Una medida del condado de San Mateo que otorga a la junta de supervisores autoridad temporal para destituir al sheriff fue certificada el jueves y los votantes la apoyaron abrumadoramente en un 84 por ciento.
Ahora les toca a los supervisores hacer el siguiente movimiento.
La Medida A se votó en una elección especial el 4 de marzo. La enmienda a la carta fue impulsada por una investigación sobre la presunta mala conducta de la sheriff del condado de San Mateo, Christina Corpus, quien se ha resistido a las peticiones de renuncia de supervisores, dos sindicatos de subsheriffs y funcionarios electos municipales, estatales y federales.
La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo recurrió a la celebración de una elección especial después de que Corpus se negara a dimitir tras la publicación de un mordaz informe de 400 páginas sobre su oficina en noviembre pasado.
La autora del informe de investigación sobre Corpus, la jueza jubilada LaDoris Cordell, sugirió que el sheriff renunciara, pero no señaló explícitamente ninguna criminalidad.
En su informe, Cordell entrevistó a unos 40 empleados actuales y anteriores de la oficina del sheriff y concluyó: “Las mentiras, el secretismo, la intimidación, las represalias, los conflictos de intereses y los abusos de autoridad son características de la administración de Corpus. Corpus debería dimitir”.
La Asociación de Alguaciles Adjuntos del Condado de San Mateo y la Organización de Sargentos del Alguacil enviaron el jueves una declaración conjunta elogiando el resultado de la elección especial.
“Si bien la iniciativa fue, en muchos sentidos, sin precedentes, creemos firmemente que, en este caso, era necesaria una acción decisiva”, se lee en el comunicado. “La votación certificada de hoy significa que el reinado de mala gestión sin escrúpulos del Sheriff Corpus pronto llegará a su fin”.
En cuanto a Corpus, ha sido firme en su promesa de no salirse. Ha dicho que los ataques en su contra tienen motivaciones políticas porque es una sheriff que se enfrenta a un grupo de oficiales que forman parte de un “club de buenos amigos”.
Corpus presentó una demanda de 10 millones de dólares contra el condado alegando discriminación y acoso.
Según la enmienda a la carta constitutiva del condado establecida por la Medida A, la destitución de Corpus ahora requerirá una mayoría de cuatro quintos de los votos de la junta de supervisores, y Corpus tendrá la oportunidad de defender su caso. La autoridad de la junta para destituirla expirará a finales de 2028.
Está previsto que la junta se reúna el martes, aunque la agenda de esa reunión aún no se ha publicado.
Un intento de comunicarse con Corpus no obtuvo respuesta inmediata.
Corpus fue elegida en 2022 y se convirtió en la primera sheriff latina del condado.
Los Ángeles brinda apoyo a pequeñas empresa, el condado ofrece apoyo con fondos de ayuda, asistencia jurídica y orientación sobre seguros para impulsar a estos negocios.
Más de 1.3 millones de pequeñas empresas de Los Ángeles se han visto afectadas por los incendios registrados a inicios de año, las cuales en su mayoría pertenecen a mujeres y comunidades minoritarias, por lo que el condado ofrece apoyo con fondos de ayuda, asistencia jurídica y orientación sobre seguros para impulsar a estos negocios.
Las pequeñas empresas de Los Ángeles, en su mayoría, (son negocios de personas afrodescendientes, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) que actualmente continúan recuperándose de las afectaciones económicas que dejó la pandemia de COVID-19, y que a ello se les ha sumado los retos derivados de los incendios forestales de este año.
Para hacer frente a estas dificultades, el condado de Los Ángeles está intensificando sus esfuerzos a través del Departamento de Oportunidades Económicas del condado (DEO), quien ha lanzado nuevos programas que incluyen fondos de ayuda, asistencia legal, orientación de seguros, extensiones para seguros de desempleo, espacio y apoyo para vendedores ambulantes y cocinas en el hogar.
“Las pequeñas empresas y los emprendedores son la columna vertebral de la economía del condado de Los Ángeles”, destacó la directora del DEO, Kelly LoBianco, durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services.
El DEO ha extendido el seguro de desempleo para quienes busquen ayuda personalizada. Para realizar la solicitud y obtener más información, se puede visitar su web site, llamar por teléfono al 844-777-2059, enviar correo electrónico a deo@opportunity.lacounty.gov o visitar la oficina del departamento en 510 S. Vermont Avenue, Los Ángeles.
También se cuenta con subvenciones de ayuda en efectivo, eventos y seminarios web multilingües de recursos empresariales y un portal web gratuito para compartir espacios para empresas que necesitan locales comerciales o cocinas.
En materia jurídica, brindan apoyo en contratos de arrendamiento comerciales, seguridad de empleados, salarios y beneficios, propiedad intelectual, responsabilidad fiscal y estructuración de entidades. Para más información pueden comunicarse al 866-375-9511.
“De igual manera, en noviembre pasado, lanzamos MEHKO, la Ordenanza de Operaciones de Cocinas Domésticas para Microempresas, otra vía para que los vendedores expandan su negocio en la cocina de su casa”, dijo LoBianco.
Para ser beneficiario, los interesados se pueden registrar en el sitio web de MEHKO, pues estarán disponibles 1000 espacios hasta junio de 2026.
Richard Gómez Trejo, un beneficiario que es propietario de WRAPS-TO-GOmeztrejo, se enteró del programa mientras compartía comida con sus compañeros de trabajo en la sala de descanso; habló sobre el apoyo: “MEHKO me ayudó a convertir mi trabajo extra en algo más. Obtuve un certificado de manipulación de alimentos, un permiso… un inspector vino a mi casa y aprobó mi cocina. Me ayudó a conseguir clientela. Les digo: Miren, chicos, ahora soy legal”.
“Si vas a emprender, tienes que tener confianza y ser constante. Trabajo como si alguien me estuviera vigilando”, añadió Gómez Trejo.
Patrick Nye, director regional de Small Business Development Center and partner of the LA, del Departamento de Economic Opportunity, explicó que ofrece talleres de capacitación sobre temas relacionados con las pequeñas empresas, principalmente en línea y algunos presenciales en 20 idiomas diferentes.
“Recibimos fondos federales, así que estos son sus impuestos y acciones. Les ayudamos a aprovechar todos los recursos federales, estatales y locales, disponibles para ayudarles a obtener capital, contratos, planes, reubicarse, lo que necesiten, incluyendo la recuperación ante desastres como seguros y préstamos de FEMA”, expresó Nye.
Por su parte, Liana Austin, directora de Discovery World Schools, comentó que cuando ocurre un desastre, la gente rara vez piensa en los impactos invisibles o indirectos, por lo que es importante contar con asistencia legal gratuita a través del condado.
“Con una cantidad reducida de espacios comerciales debido a incendios o confinamientos, los alquileres y la demanda aumentan y las empresas enfrentan presión o desplazamiento por renegociaciones de arrendamientos y términos ocultos”, explicó.
Muchas veces, agregó, se asume que los dueños de negocios son expertos en todo, por lo que hay menos oportunidades y cada persona debe cubrir varias funciones, pues en su caso fue de gran ayuda contar con la asistencia del DEO.
“(DEO) nos consiguió asistencia pro bono con grandes firmas (jurídicas) para ayudarnos con cuestiones como el cumplimiento de la legislación laboral y la revisión de documentos, y con abogados más pequeños para ayudarnos con el arrendador”, expresó la beneficiaria.
“Navegar por la ley es extremadamente complejo y lleno de matices, y existe un desequilibrio de poder entre los diferentes actores del sector de las pequeñas empresas, te enfrentas a un actor que tiene mucho más poder comercial que tú”, añadió Austin, “Animo a todos a buscar esta ayuda gratuita”.
Joe Rogan, estrella del podcast más grande de los Estados Unidos Joe Rogan Experience habló sobre las recientes detenciones y deportaciones en este país.
Hay muchas cosas en las que no concuerdo con Joe, quien tiene generalmente una posición conservadora y apoya a figuras como Elon Musk y Donald Trump pero creo que en esta ocasión ha dado al clavo.
La idea de ser mandado a una prisión en un país extranjero sin la oportunidad de defenderme es simplemente horrorosa.
Y es que hay más de una denuncia de migrantes deportados a prisiones de El Salvador por sus supuestos vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua.
La verdad es que a estos migrantes se les negó el derecho de un juicio justo para que se les demostrara o exonera de pertenecer a tal grupo criminal.
Ya no hablemos de su estatus migratorio en el país, estos migrantes fueron encontrados culpables sin ningún juicio, de pertenecer a una banda criminal y fueron sentenciados a quién sabe cuánto tiempo en cárceles designadas a terroristas en El Salvador.
En por lo menos un caso, Armando de 29 años, originario de El Salvador, la administración Trump admitió que fue enviado a una de estas prisiones debido a un “error administrativo” pues Armando contaba con una protección otorgada por un juez de migración para no ser deportado.
El derecho a un proceso justo y transparente es necesario para garantizar los derechos humanos básicos. Es también parte de un acuerdo migratorio entre nuestros países pues si un ciudadano norteamericano es detenido en cualquier parte de latinoamérica, este país debe demostrar su culpabilidad, o permitirle que regrese a salvo a su país. Esta es la base de una relación justa entre naciones libres y democráticas.
Un juez federal en San Francisco escuchó argumentos sobre emitir una orden para mantener el flujo de fondos federales a un programa que proporciona abogados para representar a niños en asuntos de inmigración. Foto: Canva
Un juez federal en San Francisco escuchó argumentos el martes sobre si emitir una orden de restricción temporal para mantener el flujo de fondos federales a un programa que proporciona abogados para representar a niños no acompañados en asuntos de inmigración.
Después de casi dos horas de discusión, la jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín dijo que quería más información legal y ordenó a las partes presentar sus documentos antes del 8 de abril, enfatizando que “esto debe resolverse”.
La demanda fue presentada por 11 organizaciones de servicios legales sin fines de lucro después de recibir notificación de que se había cancelado la financiación federal para la representación legal de niños no acompañados en asuntos de inmigración.
Los niños no acompañados son menores nacidos en el extranjero que llegan a Estados Unidos sin padres o cuidadores, a menudo en circunstancias trágicas.
El Congreso otorgó a los niños no acompañados protecciones legales especiales debido a su edad, las dificultades para navegar el sistema de inmigración del país y porque son especialmente vulnerables “a la trata, el abuso bajo custodia del gobierno y las injusticias en el sistema legal de inmigración”.
Reconociendo que sin representación legal, los niños no acompañados no estarían en condiciones de aprovechar esas protecciones, el Congreso ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. que organizara la representación legal de los niños “en la mayor medida posible”.
Para ello, el gobierno contrató al Centro Acacia para la Justicia, que a su vez subcontrató el trabajo a una red de 89 organizaciones de servicios legales en 159 oficinas en todo el país. Los demandantes se encuentran entre las organizaciones subcontratadas que realizan el trabajo.
Para obtener una orden de restricción temporal, los demandantes deben demostrar, entre otras cosas, que tienen una probabilidad sustancial de éxito en los méritos de su caso y que sufrirán daños irreparables sin la orden.
Los demandantes en este caso dicen que, si bien el Congreso asignó fondos para el trabajo hasta septiembre de 2027, recibieron “órdenes de cancelación” del Departamento del Interior de los EE. UU. el 21 de marzo ordenándoles que detuvieran de inmediato el trabajo de representación de niños no acompañados en casos de inmigración.
Además, afirman que, sin representación legal, los menores —muchos de ellos con un dominio limitado del inglés— no podrán comprender sus derechos ni presentar su situación ante las autoridades. Esto no solo les causará graves perjuicios, sino que también debilitará las organizaciones de los demandantes y agravará considerablemente la acumulación de casos y la carga de trabajo de los jueces de inmigración.
El abogado del gobierno, Jonathan Ross, planteó una serie de argumentos que buscaban socavar la idea de que los demandantes pudieran prosperar en la demanda. En primer lugar, argumentó que los demandantes eran solo subcontratistas y no tenían derecho a demandar en virtud del contrato. En segundo lugar, que, en cualquier caso, el contrato expiró en sus propios términos a finales de marzo. En tercer lugar, que el Congreso otorgó al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) discreción para decidir cómo prestar servicios legales a los menores sin representación legal, y que el tribunal no tenía la facultad de interferir en el ejercicio de dicha discreción por parte de su cliente.
El juez Martínez-Olguín, designado por Biden en 2022, preguntó al abogado de los demandantes si estaban tratando de hacer cumplir el contrato y, de ser así, cómo podían hacerlo si no eran parte.
La abogada de los demandantes presentó un argumento matizado: no pretendían hacer cumplir el contrato, sino obligar al gobierno a gestionar la representación legal de los menores no acompañados, tal como lo exigía el Congreso. Afirmó que el gobierno no tiene por qué recurrir a los subcontratistas existentes, pero tampoco puede dejar a los menores sin representación legal.
Ross dijo que el HHS espera proporcionar algunos servicios legales para los niños no acompañados, pero no la “representación directa” que los demandantes han estado brindando.
En una declaración adjunta a la presentación del gobierno, un funcionario del HHS señaló que los servicios que se prestarían a los niños sin representación legal de forma continua costarían alrededor de 27 millones de dólares, en comparación con los casi 800 millones de dólares del contrato rescindido. El funcionario explicó que «continuar financiando servicios que no son legalmente obligatorios no cumple con los objetivos de política de esta Administración de reducir el gasto público innecesario».
Enfatizó que el gobierno no busca impedir la representación pro bono (es decir, voluntaria y no remunerada) de menores no acompañados, pero afirmó que las agencias no desean gastar fondos públicos en representación directa. Añadió que al gobierno le preocupa que los grandes contratos multimillonarios creen un mercado para que los proveedores de servicios legales remunerados se hagan cargo de los casos, lo que desincentiva la contratación y el voluntariado de abogados pro bono.
La jueza no dio indicios sobre su decisión, pero afirmó que seguía teniendo dudas sobre si la medida cautelar solicitada podría reparar adecuadamente el perjuicio que alegaron los demandantes. Instó a los abogados a centrarse en esta cuestión en su informe complementario.
En una conferencia de prensa posterior a los argumentos afuera del tribunal, Carson Scott, uno de los abogados de los demandantes, abordó la cuestión de si era realista pensar que se encontrarían abogados pro bono para representar a decenas de miles de niños no acompañados.
Scott afirmó que sería “increíblemente irrealista”. Añadió que ese enfoque “ya se ha probado antes y no ha funcionado”.
Agregó que esa fue la razón por la que el Congreso asignó los fondos para el trabajo que están haciendo los demandantes.
Península Clean Energy, el proveedor local de electricidad de San Mateo, que utiliza energía eólica, solar e hidráulica para cuidar el medio ambiente.
Somos más que un proveedor de electricidad, formamos parte de esta comunidad
El proveedor local de electricidad de San Mateo, Península Clean Energy se suma a los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente ofreciendo energía limpia, además de cuidar la economía de las familias con apoyos y precios accesibles al alcance de todos.
Península Clean Energy (PCE, por sus siglas en inglés), es un proveedor de energía eléctrica que utiliza energía eólica, solar e hidráulica, esto logra mantener las luces encendidas de los hogares y negocios en San Mateo.
El acceso a energías limpias y asequibles debe ser un derecho al alcance de todos, para que cada persona pueda contribuir al cuidado del medio ambiente. Por esta razón, PCE ofrece sus servicios a precios competitivos, al mismo tiempo que trabaja en la construcción de una red eléctrica más resistente y libre de carbono para el condado de San Mateo.
Su misión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ampliando el acceso a soluciones energéticas sostenibles y asequibles.
Actualmente, cerca del 80 por ciento de la energía mundial y del 66 por ciento de la generación de electricidad provienen de los combustibles fósiles, por lo que es necesario hacer cambios en la manera de generar energía, pero aún más importante en la manera de consumirla.
Para Península Clean Energy, el valor de la comunidad es primordial, puesto que, al proporcionar el consumo responsable de electricidad mediante energías limpias, contribuye al cuidado del medio ambiente local y, al mismo tiempo, beneficia a la comunidad.
El sector de suministro de energía en electricidad, calefacción y otros de este tipo, es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y es responsable de, aproximadamente, un 35 por ciento de las emisiones totales, según datos de las Naciones Unidas.
PCE apuesta por un futuro libre de emisiones de carbón, un futuro en el que todos los hogares y empresas no se vean limitadas por los elevados costos y en el que todos puedan tomar decisiones que contribuyan a crear comunidades más seguras y saludables mientras trabajan juntos por combatir los efectos del cambio climático.
Las Naciones Unidas estiman que la demanda energética de refrigeración es la que registra el crecimiento más rápido en los edificios, ya que se estima que se venderán diez aires acondicionados por segundo durante los próximos 30 años y para 2050, las emisiones del aire acondicionado y la refrigeración se espera que aumenten un 90 por ciento con respecto a los niveles de 2017.
PCE está comprometida con la descarbonización mediante el desarrollo de nuevas fuentes de energía locales y renovables, a través de instalaciones solares en edificios gubernamentales y la inversión en granjas solares. Además, se preocupa por otros tipos de contaminantes, por lo que pone al alcance de la comunidad vehículos eléctricos y la posibilidad de obtener electrodomésticos eficientes.
Colaborando en favor de la comunidad
A diferencia de otros programas públicos tradicionales, PCE invierte directamente en beneficios para la comunidad a través de servicios y descuentos en las tarifas, ayudando a los clientes con ingresos limitados a tener acceso a los servicios de energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover las energías renovables.
Península Clean Energy se conforma de un grupo de más de 60 miembros que incluye líderes apasionados, innovadores y defensores de la comunidad con experiencia en energía, política y finanzas, impulsados por la lucha contra el cambio climático, pero principalmente se encuentran comprometidos por ayudar a la comunidad a prosperar con energía limpia y asequible.
Juntos construimos un futuro más sano para todos
Los proyectos de Península Clean Energy, son algo más que energía limpia, son inversiones en el futuro para la comunidad.
Al apoyar nuevos proyectos como este, se crean empleos, se reducen las emisiones y se está construyendo un futuro inclusivo al alcance de todas las comunidades.
Su compromiso es fomentar una cultura de pertenencia, justicia y accesibilidad, creyendo firmemente en el empoderamiento de todos, para prosperar mediante la aceptación de la diversidad, la promoción de prácticas equitativas y la promoción de oportunidades.
“Diversidad, equidad, accesibilidad e inclusión”, Península Clean Energy.
Iniciativa DEAI de Península Clean Energy
El Consejo de Administración de Península Clean Energy aprobó una sólida Política de Diversidad, Equidad, Accesibilidad e Inclusión (DEAI) en octubre de 2022.
Esta política establece:
Península Clean Energy tiene la visión de un mundo sostenible con energía limpia para todos. Reconocemos que existen barreras sistémicas de larga data que impiden el avance de políticas justas e inclusivas y limitan la plena participación de comunidades históricamente desatendidas y desfavorecidas. Esto incluye a nuestros grupos de interés que se enfrentan a los impactos más adversos de las cargas económicas, sanitarias y medioambientales. Peninsula Clean Energy reconoce que tenemos la obligación de maximizar nuestros esfuerzos para eliminar las disparidades y garantizar que nuestros programas, políticas y prácticas sean inclusivos y accesibles para todos en los mercados geográficos a los que servimos.
Con esto, se reafirma el compromiso con la comunidad y con el acceso a energías limpias para todos.
Conoce sus beneficios
Península Clean Energy compra y suministra electricidad limpia y renovable a precios más económicos. Luego, PG&E entrega la energía de Peninsula Clean Energy por sus líneas eléctricas a hogares y negocios.
Es por eso que, por medio de PG&E, los residentes reciben la factura correspondiente al servicio eléctrico, PCE no es un costo extra, pues Península Clean Energy está reduciendo los cargos de generación eléctrica para los clientes en el condado de San Mateo, aumentando el descuento existente en comparación con las tarifas de PG&E.
Con este cambio, los clientes ahora recibirán al menos un 10 por ciento de descuento en los costos de generación, este descuento llevará a ahorros mensuales de entre $7 y $20 o más. Además, se pueden obtener más descuentos y reducir los costos, mientras se cuida del medio ambiente.
Actualmente cuentan con diversos programas para que todos sean parte de PCE, para conocer sus beneficios y descuentos. Si tiene alguna pregunta, enviar un mensaje por correo electrónico a info@peninsulacleanenergy.com o llámenlos al 1-866-966-0110.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) canceló su contrato de larga data con el teatro campbell el 12 de marzo debido a una cláusula de “terminación por conveniencia del gobierno”.
Por Annalise Freimarck. San José Spotlight. Bay City News.
Unas siete personas se reunieron en un grupo confundido alrededor de un aviso en las ventanas del Teatro Heritage en Campbell para enterarse de que su camino hacia la ciudadanía ya no estaba disponible allí.
La cancelación se produjo pocas semanas antes de que cientos de personas prestaran juramento de lealtad en la ceremonia de naturalización del teatro, el último paso para obtener la ciudadanía estadounidense.
El USCIS está dirigiendo a los posibles ciudadanos que habrían usado el teatro a la oficina local de San José. Los defensores afirmaron que la cancelación del teatro y su gran capacidad probablemente resultará en tiempos de espera más largos en los trámites de ciudadanía, que pueden durar años.
Jasmeet Singh, ciudadano indio, fue una de las personas cuya ceremonia de naturalización se reprogramó debido a la cancelación. Singh dijo que no recibió ninguna notificación. Solo se enteró de que se había pospuesto al 19 de abril después de llegar el miércoles al Teatro Heritage y consultar un portal de inmigración.
Viajó desde Hayward con su familia, incluido su bebé, para la ceremonia cancelada.
“Es solo el tiempo que perdimos. Tardamos como una hora y media en llegar y ahora tenemos que regresar. Hoy falté al trabajo”, dijo Singh a San José Spotlight. “Es un caos total”.
El Teatro Heritage ha organizado ceremonias de naturalización mensualmente desde aproximadamente 2010, atendiendo a más de mil personas al día. El Registrador de Votantes del Condado de Santa Clara solía asistir a las ceremonias y guiar a los nuevos ciudadanos en el proceso de registro para votar.
Jackie Costanzo, residente de Campbell y voluntaria del Teatro Heritage desde hace mucho tiempo, afirmó que el proceso podría prolongarse en la oficina local de San José. Un portavoz del USCIS no especificó cuántas personas naturaliza la oficina diariamente, por lo que no está claro si tiene la misma capacidad que el teatro.
Costanzo dijo que no hay espacio para el registrador en la oficina, y agregó que aunque la gente puede naturalizarse allí, no será lo mismo que las ceremonias llenas de alegría en el teatro.
“Estoy muy decepcionada de que algo que puede ser un día tan importante para la gente, el día en que se convertían en ciudadanos estadounidenses… ahora se lo hayan arrebatado”, declaró a San José Spotlight. “Aún podrán obtener la ciudadanía, pero supongo que tardará más, debido a todos estos problemas”.
El portavoz del USCIS afirmó que la cancelación del contrato no afectará el número de naturalizaciones en el norte de California. Aproximadamente 20 mil 397 personas se naturalizaron en la oficina local de San José entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, según datos del USCIS. Esta cifra no incluye el número de personas naturalizadas en el teatro.
El portavoz no explicó cómo la oficina notificó la cancelación a los futuros ciudadanos, pero añadió que, en los lugares sin espacio para el registrador, el USCIS distribuye paquetes de registro de votantes a cada nuevo ciudadano. Añadió que el USCIS está revisando todos los contratos como parte de los esfuerzos continuos de la administración Trump para eliminar el desperdicio de dinero de los contribuyentes estadounidenses.
“De ahora en adelante, USCIS celebrará ceremonias en lugares que ofrezcan el mejor valor al contribuyente estadounidense, incluyendo instalaciones que ya son propiedad del gobierno federal o que este opera”, declaró el portavoz a San José Spotlight. “En todo el Departamento de Seguridad Nacional, estamos eliminando servicios redundantes que generan desperdicio para asegurar una buena administración del dinero de los contribuyentes”.
El administrador de la ciudad de Campbell, Brian Loventhal, dijo que es lamentable que el contrato haya finalizado y que el teatro no pueda atender a personas como Virginia Valencia, quien lleva cuatro años esperando para obtener la ciudadanía. Se sintió decepcionada al enterarse también de que su ceremonia se canceló fuera del teatro.
Loventhal dijo que Campbell no tiene opción sobre la cancelación del contrato.
“Las ceremonias han sido importantes para la comunidad y cuentan con un gran apoyo”, declaró a San Jose Spotlight. “Esperamos que se reanude en el momento oportuno, pero eso no está bajo nuestro control”.
A Singh no le importa cuándo ni dónde se celebre la ceremonia, siempre y cuando se celebre. Dijo que abandonó la India debido al trato que el país da a las minorías y que lleva siete años en Hayward tras mudarse entre Fremont y Campbell.
“Esa fue una razón para mudarnos a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida, y creo que las encontramos aquí”, dijo.
La administración del presidente Donald Trump admitió en la corte que la deportación a un CECOT en El Salvador de Kilmar Armando Abrego García fue un “error administrativo”.
La administración del presidente Donald Trump admitió en la corte este lunes que la deportación a un Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador de Kilmar Armando Abrego García fue un “error administrativo” y argumentó que no podía traerlo de vuelta porque, ahora, estaba en custodia de país Centroamericano.
Originario de El Salvador, Armando de 29 años, había recibido en 2019 un estatus de protección (TPS) por parte de un juez de inmigración que prohibía al gobierno federal deportarlo.
“El 15 de marzo, a pesar de que el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) sabía del estatus de protección contra la deportación a El Salvador, Abrego Garcia fue removido debido a un error administrativo”, fueron las declaraciones de la administración Trump.
El abogado de Armando ha comentado que salió de El Salvador hace más de una década huyendo de la violencia de las pandillas.
Su abogado y familiares están preocupados por lo que le pueda suceder en una de estas prisiones a donde Armando fue enviado.
Diferentes organizaciones han cuestionado la efectividad y parámetros de ICE para hacer detenciones pero sobre todo, se cuestiona la decisión de la dirección de esta agencia para remover a una persona con estatus de protección emitido por un juez de migración.
The population in the United States faces tension, uncertainty and division on immigration issues, generating anxiety in immigrant communities, especially among those who feed the country, however, farmworkers should not live in fear, which led San Mateo County to designate March 25-31 as Farmworker Week. Photo: Manuel Ortiz P360P
Currently, people in the United States are facing a lot of tension, uncertainty, and division in relation to immigration issues. This has generated anxiety for those who have documents and those who do not, especially those who feed the country, agricultural workers who live in fear of a future that does not look promising.
Despite the uncertainty and division, the San Mateo County Board of Supervisors voted unanimously to declare the week of March 25-31 as Farm Worker Week, as a way of recognizing and celebrating these invisible heroes, despite the difficult work they do to put food on the tables of Americans and many around the world.
“This year it is more important than ever, many of our farm workers live in fear because of the national rhetoric. It's a mistake! So this year we wanted to take some time to celebrate (the farm workers),” said Supervisor Ray Muller, who represents District 3.
At the supervisors' meeting on Tuesday, March 25, Anna Delgado, granddaughter of César Chávez, who lives in San Mateo County, came to speak to the supervisors on behalf of her family and to show her gratitude for honoring her grandfather.
“This was not just a call for a party or a day off. It was a call to action, a reminder that even in the midst of struggle, we must celebrate our humanity, our resilience, and our victories, no matter how small,” Delgado said.
This, he said, “is a way to instill hope in the darkest moments, to remind us why we fight and to inspire others to join our cause. He (César Chávez) knew that song and celebration could bring communities together and remind us of the beauty that exists even in the face of adversity. It was a way to honor.”
Among the events held this week to honor farm workers was a special screening of Campesinos: America's Unsung Heroes by director Joe Poni and producer Alex Ontiveros on the Coastside campus of San Mateo University.
The film focuses on agricultural workers during the COVID-19 pandemic and offers a first-hand view of the difficulties they face locally and nationally, traveling across California to document the difficult work they do to provide for the United States, with a special focus on Half Moon Bay.
The screening was followed by a panel discussion involving a range of organizations, educators, lawyers and county workers, including ALAS; Puente de la Costa Sur; and Dr. Enrique López Lira, director of the Low-Wage Labor Program at the University of California, Berkeley Labor Center, which researches wage issues for low-income workers.
Izquierda: El director Joe Poni y el productor Alex Ontiveros del documental CAMPESINOS: AMERICA’S UNSUNG HEROES Derecha: Sandy de ALAS y la última persona es el trabajador agrícola que aparece en la película. Foto: Emma Garcia P360P
In addition to Shireen Malekafzali, director of San Mateo Equity; Carolina Babbidge, attorney for the San Mateo County Counsel's Office; and Robert Anderson, member of the San Mateo County Farmworker Health Care Commission.
Some of the panel's main conclusions were that, despite all the laws California has to protect employees, the department that oversees and enforces the regulations is severely understaffed, making it difficult to investigate labor violations.
Algunas de las principales conclusiones del panel fueron que, a pesar de todas las leyes que California tiene para proteger a los empleados, el departamento que supervisa y hace cumplir las regulaciones tiene una grave falta de personal, lo que dificulta la investigación de las violaciones laborales. Foto: Emma Garcia P360P
According to Dr. López Lira, knowing this, San Mateo County is creating a program in which it will partner with the District Attorney's Office, the County Attorney's Office, and the offices of the county executives to ensure that fair labor practices are applied, especially with regard to wages.
The program will begin in late spring, early summer, and there will be a helpline where people can file complaints to request an investigation.
The program will be launched first in unincorporated areas and will eventually be extended to other cities, and will be translated into Spanish, English, Chinese, Tagalog, and Vietnamese.
The advice line will also put people in touch with non-profit lawyers to ensure confidentiality, so that no government official, especially at the federal level, can obtain information from those who file a complaint, regardless of their immigration status.
“I'm an immigrant, so I understand. We're not different, we just have different jobs. Like Shireen, I'm excited to start collaborating. We want to make sure that immigrants in San Mateo County can earn fair wages and can fight against employers who don't pay,” attorney Carolina Babbidge, who will assist in wage compliance investigations, told the farm workers present at the hearing.
On Friday, March 28, 2025, ALAS, in collaboration with Behavioral Health & Recovery Services, Voices of Recovery San Mateo County, and Silicon Valley Latino, hosted a party in Half Moon Bay, near the city center, to close the official San Mateo County farm worker week and honor them and their families.
Dressed to the nines, the farm workers attended the event with their families for a catered dinner, dessert bar, dancing and live mariachi performance.
ALAS, en colaboración con Behavioral Health & Recovery Services, Voices of Recovery San Mateo County y Silicon Valley Latino, organizó una fiesta en Half Moon Bay, cerca del centro de la ciudad, para clausurar la semana oficial de los trabajadores agrícolas del condado de San Mateo y homenajearlos, al igual que a sus familias. Foto: Emma Garcia P360P
To close the official week of agricultural workers in San Mateo County, on Monday, March 31, residents of San Mateo and Santa Clara counties got up early to board buses at around 6:00 a.m. and head to Delano, California, to march in honor of César Chávez Day, a state and federal holiday.
In 2014, César Chávez Day was proclaimed an official federal holiday by former President Barack Obama as a day for Americans to remember the work that Chávez did alongside Dolores Huerta to protect farmers, some of whom are still in the shadows today despite their great work, work that allows us all to continue to enjoy food on our tables.
This week in “Por la Libre” nuestro programa de radio comunitaria rodante, Hans Leguízamo y Manuel Ortiz nos presentaron una mesa de diálogo sobre masculinidades, en compañía de Luis Enrique Bazan, educador y trabajador comunitario, Joaquín Jiménez ex alcalde de Half Moon Bay y la socióloga Anna Lee Mraz.
En esta emisión se abrieron los micrófonos para darle voz principalmente a los hombres, cada uno desde su perspectiva habló sobre el papel actual del hombre en la sociedad, como han cambiado los roles masculinos a través del tiempo y la manera de expresarse para este género.
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Ante las redadas de inmigración las familias tienen demasiado miedo de recoger a sus hijos de la escuela. Tienen demasiado miedo de ir a comprar alimentos.
La verdad es que hay muchos camiones blancos en Modesto.
Dodge Rams blancas, GMC Sierra blancas, F-150 blancas, furgonetas Ford Transit blancas, Suburban blancas, Silverado blancas, Chevy Colorado blancas. Tantas camionetas blancas, todas de fabricación estadounidense: una clara señal de peligro para quienes leyeron sobre una redada de inmigración en enero a 209 kilómetros al sur y pasaron los dos meses siguientes atentos a las señales de la siguiente.
Independientemente de quién esté dentro, esos grandes camiones blancos se han convertido en un símbolo de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el corazón de la zona agrícola de California.
“Suelen aparecer en camionetas blancas; esa es la primera señal”, señaló Lorena Lara, directora de organización de Valley Watch Network, una coalición de despachadores voluntarios y observadores legales que responden a los reportes de redadas de inmigración en el Valle Central.
“Luego buscamos las placas; dicen DHS, o no hay placa. Las camionetas tienen antenas grandes, enormes, siempre de fabricación estadounidense. A veces se puede ver un divisor entre la parte delantera y trasera”.
Nunca se sabe qué camión será de inmigración. Y nuestros despachadores reciben llamadas diciendo que hay camiones en la zona, incluso si resultan ser de trabajadores de la construcción o algo similar. Las familias tienen demasiado miedo de recoger a sus hijos de la escuela. Tienen demasiado miedo de ir a comprar alimentos.
Los voluntarios de New Valley Watch aprenden a estar atentos a los camiones y furgonetas blancos como parte de su entrenamiento. Estos voluntarios dijeron que el efecto persiste: cuando conducen al supermercado o se estacionan en el cine, no pueden evitar notarlos. Y por un momento, sienten miedo.
Ésta es la intención declarada del plan de la administración Trump para abordar la inmigración ilegal, parte de lo que el presidente promete que será el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos.
“Si estás aquí ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos”, declaró la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de este mes. “Nunca regresarás. Pero si te vas ahora, podrías tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”.
Mientras los agentes de control de inmigración continúan deteniendo a personas individuales afuera de sus hogares o en la entrada de un Walmart, la mayor esperanza del programa de deportación es alentar a las personas que están aquí ilegalmente a auto deportarse creando suficiente miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes en lugares como el Valle Central.
Queda por ver si el plan de auto deportación está funcionando.
En cuanto a si está creando miedo, esa parte está funcionando bien.
“Se siente como si estuvieras en vilo todo el tiempo”, refirió Blanca Ojeda, voluntaria de la Red de Respuesta del Valle y beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa de 2012 que permite aplazar la deportación cada dos años a quienes llegaron al país sin documentos siendo niños. “Es constante”.
La asistencia a las misas católicas ha disminuido en la Diócesis de Fresno, que abarca la mayor parte del Valle de San Joaquín. Quienes llaman a la línea directa de Respuesta del Valle han reportado que los trabajadores agrícolas no están yendo a los campos de cítricos. Han escuchado informes de padres que mantienen a sus hijos en casa sin asistir a la escuela, una tendencia documentada en las cifras de asistencia en comunidades similares de California. El mercado de pulgas de Fresno se ha vaciado.
Las misas católicas comenzaron a disminuir después de las redadas de inmigración en Bakersfield en enero, dijo el portavoz de la Diócesis de Fresno, Chandler Márquez, y la caída de la asistencia ha sido especialmente pronunciada “en las parroquias que se encuentran dentro de las áreas rurales de nuestra diócesis”.
Un factor clave para que las personas se auto deporten es facilitarlo, en este caso con una aplicación que permite informar que abandonan el país. Pero igual de importante es que quienes residen ilegalmente en el país se preocupen por lo que sucederá si se quedan.
Ahí es donde entran los rumores. La mayoría se propagan de forma natural, a través de personas honestas pero cautelosas que confunden una camioneta blanca estacionada con un vehículo de inmigración. A veces, dijo Ojeda, los voluntarios acuden a un reporte de redada, solo para descubrir que los rumores eran llamadas de broma.
El efecto es el mismo: el miedo se apodera de las comunidades inmigrantes del Valle Central. Ojeda afirmó que algunas familias se han negado a salir de casa por temor a ser detenidas por agentes de inmigración.
Los voluntarios de Valley Response han estado recopilando sus historias. Un estudiante de primaria se quejó en clase en febrero de no tener comida en casa. Tras la investigación, según Ojeda, los voluntarios de Valley Response descubrieron que los adultos de la familia no habían salido de casa desde la redada de inmigración de enero en el condado de Kern y pedían a los vecinos que recogieran a sus hijos de la escuela.
“Los conectamos con servicios, les llevamos cajas de comida, pero ¿cuántos otros niños hay ahí afuera que no dijeron nada?”, dijo.
Ojeda comentó que dio una charla sobre sus derechos en una iglesia católica de Merced y notó que todos los bancos estaban vacíos, incluso después de la misa dominical. Comentó que el sacerdote le comentó que su asistencia ha disminuido entre un 60% y un 70%, especialmente después de que la administración Trump emitiera una orden ejecutiva que permite redadas migratorias en lugares que tenían estatus de protección bajo la administración Biden, como iglesias, escuelas y hospitales.
Han circulado informes entre los voluntarios de que imitadores de Inmigraciones y Control de Aduanas están poniendo luces azules y rojas en sus autos y deteniendo a la gente, algo que está sucediendo en todo el país.
“Le preguntamos al sheriff del condado de Stanislaus qué debíamos hacer”, destacó Ojeda. “Nos dijo que hay que detenerse si se ven luces azules y rojas, pero llamar al 911 inmediatamente. Si la persona se acerca a la ventana, hay que llamar a la central de policía inmediatamente y preguntar su nombre. Les informaremos si es un agente o no”.
La Oficina del Sheriff de Stanislaus no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos de CalMatters. El sheriff ha insistido previamente en un mensaje de video que su oficina no aplica la ley federal de inmigración. Si bien la ley de California sobre el estado santuario dicta lo que la policía puede hacer con las personas indocumentadas, esta ley no influye en las acciones de los agentes federales.
Personas temerosas han recurrido al sistema legal en busca de consuelo, pero incluso ese camino es peligroso. La Fiscalía General de California advirtió que familias han reportado haber entregado miles de dólares a “consultores de inmigración”, solo para descubrir que nunca tuvieron legitimidad legal para argumentar a favor de quedarse en el país o, peor aún, que la persona que les quitó el dinero ni siquiera había derivado su caso a un abogado.
También está notando el silencio. Ojeda dijo que no ha escuchado mucho de sus representantes en Sacramento ni en Washington, D.C.
“Sé que nuestros legisladores estatales han dicho públicamente algunas cosas, pero todavía parece que no es suficiente”, dijo Ojeda.
Eso ha dejado a los grupos de voluntarios y organizaciones religiosas como la protesta más fuerte en el Valle Central contra el programa de deportación de la administración Trump, incluido Valley Watch, que se fundó durante la primera administración Trump.
Normalmente, su trabajo consiste en educar a la gente sobre sus derechos, pero a veces, el juego del gato y el ratón se vuelve completamente inverso. El mes pasado, Ojeda y otro voluntario avistaron una camioneta blanca en la Ruta Estatal 99 de California y la siguieron hacia el norte, desde Modesto hasta Stockton.
Tenía todas las características de un vehículo de control de inmigración: una antena alta, hombres grandes en el vehículo y una especie de divisor que separaba los asientos delanteros de los traseros.
“Creo que se dieron cuenta de que los estábamos grabando, así que empezaron a ir más rápido y finalmente los perdimos, pero vimos por qué salida se bajaron”, subrayó Ojeda.
Era la misma salida de un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Stockton.
En el camino de regreso a Modesto, Ojeda todavía estaba observando la carretera en busca de camiones blancos.
Mentiras piadosas a mamá
Cuando la directora de Valley Watch Network, Lorena Lara, le miente a su madre, intenta hacer que las mentiras parezcan creíbles. Claro, la cosa pinta mal, dice, pero pronto mejorará. No pueden seguir atacando a la gente; no hay suficientes agentes. Y aunque los hubiera, este gobierno no tiene un plan para deshacerse de los aproximadamente 11 millones de indocumentados que hay en este país.
Ella no se lo cree. La situación es desalentadora, y es probable que no mejore para quienes están aquí sin documentos. La administración Trump sí tiene un plan; está publicado en el sitio web de la Casa Blanca. Se llama “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”.
La madre de Lara es una inmigrante indocumentada que la trajo a este país desde México. Lara le miente porque, según ella, la verdad sería peor.
“Le digo que, bueno, todo está bien por ahora”, dijo desde su oficina en Fresno. “Estoy mintiendo por omisión”.
Es un cambio de roles para Lara y su madre.
“Recuerdo que, al crecer sin papeles, después de cierto punto, mi mamá decía: ‘Todo va a salir bien, todo va a estar bien, este año algo va a pasar con nuestro estatus migratorio'”, dijo Lara. “En más de 30 años, no ha pasado nada. Nada está bien”.
“Y ahora tenemos esto.”
No le cuenta a su madre que los informes sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se acumulan a diario. Un sitio web público que recopila información sobre redadas de inmigración publica las alertas.
“Vi a un oficial vestido de verde y con un chaleco negro que decía ‘POLICÍA'”, se leía en una alerta.
“El FBI y el ICE estaban realizando redadas en Madera. Los vieron detrás de Lowe’s. Hay muchos camiones”, decía otro.
“Camioneta negra con vidrios polarizados y placas del Gobierno, 100% seguro que era un encubierto”, se leía en un tercero.
Además del Valle Central, hay grupos de respuesta a la inmigración que cubren todos los condados, desde Los Ángeles y el Inland Empire hasta el Área de la Bahía y los confines del norte del estado.
Además de responder al teléfono de atención, los grupos están organizando reuniones con funcionarios públicos, realizando seminarios sobre cómo conocer sus derechos en comunidades predominantemente inmigrantes y repartiendo pequeñas tarjetas rojas que explican los derechos de las personas en inglés y español.
Sus esfuerzos por conseguir la atención de los políticos electos, especialmente de los alguaciles, han sido difíciles. E incluso cuando consiguen una reunión, como la que tuvieron con el alguacil del condado de Stanislaus, los resultados han sido insatisfactorios.
Las fuerzas del orden en el Valle Central parecen estar divididas sobre cómo equilibrar su necesidad de cooperación de las comunidades inmigrantes con la presencia de agentes de inmigración en sus ciudades y condados, y permanecer dentro de los límites de la ley del estado santuario de California.
En el condado de Amador, una comunidad al pie de la montaña en el lado este del valle, el sheriff ha proclamado que violará deliberadamente la ley de santuario contactando a las autoridades de inmigración tan pronto como tenga bajo custodia a alguien que crea que está en el país ilegalmente.
Más al sur, en el Departamento de Policía de Fresno, el subjefe Mark Salazar está trabajando para asegurar a los inmigrantes que pueden compartir información y comunicarse con los oficiales de manera segura.
“El departamento de policía se asegura de contar con la cooperación de las comunidades hispanohablantes”, dijo Salazar. “La DEA, (Investigaciones de Seguridad Nacional), todos ellos saben que no nos metemos con la inmigración. No nos metemos con la Patrulla Fronteriza, no estamos aquí para hacer redadas. Así que, cuando sus socios federales hacen cosas así, la comunidad debe saber que no somos nosotros”.
Salazar dijo que el riesgo de violar ese entendimiento es grave.
“No podemos romper eso, porque si lo hacemos, creo que volveremos a tener crímenes sin resolver”, dijo Salazar. “Volveremos a que la comunidad desconfíe de nosotros”.
Para Lara, disolver esa confianza es parte del plan de la administración Trump.
“Oh, mil por ciento, mil por ciento eso es parte de su objetivo”, dijo Lara.
¿Esta funcionando?
“Sí.”
Entonces le dice a su madre cosas que no son del todo ciertas, porque es más fácil.
“Me siento protectora”, dijo. “Siento que es lo correcto en este momento porque estoy tratando de mantener un equilibrio entre educar a mi madre y evitar que entre en una espiral de depresión”.
En una pequeña sala de conferencias en Fresno, ella comienza a llorar.
“Lo que pasa entre ella y yo es que no se habla de ello”, dijo. “Es como: ‘Mamá, las cosas no van bien. Están peor. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres volver?’ Y esa es una pregunta que personalmente no me he atrevido a hacerle”.
Una llamada entra a la línea directa.
“Hola, soy Elizabeth. No he tenido noticias de mi esposo”, dijo la voz al teléfono. “Estoy muy preocupada porque ya pasó otro día. El abogado no me ha devuelto la llamada. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que me dé un poco de esperanza?”
Dentro del centro de detención de ICE
Elizabeth Chávez está sentada en una mesa para cuatro en el Golden State Annex, un centro de detención migratoria a las afueras de Bakersfield. A su derecha está su esposo, Alfredo Naranjo, de 31 años, vestido con un overol rojo. Sus tres hijos esperan en su camioneta en el estacionamiento con los padres de Chávez.
“Les decimos a los niños que está trabajando”, dijo Chávez.
El hijo mayor tiene 5 años. Chávez teme estar empezando a darse cuenta de su artimaña.
Tras el miedo en el Valle Central, tras las clases más reducidas y los bancos vacíos de las iglesias, se esconde la realidad de la detención migratoria. Junto con las alarmas, falsas y reales, sobre camiones blancos estacionados detrás de un supermercado, están las personas sentadas en lugares como este, esperando conocer su destino.
En la entrada del patio del centro de detención, en una fría mañana de fin de semana de marzo, una docena de personas se arremolinaban bajo alambres de púas, esperando a que el empleado de la empresa de prisiones privadas Geo Group, que administra la puerta principal, les permitiera entrar.
Cada puerta de estas instalaciones es operada a distancia por guardias invisibles. Las familias pasan por el detector de metales y siguen las instrucciones del guardia hasta la zona de reunión. Cada seis metros hay otro pasillo, otra puerta, otro timbre.
Un último giro y la sala de día del centro de detención aparece a la vista: unas veinte mesas repartidas en un espacio del tamaño aproximado de la cafetería de una escuela secundaria pública. En cada mesa hay una persona con un mono naranja o rojo, sentada en pequeños grupos con las personas que vinieron a verla.
Chávez se ha teñido el pelo de un morado oscuro. Es habladora, vivaz y temerosa. Su marido es callado. Juntos, intentan explicar cómo se despertó un martes por la mañana listo para llevar a Chávez a una visita al hospital y, en cambio, llegó aquí.
Todo empezó con el gato.
Al salir de su casa en Patterson, Chávez vio una minivan blanca estacionada afuera. Su esposo vio un pequeño gato blanco en el suelo, poniendo sus patas en las puertas del lado del pasajero.
“Él me dijo: ‘Mira, el gato está intentando entrar en la camioneta’, y yo pensé: ‘Sí, qué gracioso'”, dijo Chávez, de 25 años. “Nunca se nos pasó por la cabeza que hubiera gente ahí dentro”.
Se sentaron en su auto. Entonces vieron que el conductor de la minivan encendía las luces rojas y azules, sin sirena.
“De repente, alguien tocó la ventana, como si la golpearan, muy fuerte”, dijo Chávez. “Entonces dijeron el nombre de Naranjo, lo cual nos desconcertó tanto que ni siquiera se nos pasó por la cabeza que fuera ICE”.
Naranjo salió del auto. Chávez dijo que los agentes empezaron a gritar y luego le pusieron las esposas. Chávez les pidió una orden judicial, pero le dijeron que no la necesitaban.
Los agentes le dijeron a Chávez que México estaba “preguntando” a Naranjo. Ella le preguntó al agente de qué se acusaba a Naranjo y este le indicó que le preguntara a su esposo. Naranjo negó saber de qué hablaban.
Los agentes sabían el nombre de Chávez. Aunque tenía estatus legal en este país, temió de inmediato que también estuvieran a punto de llevársela.
Sus amigos la dirigieron a la línea directa de Valley Response, que la conectó con un abogado de inmigración. Hasta el momento, el gobierno de México no ha proporcionado ninguna documentación que indique que solicitó la detención de Naranjo.
“No sabemos específicamente por qué ICE podría haberlo estado buscando”, dijo la abogada Katie Kavanagh, de la Colaborativa de California para la Justicia de los Inmigrantes. “Esto coincide con lo que hemos estado observando en las acciones de cumplimiento de la ley en el norte y centro de California. Estamos viendo que muchas personas, incluso con poco o ningún historial de arrestos penales, son blanco de ataques simplemente por tener antecedentes migratorios”.
Naranjo afirmó haber cruzado la frontera solo una vez, en 2016, y no tiene otros cargos penales en su contra, pero en una ocasión recibió una multa por exceso de velocidad. CalMatters no pudo encontrar antecedentes penales en México ni determinar si los tenía.
“Cuando hablaba con los niños, se derrumbó”, dijo Chávez sobre la primera llamada de Naranjo tras su detención. “Los niños le preguntaban: ‘¿Cuándo regresas? ¿Cómo vas con la tarea? ¿No vas a volver a casa?'”.
La hija mayor empezó a llorar, dijo, y su hija mediana estaba empezando a sollozar cuando decidió mentir. Por ahora, los niños siguen creyendo que está trabajando.
Ahora, a Chávez le preocupa que Naranjo no coma. A veces, le dijo, las comidas se retrasan varias horas, y si te las pierdes, te quedas con hambre hasta la siguiente. Pero sobre todo, intenta asegurarle que está bien y que todo esto le parecerá una pesadilla.
“Claro que dirá que todo está bien, porque no quiere que me preocupe”, dijo Chávez. “Pero la verdad es que no sé si él está bien”.
Kavanagh, el abogado que ayudó con la respuesta inmediata, no puede hacerse cargo del caso. Por ahora, están solos.
Así que Chávez hace estas peregrinaciones semanales a Bakersfield, un viaje de tres horas de ida y tres de vuelta. En el estacionamiento, los niños no saben que su padre está a solo unos cientos de metros de distancia.
Más allá del estacionamiento está la Ruta Estatal 99, la principal arteria norte-sur que conecta el Valle Central, donde los voluntarios de Valley Response a veces persiguen camiones blancos.
Más al este, apenas visible en un día claro, está la cordillera de Sierra Nevada, azul y cubierta de nieve e inmóvil, y más allá un complejo de apartamentos en Denver, un tribunal federal en Chicago y un lavadero de autos en Filadelfia, donde recién está comenzando el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos.
