The county will receive federal funds to provide a home for 20 San Mateo families who will benefit from housing, one of the greatest needs today.
The Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. ‒HUD, por sus siglas en inglés‒ seleccionó al condado y sus socios para una subvención competitiva que totaliza 3.5 millones de dólares para un periodo de tres años. La mayor parte de los fondos, 2.47 millones de dólares, proporcionará 20 nuevos vales de vivienda.
«Esta es una gran noticia porque sabemos que la solución para la falta de vivienda es, ante todo, el acceso a la vivienda», señaló Selina Toy Lee de la Agencia de Servicios Humanos del Condado.
«Una vez que las personas y las familias tengan una vivienda estable, podemos ayudarlos con los apoyos que necesitan, como atención médica, asesoramiento y otros servicios», agregó.
Los cupones serán administrados por el Departamento de Vivienda y brindarán asistencia de alquiler a personas sin hogar, incluidos sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, acoso o trata de personas.
Además de los nuevos vales de vivienda, HUD también otorgó 919 mil dólares durante tres años a Retraining the Village, una organización sin fines de lucro con sede en East Palo Alto, para brindar servicios de ayuda para personas sin hogar y apoyo a la vivienda, y 140 mil durante tres años a la Agencia de Servicios Humanos del Condado para coordinar programas
La subvención de HUD se basa en los esfuerzos del condado para terminar con la falta de vivienda, asegurando que todos los residentes del condado sin hogar puedan ser protegidos de manera segura en un refugio de emergencia o en una vivienda temporal o permanente.
El mes pasado, los funcionarios locales de toda la península se reunieron para celebrar la apertura del primer Centro de navegación del condado de San Mateo, que proporcionará 240 espacios de vivienda temporales seguros para personas y parejas junto con servicios intensivos de apoyo en el lugar en Redwood City.
Cabe señalar que los residentes del refugio están comenzando el proceso de mudarse este mes.
Con fondos de un acuerdo legal con los fabricantes de pintura, el condado de San Mateo ha llegado a un acuerdo con la organización local sin fines de lucro Rebuilding Together Peninsula para establecer un programa de remediación de peligros de pintura con plomo para viviendas residenciales en el condado, acción que se centra en proteger la salud de los niños.
Este último paso en un esfuerzo legal que duró décadas, al fin fue aprobado por la Junta de Supervisores del condado.
«Este acuerdo finalmente responsabiliza a estas empresas al tiempo que proporciona los fondos que tanto necesitan para limpiar el daño que han causado a generaciones de californianos», señaló Warren Slocum, vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo.
«Esto es realmente acerca de la equidad. Sabemos que los niños de hogares de bajos ingresos tienen muchas más probabilidades de estar expuestos a los peligros de la pintura con plomo porque es probable que sus viviendas sean más antiguas», agrego.
Y es que, en el año 2000, el condado de San Mateo se unió a una demanda presentada por el condado de Santa Clara contra los antiguos fabricantes de pintura con plomo por su papel en la creación de una molestia pública al promover la pintura con plomo para uso en los hogares.
Sin embargo, aunque la pintura con plomo se prohibió para uso residencial en 1978, sigue presente en millones de hogares en California.
Para 2019, 10 jurisdicciones de California llegaron a un acuerdo que exige que Sherwin-Williams, ConAgra Grocery Products y NL Industries proporcionen fondos para limpiar la pintura con plomo que envenena a decenas de miles de niños en California cada año.
La exposición al plomo puede dañar gravemente la salud de los niños, incluidos daños en el cerebro y el sistema nervioso, crecimiento y desarrollo lentos y problemas de audición y habla.
La porción del acuerdo del condado de San Mateo es de 11.7 millones de dólares, distribuidos en pagos anuales hasta 2025. Los fondos se utilizarán para desarrollar programas para remediar los peligros de la pintura con plomo en las viviendas, con un enfoque en familias y niños de bajos ingresos.
La Junta de Supervisores del condado de San Mateo precisó que el primer año del acuerdo con Rebuilding Together Peninsula se dedicará a la planificación y desarrollo de programas, contratación y establecimiento de subcontratos para pruebas de plomo y trabajos de construcción.
El programa piloto involucrará de tres a cinco hogares, que se expandirá a 20 a 25 por año una vez que el programa esté completamente establecido.
La participación en el programa de inspección y reducción es gratuita y voluntaria para los propietarios.
Establecida en 1989, Rebuilding Together Peninsula brinda servicios de renovación y reparación para propietarios de viviendas vulnerables, incluidos adultos mayores y veteranos, personas con discapacidades y familias con niños.
«Estamos entusiasmados de trabajar con Rebuilding Together Peninsula para comenzar el proceso de inspección y limpieza de hogares en nuestra comunidad», precisó Donna Spillane, subdirectora de administración y finanzas de County. «Este programa eliminará una amenaza grave para la salud y el bienestar de los niños en el condado».
Se estima que el condado de San Mateo tiene más de 50 mil unidades de viviendas anteriores a 1950 y más de 150 mil unidades de viviendas anteriores a 1980. Las casas construidas antes de 1950 tienden a tener niveles significativamente más altos de plomo en la pintura que las casas construidas después de 1950.
Cabe destacar que aún no se han establecido los criterios para seleccionar viviendas para inspección y remediación, y habrá más información disponible a medida que se desarrolle el programa.
MENLO PARK.- Ante las situaciones de desalojo y el aumento excesivo de las rentas en el condado de San Mateo, mujeres como Laura, Trinidad, Katherine y Amy, residentes en el área, llamaron a la población a conocer sus derechos como inquilinos al tiempo que dieron a conocer las historias de sus familias, ello como parte del foro «Los Inquilinos Pertenecen» en el marco del mes de la Vivienda Asequible.
El evento llevado a cabo este sábado 13 de mayo, se realizó con el objetivo de concientizar sobre los derechos de las personas inquilinas y su importancia en ciudades que tienen un gran número de habitantes sin una propiedad, como es el caso de Menlo Park, donde 42 por ciento de residentes alquilan una casa, de acuerdo con los datos de las asociaciones civiles.
«Los inquilinos no disfrutan de los mismos derechos que los dueños de hogar, no disfrutan de las mismas protecciones de la misma estabilidad y resulta que muchos inquilinos son hispanohablantes, son personas inmigrantes, a veces personas indocumentadas que no siempre conocen sus derechos o son desalojados y piensan que eso es permitido por su estatus ‒migratorio‒», explicó Ofelia Bello, directora de Jóvenes Unidos Por Acción Comunitaria ‒YUCA, por sus siglas en inglés‒.
Además de YUCA, el foro también fue presentado por Menlo Together, Fe en Acción en el Área de la Bahía y Consejo de Liderazgo de Vivienda en el Trinity Hall de Menlo Park.
Entre las voces que buscan expandirse, estuvieron Laura Rubio de East Palo Alto, Trinidad Villegas de Redwood City, Katherine Dumont de Menlo Park, así como Amy Arellín, la cual habló en representación de su mamá; esta última tuvo que darle mantenimiento a la casa que rentaba, ya que su arrendador no hacía caso alguno.
Por su parte, Trinidad inició en la lucha por la justicia para inquilinos cuando su renta incrementó 400 dólares de un momento a otro, lo que la orilló a buscar un segundo trabajo y descuidar su salud; días más tarde, la organización Fe en Acción se presentó en su iglesia para visibilizar otros casos similares, se organizaron y consiguieron un tope del 10 por ciento en el aumento anual de la renta en Redwood City, donde reside hace 22 años.
Photo: Emily Morales P360P
«Redwood City es mi hogar y me gusta porque ahí vive mi familia, viven mis nietos, vive toda esta comunidad tan hermosa con ganas de luchar, como yo. Yo como cientos de personas vivo preocupada por mantener un lugar digno para mí y para mi familia, por mantener la salud con tanto estrés que vivimos con esta situación de vivienda», confesó Trinidad.
A esta misma lucha se unieron Laura Rubio y Katherine Dumont por las situaciones de desalojo que vivieron; la primera de ellas recibió una notificación de desalojo de tres días luego de oponerse al remolque con grúa de sus vehículos y los de sus vecinos, desde entonces la lucha por una vivienda justa se volvió su pasión.
Las cuatro ponentes hicieron un llamado a la población en general a conocer sus derechos como inquilinos, acercarse a las autoridades locales, así como a las organizaciones civiles para acudir a la corte en caso de una orden de desalojo.
Asimismo, Amy Arellín invitó a informarse sobre las políticas locales y ejercer el derecho al voto a quienes lo tengan, así como expresar sus testimonios sobre este tema.
Initiatives
Fe en Acción en el Área de la Bahía dio a conocer que presentaron un documento con tres propuestas al Concejo de la ciudad para que se incluya en el Plan Anti-desplazamiento en Redwood City.
La primera es una ley local de anti-acoso con un mecanismo de rendición de cuentas para quien no la cumpla. La segunda propone proteger a los inquilinos ante los desalojos por renovación, ya que se requeriría la justificación de la remodelación e incluiría el derecho a regresar para las personas que rentan en el lugar.
Finalmente, plantean la implementación de una oficina de relación entre dueños e inquilinos para atender todos los asuntos ligados con la vivienda y la creación de un registro de rentas.
La organización Jóvenes Unidos Por Acción Comunitaria también tiene una propuesta de legislación local, la Ley de Oportunidad de Compra ‒OPA por sus siglas en inglés‒, la cual ofrecería a las familias inquilinas la oportunidad de conocer sobre la venta del inmueble que habitan y la posibilidad de hacer una oferta.
«La política propone que cuando se va a vender una casa donde vive una familia que son inquilinos, el dueño de la casa le tiene que hacer saber al inquilino que se vende la casa y le tienen que dar a ellos la oportunidad de la primera oferta para que adquieran el inmueble», explicó la directora Ofelia Bello.
Agregó que la meta de esta ley es que los inversionistas no traten a la comunidad como una transacción, puesto que los precios de las casas en California, en especial en el Área de la Bahía, han subido «muchísimo», lo que lleva a que los empresarios vean el portafolio de casas como una oportunidad para volverse más ricos.
«No puede ser que, como comunidad, nos importe más que un inversionista gane dinero opuesto a que una familia tenga estabilidad y tenga la oportunidad para comprar la casa», sentenció Ofelia.
Asimismo, la iniciativa integra una manera en que las organizaciones de vivienda en East Palo Alto ayuden a las familias a comprar sus casas, específicamente Desarrolladores de casas Asequibles ‒Affordable Casa Developers‒.
Juristac ‒Huris-tak‒ se encuentra cerca de Gilroy, California, al sur de las montañas de Santa Cruz, sobre la confluencia de los ríos Pájaro y San Benito, en el corazón de las tierras ancestrales de la Banda Tribal Amah Mutsun, donde durante miles de años, sus antepasados Mutsun vivieron y celebraron ceremonias sagradas en este lugar, antes de la llegada de los españoles.
Los indígenas de estas regiones fueron llevados a las misiones de San Juan Bautista y Santa Cruz, donde 4 mil 540 acres en esta zona se convirtieron más adelante en un rancho privado, llamado Rancho Juristac o La brea.
En la época actual un grupo de inversionistas con sede en San Diego compró el terreno en una subasta por bancarrota y actualmente busca desarrollar una operación de extracción de arena y grava a cielo abierto de 403 acres durante un período operativo de 30 años en la propiedad.
El plan incluye un área de planta de procesamiento de 62 acres, tres canteras a cielo abierto de hasta 250 pies de profundidad, una cinta transportadora de 1.6 millas de largo y un camino de acceso de 22 pies de ancho.
Se estima que se producirán 40 millones de toneladas de agregados de arena y grava durante la vida útil de la mina, principalmente para uso en la construcción de caminos locales y construcción en general.
Para el dueño de la propiedad, Debt Acquisition Company of America ‒DACA‒, el proyecto de la cantera es una oportunidad de obtener ganancias financieras.
Haciendo negocios bajo el nombre de Sargent Ranch Partners LLC, DACA contrató a una empresa con sede en Palo Alto, Freeman Associates LLC, para guiar propuesta a través del proceso de revisión ambiental y de planificación del condado de Santa Clara.
Pero esta zona no solo es considerada sagrada para los Amah Mutsun, el proyecto eliminaría aproximadamente alrededor de 400 acres de hábitat de tierras altas para la rana de patas rojas de California y la salamandra tigre de California, ambas incluidas en la lista federal de especies amenazadas, al tiempo que degradaría el hábitat de reproducción en estanques adyacentes a las operaciones de cantera.
La pérdida de pastizales también afectaría al tejón americano, una especie de «preocupación especial» incluida en la lista de California; al igual que las aves rapaces que se alimentan en el área, como el águila real, el aguilucho norteño, el halcón de las praderas y el búho madriguero.
Además, se destruirían aproximadamente 29 acres de bosques de robles de California, un valioso hábitat de descanso y alimentación para muchas especies nativas, al tiempo que preocupa el uso del agua que ocupará la cantera para la extracción y el control del polvo.
Actualmente, el condado de Santa Clara y sus consultores revisan y prepararán las respuestas a todos los comentarios presentados sobre el borrador del Informe de Impacto Ambiental ‒EIR‒, el cual revisarán en función de los comentarios recibidos.
No sabemos cuántos meses le tomará al condado emprender el proyecto. Existe una petición para frenar la construcción de esta cantera y actualmente se han juntado más de 18 mil firmas.
Celebration of May 5, 2023 at EPA. Photo: Gerardo Herrera P360
Girls, boys, women and men of all ages gathered this Sunday, May 7, in a joyful environment at the Cinco de Mayo Latin Festival, organized by the Latin Committee of East Palo Alto, which allowed us to celebrate and commemorate an emblematic date for the Mexican people, the Battle of Puebla.
Wearing folkloric costumes, masks, flags and big smiles, dance and art groups marched from the elementary school at the intersection of Clarke and Donohoe streets to Bell Street Park, located at the corner of Bell Street and University Ave. in East Palo Alto.
Residents and neighbors joined this parade, some on foot, others on bicycles, in strollers, but all wanting to celebrate.
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The park was filled with people of all ages who were able to spend some time together to the rhythm of music, mariachis, history, art and culture.
The national anthems of the United States and Mexico kicked off the celebration. The band La Exclusiva from San José opened the dance floor, followed by the mariachi Coalcoman, and the groups Hermanos de Oro, Rebelión Musical, Austeros Musical, Musical Fuerza Alterna, Las Copas del Sabor, and Insignia.
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There was no shortage of snacks. Attendees were able to enjoy delicious food, as well as buy crafts and other items made by residents.
Non-profit organizations also participated in the Latin celebration, which also included raffles, cultural presentations, history and general information about the city.
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Now we will have to wait another year to be able to enjoy the festivities that fill the city of East Palo Alto with identity and flavor.
The transgender community in the United States is facing a cultural war, but also a political one, by implementing laws that go against their rights and that put their health and their families at risk, forcing them to change their residence in search of a better life.
Nadine Smith, executive director of Equality Florida, a nonprofit that advocates for the civil rights and protection of lesbian, gay, bisexual, transgender and queer residents of Florida, expressed concern about the laws that transgender people face, in particular, the prohibition of medical care for transgender youth and children because it puts their lives at risk, and where if care is provided, the doctor is criminalized.
In response to this, he called for unity in society during a press conference organized by Ethnic Media Services, where she stressed that "that is the real problem, we are fighting against the definition of freedom, we are fighting against the definition of democracy and we all have a role here, you don't have to know a transgender person to be able to understand them."
For his part, Gene Wu, representative of the state of Texas, stressed that "Legislators always seek to bother small groups that do not have a large representation and that, just as they hurt the transgender community today, tomorrow they will seek to harm another group in society, so, in this situation, the only viable thing is unity and respect."
"I think it's important for people to care about these issues and say, 'I'm not transgender and I may not have transgender friends, but they have the right to live their life the way they want, consult their own doctors, consult their own families, and they have the right to do what they think is necessary to stay alive and happy. Just like I have the right to do what I think is right and take care of my own body,'" she said.
Sailor Jones, associate director of Common Cause North Carolina, said that laws against the transgender community are damaging to families and individuals, while becoming a repression of their personality, not to mention the psychological damage they cause.
«We know that most transgender and non-binary youth think that these debates around transgender issues are impacting their mental health in a negative way. We know that almost half of young people have suffered bullying on social media.»
Sailor Jones shows her concern for young people who face bullying and ridicule in their environment, which leads them to the easiest and most regrettable way out, which is suicide.
Finally, Susan Maasch, founder of the Trans Youth Equality Foundation, recalled that families supporting the transgender community face various problems.
He added that the fear of the families is due to the harsh laws that are applied, and the hatred in schools and in society. Today, hundreds of people take their cars with the bare necessities, sell their things and leave their homes in search of a better place.
In addition, medical concerns are the most common among experts. Many boys and girls decide to begin treatment for gender transformation. However, it is a delicate subject and requires a special process, so a doctor must be at the family's side to achieve success.
“Politicians have not done their homework and have not helped, and that is outrageous because there are discussions about forcing children to stop taking hormones that they have been given for a month, without understanding how complex this hormone system is, the dangers, the depression, the despair that children are going to feel, as well as being able to develop suicidal thoughts and everything that parents and politicians will go through when they decide that they cannot seek care, while doctors can be prosecuted by the prosecutor's office if they offer their support,” added Susan Maasch.
While politicians are making noise to get attention with laws that violate the rights of transgender people, American citizens are asking them to address more important issues that really affect society and are truly necessary. However, while the demands are being heard, the transgender community faces very complicated challenges.
It is worth noting that without the empathy, support and attention of governments and society, transgender youth and their families face very difficult economic and discrimination situations that end up forcing them to leave their homes or, in some cases, the most common way out is suicide.
The data indicates that 82 percent of those have thought about committing suicide, while 40 percent have attempted it.
El pasado 6 de mayo, autoridades de diversas ciudades del Área de la Bahía llevaron a cabo la recompra de armas de fuego, donde, gracias al entusiasmo de los residentes, se pudieron recabar 264 armas de fuego.
En el evento llevado a cabo en el estacionamiento del juzgado del norte del condado, ubicado en el 1050 de Mission Road en el sur de San Francisco, de 10:00 a 14:00 horas, se recogió un total de 264 armas de fuego, incluidas 9 armas de asalto y 4 armas «fantasma», que son imposibles de rastrear.
El evento, fue con la finalidad de recomprar de forma segura y anónima armas de fuego que los miembros de la comunidad ya no necesitaban o querían.
«Al participar en este evento, está ayudando a mantener nuestras comunidades más seguras al reducir la cantidad de armas en circulación», señaló en su momento la alguacil del condado de San Mateo,
En el evento participaron la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo, el Departamento de Policía de South San Francisco, el Departamento de Policía de San Bruno, el Departamento de Policía de Daly City, el Departamento de Policía de Colma, y la organización Ciudadanos por la Recompra de Armas del Condado de San Mateo.
De acuerdo con las autoridades, cientos de personas entregaron armas, y sin hacer preguntas recibieron 50 dólares en efectivo por armas de fuego que no funcionaban, 100 dólares en efectivo por pistolas, escopetas o rifles, y 200 dólares en efectivo por armas de asalto y «armas fantasma».
Un evento de recompra de armas adicional está previsto para finales de 2023, en el sur del condado de San Mateo.
A 65-year-old Sunnyvale woman has died in a crash in Mountain View that occurred on northbound U.S. Highway 101 Saturday morning, a California Highway Patrol spokesman said.
A Sig alert has been issued and the two right lanes of U.S. 101 are blocked as officers investigate the crash, which was reported around 6:45 a.m. Saturday.
A white sport utility vehicle crashed at the Ellis intersection, according to CHP Officer Art Montiel.
"The information is preliminary, but it appears that a white Nissan Rogue was traveling northbound on US 101 at the Ellis interchange when, for unknown reasons, the driver lost control of the vehicle," Montiel said.
"The vehicle veered to the right, struck the barrier, bounced across the highway, struck the center divider, then flew back across the highway and crashed into a tree on the right shoulder," Montiel said.
Medics were transporting the driver, a 65-year-old Sunnyvale woman, to the hospital when "it appears she succumbed to her injuries on the way to the hospital," Montiel said.
CHP is seeking witnesses to assist in the investigation, Montiel said. Anyone who was in the area and saw what happened is asked to call CHP at (650) 779-2700, the officer said.
Under the name of Angelo Quinto, a new team of mental health experts aboard a van will respond to 911 calls in the city of Antioch that are not violent or life-threatening but that have a mental component.
Antioch officials welcomed the first mental health crisis response team on Monday, named after Angelo Quinto, a resident of Antioch in Contra Costa County who died at the hands of police after being restrained on Dec. 23, 2020.
At a news conference, the city said the team will be the first in a city in the county to respond to mental health emergencies, which were previously handled by the police.
In collaboration with the Felton Institute, the team will respond to non-violent, non-life-threatening 911 calls and will be named after Angelo Quinto, a 30-year-old Antioch resident who died after being restrained by Antioch police on Dec. 23, 2020.
Quinto was suffering from a mental health crisis and was having a dispute with his mother when police arrived at the family home, at which point officers restrained him, knelt on his shoulder, secured his legs and handcuffed him, before calling an ambulance. However, by the time paramedics arrived, Quinto's face was reportedly purple and he was unresponsive.
There was blood on his face and on the ground. Life-saving measures were carried out, but Quinto died later that day in hospital.
The Contra Costa District Attorney's Office declined to file charges against the police last September. And now that office and the FBI are investigating the Antioch Police Department for a series of alleged civil rights violations.
Antioch Mayor Lamar Thorpe apologized to the Quinto family, saying the incident changed the city and fueled police reform efforts in recent years.
"There are no words that can heal the pain that you are experiencing, but I hope that this gesture here helps you understand that your city is listening to you, your city sees you, we value you and we respect you," Thorpe said.
At the time, Councilwoman Monica Wilson said that while other municipalities in the country have chosen to cut mental health services, the city is looking to make it a priority.
“This investment in a mental health response team will ensure that we never lose a member of our community due to mental health needs. This will ensure that a mental health issue is treated as just that: a mental health issue, not a crime that requires the full force of the police department.”
The annual cost of the crisis response team is estimated at between $1.8 and $2.2 million.
These are the local news from May 6 to 12 that you need to know to stay up to date.
Millions of children and young people are less than two weeks away from leaving for vacation and starting to enjoy days of fun, socializing, but also learning. Summer courses are already being announced everywhere, ranging from art to sports, as well as in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Cooking, helping the environment, or getting involved in community projects are just some of the things parents are looking for to entertain their children this summer.
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The space dedicated to collaborative creation in technology, art and crafts, Makerspace celebrates its first anniversary in the Redwood City Public Library.
The Makerspace opened in early March 2022, following years of effort by the Redwood City Library Foundation, and is open seven days a week.
This collaborative space allows people and groups of all ages to come together to create, experiment and learn about technology, computers, art, science, electronics and sewing, as well as offering a photography class in Spanish.
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Parts of Huddart Park in Woodside will be closed this week due to an annual multi-agency wildfire training.
From May 8-13, fire departments from Redwood City, Woodside and Menlo Park will be using the county park to prepare for this summer's wildfire season.
Residents and park users can expect to see fire trucks and hear equipment in some areas of the park. Helicopters will fly over the area and practice landing and taking off at the site, park officials said.
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This Sunday, May 7, at around 4:30 a.m., a shooting occurred in Redwood City, in the 400 block of Redwood Avenue, where five men were injured, reported the city Police Department.
Authorities said in a statement that an unidentified male suspect approached a group of people drinking on the sidewalk and then opened fire on them with a 9mm handgun, wounding four adult men and a 16-year-old boy.
All of the injured were taken to the hospital with serious but non-life-threatening injuries.
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Silicon Valley Community Foundation (SVCF) recognized and celebrated the 20th anniversary of the founding of the Castellano Family at an event on May 4 at the De Anza Hotel in downtown San José, a non-profit organization that was born out of luck and love for its roots, and that provided opportunities and support to the Latino community in Santa Clara County for two decades.
At the tribute to the Castellano family, it was announced that their foundation is ending its work and a $1 million fund was allocated to SVCF to support Latinx leadership and Latinx-serving nonprofits in San Mateo and Santa Clara counties.
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Property taxes collected in San Mateo County totaled $3.3 billion for the 2021-22 fiscal year, an increase of $129 million, or 4 percent, over the prior year for 11 consecutive years. property tax growth.
That's according to the San Mateo County Executive's Office, which noted in a statement that the countywide 1 percent General Tax is vital to public services, totaling $2.7 billion, that local government agencies receive.
About 51 percent of the general taxes collected are distributed to school districts, 26 percent to the county, 15 percent to cities/towns, 7 percent to special districts, and 1 percent to successor agencies. former development agencies.
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As Cinco de Mayo celebrations came to a close, many events were peaceful and most community members and visitors legitimately enjoyed the cultural celebration that has been a tradition in San Jose for decades, the San Jose Police Department (SJPD) reported.
He noted that, as in previous years, the Department took preventative measures to ensure the community could celebrate safely. In doing so, SJPD also employed zero tolerance for criminal behavior.
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The San Mateo County Board of Supervisors on Tuesday allocated $1 million to an expansion effort to build affordable housing for local farmworkers.
The funds, from the half-cent sales tax on Measure K, the city said in a statement, will help cover costs for planning, project management and other work.
They also said they are seeking $5 million in state funding from the Joe Serna, Jr. Farmworker Housing Grant Program as part of an overall effort to improve living conditions for coastal farmworkers.
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The San Mateo County Board of Supervisors voted unanimously on Tuesday to increase penalties for businesses that sell cigarettes and other tobacco products to minors.
Proposed by County Health, the increased penalties are intended to discourage retailers from risking selling tobacco products to minors and help prevent young people from becoming hooked on nicotine.
In California, 67 percent of current and former smokers report that they started smoking by age 18.
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The San Mateo County Board of Supervisors on Tuesday declared May as CalFresh Awareness Month to highlight the need for eligible residents to sign up for monthly food assistance.
CalFresh is California's version of the federal Supplemental Nutrition Assistance Program, also known as SNAP. The program provides monthly food assistance to qualified San Mateo County residents at risk of hunger.
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A home in Redwood City is being investigated by the Belmont Police Department in conjunction with the FBI after it is allegedly linked to the disappearance of a woman in San Mateo County nearly 27 years ago.
Since Wednesday morning, Redwood City residents have witnessed a large police presence at 3789 Farm Hill Blvd., where officers have surrounded the house to search for evidence related to the unsolved case of the sudden disappearance of 42-year-old Ylva Hagner, last seen on October 14, 1996.
The case of the disappearance of the then software executive remained frozen for 27 years, until this Wednesday, when everything seems to be reopened due to new evidence.
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On the steps of City Hall, top black leaders and city officials came together Wednesday to clarify how the city's fentanyl crisis disproportionately affects black San Franciscans.
On National Fentanyl Awareness Day, Phelicia Jones, founder of the organization Wealth and Disparities in the Black Community, took the stage to say she’s tired of seeing the city’s deadly fentanyl epidemic follow an all-too-familiar pattern of homelessness and job insecurity, with Black San Francisco residents bearing the brunt.
