Con la finalidad de ayudar a los residentes afectados por las tormentas recientes y a conocer la asistencia disponible de las agencias locales, estatales y federales, la próxima semana se abrirá un Centro de Recuperación por Desastre en San Mateo.
La Oficina del Ejecutivo del Condado de San Mateo señaló que el centro operará todos los días desde el 9 hasta el 23 de febrero en el Centro de eventos del condado de San Mateo, entrada principal del estacionamiento ubicada en el 1346 de Saratoga Drive.
Hours are 9:00 a.m. to 7:00 p.m., including weekends, in Cypress Hall.
Los representantes del condado, la Oficina de Servicios de Emergencia del estado y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias proporcionarán información como asistencia de empleo, reemplazo de registro, asistencia para veteranos, y acceso y asistencia a las necesidades funcionales.
Así como información sobre opciones de vivienda, referencias a agencias que pueden ofrecer otra ayuda, e información sobre los programas de administración de pequeñas empresas.
Cabe destacar que, si sufrió daños o pérdidas debido a las tormentas de Año Nuevo, puede solicitar ahora la asistencia por desastre de FEMA.
La asistencia por desastre puede incluir subvenciones para ayudar a pagar viviendas temporales y reparaciones esenciales del hogar, así como otras necesidades graves relacionadas con el desastre, como gastos médicos y dentales, transporte, cuidado de niños y gastos de mudanza y almacenamiento. La fecha límite para aplicar es el 16 de marzo de 2023.
Recuerde que, si cuenta con seguro, primero debe presentarse un reclamo con su proveedor de seguros. FEMA brinda asistencia a los solicitantes para sus gastos y necesidades graves causados por el desastre sin seguro o con seguro insuficiente.
There are several ways to apply for FEMA assistance under the Individual Assistance program, the first is to visit the website www.DisasterAssistance.gov, download the aplicación de FEMA, o llamar a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362.
La ayuda está disponible en muchos idiomas. Si usa el servicio de retransmisión de video (VRS), el servicio telefónico con subtítulos u otros, proporcione a FEMA el número de ese servicio. Los operadores de la línea de ayuda hablan muchos idiomas. Presione 2 para español. Presione 3 para un intérprete que hable su idioma. La línea de ayuda está disponible hasta las 20:00 horas ‒hora estándar del Pacífico‒.
La asistencia de FEMA estuvo disponible cuando el condado de San Mateo se agregó a la «declaración de desastre mayor» por la serie de tormentas que azotaron el estado a fines de diciembre de 2022.
Las autoridades confiscaron media libra de supuesta metanfetamina a una mujer de Santa Clara que visitaba a un recluso en el Centro Correccional Maguire en Redwood City, cárcel del condado de San Mateo el martes.
Leslie Romero-Silva, de 23 años, presuntamente llevaba más de 9 onzas de metanfetamina cuando ingresó al Centro Correccional Maguire en Redwood City alrededor de las 19:00 horas, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo.
Romero-Silva estaba tratando de visitar a un preso en las instalaciones y pasó junto a varios carteles que advertían que era ilegal llevar una sustancia controlada a una cárcel de California, dijo la oficina del alguacil. Todos los visitantes son registrados en la cárcel.
La mujer fue arrestada bajo sospecha de llevar una sustancia controlada a la cárcel y está detenida con una fianza de 50 mil dólares.
The Government Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA) recently awarded a Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting to the City of Redwood City for its comprehensive annual financial report for the fiscal year ending June 30, 2021.
This is the 35th consecutive year that Redwood City has received this prestigious award.
“I am proud that the City has received the GFOA Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting for the past 35 consecutive years,” said Redwood City Manager Melissa Stevenson Diaz.
The local official stressed that "this award represents our continued interest and unwavering commitment to planning and carrying out the City's financial operations in a responsible and sustainable manner."
GFOA initiated the awards program in 1945 to encourage and assist local governments to go beyond the minimum requirements of accounting principles to prepare comprehensive annual financial reports that demonstrate the spirit of transparency and full disclosure and to recognize individual governments that achieve this goal.
The report was evaluated by a panel of experts who judged that it met the program's high standards.
In order to receive a certificate of achievement, a government must publish a comprehensive, easy-to-read and efficiently organized annual financial report.
In addition, the report must satisfy both the accounting principles generally accepted in the United States of America and the applicable legal requirements.
The Department of Water Resources DWR today announced $46 million in grants for nine community-based drought relief projects in six counties through the Urban Community Drought Relief Grant program.
The $46 million in financial assistance will provide critical support to implement drought relief projects and build long-term resilience to severe weather in communities across the state, and will help advance efforts outlined in Governor Newsom’s strategy to adapt California’s water supply for a warmer, drier future.
While recent storms improved conditions and helped fill many of the state's reservoirs to or above average levels, the state is looking at a return to dry conditions in the coming months, with much of California continuing to experience drought impacts after the three driest years on record.
“California faces the real-time impacts of a changing climate, as evidenced by our state’s historic drought and recent flood emergency. Preparing for a future impacted by climate change means not only supporting new water supply efforts, but also strategies that capture excess flows during extreme wet events,” said DWR Director Karla Nemeth.
“Today’s funding, with more than half invested in underrepresented communities, will help strengthen water supply reliability across the state by supporting recycled water and groundwater recharge infrastructure while promoting smart water use,” he added.
The $46 million in financial assistance will boost projects that support water recycling, flood risk management/groundwater recharge, improving water supply reliability, and landscape transformation.
The 2022 Urban Community Drought Relief program is designed to address the impacts of drought on California communities while promoting water conservation. Of the total funding announced Thursday.
Notably, $28 million will advance drought relief projects to improve water supply reliability in underrepresented communities.
With a changing climate making swings between drought and flooding more extreme, California must continue to implement new programs to manage water in this new climate reality, DWR said.
In that regard, he stressed that Californians must continue to use water wisely, both indoors and outdoors, so that the economy, community and environment continue to prosper.
The second phase of grants will be announced in spring 2023.
A raíz de múltiples tiroteos masivos que cobraron la vida de 19 californianos en solo 72 horas la semana pasada, el gobernador Gavin Newsom, el fiscal general Rob Bonta y el senador Anthony Portantino, anunciaron esta semana una nueva legislación para la portación de armas para modernizar y fortalecer Las leyes para la transportación pública de estas en California.
«Solo en Estados Unidos vemos el tipo de carnicería y el caos de la violencia armada que destruye nuestras comunidades y nuestro sentido de seguridad y pertenencia», dijo el gobernador Gavin Newsom al tiempo que recordó que Estados Unidos es el número uno en posesión de armas y supera con creces a todas las naciones desarrolladas de la tierra en cuanto a muertes por armas de fuego.
«En California, hemos aprobado leyes de seguridad de armas de fuego de sentido común y funcionan: tenemos una tasa de muertes por armas de fuego un 37 por ciento más baja que el promedio nacional. Estamos redoblando la seguridad de las armas y fortaleciendo nuestra ley de portación pública para protegerlas de los ataques de los republicanos radicales», agregó.
La acción toma relevancia, cuando apenas en junio pasado, la Corte Suprema de EE. UU. anuló una ley de Nueva York, cuyos aspectos reflejaban las leyes de portación pública de California, por lo que la legislación recién anunciada haría las correcciones necesarias para actualizar los estándares y procesos para obtener un permiso de portación en el estado dorado.
De aprobarse esta nueva legislación ‒Proyecto de Ley 2 del Senado‒ se fortalecerían las restricciones de California con respecto a las leyes de transporte público de armas; mejoraría el sistema de licencias existente, asegurando que aquellos que tienen permiso para portar armas de fuego en público sean personas responsables y respetuosas de la ley.
Además, protegería a los menores de edad al establecer un requisito de edad mínima de 21 años para obtener una licencia de portación oculta de arma de fuego ‒CCW o carrying a concealed weapon‒; permitiría garantizar el manejo, la carga, descarga y el almacenamiento adecuados de armas de fuego; y establecería lugares comunitarios seguros donde las personas deben esperar estar libres de la violencia armada.
«Los incidentes de tiroteos masivos que hemos visto en las últimas semanas sacan a la luz la necesidad de protecciones más fuertes para nuestras comunidades. El hecho es que las personas que no son ciudadanos responsables y respetuosos de la ley simplemente no deben poseer armas de fuego, y especialmente no se les debe permitir portar un arma oculta en público. When a weapon is placed in the wrong hands, it is deadly.», aseguró el fiscal general de California, Rob Bonta.
En ese sentido, el funcionario estatal subrayó que la Segunda Enmienda «no es una camisa de fuerza reglamentaria», y se debe proteger a las comunidades.
«El tiempo de pensamientos y oraciones pasó hace mucho tiempo, necesitamos una acción valiente e inmediata por parte de nuestros líderes, aquí en California y más allá. Le debemos a nuestra comunidad protecciones más fuertes. Insto a nuestros líderes estatales a que adopten rápidamente la SB 2. No podemos darnos el lujo de esperar ni un minuto más».
El senador Anthony Portantino dijo que a raíz de las tragedias recientes en Monterey Park y Half Moon Bay, y la continua amenaza de tiroteos masivos, «es fundamental que California lidere el tema de la seguridad y la reforma de las armas».
Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, destacó que la imprudente decisión Bruen de la Corte Suprema abrió las compuertas para más armas en más lugares, pero con este proyecto de ley, California una vez más renovó su compromiso de ser un líder nacional en la lucha contra la violencia armada.
Según el Center for American Progress, los esfuerzos para debilitar las leyes de portación oculta en todo el país han aumentado los delitos violentos: los estudios muestran que los homicidios con armas aumentaron un 22 por ciento en los estados que aprobaron leyes de portación sin permiso y los delitos violentos con armas de fuego aumentaron un 29 por ciento.
En 2022, Newsom firmó un paquete de leyes de seguridad de armas, lo que facilita que los californianos demanden a los fabricantes de armas de asalto ilegales y a quienes las difunden, a su vez permite demandas contra miembros irresponsables de la industria de armas, fortalece las prohibiciones de armas fantasma y restringe la comercialización a menores.
California también lanzó una campaña de 18 meses para promover órdenes de restricción de violencia con armas de fuego , «leyes de bandera roja», que permiten a las fuerzas del orden público, familiares, compañeros de trabajo o amigos solicitar a un tribunal que retire temporalmente las armas de las personas que se consideran peligrosas para ellos mismos o para los demás.
Un estudio del Programa de Investigación de Prevención de la Violencia de la Universidad de California, Davis, encontró que la ley de bandera roja de California se utilizó para detener 58 tiroteos masivos amenazados desde 2016.
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ‒CDC, por sus siglas en inglés‒ , la tasa de muertes por armas de fuego de California fue la 44 más baja del país, con 8.5 muertes por armas de fuego por cada 100 mil personas, en comparación con 13.7 muertes por cada 100 mil a nivel nacional, 28.6 en Mississippi, 20.7 en Oklahoma y 14.2 en Texas.
Mientras el país se enfrenta a un aumento de los delitos motivados por el odio contra grupos raciales, religiosos y de género, los habitantes de una ciudad del norte de California afirman que se les ataca por un motivo diferente: porque no tienen hogar.
CHICO, Ca. – El campamento de personas sin hogar de Eaton-Cohasset se encuentra en el extremo norte de Chico, una ciudad universitaria semi-rural a unos 145 km al norte de Sacramento. Es un abigarrado surtido de tiendas de campaña desgastadas, un par de contenedores y un orinal que sobresale de la grava embarrada.
Con el aumento de los delitos de odio contra minorías raciales, religiosas y sexuales en todo el país, los residentes de este lugar afirman que son el blanco por otra razón: porque son personas sin hogar.
«Hay un tipo que va por ahí con un altavoz y una máscara diciendo: “Vete de Chico o que te maten”», cuenta Jimbo Slice, de 29 años. Oriundo de Paradise, a unos 20 kilómetros al este de Chico, Jimbo -no quiso dar su apellido- es uno de los miles de personas que se quedaron sin hogar tras el incendio Camp Fire de 2018 que devastó la región. «Ayer pasó tres veces en coche».
For the residents of the camp, the threats feel all too real.
El campamento de personas sin hogar de Eaton-Cohasset se encuentra en el extremo norte de Chico, una ciudad universitaria semiurbana a 130 km al norte de Sacramento. Los residentes del campamento llevan meses siendo objeto de agresiones físicas y verbales. Foto: Manuel Ortiz P360P
En varias ocasiones durante el pasado mes de octubre y hasta noviembre, las aproximadamente dos docenas de personas que viven aquí fueron rociadas con perdigones de aire comprimido disparados desde un vehículo que pasaba por allí. Charles Withuhn, del North State Shelter Team, que proporciona duchas móviles a los desahuciados de Chico, afirma que cuatro personas fueron alcanzadas en esos incidentes.
«A primera hora de la tarde, antes de que oscureciera, pasaba un coche de policía. Pocos minutos después, pasaba un coche compacto con los pasajeros gritando blasfemias (y soltando) perdigones automáticos de gran potencia», relataron los residentes a Withuhn.
El año anterior, dos adolescentes mataron a tiros a un vagabundo en el cercano campamento de Teichert Ponds e hirieron a otro. El juez de ese caso desestimó los cargos, dictaminando que los disparos se hicieron en defensa propia antes de que se presentara ninguna prueba de descargo.
Phil, que tiene 56 años y ha vivido en el campamento de Eaton-Cohasset los dos últimos meses, dice que ser una persona sin hogar en Chico es como tener una diana en la espalda. Señala su bicicleta, que está apoyada contra el alambre de espino de poca altura que sirve de vallado al campamento. «Si vas en bici con una mochila en esta ciudad, eres un objetivo».
Phil, de 56 años, lleva dos meses viviendo en el campamento de Eaton-Cohasset. «Ser una persona sin hogar en Chico,» dice, «es como tener una diana en la espalda.» Foto. Manuel Ortiz P360P
Los expertos en legislación sobre delitos de odio afirman que la intención original de estas leyes era proteger a los grupos identificados por características específicas e inmutables, como la raza, la religión o la identidad sexual. Una persona con larga experiencia en el campo que habló en segundo plano dijo que ahora hay un acalorado debate sobre si extender tales protecciones a otras clases, incluidas las personas sin hogar.
En 2019, una iniciativa de este tipo no logró superar las audiencias del comité. Los opositores en ese momento argumentaron que las leyes de delitos de odio no disuadirían los ataques contra las personas sin hogar. Más recientemente, sostienen que extender tales protecciones a las personas sin hogar diluiría la eficacia de las leyes sobre delitos de odio en un momento en que los delitos de odio y los incidentes relacionados dirigidos contra grupos raciales, étnicos y de género están aumentando.
Pero en California vive casi un tercio de la población sin hogar del país, y las soluciones parecen inexistentes, por lo que la frustración va en aumento y, en algunos casos, se convierte en violencia dirigida a un grupo ya marginado y vulnerable.
En Chico, los defensores de las personas sin hogar afirman que las redes sociales y la retórica política están echando más leña al fuego, pintando a las personas sin hogar como una amenaza para la seguridad pública en un momento en que algunos dirigentes municipales parecen empeñados en atraer a los urbanitas que trabajan desde casa y quieren abandonar las grandes ciudades y volver a la vida de los pueblos más pequeños.
Hay un «grupo constante de personas que solo tienen cosas negativas que decir en las redes sociales, y cuando eso es todo lo que el público está ingiriendo, se traduce en una actitud de odio hacia las personas que experimentan la falta de vivienda», dice Hilary Crosby, directora ejecutiva de Safe Space, que proporciona refugio nocturno para personas sin hogar en Chico.
El último recuento puntual de 2019 sitúa el número de personas sin hogar en los alrededores del condado de Butte en 1.125, aunque muchos aquí dicen que el número real es probablemente mucho mayor. Se esperan nuevas cifras en marzo.
Addison Winslow es nativa de Chico y la única voz progresista en el Concejo Municipal. «La derecha ha inventado una narrativa que aprovecha el resentimiento popular hacia las personas sin hogar» para crear una atmósfera cada vez más hostil y potencialmente peligrosa para los desahuciados. La violencia se está «generalizando», añade.
Addison Winslow, la única voz progresista en el ayuntamiento de Chico, afirma que la derecha ha «urdido un relato» que aprovecha el resentimiento de los que carecen de vivienda en la ciudad. Foto: Manuel Ortiz P360P
Mientras tanto, la derecha esgrime frases como «compasión tóxica» para justificar la denegación de recursos a la gente de la calle.
Sue Hildebrand es una activista local y locutora de radio. A principios de diciembre fue agredida físicamente por una indigente mientras hacía recados. «Al revivirlo, hubo unos cuatro o cinco segundos en los que pensé que me mataría», recuerda Hildebrand, echándose el pelo hacia atrás para mostrar las zonas de la piel en carne viva en las que le habían arrancado el pelo de un tirón.
Pero en lugar de volverse contra las personas sin hogar, Hildebrand dice que su experiencia es un ejemplo de por qué la ciudad necesita hacer más para proporcionar servicios esenciales -incluidos recursos de salud mental- a esta población.
«La lección aprendida no es que no hay que ayudar a la gente», afirma. «La lección aprendida es, no estamos ayudando a la gente y eso está haciendo que nuestra comunidad sea más peligrosa».
A principios de diciembre, Sue Hildebrand fue agredida por una indigente. Según ella, la experiencia pone de manifiesto la necesidad de más servicios en materia de seguridad pública. Foto: Manuel Ortiz P360P
En el campamento de Eaton-Cohasset, uno de los tres autorizados por la ciudad, la situación es cada vez más desesperada.
«Todos los días pasan grandes camiones tocando el claxon, gritándonos», dice Phil, que sugiere en broma poner un cartel en la valla que diga: «Toca el claxon si apoyas a las personas sin hogar». «Apuesto a que dejarían de tocar el claxon», ríe, antes de que su humor vuelva a tornarse sombrío. «Me preocupa que un día de estos formen grupos de vigilancia».
Es temprano por la noche en un refugio Safe Space cerca del centro de la ciudad. Dentro, Colleen Olson (en la foto de arriba) está sentada en una silla plegable de metal acurrucada alrededor de su chihuahua. Nacida y criada en Chico, Colleen perdió hace poco su autocaravana después de que la grúa se la llevara por estar aparcada ilegalmente. Está luchando por reunir el dinero necesario para sacarla del depósito.
En una ráfaga de palabras, relata una tragedia tras otra, terminando con la muerte de su novio, el mismo individuo que, según ella, murió en el tiroteo de Teichert Ponds.
Cuando se le pregunta qué ha cambiado en Chico desde su infancia, no pierde detalle. «Ésta no es la ciudad en la que crecí. Es más odiosa».
Additional reporting by Leslie Layton at chicosol.org. Photos by Manuel Ortiz.
This publication was supported in whole or part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library.
Three artists will present their unique ideas for the mural that will decorate the North Fair Oaks community at a public meeting on Tuesday, February 7.
These presentations by the three artists will be open to the public, whether they want to come in person to the North Fair Oaks Library located at 2510 Middlefield Road or through a virtual meeting through the Zoom platform from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.
The winning proposal will ultimately adorn a series of panels along Fifth Avenue as the street dips beneath the Caltrain tracks between El Camino Real and Middlefield Road.
“Last year we asked the community a series of questions about what they would like to see at this highly visible location, focusing on what a healthy community looks like,” said Robin Rodricks, executive director of the County Office of Arts and Culture.
“These three proposals were selected as finalists from a pool of 15 that were wonderful and interesting,” Rodricks added. “It was difficult to find three finalists.”
At the community meeting, finalists Morgan Bricca, Emily Fromm and Isabel Gomez will give insight into their projects, explain techniques and why they came up with those concepts for North Fair Oaks.
Following the presentations, residents will have the opportunity to provide input at the North Fair Oaks Library or through the link www.tinyurl.com/NFOMuralMeeting2
It is worth recalling that last year, the Board of Supervisors gave the green light to the Healthy Community Mural project to “bring pride and beauty to the North Fair Oaks community.”
With the advice of the NFO Cultural Collective and the North Fair Oaks Community Council, the Healthy Community Mural Project Committee will recommend an artist to San Mateo County for consideration, who will review and approve the final selection.
The selected artist is expected to complete the mural this summer, and a public celebration will be planned following its completion.
For additional information or language translation, residents may contact the San Mateo County Office of Arts and Culture at artsandculture@smcgov.org.
researchers of the San Francisco State University They have begun a three-year study at Edgewood Park on Lyme disease that will focus on monitoring tick hosts such as mice, deer and woodrats, as well as testing the efficacy of an oral bait vaccine indicated to limit the spread of the disease.
According to the San Mateo County Council, the study will continue until December 2026.
Researchers will be able to work off-trail within Edgewood Park, but no trail closures related to the study are planned, the county Parks Department said.
What is Lyme disease?
Lyme disease is caused by a bacterium, Borrelia burgdorferi, which is transmitted by ticks. It can be cured with early diagnosis and appropriate antibiotic treatment, but can persist in the human body for years if not treated properly.
Lyme disease was named after Old Lyme, Connecticut, where the first cases of the disease were reported.
The first case in California was reported in 1978. It is currently the most commonly reported tick-borne disease in the state, as well as in the United States.
Each year, state health departments and the District of Columbia report about 30,000 cases of Lyme disease to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
However, that number does not reflect all cases of Lyme disease diagnosed in the United States each year. Standard national surveillance is just one way public health officials can track where a disease occurs and how often.
Recent estimates using other methods suggest that approximately 476,000 people may contract Lyme disease each year in the country.
Is the tick that transmits Lyme disease in San Mateo County?
Yes, the most commonly found tick in San Mateo County during the winter and spring is the western blacklegged tick – Ixodes pacificus – a known vector of Lyme disease.
According to the San Mateo County Mosquito & Vector Control District, Lyme disease bacteria have been detected in approximately 3.0 percent of western blacklegged ticks in the county.
The department said infected ticks have been found along recreational trails throughout the county.
How do people get Lyme disease?
Adult ticks are commonly found when people's clothing brushes against grass or bushes along the edges of hiking trails. Nymphal ticks are found on fallen logs and leaf litter in wooded areas. People can pick them up on clothing or skin when they lean against trees, sit on logs, or play in fallen leaves.
Nymphs are particularly dangerous because their small size allows them to go unnoticed and they can feed on a person for several days without being found.
What are the symptoms and signs of Lyme disease?
An early sign of Lyme disease infection often includes a spreading, “bull’s-eye” rash that may be accompanied by fever, aches, and/or fatigue.
Symptoms that occur during the later stages of the disease may include heart and/or nervous system complications, as well as severe arthritis. Lyme disease presents with a variety of symptoms and signs in different people. If you are infected, you may experience one, both, or none of these symptoms/stages, and they may overlap.
It is important to note that Lyme disease can be successfully treated in most cases with antibiotics, but early treatment is important.
Some people may continue to experience symptoms even after they have been treated for Lyme disease. This is called “post-treatment Lyme disease syndrome.” Researchers believe it may be the result of residual damage to the body caused during the infection.
What does a tick look like?
In California, the western blacklegged tick is the primary carrier of Lyme disease. The adult female is reddish brown with black legs, about 1/8 inch long; males are smaller and completely brownish black. Ticks that have fed on blood—called engorged—will appear much larger, gray in color, and may reach the size of a pea. Ticks in their immature life stages can be as small as a pinhead or a poppy seed.
Where is the western blacklegged tick found?
This tick can be found in grass and brush along trail edges and along ecotones. Adult ticks feed on deer, rabbits, lizards, mice, and other animals.
Ticks do not fly, jump or fall from trees. They climb to the tips of vegetation, usually along animal trails or paths, and wait for an animal or human host to brush against them so they can attach themselves.
Santa Clara County Attorney James R. Williams and San Francisco City Attorney David Chiu announced Thursday that they have voluntarily dropped their lawsuit challenging the Trump administration’s “public charge” rule, saying it no longer exists and cannot be resurrected.
It was during 2019 that Santa Clara County and the City and County of San Francisco filed the first lawsuit in the nation to block the Trump-era rule, which would have instituted a wealth test for immigrants entering the United States or going through the naturalization process, and which at the same time instilled fear in immigrant communities that discouraged them from participating in civic life or public benefit programs.
The action marks the successful conclusion of a four-year legal battle in which Santa Clara County and San Francisco blocked the Trump administration's public charge rule.
Since Santa Clara County and San Francisco filed their lawsuit in 2019, the Ninth Circuit Court of Appeals ruled in their favor by blocking the rule from going into effect.
The Biden administration rescinded the rule when it took office; the U.S. Supreme Court denied an Arizona-led coalition’s attempt to uphold the rule; and, in separate but similar litigation, the Supreme Court declined to review a Seventh Circuit decision blocking the rule from taking effect nationwide.
“We were the first to stand up in court and say that the Trump Administration’s public charge rule was not only deeply harmful to our immigrant communities, it was also flat-out unlawful. And we have been vindicated at every step,” said Santa Clara County Attorney James R. Williams.
He also said that they will continue to focus their attention and resources on protecting residents from racist and xenophobic attacks.
“We are and will always be committed to advancing health, well-being, dignity and equity in all of our communities, including our immigrant communities. Government at all levels must support and protect families, not marginalize or villainize them,” she stressed.
San Francisco City Attorney David Chiu said that “immigrant communities can rest assured that the public charge rule has been defeated in court and rescinded by the Biden Administration.”
“No one should be afraid to seek the assistance and programs they need. In San Francisco, Santa Clara County, and across California, we will continue to honor our legacy of welcoming immigrants of all backgrounds and fight any attempt to institute a wealth test for citizenship,” Chiu said. “We took this fight all the way to the Supreme Court, and I’m thrilled to say we won.”
Under the Trump administration, the U.S. Department of Homeland Security announced a “Public Charge Inadmissibility” rule in 2019 that would have upended nearly 140 years of legal precedent.
The Trump administration sought to radically expand the grounds on which a person could be deemed a “public charge” and thus denied a green card or entry into the United States. By design, the rule would have forced people to forego or withdraw from critical public benefits and care.
Santa Clara County and the city and county of San Francisco jointly filed the first case in the nation challenging the Trump-era rule.
The counties were later joined by several coalitions that also challenged the rule, including groups led by the states of California, Washington and New York; Cook County, Illinois; Baltimore, Maryland; the Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights; and Make the Road New York.
In October 2019, Santa Clara County and San Francisco obtained a preliminary injunction blocking the Trump Administration from implementing its rule. Courts across the country, including the U.S. Courts of Appeals for the Ninth, Seventh, and Second Circuits, unanimously agreed that the Trump-era rule was unlawful and barred its implementation.
Notably, the Supreme Court was asked on three separate occasions to reconsider these legal victories, and each time the Court left them in place.
The Trump administration sought review of the Ninth Circuit's decision by the U.S. Supreme Court, but in March 2021 the Biden administration's Justice Department dropped the case and announced that the administration would not implement Trump's rule.
The Supreme Court then considered whether a coalition of states led by Arizona should have been allowed to intervene to defend the Trump-era government after President Biden was inaugurated.
But in June 2022, Santa Clara County, San Francisco, and states led by California and Washington persuaded the Supreme Court to dismiss their writ of certiorari as having been granted without prevision, again leaving the Ninth Circuit’s decision intact.
Ultimately, while Santa Clara County, San Francisco, and the other plaintiffs prevailed in court, the Biden Administration removed the Trump-era rule from the Code of Federal Regulations and adopted a new public charge rule that complies with federal immigration law and the counties.
This publication was supported in whole or part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library.
The Governor Gavin Newsom announced Wednesday that the state of California has certified San Francisco's Housing Element plan, which calls for more than 82,000 homes in SF over the next eight years, more than half of them affordable to low- and moderate-income families.
According to state data, San Francisco has some of the longest timelines and highest process hurdles for bringing housing projects to construction. These delays, combined with some of the highest housing construction costs in California, create a barrier to addressing the community’s unmet affordable housing needs.
“Today’s announcement demonstrates our commitment to addressing this housing crisis head-on by providing unprecedented funding and resources, streamlining and eliminating bureaucracy, and most importantly, requiring greater accountability at the local level,” Newsom said.
In a press conference, the official assured that "through strict state mandates with real consequences for not fulfilling its obligation, San Francisco is showing what is possible when it stops kicking the can down the road and starts facing the difficult decisions needed to address the housing needs of Californians."
To ensure that San Francisco’s housing element complies with state law, teams from the California Department of Housing and Community Development (HCD) worked closely with City Planning Department staff, providing technical assistance.
“San Francisco is moving aggressively forward not only with the passage of our Housing Element, but also with the critical work to reform our laws and processes to remove barriers to housing and deliver the housing our city urgently needs,” said San Francisco Mayor London Breed.
He stressed that actions like these are essential for San Francisco's economy to recover, for workers to be able to live close to their jobs, for families to grow and prosper, and for the government to address critical issues like homelessness and climate change.
“These efforts will require strong partnerships between our local and state governments, and we stand ready to continue working with the Governor, the Legislature, and the state Department of Housing and Community Development to make a real difference in housing in San Francisco, the Bay Area, and California,” he said.
At the time, the director of HCD, Gustavo Velásquez, said he hopes that this model of cooperation continues and that other cities take advantage of the resources and technical assistance offered by HCD for compliance with the housing element.
He added that as the city works to untangle an antiquated and stubborn system that impedes the production of housing for all income levels, “HCD will continue to closely monitor, research and provide technical assistance that can help them reach the goal of 82,069 units over the next eight years.”
To comply with recently enacted legislative changes, San Francisco has planned the development of more than 82,000 homes, with at least 30,000 approved through a process known as nondiscretionary, which avoids the use of tactics that have been used to stall development.
The plan includes midterm reviews, and if the city does not permit 29,000 homes within four years, it pledges to immediately rezone additional sites.
Additionally, if the city's housing production for low-income residents is delayed, San Francisco will specifically rezone additional sites that are suitable to meet the housing needs of low-income households and other support programs, the Governor's Office detailed in a statement.
In a further affirmation of the City’s commitment to increasing housing production, they have committed to incorporating the recommendations of the Policy and Practice Review into their housing element.
In the meantime, the Housing Accountability Unit will continue to investigate potential housing violations. HCD will monitor San Francisco's program commitments and implementation milestones, which must be met to remain in compliance.
