Jenifer Córdova trabaja 12 horas al día en dos empleos, no para ahorrar ni para darse algún lujo, sino para reunir lo necesario y pagar la renta de un departamento cercano a Jefferson Avenue que, en menos de un año, pasó de dos mil 800 a dos mil 950 dólares, luego de dos aumentos consecutivos que no estuvieron acompañados de una sola mejora.
La estufa es vieja y no funciona correctamente, pero cuando Jenifer y las personas con quienes comparte la vivienda solicitan que la reparen, cuenta, sus peticiones son ignoradas. Durante cuatro años la renta se mantuvo sin cambios, hasta que llegó un primer incremento de 50 dólares y, poco después, otro de 100.
“En lo que va del año nos aumentaron dos veces y nosotros nos quedamos en shock, porque no nos había pasado”, relata la joven guatemalteca de 25 años, quien reconoce que su caso ni siquiera es el más extremo entre las familias que conoce.
Un familiar suyo paga tres mil 300 dólares por un departamento de dos recámaras cerca de Middlefield Road, al que todavía se deben sumar la electricidad, el agua, el gas, el internet y todos los gastos cotidianos. Para poder costearlo, ahí viven entre cuatro y cinco personas.
Compartir espacios pequeños, adaptar salas como dormitorios o reunir a varias familias bajo un mismo techo se ha convertido en una estrategia de supervivencia para quienes trabajan en Redwood City y North Fair Oaks, pero ya no pueden pagar solos una vivienda cerca de sus empleos.
Jenifer tiene dos trabajos porque uno no le alcanza y, según explica, muchas empresas ofrecen únicamente jornadas de medio tiempo para evitar los costos asociados con contratar empleados de tiempo completo. A esa precariedad se suma la brecha salarial que ella percibe entre hombres y mujeres, una desventaja que obliga a muchas trabajadoras a extender sus jornadas para completar los gastos del mes.
“En mi caso, yo trabajo 12 horas al día con dos trabajos porque con uno no me doy abasto. Como yo sé que hay muchas mujeres acá, y la mayoría ganamos menos que un hombre por el trabajo que hacemos, tenemos que tener dos trabajos”, señala.
El dinero tampoco termina en la renta ni se queda únicamente en Estados Unidos, pues de los ingresos de Jenifer dependen familiares que viven en Guatemala y que ahora también reciben menos. Cuando aumentan la vivienda, los servicios y los alimentos, las remesas se convierten en uno de los primeros gastos que deben reducirse.
Jenifer lo sabe porque su segundo empleo está precisamente en una tienda de envíos de dinero, donde anteriormente podía atender entre 15 y 20 operaciones durante una mañana, mientras que ahora realiza apenas una o dos. El día de la entrevista trabajó de las 9:00 a las 14:30 horas y solamente procesó dos envíos.
“Hay días que hago un envío en toda la mañana. Hasta yo me preocupo por mi jefa porque sé los ingresos que tiene allí”, cuenta.
La falta de dinero que comienza en una vivienda de la Península termina así alcanzando a una familia en Guatemala, México, El Salvador o cualquier otro país al que los trabajadores enviaban parte de sus ingresos, pues cuando la renta absorbe una porción cada vez mayor del salario, hay menos para compartir con quienes permanecen al otro lado de la frontera.
La desigualdad cambia el paisaje
North Fair Oaks fue conocida durante años como la “Pequeña Michoacán”, debido a la cantidad de familias procedentes de ese estado mexicano que hicieron de la zona su hogar, abrieron negocios y convirtieron Middlefield Road en un corredor de restaurantes, panaderías, paleterías, mercados, talleres y servicios en español.
Muchos de aquellos residentes se han marchado poco a poco hacia ciudades más alejadas, donde las rentas resultan un poco menos costosas, aunque eso implique pasar varias horas en las carreteras para regresar a trabajar a la Península.
La transformación se observa también en el paisaje. North Fair Oaks tiene pocos árboles y en sus calles son visibles las viviendas pequeñas, los departamentos compartidos y los negocios que luchan por mantenerse abiertos; apenas unos metros más al sur, después de una iglesia católica y al entrar en Atherton, aparecen los árboles frondosos, los jardines amplios, los grandes pórticos y las entradas que conducen hasta mansiones protegidas por altos portones.
La diferencia no es solamente visual. Un análisis del San Francisco Chronicle ubicó precisamente en la frontera entre North Fair Oaks y Atherton la mayor brecha de ingresos entre dos zonas residenciales contiguas del Área de la Bahía, con un ingreso promedio por hogar de alrededor de 129 mil dólares de un lado y de 646 mil del otro.
North Fair Oaks tiene aproximadamente 13 mil habitantes en apenas 1.2 millas cuadradas, cerca de 72 por ciento de su población es latina y alrededor de 40 por ciento nació fuera de Estados Unidos. A diferencia de Atherton y Redwood City, no es una ciudad incorporada, por lo que depende del condado de San Mateo para su administración y servicios públicos.
En ese espacio donde se encuentran dos realidades económicas vive y trabaja buena parte de la comunidad que limpia casas, cuida jardines, prepara alimentos, atiende comercios y mantiene en funcionamiento una de las regiones más ricas del país, aunque sus propios salarios ya no sean suficientes para permanecer cerca de los lugares donde trabaja.
Los vecinos se van y los negocios pierden clientes
Sandra Contreras llegó de Michoacán con la idea de permanecer un año en Estados Unidos, pero ya lleva dos décadas aquí y no piensa marcharse, pues en esta comunidad están sus hijos, hijas y nietos, mientras que volver a México significaría regresar a un país que ya no conoce como antes y separarse de la familia que construyó en California.
Contreras renta la vivienda donde habita y también el local de Monarca Ice Cream and Snacks, sobre Middlefield Road, por lo que cada mes debe reunir cerca de siete mil dólares únicamente para cubrir ambos espacios, sin incluir electricidad, agua, teléfono, internet y el alto consumo de energía de los refrigeradores que necesita para mantener su negocio.
La renta del establecimiento aumenta alrededor de 200 dólares cada año y actualmente supera por más del doble lo que pagaba cuando comenzó, mientras sus ventas han disminuido porque muchos de sus clientes se mudaron a Modesto, Sacramento, Salinas y otras ciudades fuera del Área de la Bahía.
“Tenía mucha clientela que vivía aquí y venía dos o tres veces por semana. Ya están allá, ya no vienen esas dos o tres veces; a veces vienen una vez o definitivamente ya no vienen”, explica.
Al tratarse de un negocio cuya temporada más fuerte coincide con los meses de calor, el invierno siempre ha sido complicado, pero ahora Contreras debe incorporar otros productos para reunir el dinero de la renta, aun cuando cada vez menos familias transitan por la zona o cuentan con ingresos disponibles para consumir.
Su establecimiento sobrevivió a la pandemia y después resistió las afectaciones provocadas por las obras realizadas en Middlefield Road, dos periodos durante los cuales numerosos comercios cerraron definitivamente. Ahora, sin embargo, el aumento de las rentas y la salida de sus clientes la han llevado a pensar que quizá tampoco ella pueda continuar.
“Sí lo estoy pensando, porque desafortunadamente en el invierno es cuando digo cómo le voy a hacer. Estamos hablando de casi siete mil dólares mensuales de renta de los dos lugares y no estoy metiendo todos los servicios”, afirma.
Contreras apoya la Medida E porque considera necesario establecer límites a los incrementos de las viviendas, aunque la propuesta no controlaría la renta de su local comercial. Para ella, mantener a las familias en la comunidad también significa conservar a quienes compran en los pequeños negocios, trabajan en ellos y sostienen la vida económica de Middlefield Road.
Pérdidas de miles de dólares cada mes
A unos pasos de ahí, Sandra Rivera observa el mismo problema desde el interior de una tienda y panadería que también ofrece comida preparada, cambio de cheques y envíos de dinero. Calcula que la clientela disminuyó alrededor de 30 por ciento entre el año pasado y este, mientras las pérdidas podrían alcanzar los 20 mil dólares mensuales.
Rivera evita atribuir la caída a una sola causa porque, asegura, se han juntado la falta de empleo, el aumento de las rentas, la salida de familias y el temor provocado por las acciones de las autoridades migratorias.
“Yo no sé si es que mucha gente se está quejando de que no hay trabajo o, como tú dices, que es por las rentas y muchas personas viven juntas para poder pagar. Es todo un poco, la economía prácticamente está mal”, explica.
El funcionamiento del negocio permite observar lo que ocurre en el vecindario, pues si las personas no tienen empleo dejan de comprar el almuerzo que llevaban al trabajo, ya no cobran cheques y tampoco cuentan con dinero para enviar a sus países. Durante la mañana de la entrevista, la tienda había realizado únicamente tres envíos.
La reducción ha sido tan profunda que Rivera considera que las ventas son peores que durante la pandemia, cuando el negocio permaneció abierto con un horario reducido, pero conservó una actividad mayor a la actual.
A la presión económica se suma el miedo. Rivera recuerda el caso de una joven de 20 años, amiga de su hijo, que dejó de salir porque no tiene documentos migratorios; su ausencia, como la de muchas otras personas, se refleja en celebraciones comunitarias con menor asistencia, calles menos transitadas y comercios con menos compradores.
“Todos los factores se están juntando y eso está haciendo que todos estos negocios estemos sufriendo las consecuencias”, señala.
Lo que propone la Medida E
En este contexto, los votantes de Redwood City decidirán el próximo 3 de noviembre si aprueban la Medida E, una iniciativa que ampliaría el control de rentas y las protecciones contra desalojos sin causa justificada dentro de los límites de la ciudad.
La propuesta limitaría los aumentos anuales en las viviendas cubiertas al menor valor entre 5 por ciento y 60 por ciento del Índice de Precios al Consumidor, además de establecer asistencia para la reubicación en determinados desalojos sin culpa del inquilino y crear un programa municipal de estabilización de rentas y protección a arrendatarios.
La medida se aplicaría principalmente a departamentos multifamiliares construidos antes de 1995, equivalentes a cerca de 40 por ciento de las viviendas de alquiler de Redwood City; las casas unifamiliares y muchos condominios permanecerían exentos del control de precios debido a las limitaciones impuestas por la legislación estatal.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que permitiría reducir el desplazamiento y brindar mayor estabilidad a miles de familias, en una ciudad donde las rentas de los edificios antiguos aumentaron 57 por ciento durante los últimos 15 años y el alquiler promedio de una vivienda de dos recámaras se ubica alrededor de tres mil 678 dólares, según un informe citado por el San Francisco Chronicle.
El concejal de Redwood City Chris Sturken, quien se manifestó a favor de la iniciativa durante un encuentro comunitario, reconoció que la Medida E “no es perfecta” ni está libre de costos, pero consideró que puede aplicarse de manera justa mediante la colaboración entre residentes, propietarios y autoridades.
“Financiamos a los bomberos, la policía y la seguridad pública. ¿Por qué no también la vivienda?”, cuestionó. “Decimos que creemos que la vivienda es un derecho humano, pero ¿cómo se ve eso en la práctica?”.
Los opositores, entre ellos organizaciones de propietarios y representantes de la industria inmobiliaria, argumentan que la propuesta aumentaría la complejidad regulatoria, elevaría los costos de operación y podría desalentar la inversión en vivienda. Un análisis encargado por la ciudad estimó que administrar el programa costaría entre cinco millones y 11.1 millones de dólares anuales, lo que podría requerir cuotas de entre 246 y 622 dólares por unidad cada año; proveedores de vivienda asequible también han expresado preocupación por el impacto de esos gastos en proyectos que operan con márgenes limitados.
La Medida E tampoco alcanzaría directamente a todas las personas retratadas en este reportaje, pues North Fair Oaks es una zona no incorporada del condado de San Mateo y no pertenece jurídicamente a Redwood City, aunque muchas de sus direcciones postales utilicen ese nombre. Tampoco regularía las rentas de los establecimientos comerciales, por lo que negocios como el de Sandra Contreras continuarían sujetos a sus contratos actuales.
Su posible efecto sobre los comercios sería indirecto, mediante la permanencia de las familias que viven dentro de Redwood City y que compran, trabajan o utilizan servicios en North Fair Oaks. Para saber si la vivienda de Jenifer estaría protegida también sería necesario conocer su ubicación exacta, el tipo de propiedad y el año en que fue construida.
Mientras llega la elección, voluntarios, residentes interesados y vecinos afectados recorren las calles de Redwood City para explicar de puerta en puerta el contenido de la propuesta e invitar a quienes sí tienen derecho al voto a participar el 3 de noviembre. Jenifer no puede votar porque todavía no es ciudadana, aunque las decisiones sobre vivienda repercuten todos los días en su vida.
Antes, durante una mañana de trabajo, podía atender entre 15 y 20 envíos de dinero; ahora procesa uno o dos y, después de terminar ese turno, debe continuar con el segundo empleo para completar sus 12 horas diarias, porque la renta de dos mil 950 dólares tiene que pagarse completa, aunque la estufa de su departamento siga sin funcionar.
You may be interested in: Altas rentas movilizan a vecinos de Redwood City a favor de la Medida E
WeEvolveIT