicado el proceso para una residencia, pero también dejando a familias sin la oportunidad de adquirir algún apoyo federal por temor a ser utilizada su información, ante esto, será necesario informarse de manera consciente y no dejarse llevar por la desinformación.
You may be interested in: La Amazonía, sabiduría ancestral y ciencia moderna en una naturaleza viva: Dra. Rosa Vásquez
