Thursday, April 2, 2026
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California state employees are alarmed by the requirement to prove their citizenship

Por Khari Johnson. CalMatters.

A unos 4 mil empleados del Departamento de Salud Pública de California se les ha dicho que deben utilizar un sistema de verificación federal para demostrar que son ciudadanos estadounidenses.

Los líderes de la agencia dijeron en un memorando obtenido por CalMatters que la verificación es necesaria para recibir fondos federales, pero los empleados y los sindicatos se resisten a la directiva.

En el memorando, un subdirector de recursos humanos del departamento pidió a los empleados que cumplieran con una serie de plazos que culminan el 10 de abril. Un documento separado distribuido por el departamento decía que no completar la verificación podría resultar en que el estado pierda un contrato con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el índice nacional de defunciones, que recopila datos de certificados de defunción de autoridades de todo el país.

El departamento también está tomando medidas para abordar los registros de elegibilidad de empleo incompletos identificados en una auditoría reciente, según el Sindicato de Empleados de Servicios Internacional Local 1000, que representa a aproximadamente 3 mil empleados del departamento.

Al igual que en otros empleadores estadounidenses, todos los nuevos empleados del departamento de salud de California completan un formulario federal I-9 para comprobar su ciudadanía. El departamento ahora les solicita que se inscriban en E-Verify, un programa administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y la Administración del Seguro Social.

Este sistema compara la información proporcionada por el empleado en el I-9 con los registros en bases de datos federales, incluyendo las del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional. En algunos casos, también solicita a los empleadores que comparen la foto del documento de identificación de cada solicitante con la que proporcionaron durante el proceso de E-Verify.

El memorando indicó que los empleados utilizarán específicamente E-Verify+, que combina el llenado del I-9 con la verificación. Los empleados contratados antes de noviembre pueden optar por no usar esa versión específica de E-Verify.

La presidenta del SEIU Local 1000, Anica Walls, dijo a CalMatters en un correo electrónico que obligar a todos los empleados a usar E-Verify “generaba serias preocupaciones para nuestros miembros sobre la privacidad, la seguridad de los datos y la verificación innecesaria de trabajadores que ya están empleados legalmente”.

El sindicato envió una petición a los ejecutivos a cargo de la agencia estatal el mes pasado para expresar su preocupación por la verificación y destacar que los empleados presentaron documentos que acreditaban su ciudadanía al ser contratados. Walls declaró a CalMatters que la agencia de salud es actualmente el único departamento estatal de California del que el sindicato tiene conocimiento que ha solicitado a sus empleados la recertificación de su ciudadanía. El sindicato representa a unos 100 mil empleados estatales en 140 agencias, juntas, comisiones y departamentos estatales.

“Cuando se utilizan los sistemas federales y las condiciones de financiación para justificar una mayor recopilación de datos de los trabajadores, se generan alertas, especialmente cuando estos ya cumplen los requisitos de elegibilidad para el empleo”, escribió.

“A nuestros miembros les preocupa que sus datos personales se envíen a sistemas federales con problemas conocidos de precisión y seguridad. Y esto ocurre en un momento en que tanto los ciudadanos estadounidenses como los trabajadores inmigrantes están comprensiblemente preocupados por cómo las agencias federales podrían acceder o utilizar sus datos laborales”.

El requisito de E-Verify+ genera temor e incertidumbre entre los empleados y podría afectar la contratación y retención de personal en el futuro, afirmó Jacqueline Tkac, presidenta de la Asociación de Científicos Profesionales de California-UAW Local 1115, un sindicato que representa a aproximadamente 800 empleados del departamento de salud. Ante informes de actividad de ICE en lugares de trabajo y personas detenidas en la calle, el momento no podría ser peor.

“E-Verify+ no es una herramienta administrativa neutral. Está profundamente integrada con las bases de datos del DHS, incluyendo los sistemas utilizados por ICE, y se basa en datos biométricos e intercambio de datos entre agencias”, declaró en un comunicado compartido con CalMatters. “Introducir esto en un momento en que las comunidades inmigrantes y los científicos de salud pública están siendo atacados abiertamente por la actual administración federal es sumamente alarmante”.

El Departamento de Salud Pública de California no respondió a múltiples solicitudes de respuestas. La funcionaria estatal de información, Nicole Skow, declaró a CalMatters que el Departamento de Recursos Humanos de California no supervisa cómo las agencias estatales verifican la elegibilidad laboral y que el uso de E-Verify se determina a nivel departamental.

Desde su lanzamiento en la década de 1990, E-Verify ha sido, por defecto, un programa voluntario para empleadores, pero con el tiempo se ha vuelto obligatorio para un número cada vez mayor de ellos. El gobierno federal exige E-Verify para ciertos contratos desde 2009, y más de 20 estados ya lo exigen para sus propios contratos o para emitir licencias comerciales. A principios de este mes, los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que obliga a los empleadores de todos los tamaños a utilizar el programa federal.

Los críticos de E-Verify afirman que el programa necesita reformas para abordar los casos en que comete errores, incluyendo casos en que personas cometen fraude de identidad para obtener empleos que no deberían tener y falsos positivos que llevan a personas a perder empleos que legalmente tenían permitidos.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y la tasa de error de E-Verify, si el Congreso aprobara hoy un mandato para E-Verify, el estatus de ciudadanía de más de 120 mil personas se etiquetaría incorrectamente, lo que permitiría que inmigrantes no elegibles trabajaran y etiquetaría a algunos ciudadanos estadounidenses como inelegibles para trabajar, lo que podría resultar en la pérdida de salarios o empleos, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, durante una audiencia el mes pasado donde los miembros del Congreso debatieron un proyecto de ley que exigiría el uso de E-Verify para todos los contratos federales.

La iniciativa del Departamento de Salud para comprobar la ciudadanía se produce en un momento en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) intensifica las auditorías del formulario I-9, que podrían preceder a las redadas. También se produce tras el asesinato a tiros de dos personas por agentes de ICE en Minnesota, la muerte de varias personas en centros de detención de ICE y múltiples informes periodísticos que indican que el Departamento de Seguridad Nacional pretende implementar tácticas similares en California y Nueva York.

Es posible que el departamento quiera prepararse para una auditoría del ICE o prevenirla. Las auditorías I-9 aumentaron en Minnesota en las últimas semanas, según declaró a CalMatters el abogado de inmigración Matthew Webster, con sede en Minneapolis.

Webster indicó que algunas parecen indiscriminadas, con notificaciones de auditoría que “básicamente se entregan puerta a puerta”, y otras parecen ser represalias, como en el caso de un hospital donde el personal protestó por el trato que el ICE dio a un paciente poco antes de la auditoría, y en una juguetería de St. Paul que regaló silbatos que los manifestantes usan para alertar a sus vecinos sobre la actividad del ICE, también poco antes de la auditoría.

Webster prevé que este tipo de auditorías se volverán más comunes a medida que decenas de miles de millones de dólares del presupuesto federal continúan ingresando a la agencia policial.

Un conjunto de “Preguntas frecuentes” redactado por el Departamento de Salud Pública de California y distribuido a los empleados describe que E-Verify+ tiene como objetivo “reducir errores, agilizar la incorporación y mejorar la experiencia general de los empleados”.

Sin embargo, un empleado, que pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias, declaró a CalMatters que, a la luz de los recientes acontecimientos, les preocupa que el departamento proporcione fotos de empleados al Departamento de Seguridad Nacional a través de E-Verify.

También indicó que el departamento de salud debería haber aclarado que los empleados podían optar por no usar la versión “plus” de E-Verify y debería extender esta opción a las personas contratadas desde noviembre, quienes siempre deben usar E-Verify+, según el documento de preguntas.

“El memorando no nos dice en ningún momento que podemos optar por no participar”, dijeron. “Esa información solo llegó después de que los empleados expresaran sus inquietudes al director”.

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East Palo Alto will hold a community event to explain the phenomenon of high tides.

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Mar, marea

East Palo Alto será sede de un evento comunitario y familiar para conocer y entender el fenómeno anual de las mareas altas, conocido como King Tides, en el parque Cooley Landing.

La jornada organizada por Climate Resilient Communities en colaboración con socios locales y autoridades comunitarias, permitirá que residentes y visitantes participen en una mañana educativa al aire libre, que incluirá un desayuno comunitario con panqueques, café y chocolate caliente.

Como parte del programa, se llevará a cabo una caminata guiada por el entorno natural del parque para explicar, de manera accesible, la ciencia detrás de las mareas altas y su relación con el cambio climático y la resiliencia costera.

Además de la actividad educativa, el evento ofrecerá un espacio para el diálogo comunitario, de acuerdo con los organizadores.

Cabe destacar que organizaciones locales y representantes del gobierno estarán presentes para compartir información sobre programas, servicios y eventos previstos para 2026, así como para fortalecer la conexión entre la comunidad y las iniciativas de adaptación climática.

La jornada también contará con una rifa de premios abierta a las personas asistentes como parte del esfuerzo por fomentar la participación y el interés comunitario en temas ambientales.

Los organizadores invitaron a quienes planean asistir a registrarse previamente para facilitar la planeación del desayuno, a través del enlace habilitado en la plataforma Eventbrite.

Finalmente, este evento busca reforzar la conciencia ambiental en East Palo Alto y promover la preparación comunitaria frente a los efectos del cambio climático en las zonas costeras.

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Pediatras califican de imprudente y peligrosa la decisión de los CDC de eliminar vacunas infantiles universales

The Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) calificó como “peligrosa e innecesaria” la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de eliminar varias recomendaciones universales de vacunación infantil, una medida que, advirtió, pone en riesgo la salud pública y la confianza en las vacunas.

De acuerdo con el nuevo calendario publicado por los CDC, vacunas como las de hepatitis A y B, rotavirus, virus respiratorio sincitial (VRS), influenza y enfermedad meningocócica dejarán de recomendarse de forma rutinaria para todos los niños, y pasarán a esquemas basados en riesgo o en “toma de decisiones clínicas compartidas”.

El presidente de la AAP, el doctor Andrew D. Racine, advirtió que este cambio rompe con el proceso tradicional de revisión científica y genera confusión entre padres y profesionales de la salud.

“Esta decisión imprudente sembrará más caos, erosionará la confianza en las vacunas y no es la forma de mejorar la salud del país”, afirmó.

Los CDC indicaron que el nuevo esquema clasifica las vacunas en tres categorías: recomendadas para todos los niños, recomendadas para niños de alto riesgo y aquellas sujetas a decisión clínica compartida. Sin embargo, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) no recomendó esta modificación, lo que, según la AAP, debilita el rigor científico del proceso.

Bajo el nuevo calendario, seguirán siendo universales las vacunas contra difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola, varicela y virus del papiloma humano (VPH). En este último caso, se plantea aplicar una sola dosis en lugar de dos.

Las vacunas contra VRS, hepatitis A y B, dengue y meningococo quedarán reservadas para niños considerados de alto riesgo, mientras que rotavirus, COVID-19, influenza y hepatitis se administrarán según decisión clínica compartida.

La AAP subrayó que existe evidencia contundente de los beneficios de la vacunación universal, al tiempo que recordó que el VRS, principal causa de hospitalización en bebés, se redujo hasta en 50 por ciento tras la inmunización materna e infantil; que la vacuna contra el rotavirus previene entre 40 mil y 50 mil hospitalizaciones anuales; y que los casos de hepatitis B en menores disminuyeron 99 por ciento desde que se implementó la dosis universal al nacer.

Además, destacó que alrededor del 89 por ciento de los niños que murieron por influenza la temporada pasada no estaban completamente vacunados, lo que refuerza la importancia de mantener esquemas amplios de inmunización.

La organización también alertó que la “toma de decisiones clínicas compartida” ya ha demostrado ser problemática, pues cuando fue aplicada a la vacuna contra la COVID-19, generó confusión, retrasos y negativas de cobertura por parte de aseguradoras, afectando directamente a pacientes y proveedores.

Los cambios se producen tras un memorando emitido en diciembre por el presidente Donald Trump, que instruyó revisar el calendario de vacunación de Estados Unidos y compararlo con el de otros países.

Aunque los CDC señalaron que se inspiraron en modelos como el de Dinamarca, la AAP advirtió que no se pueden trasladar políticas sanitarias sin considerar diferencias en riesgos, sistemas de salud y seguimiento pediátrico.

“El hecho de que otro país tenga menos vacunas recomendadas no significa que sea más seguro”, señaló Sean T. O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la AAP. “No hay evidencia científica de que omitir o retrasar vacunas beneficie a los niños estadounidenses”.

Finalmente, la AAP reiteró que continuará emitiendo sus propias recomendaciones basadas en evidencia científica y exhortó a los padres a consultar directamente con sus pediatras.

“Cuando un niño no recibe vacunas recomendadas, se expone a enfermedades graves y prevenibles”, concluyó Racine.

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San Mateo County conducts its 2026 Homeless Count this Thursday

Conteo de personas sin hogar 2026.
La Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo lleva a cabo este jueves 29 de enero el Conteo de personas sin hogar 2026.

 

 

La Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo, en coordinación con organizaciones comunitarias locales, lleva a cabo este jueves 29 de enero el Conteo de Personas sin Hogar de un Día 2026, entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana, como parte de un esfuerzo federal clave para dimensionar la falta de vivienda y asegurar la elegibilidad a fondos federales esenciales.

Desde las primeras horas del día, cerca de 350 voluntarios capacitados recorren distintas zonas del condado para realizar el conteo observacional, conocido también como Conteo de Punto en el Tiempo (PIT).

Este ejercicio, que se efectúa a nivel nacional cada enero, permite conocer tendencias, brechas por raza y tipo de hogar, así como los lugares donde pernoctan las personas sin vivienda.

“Los resultados del Conteo de un Día nos ayudan a monitorear quiénes no tienen refugio, dónde se alojan y qué disparidades persisten”, explicó Claire Cunningham, directora de la Agencia de Servicios Humanos del condado, al subrayar que, aunque se trata de una fotografía de un solo día, es una herramienta crucial para orientar recursos y evaluar avances a largo plazo.

En el condado, los voluntarios trabajan en parejas y registran únicamente observaciones mediante una aplicación móvil. No se realizan entrevistas ni encuestas durante el conteo. Todos reciben capacitación previa, áreas asignadas y siguen un plan de seguridad coordinado para garantizar un proceso respetuoso y ordenado.

“Los voluntarios están preparados para moverse con cuidado y respeto, reconociendo que están entrando en el espacio y la vida cotidiana de otras personas”, señaló Amy Davidson, directora del Centro para Personas sin Hogar de la Agencia de Servicios Humanos.

Los datos recabados se enviarán al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y servirán como base para reportes federales y la asignación de recursos estatales y federales destinados a programas para personas sin hogar. A nivel local, la información respalda la planeación, la inversión en servicios de alcance comunitario, refugio y vivienda.

La falta de vivienda es una de las tres principales prioridades de la Junta de Supervisores del condado. Desde el conteo de 2024, San Mateo ha incrementado inversiones con recursos federales, estatales y locales —incluida la Medida K— para fortalecer su respuesta, ampliar equipos de asistencia, atender campamentos y expandir opciones de vivienda temporal y permanente.

Tras el conteo observacional de hoy, equipos especializados de alcance comunitario realizarán encuestas voluntarias individuales, separadas del conteo, para recabar información adicional sobre características demográficas, historial de vivienda y necesidades de servicios.

Se prevé que un resumen ejecutivo de los resultados se publique a inicios del verano y que el informe completo se dé a conocer más adelante en el año.

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Minnesotans fear accessing medical care amid the massive influx of ICE agents

Por Sunita Sohrabji. 25 de enero de 2026.

Dos ciudadanos estadounidenses residentes en Minnesota fueron asesinados a tiros por agentes de ICE este mes, en medio de un repunte en las medidas migratorias conocido como “Operación Metro Surge”.

Protestas en Minnesota

Thousands of people took to the streets of Minneapolis to demand that ICE cease its immigration enforcement activities in the state (MNStandUp photo via Facebook)
Miles de personas salieron a las calles de Minneapolis para exigir que ICE cese sus actividades de control de inmigración en el estado (foto MNStandUp vía Facebook)

WASHINGTON, D.C. — Los residentes de Minnesota temen acceder a atención médica mientras los agentes de ICE realizan redadas masivas de control migratorio, declaró la representante de Minnesota, Kelly Morrison.

“Este es un momento muy peligroso y aterrador para nuestras comunidades inmigrantes en Minnesota”, declaró Morrison, demócrata, en una entrevista el 22 de enero con American Community Media, en el marco de la Conferencia Anual de Acción por la Salud de Families USA. “Temen por su seguridad. Por eso, están evitando y retrasando el acceso a la atención médica”.

“Muchos de sus vecinos están intentando ayudarlos para que reciban de forma segura la atención que necesitan”, dijo.

“Estamos viendo a muchos minnesotanos defender a sus vecinos, independientemente de su estatus migratorio, para protegerlos de lo que parece una invasión de agentes de ICE en nuestro estado”, declaró Morrison. La congresista es la primera y única ginecóloga-obstetra pro-elección en servir en el Congreso.

Otros asistentes a la conferencia de dos días señalaron que el miedo a acceder a la atención médica se ha extendido incluso entre los ciudadanos, quienes se sienten nerviosos por interactuar con ICE.

Tiroteos mortales

En un comunicado del 19 de enero, ICE señaló que ha arrestado a más de 10,000 personas en Minnesota, incluyendo 3,000 en las últimas 6 semanas. La agencia justificó los tiroteos fatales de Renee Good el 7 de enero y de Alex Pretti el 24 de enero, a manos de agentes de ICE, alegando que ambos eran “terroristas domésticos”. Good era madre de tres hijos y poeta. Pretti era enfermero de cuidados intensivos (UCI) y trabajaba con el sistema de salud de la Administración de Veteranos de Minnesota.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha declarado que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, “se niegan a proteger a su propia gente y, en cambio, protegen a los criminales”.

Retirada inmediata

En una conferencia de prensa el 25 de enero, Walz exigió la retirada inmediata del ICE de su estado. Aseguró que la misión, conocida como “Operación Metro Surge”, era peligrosa y excesiva.

“Saben lo que vieron”, dijo Walz sobre el video relacionado con la muerte de Pretti, que muestra al enfermero intentando ayudar a una mujer que había sido empujada al suelo por agentes del ICE.

Pretti fue rociado con gas pimienta antes de recibir varios disparos. Un juez federal ha emitido una orden de restricción temporal que prohíbe a los funcionarios federales manipular cualquier evidencia relacionada con la muerte de Pretti.

El agente de ICE, Jonathan Ross, quien disparó fatalmente a Good, no será investigado penalmente, según declaró el Departamento de Justicia, señalando que “no hay fundamento” para una investigación.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó una demanda el 12 de enero que busca expulsar a los agentes de ICE del estado.

Miles de personas en todo Estados Unidos han salido a las calles para protestar contra lo que muchos han llamado ejecuciones extrajudiciales de ICE.

“Caos e inestabilidad”

Los hospitales de Minnesota han dado la voz de alarma, afirmando que los agentes de ICE están interfiriendo con su capacidad para atender a sus pacientes, declaró Morrison en su discurso en el escenario. “Un elemento inquietante del caos y la inestabilidad que ha creado esta administración es su práctica de distorsionar preocupaciones válidas y sinceras esperanzas de un Estados Unidos más saludable para convertirlas en políticas perjudiciales que ponen en peligro la salud y la seguridad de nuestra nación”, afirmó.

“Han tergiversado la legítima preocupación de los padres por sus hijos, los sinceros esfuerzos por reformar nuestro sistema migratorio y la legítima búsqueda de la prevención responsable del fraude para impulsar una agenda que deja a las familias estadounidenses más pobres, más enfermas y menos seguras”, declaró Morrison. “Sus intentos de mala fe de convertir en chivos expiatorios y vilipendiar a inmigrantes, médicos, funcionarios públicos, educadores y tantos otros hacen que la labor de contrarrestar su virulencia y humanizar el acceso a la atención médica sea aún más crucial”.

Carga Pública

Staci Lofton, directora de Equidad en Salud de Families USA, señaló que muchas familias inmigrantes ya han abandonado la atención médica por temor a invocar la regla de carga pública. Esta regla, que el presidente Donald Trump intentó invocar durante su primer mandato, permite a los funcionarios de inmigración negar la residencia permanente a cualquier persona que consideren que dependerá de las prestaciones federales.

Lofton señaló que los inmigrantes no tienen que proporcionar su estatus migratorio al registrarse en un hospital. Añadió que los hospitales deben brindar atención médica a todas las personas que acuden a sus salas de urgencias, independientemente de su estatus migratorio.

Condado de San Mateo exhorta a residentes y turistas a recibir alertas de emergencia durante semana del Super Bowl

Ante la llegada de decenas de miles de visitantes a la región por la semana del Super Bowl, autoridades del San Mateo County exhortaron a residentes y viajeros a registrarse en los sistemas locales de alertas de emergencia para recibir información en tiempo real sobre clima, tráfico, transporte y seguridad pública.

Las autoridades prevén una intensa movilidad regional en los días previos al partido, con personas que transitarán entre San Francisco, San Mateo y Santa Clara, muchas de ellas poco familiarizadas con las vialidades y la geografía local.

“Cuando las personas viajan o asisten a eventos masivos, las condiciones pueden cambiar rápidamente”, señaló la directora de Manejo de Emergencias del Condado de San Mateo, Shruti Dhapodkar, al subrayar que contar con información oportuna permite tomar mejores decisiones, ya sea rumbo al aeropuerto, al hotel o durante los traslados por la región.

De acuerdo con el Comité Anfitrión del Área de la Bahía, se estima que alrededor de 90 mil visitantes provenientes de fuera de la región llegarán por actividades relacionadas con el Super Bowl.

En la última ocasión en que el Área de la Bahía fue sede del evento, en 2016, más de un millón de personas participaron en actividades durante esa semana.

El esfuerzo forma parte de una estrategia coordinada de seguridad pública entre tres condados —San Mateo, Santa Clara y San Francisco— para ofrecer información consistente y actualizada durante uno de los eventos deportivos más importantes del país.

“Cuando un millón de personas se mueve por carreteras y sistemas de transporte que no conoce, la información local clara no solo es útil, es esencial”, enfatizó Dhapodkar.

Ante ello, Las autoridades recomiendan registrarse en los sistemas de alertas de emergencia de cada condado:

  • Condado de San Mateo: Enviar un mensaje de texto con la palabra SUPERBOWL al 672-83 o registrarse en línea en smcalert.info.
  • Condado de Santa Clara, donde se ubica el Levi’s Stadium: Enviar SBLX al 888-777 para recibir alertas relacionadas con el estadio y el resto del condado.
  • San Francisco: Enviar SuperBowlSF al 888-777 para recibir notificaciones específicas de la ciudad, que también albergará múltiples eventos durante la semana.

Durante estos días, visitantes que arriben por el Aeropuerto Internacional de San Francisco, huéspedes de hoteles locales y residentes que se trasladen entre condados cruzarán el territorio de San Mateo, justo en una temporada en la que las lluvias pueden provocar inundaciones localizadas, cierres viales y retrasos en el transporte público.

El alguacil del Condado de San Mateo, Ken Binder, recordó que los sistemas de alertas no se extienden automáticamente entre condados, por lo que solicitó a visitantes y residentes que se registren en el sistema del condado donde se encuentren y que consulten a proveedores de transporte como Caltrain y BART para conocer cambios en el servicio.

Las autoridades de manejo de emergencias también recomiendan adoptar hábitos simples durante los viajes, como revisar alertas y el pronóstico del clima cada mañana, identificar rutas de salida en lugares desconocidos y considerar tiempo adicional de traslado en caso de tormentas.

El sistema de alertas, destacaron, se utiliza durante todo el año para comunicar información clave en casos de tormentas, incendios forestales, sismos u otras emergencias.

“Queremos que todos estén preparados para lo que ocurra, no solo en el campo de juego, sino durante toda su visita”, concluyó Dhapodkar. “Que el sistema de alertas sea su respaldo mientras disfrutan del Super Bowl”.

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Demócratas de California instan a cierre del gobierno tras el asesinato de un enfermero en Minnesota por agentes federales

Por Maya C. Miller. CalMatters. Península 360 Press.

Los demócratas legislativos de California están instando a sus colegas del Congreso a cerrar el gobierno federal y bloquear más fondos para las agencias de control de inmigración después de que agentes dispararan y mataran a otro civil en Minnesota durante el fin de semana.

Al menos 50 senadores y asambleístas estatales demócratas (más de la mitad del grupo parlamentario del partido) condenaron el lunes el asesinato de Alex Pretti, residente de Minneapolis y enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos, que el sábado fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración.

Los legisladores proclamaron su solidaridad con Minnesota y otras ciudades y estados que han sido blanco de las fuerzas del orden federales. Criticaron lo que llamaron la militarización de las ciudades estadounidenses por parte de la administración Trump, mientras algunos se enjugaban las lágrimas.

El paquete de gastos, previamente bipartidista, que financiaría los departamentos de Defensa, Trabajo, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional, espera una votación en el Senado de Estados Unidos, donde un número cada vez mayor de demócratas han prometido obstruirlo.

Pero los legisladores de California advirtieron que los demócratas del Senado, muchos de los cuales representan a estados en disputa, podrían ceder y dar a los republicanos los votos que necesitan para impulsar la medida al escritorio del presidente Donald Trump.

“Este mensaje es para el senador Chuck Schumer”, dijo la asambleísta Liz Ortega, demócrata de Hayward. “Haz tu trabajo. Defiende algo. No te rindas otra vez”.

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, demócrata de Salinas, pidió a Schumer “hacerse a un lado” si no podía mantener a su grupo parlamentario en sintonía.

Rivas y sus colegas también tenían un mensaje para los legisladores republicanos.

“Necesitamos que se pronuncien. No pueden ver estos videos provenientes de Minneapolis, Minnesota, y pensar que es aceptable”, dijo Rivas. “Necesitamos su voz, su solidaridad y su defensa de los valores estadounidenses”.

En referencia al hecho de que Pretti aparentemente portaba un arma permitida, el asambleísta Mark Gonzalez de Los Ángeles citó un tuit de 2018 del difunto Charlie Kirk, que afirmaba que la Segunda Enmienda no era para cazar o para la autoprotección, sino “para garantizar que las personas libres puedan defenderse si, Dios no lo quiera, el gobierno se volviera tiránico y se volviera contra sus ciudadanos”.

“¿Cómo se llama a un agente enmascarado que mata gente en la calle? ¿Cómo se llama a los niños que son separados de sus familias?”, preguntó González.

Señaló que la Asociación Nacional del Rifle condenó las conclusiones prematuras sobre el tiroteo como “peligrosas y erróneas”.

“Incluso la NRA está denunciando la peligrosa ignorancia de los funcionarios federales que intentan excusar el asesinato de Alex Pretti”, dijo González. “Cuando incluso los defensores más acérrimos de la Segunda Enmienda reconocen la necesidad de rendición de cuentas, debemos escuchar”.

Hasta ahora, los republicanos de California han dirigido sus críticas principalmente a los demócratas. Los líderes legislativos republicanos remitieron sus comentarios a otros miembros de su grupo parlamentario cuando se les pidió que comentaran.

El senador Tony Strickland, republicano de Huntington Beach, afirmó que los funcionarios demócratas han creado condiciones de riesgo e inseguridad tanto para los agentes como para los civiles mediante las llamadas políticas de “santuario”, que impiden que las fuerzas del orden locales y estatales colaboren con los agentes federales de inmigración. Argumentan que estas políticas crean situaciones de riesgo donde civiles como Pretti sienten la necesidad de vigilar y rastrear a los agentes.

“Dejen de decir que los agentes del ICE son la Gestapo, la policía secreta, los nazis”, dijo el asambleísta James Gallagher de Chico, exlíder republicano de la Asamblea que recientemente anunció su candidatura a las elecciones especiales para completar los últimos meses del mandato del difunto representante Doug LaMalfa en el Congreso. “Este tipo de discurso contribuye al caos en lugares como Minnesota”.

Gallagher calificó la muerte de Pretti como “algo terrible” y pidió una investigación independiente y rendición de cuentas.

 

Legislación exige una mayor supervisión del ICE

Algunos legisladores se están comprometiendo a introducir nuevas medidas para limitar el poder de los agentes federales.

“Ciertamente, esta es una situación frustrante porque gran parte del poder y la autoridad aquí está en manos del gobierno federal en Washington, DC, pero eso no significa que la respuesta para nosotros sea no hacer nada”, dijo el asambleísta Jesse Gabriel, demócrata de Encino.

Gabriel planea presentar un proyecto de ley que exigiría al fiscal general de California realizar una investigación independiente sobre cualquier tiroteo cometido por agentes federales de inmigración en el estado. Esta ley amplía una ley vigente que ya exige dichas investigaciones para los tiroteos cometidos por las fuerzas del orden locales y estatales. También será coautor, junto con el asambleísta Juan Carrillo, de un proyecto de ley que prohibiría a las agencias federales de inmigración utilizar recursos estatales para facilitar sus operaciones, como el almacenamiento de equipo y personal en propiedades estatales.

“Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, cada oportunidad legal que tengamos para usar nuestro poder, nuestra autoridad para pensar en todas las diferentes formas en que podemos contraatacar”, dijo Gabriel.

También se someterá a votación en el Senado de California esta semana el Proyecto de Ley Senatorial 747, coescrito por la senadora Aisha Wahab de Hayward y el senador Scott Wiener, demócrata de San Francisco que se postula para reemplazar a la presidenta emérita Nancy Pelosi en el Congreso. Este proyecto permitiría a los californianos demandar a agentes federales por violaciones de derechos civiles. El proyecto de ley se basa en la medida de Wiener del año pasado que prohibía a los agentes federales de inmigración usar mascarillas, promulgada por el gobernador Gavin Newsom.

Wiener argumentó que la cuestión no debería ser partidista.

“Se trata realmente de los derechos de todos bajo cualquier administración federal”, declaró Wiener a CalMatters el lunes. “Las fuerzas del orden locales y estatales ya están sujetas a responsabilidad civil si violan los derechos de alguien, y los agentes federales, en realidad, no lo están”, añadió.

“Lo que se busca es simplemente aplicar los mismos estándares a todas las fuerzas del orden”.

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Científicos sitúan el Reloj del Juicio Final a 85 segundos de la medianoche, el punto más crítico de su historia

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El Reloj del Juicio Final fue fijado este martes a 85 segundos de la medianoche, la posición más cercana al colapso global desde su creación, alertó el Boletín de los Científicos Atómicos (Bulletin of the Atomic Scientists), que llamó a una acción inmediata ante el aumento de riesgos existenciales para la humanidad.

La decisión fue tomada por la Junta de Ciencia y Seguridad del organismo, en consulta con su Junta de Patrocinadores —que incluye a ocho Premios Nobel—, tras evaluar el deterioro simultáneo de la seguridad nuclear, el avance de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, las amenazas biológicas y la crisis climática.

“El mensaje del Reloj del Juicio Final no puede ser más claro. Los riesgos catastróficos están aumentando, la cooperación global está disminuyendo y se nos acaba el tiempo”, afirmó Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del Boletín de los Científicos Atómicos.

A su vez, subrayó que el cambio aún es posible, pero requiere “acción rápida y decidida” por parte de los líderes mundiales.

El ajuste de este año refleja un agravamiento respecto a enero de 2025, cuando el reloj se situó en 89 segundos de la medianoche. De acuerdo con los científicos, lejos de revertir el rumbo, las principales potencias —incluidas Estados Unidos, Rusia y China— han intensificado posturas agresivas y nacionalistas, debilitando los acuerdos multilaterales y la cooperación internacional.

Daniel Holz, presidente de la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín, advirtió que el mundo enfrenta una combinación peligrosa de amenazas.

“Nuestros mayores desafíos requieren confianza y cooperación internacionales. Un mundo fragmentado bajo la lógica del ‘nosotros contra ellos’ deja a toda la humanidad en mayor vulnerabilidad”, señaló.

Entre los factores más alarmantes, los expertos destacaron el resurgimiento de la retórica nuclear y la modernización de arsenales atómicos, el uso militar de la inteligencia artificial sin marcos regulatorios claros, la degradación de la capacidad global para responder a amenazas biológicas y la falta de avances significativos frente al cambio climático.

La periodista y Premio Nobel de la Paz 2021, Maria Ressa, alertó sobre lo que calificó como un “Armagedón informativo”, impulsado por la desinformación y la erosión de la verdad compartida. “Sin hechos no hay verdad, sin verdad no hay confianza, y sin confianza la cooperación es imposible”, afirmó.

En su declaración oficial, el Boletín instó a Estados Unidos y Rusia a reanudar el diálogo para limitar arsenales nucleares; a los Estados con armas atómicas a respetar la moratoria de pruebas nucleares; y a las potencias globales a establecer acuerdos vinculantes sobre el uso de la inteligencia artificial, especialmente en sistemas militares y nucleares.

Asimismo, los científicos pidieron fortalecer los compromisos multilaterales frente al cambio climático, invertir en energías renovables y restaurar la confianza en la ciencia como base para la toma de decisiones públicas.

Fundado en 1945 por científicos del Proyecto Manhattan, entre ellos Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer, el Boletín de los Científicos Atómicos creó el Reloj del Juicio Final como una advertencia simbólica sobre las amenazas provocadas por el ser humano.

Hoy, con el reloj más cerca que nunca de la medianoche, los expertos advierten que el margen de error se ha reducido drásticamente, pero que aún existe una última oportunidad para evitar la catástrofe.

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Charlie Hebdo arremete contra ICE por asesinatos y abusos migratorios

Charlie Hebdo arremete contra ICE por asesinatos y abusos migratorios
Charlie Hebdo arremete contra ICE por asesinatos y abusos migratorios

La revista satírica francesa Charlie Hebdo publicó una portada crítica y sin concesiones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en la que satiriza lo que percibe como violencia institucional asociada a las políticas migratorias estadounidenses.

La imagen —difundida internacionalmente— muestra a un oficial de ICE arrastrando a una persona herida sobre un fondo que remite a la bandera estadounidense, una denuncia visual contra lo que la publicación describe como tácticas agresivas y letales en la política migratoria estadounidense.

Esta ilustración denuncia prácticas que muchos observadores consideran violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza.

El enfoque editorial de Charlie Hebdo no es nuevo, la publicación ha construido su reputación durante décadas como un semanario dispuesto a confrontar y satirizar figuras e instituciones poderosas, incluso cuando esto genera polémica global sobre la libertad de expresión y los límites del humor crítico.

La portada llega en medio de un debate intenso en Estados Unidos sobre la actuación de ICE y otras agencias federales tras muertes de civiles durante operativos migratorios en Minneapolis.

El 24 de enero, Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, fue fatalmente baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza durante un operativo en Minneapolis, en medio de una operación federal de aplicación de la ley migratoria que ha generado tensiones con líderes locales.

La muerte de Pretti, quien trabajaba como enfermero en cuidados intensivos, se produjo pocas semanas después de otra fatalidad durante la denominada Operation Metro Surge. Previamente, el 7 de enero, la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good, de 37 años, fue abatida también por un agente de ICE en Minneapolis, un hecho que provocó protestas y una fuerte condena pública.

Ambos incidentes han sido ampliamente cubiertos por medios de comunicación internacionales y han intensificado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias federales de inmigración.

La cobertura ha señalado contradicciones entre las versiones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y testimonios de testigos o evidencia visual difundida en redes, lo que alimenta críticas sobre falta de transparencia y supervisión en estas operaciones.

Las críticas se han intensificado en redes sociales y entre legisladores, y la elección de la portada por parte de Charlie Hebdo refleja una interpretación internacional de estos acontecimientos como síntoma de abusos sistémicos.

La reacción editorial no solo apunta a un incidente aislado, sino que pone en cuestión el papel de la política migratoria estadounidense en un contexto global de derechos humanos.

Satírico por esencia, Charlie Hebdo ha utilizado su portada para llevar el debate más allá de las fronteras, planteando una crítica que resuena con quienes ven en el uso de la fuerza contra migrantes y civiles un ejemplo de prácticas estatales que, según muchos analistas y activistas, merecen escrutinio y reforma profunda.

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Legisladores de California consideran reformas a la ley de abuso infantil en medio de un litigio costoso

Por Thomas Peele. EdSource.

Reformas a la ley de abuso infantil
Legisladores de California consideran reformas a la ley de abuso infantil en medio de un litigio costoso

En lo que probablemente será uno de los temas más polémicos que la Legislatura de California enfrentará en 2026, los legisladores debaten nuevamente la reforma de una ley de 2020 que eliminó el plazo de prescripción de las demandas por abuso sexual infantil. Dicha ley, el Proyecto de Ley 218 de la Asamblea, desencadenó una oleada de costosos litigios contra escuelas y otras agencias públicas.

El debate sobre la ley enfrenta a las víctimas de abuso infantil y a sus defensores, que buscan justicia por agresiones que les causaron la muerte hace mucho tiempo, con las agencias públicas, que calculan cada dólar en una economía incierta y un año presupuestario inestable. Un esfuerzo similar se estancó el año pasado.

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, ha asignado un grupo de legisladores para “explorar soluciones que logren el equilibrio adecuado en este tema crítico”, escribió su portavoz en un correo electrónico.

Entre las posibles reformas buscadas por los distritos escolares y otras agencias públicas se encuentran un acuerdo pagado por el estado a través de un fondo de compensación para las víctimas, un límite a los pagos a las víctimas que presenten reclamos, un límite a los honorarios de los abogados y un estándar legal más alto para probar un reclamo, dicen aquellos que apoyan el cambio.

Desde que la AB 218 se convirtió en ley, los distritos escolares han pagado cientos de millones de dólares para resolver demandas en las que las personas han denunciado haber sido abusadas sexualmente por maestros, directores y personal escolar desde la década de 1960. Decenas de denuncias similares, que a menudo tardan años en resolverse, siguen pendientes en los tribunales de todo el estado.

Los defensores y abogados de las víctimas están preocupados de que cualquier cambio pueda cortar la justicia para quienes sufrieron abusos.

“Creo que van a intentar dar el golpe de gracia”, dijo Thomas Moore, un destacado abogado demandante de Irvine, sobre los legisladores que buscan reformas. “Lo que realmente quieren es limitar drásticamente la capacidad de las víctimas actuales y futuras de abuso sexual infantil para demandar a las entidades públicas y obtener una compensación justa”.

Un portavoz de Rivas, que se negó a ser entrevistado, escribió en un correo electrónico que el orador es “un firme defensor de los sobrevivientes de agresión sexual infantil, y cualquier afirmación de lo contrario es inequívocamente falsa”.

La asambleísta Dawn Addis, demócrata de Morro Bay, defensora de las víctimas de abuso y del derecho a demandar, dijo que ella es una de las legisladoras que Rivas asignó para trabajar en el asunto.

“Me motiva asegurarme de que las víctimas estén representadas”, dijo. El portavoz de Rivas se negó a identificar a otros legisladores a quienes la presidenta de la Cámara ha solicitado que trabajen en el tema.

A medida que los legisladores comienzan su trabajo, el clamor de las agencias públicas que buscan ayuda se hace más fuerte.

La reforma es “la máxima prioridad” ante el aumento de costos, declaró a EdSource Faith Borges, cabildera de la Asociación de Autoridades de Poder Conjuntas de California. Conocidas como JPAs, estas autoridades son agencias públicas poco conocidas que los distritos escolares utilizan para reunir fondos para financiar los costos de responsabilidad civil y, en última instancia, pagar la mayor parte de los acuerdos.

“Cualquier solución debe tener a las víctimas en primer plano”, dijo, pero “también debe equilibrar la realidad de que los recursos son limitados y provienen del ámbito de las aulas”.

El seguro de responsabilidad civil para todos los distritos es uno de los gastos de mayor crecimiento en el presupuesto de un distrito, y el impacto de los casos de la ley AB 218 ha impulsado dicho crecimiento. Por ejemplo, durante la última década, un pequeño distrito, el Distrito Escolar Unido de Buckeye, con 4 mil 200 estudiantes en el condado de El Dorado, experimentó un aumento del 146 por ciento. Pagará 389 mil dólares en el año escolar 2025-26 por seguro de responsabilidad civil, en comparación con 158 mil dólares en el año escolar 2017-2018.

Los acuerdos son “todo dinero público” que fluye a través de las JPA, dijo Eric Bengtson, abogado de San José que ha defendido a distritos escolares en casos de abuso. No hay compañías de seguros privadas “emitiendo cheques. La gente necesita entender eso”, dijo.

 

AB 218 y el movimiento #MeToo

Patrocinada por la ex asambleísta Lorena González, la AB 218 surgió del movimiento #MeToo, que se volvió viral en 2017 con acusaciones de décadas de abuso y agresión sexual por parte del ahora deshonrado magnate del cine de Hollywood Harvey Weinstein.

La ley permite demandar por abuso sexual infantil hasta los 40 años o más tarde, si es entonces cuando recuerdan el abuso o descubren sus efectos psicológicos. La edad límite anterior era de 26 años. También creó un plazo de tres años para presentar demandas que antes estaban bloqueadas por prescripción.

Una ley relacionada de 2024, el Proyecto de Ley 452 de la Asamblea, de la cual Addis es autor, eliminó cualquier plazo de prescripción para demandar por agresión sexual infantil ocurrida después del 1 de enero de 2024. Esta ley también podría formar parte de las discusiones sobre la reforma. El senador John Laird, demócrata por Santa Cruz, quien impulsó las reformas el año pasado, afirmó que algunos miembros de la Asamblea “querían, en esencia, la derogación” del proyecto de ley de Addis como parte de las reformas.

Casi todas las demandas presentadas hasta la fecha se han resuelto extrajudicialmente, algunas por más de 5 millones de dólares, según consta en los registros. Las pocas que han llegado a juicio con jurado han resultado en cuantiosas indemnizaciones para los demandantes, que posteriormente se redujeron en negociaciones que pusieron fin a las apelaciones de los veredictos.

En 2023, un jurado del condado de Riverside otorgó 135 millones de dólares a dos exalumnos del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley, quienes, según se determinó, fueron abusados ​​sexualmente por un profesor de secundaria, Thomas Lee West, en la década de 1990. West fue sentenciado a 52 años de prisión estatal. El distrito finalmente llegó a un acuerdo con los demandantes después del juicio por 45 millones de dólares, según consta en el acuerdo de conciliación del caso.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville, en el Condado de Placer, llevó a juicio en febrero del año pasado una demanda AB 218, presentada a principios de 2020. El jurado otorgó a la víctima poco más de 3 millones de dólares, según consta en los registros. Sin embargo, cuando el distrito apeló el veredicto, las negociaciones culminaron en un acuerdo de 1.5 millones de dólares, según consta en los registros.

En un caso pendiente de la ley AB 218, muy vigilado, los registros muestran que el Distrito Escolar Unificado de Long Beach enfrenta demandas de 18 exalumnos que afirman haber sido abusados ​​por el exprofesor Mark Anthony Santo en la década del 2000. Santo fue declarado culpable de delitos sexuales en 2022 y condenado a entre 80 años y cadena perpetua en una prisión estatal. Perdió la apelación de ese veredicto el año pasado.

A medida que se acumulaban las demandas, Laird afirmó que se mostró dispuesto a proponer reformas tras escuchar las preocupaciones de los líderes escolares de su distrito. Esto incluyó un acuerdo de 4,5 millones de dólares que la Escuela Municipal de Santa Cruz alcanzó con dos víctimas que alegaron haber sido abusadas por un profesor a finales de la década de 1980. Laird declaró al medio de comunicación local Lookout Santa Cruz que su iniciativa de reforma era “políticamente ingrata”.

La legislación que presentó fue aprobada fácilmente en el Senado, pero se estancó en la Asamblea. Habría dificultado que una persona mayor de 40 años probara las denuncias de abuso. También habría elevado el estándar legal para probar las denuncias. En una entrevista el mes pasado, Laird expresó su frustración por el fracaso de su proyecto de ley debido a los desacuerdos entre quienes respaldaban sus reformas y querían ir más allá, y quienes defienden los derechos de las víctimas.

“Es un desastre”, dijo Laird a EdSource. “Me mantengo al margen. La Asamblea tiene que resolver esto”.

 

Afirmaciones falsas

También está alimentando los pedidos de reforma de la AB 218 una investigación de fraude criminal sobre presuntas reclamaciones falsas presentadas contra el condado de Los Ángeles y sus centros de detención juvenil y de acogida.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, investiga las acusaciones de que un bufete de abogados supuestamente pagó a personas para inventar denuncias de abuso cuando el condado asignó casi 5 mil millones de dólares a resolver casos no relacionados con los distritos escolares. La Oficina del Asesor Jurídico del Condado de Los Ángeles también investiga las acusaciones de fraude que involucran al Grupo Legal Downtown LA. Este ha resuelto más de 2700 casos de abuso con el condado. Sus directores han negado cualquier irregularidad.

La investigación por fraude en Los Ángeles cobra gran importancia mientras los legisladores consideran qué hacer, dijo Addis.

“Algo salió muy mal” en la verificación de los casos, dijo. “Sin duda, se necesita más transparencia y mayor rendición de cuentas por parte de los actores maliciosos”.

Pero ella dijo que le preocupa que el escándalo ponga en duda a víctimas con reclamos legítimos.

“No queremos caer en esa narrativa peligrosa de que las víctimas son el problema. Es un cliché muy antiguo que nos trajo hasta aquí: que no se debe creer ni confiar en las víctimas”, dijo Addis.

El asambleísta Chris Ward, demócrata por San Diego, está dialogando con otros miembros de la Asamblea sobre posibles reformas, según informó su portavoz. El portavoz añadió que desconocía si Ward forma parte del grupo que Rivas asignó al asunto.

Víctimas de abuso y sus defensores, preocupados por la posibilidad de que Ward impulse reformas que limiten los derechos de las víctimas, protestaron frente a su oficina de distrito el mes pasado. En respuesta a la protesta, Ward declaró que pretende “recoger las aportaciones de una amplia gama de partes interesadas para abordar cuestiones cruciales como el aumento explosivo de las responsabilidades y los riesgos que esto supone para los servicios públicos en nuestras escuelas, ciudades y condados”.

 

‘Amenaza existencial’

Para los distritos y las juntas escolares, el dolor de los casos en curso y la amenaza de acuerdos significa que puede haber menos dinero para la instrucción de los estudiantes y otros servicios.

Andy Sheaffer, vicepresidente de la junta del Distrito Escolar Unificado de Carpintería en el condado de Santa Bárbara, escribió en un comentario de EdSource en julio que la AB 218 es “una amenaza existencial para la educación pública en California”.

Los costos de las demandas “se extraen directamente de los presupuestos de las aulas, no de las reservas estatales ni de los pagos de seguros. En algunos casos, las reclamaciones son anteriores a cualquier documentación conocida, testigos o incluso a la existencia del personal o los miembros de la junta directiva”, escribió.

La Asociación de Juntas Escolares de California está “abierta a abordar reformas que proporcionen algún alivio a los distritos escolares, respetando al mismo tiempo que en estos casos se han cometido errores y que las víctimas merecen una compensación”, dijo el portavoz de la asociación, Troy Flint.

“Pero sin poner en riesgo la solvencia financiera del distrito y su capacidad de satisfacer las necesidades de los estudiantes”.

 

Poco seguimiento de demandas

No está claro cuántas demandas y acuerdos se han presentado en relación con la AB 218. Hay poco seguimiento de las demandas y los distritos escolares. Dave George, director ejecutivo de un gran fondo de seguros que asegura a cientos de distritos —el Fondo de Responsabilidad Excesiva de las Escuelas (SELF)—, afirmó que no publica anuncios sobre acuerdos. Los distritos escolares tampoco suelen anunciar acuerdos, añadió.

Pero lo que se sabe proviene de informes de los medios de comunicación, registros judiciales y acuerdos de conciliación publicados por los distritos escolares y las JPA.

En muchos casos, las acusaciones de abuso se remontan a décadas atrás.

En un caso resuelto el año pasado, una mujer que demandó por abusos cometidos por un profesor del Distrito Escolar Unificado de San Francisco entre 1963 y 1969 recibió una indemnización de 750 mil dólares. El Distrito Escolar Unificado de Oakland pagó 1.1 millones de dólares en total para resolver cuatro demandas que alegaban agresiones a menores por parte de empleados escolares en la década de 1970, según consta en los registros.

Los registros también detallan algunas de las agresiones que las víctimas alegaron haber sufrido en su infancia, incluyendo a una estrella del deporte de secundaria que afirmó haber sido violada por sus entrenadores. Otra involucraba a un niño con discapacidad intelectual que fue abusado por el conductor de una camioneta escolar. Otro era un estudiante de tercer grado que declaró en documentos judiciales que su maestro lo invitó a una pijamada y luego lo agredió.

La mejor estimación del costo estatal para los distritos escolares proviene del Equipo de Asistencia para la Gestión y Crisis Fiscal (FCMAT), que ayuda a los distritos escolares con emergencias financieras. Se proyecta que el total podría eventualmente superar los $4 mil millones.

“No sabíamos muy bien qué pasaría con la AB 218”, declaró a EdSource Caroline Heldman, profesora de estudios de género, mujeres y sexualidad en Occidental College y fundadora de Stand With Survivors, un grupo de sobrevivientes de abuso sexual. “El gran volumen y el trauma extremo no eran algo que pudiéramos haber previsto. Lo que estamos encontrando en términos de pagos anticipados y el costo previsto de compensar a los sobrevivientes es mayor de lo que se predijo cuando se aprobó la ley”.

 

Fondo de compensación para las víctimas del Estado

El FCMAT recomendó que una reforma podría ser un fondo de compensación a las víctimas pagado por el Estado.

David Levine, profesor de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, que ha escrito sobre la AB 218 en publicaciones jurídicas, dijo que la ley es esencialmente “un mandato sin fondos” para las agencias locales porque “los legisladores simplemente abrieron, sin pensarlo dos veces, el plazo de prescripción” y “sin proporcionar ningún mecanismo para al menos ayudar a las entidades públicas a pagar por esto”.

Una solución podría ser un fondo de compensación para las víctimas, dijo, similar al creado para pagar a las víctimas del 11-S y a casos importantes como el de intoxicación por el herbicida Roundup. Estos fondos “normalmente imponen límites, sobre todo a los daños no económicos y, a menudo, a los honorarios de los abogados”, explicó. Esto ayuda a reducir las cifras y, al mismo tiempo, garantiza que las víctimas reciban su compensación, añadió.

Pero los abogados litigantes se oponen vehementemente a un fondo para las víctimas, dijo Moore, el abogado de Irvine que representa a las víctimas.

“Los fondos de compensación a las víctimas no funcionan en general y definitivamente no funcionarían en una situación de abuso sexual infantil, principalmente porque estos casos tienen enormes diferencias en términos de la naturaleza del abuso y la naturaleza de las lesiones”, dijo.

Moore, quien dijo que los honorarios de contingencia estándar de su firma en casos de abuso son del 40 por ciento, dijo que un fondo sólo perjudicará a las víctimas y eliminará la responsabilidad pública del proceso al eliminar el trabajo de investigación que implica una demanda.

Con un fondo estatal, “no hay ningún descubrimiento contra el distrito escolar”, dijo, refiriéndose al proceso legal a través del cual los abogados de los demandantes en casos de abuso obtienen registros del distrito escolar y testimonio de los funcionarios del distrito.

Casi siempre que un niño denuncia haber sido abusado y el depredador es arrestado, la primera declaración del distrito escolar a la prensa es: ‘No teníamos ni idea de que este sujeto abusaba de menores’. Pero a través del litigio, nos dicen que este maestro lo sabía, que el director lo sabía”, dijo. “Y de repente, tenemos una explicación completamente contraria de lo ocurrido en el caso”.

Addis expresó su escepticismo ante la posibilidad de que se apoye un fondo para víctimas en el presupuesto de 348.9 mil millones de dólares propuesto por el gobernador Gavin Newsom, dado que el estado probablemente operará con déficit durante el próximo año fiscal. La oficina de prensa de Newsom no respondió a preguntas.

De hecho, Addis dijo que los problemas financieros del estado no deberían ser una razón para cortar la capacidad de las personas de presentar reclamos en casos de abuso sexual infantil.

“Lo más perjudicial que podemos hacerles a las víctimas ahora mismo es impedirles el acceso a la justicia”, dijo. “No llegamos hasta aquí porque nadie haya sido victimizado”.

El periodista de datos de EdSource Daniel J. Willis y el editor general John Fensterwald contribuyeron a esta historia.

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