Por Andrés Jiménez Larios. Bay City News. Peninsula 360 Press.
El senador estatal Scott Wiener, demócrata de San Francisco, se reunió el martes en San Francisco con un ex detenido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y varios grupos de defensa de los derechos civiles para presionar al gobernador Gavin Newsom a que firme un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos demandar a funcionarios federales individuales ante tribunales estatales por presuntas violaciones de sus derechos constitucionales.
Wiener habló desde un podio en las escaleras del edificio Earl Warren, sede de la Corte Suprema de California, ante un grupo de personas para denunciar la dura represión contra la inmigración indocumentada y las tácticas empleadas por los agentes federales, ya sea en puestos de control en carreteras o dentro de los aeropuertos, para detener a personas supuestamente sin autorización para estar en el país. Wiener propuso una manera para que los legisladores aborden el problema.
“Hay personas que están siendo secuestradas frente a sus casas, aquí mismo en San Francisco. Hay personas que desaparecen del aeropuerto, incluso en el SFO. Hay personas que son estranguladas, agredidas y discriminadas por motivos raciales”, dijo Wiener. “Estamos aquí hoy para exigir responsabilidades, para exigir el fin de la impunidad que alimenta esta campaña de terror y los envalentona para llevarla cada vez más lejos”.
Wiener ha estado recabando apoyo para el Proyecto de Ley del Senado 747, al que denomina Ley contra los Reyes, tras su aprobación en ambas cámaras de la Legislatura y ahora a la espera de la firma del gobernador. Newsom tiene hasta finales de septiembre para tomar una decisión.
Según la legislación vigente, la Ley de Derechos Civiles Tom Bane de California, aprobada en 1987, permite demandar por la vulneración de los derechos constitucionales, pero solo cuando dicha vulneración implica “amenazas, intimidación o coacción”. El proyecto de ley SB 747 extendería un derecho de acción similar a cualquier persona que prive a otra de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, sin exigir pruebas de amenazas o coacción.
El proyecto de ley limitaría el plazo para interponer una demanda a dos años después de una infracción, permitiría a los demandantes que ganen el caso recuperar los honorarios de sus abogados y se aplicaría retroactivamente al 1 de marzo de 2025. Redactado como una ley de urgencia, entraría en vigor inmediatamente después de la firma de Newsom.
Wiener afirmó que la laguna legal actual deja a los agentes federales prácticamente exentos de las consecuencias que ya afrontan los agentes estatales y locales.
“Una laguna legal en nuestra legislación permite demandar a los agentes de policía locales y estatales si violan sus derechos, pero no a los agentes federales”, dijo, y agregó que una vez que Newsom firme el proyecto de ley, “la gente podrá comenzar de inmediato a presentar demandas contra los agentes federales que hayan violado sus derechos”.
George Retes, veterano del ejército y ciudadano estadounidense del sur de California, detenido por el ICE en 2025 mientras trabajaba como guardia de seguridad en una granja del condado de Ventura, se unió al senador estatal y a otros que exigen que el gobierno federal rinda cuentas por sus acciones. Retes afirmó que los agentes lo rociaron con gas lacrimógeno, usaron fuerza física excesiva e ignoraron sus declaraciones de que era ciudadano estadounidense antes de trasladarlo a un centro de detención en Los Ángeles durante tres días.
“Creen que no se les puede responsabilizar”, dijo Retes. “Eso es lo que quiero que la gente sepa”.
Retes ha presentado una demanda federal por su detención con la ayuda de su abogada, Anya Bidwell, del Instituto para la Justicia. Bidwell afirmó que la demanda alega violaciones de sus derechos amparados por la Cuarta y la Quinta Enmienda, y que, dado que los agentes involucrados llevaban máscaras antigás y ninguna identificación visible, el equipo de Bidwell espera identificarlos durante el proceso de investigación.
“En estos momentos, los funcionarios federales gozan de lo que equivale a inmunidad absoluta debido a la imposibilidad de demandarlos”, dijo Bidwell.
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