Para el año fiscal 2025-2026, el presupuesto en San Mateo es de 5.5 mil millones de dólares, por lo que la Junta de Supervisores analizará el plan de gastos.
The the San Mateo County Board of Supervisors publicó un presupuesto revisado de 5.5 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-26, con el objetivo de mantener servicios críticos en medio de la incertidumbre generada por posibles cambios en la política federal y un déficit estatal aún sin resolver.
La Junta de Supervisores analizará el plan de gastos el próximo 23 de septiembre y, de aprobarse, actualizará los niveles de gasto y personal que comenzaron el 1 de julio.
El documento refleja ajustes en transferencias de fin de año, cambios en ingresos estatales y federales, mayores costos de salud para empleados y recursos adicionales para programas de salud y seguridad pública.
En total, el plan aumenta el gasto en 610 millones de dólares y añade 24 nuevos puestos, lo que eleva la plantilla total del condado a 5 mil 889 empleados.
El ejecutivo del condado, Michael Callagy, subrayó que la prioridad es proteger los servicios de los que dependen miles de residentes locales, desde clínicas comunitarias hasta oficinas de apoyo social.
“No controlamos lo que sucede en Sacramento ni en Washington, pero podemos prepararnos responsablemente aquí en casa”, afirmó.
El presupuesto también contempla la continuidad de programas como CalFresh, que beneficia a unos 2 mil residentes gracias a una exención especial que podría modificarse por cambios federales.
Uno de los principales retos es el déficit en el reembolso estatal del Monto de Ajuste de la Tarifa de Licencias de Vehículos (VLF).
En el ejercicio 2023-24, el estado solo cubrió dos tercios de lo adeudado, lo que dejó al condado con un déficit de 22.3 millones de dólares, solventado con reservas. Actualmente, el condado demanda al estado el pago completo de 38 millones de dólares que también corresponden a 20 ciudades locales.
Con 581.6 millones de dólares en reservas del Fondo General, equivalentes al 16.9 por ciento de las asignaciones netas, San Mateo asegura contar con un margen suficiente para absorber presiones a corto plazo sin comprometer sus servicios esenciales.
“Este plan mantiene abiertas nuestras clínicas, apoya a familias vulnerables e invierte en el futuro”, sostuvo Callagy, al destacar el compromiso del personal público con la estabilidad financiera y el servicio comunitario.
No estábamos preparados para la montaña rusa de emociones que René Pérez, también conocido como Residente, desataría la tarde del sábado en el Zócalo. De la euforia a la indignación, de las letras de amor a los llamados de acción, en cuanto el artista boricua tomó el escenario con una sudadera con la leyenda “Palestina libre”, entendimos que no iba a guardar nada en su pecho.
René Pérez Joglar, también conocido como Residente mostrando una sudadera con la leyenda “Palestina libre”, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Para iniciar el concierto y encender a los asistentes que nos visitaron de toda el área conurbada (y también de otros lugares), raperas mexicanas hicieron presencia en el escenario dejando bien claro que “es tiempo de mujeres”.
Prania Esponda, cantante y compositora feminista en el micrófono, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Llamados de sororidad, denuncias contra la violencia y un llamado general a las mujeres a romper el techo de cristal para atreverse a hacer lo que les gusta, hicieron retumbar el centro de la ciudad.
Azuky (de blanco) y Mena, en un espectáculo de freestyle, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Niña Dioz, Ximbomb, Prania Esponda, Azuky y Mena reventaron las bocinas para demostrar, como lo hacen cada día al compartir su arte, que las mujeres no tienen límites ni fronteras para disrumpir espacios de los que en algún tiempo fueron excluidas.
Al caer la noche, La Torre Latinoamericana fue testigo a la distancia de cómo México recibía con los brazos abiertos a René, quién encendió los ánimos inmediatamente al poner pie en el escenario. No solo la Ciudad de México le dió la bienvenida a este artista, también recibió con cantos de “palestina libre” y “no están solos” a unos invitados inesperados, una familia desplazada de Gaza que el puertoriqueño invitó al escenario al mismo tiempo que denunciaba las atrocidades cometidas contra este pueblo.
Residente invita al escenario a una familia desplazada de Gaza, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
Quien conoce las letras de Residente sabrá que el activismo está íntimamente ligado con su obra, desde la dignificación de la clase trabajadora hasta denuncias contra dictaduras.
René también lanzó un grito en contra de las redadas de ICE en Estados Unidos y con la canción de “This is not America” les recordó que: “Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos”.
Sin duda el momento más emotivo de la noche fue en el que el artista se abrió por unos instantes ante el pueblo mexicano para compartir que tuvo un intento de suicidio y de no haber sido por una llamada a su madre, quizás lo habría consumado. En ese momento lanzó un llamado a buscar ayuda, a no sufrir en silencio. El público estalló en una marea de apoyo al boricua mientras él lo recibía al borde del llanto.
René Pérez contiene el llanto mientras comparte momentos difíciles de su vida, Ciudad de México, 6 de septiembre. Hans Leguízamo / MxPA.
La velada fue intensa, los sentimientos arrancaron lágrimas a más de uno entre la multitud y como quien termina agotado después de una comida completa, todos los espectadores regresamos cansados de brincar y llorar, pero con el alma llena y emocionados por un concierto inolvidable.
Este concierto es parte de la política cultural de Clara Brugada y fue posible gracias al Gobierno de la Ciudad de México.
The Midpeninsula Regional Open Space District (Midpen) and the Green Foothills organization announced, as a tribute to Lennie Roberts, a trail that will bear her name. Photo: openspace.org
The Midpeninsula Regional Open Space District and the organization Green Foothills announced this weekend the designation of the future Lennie Roberts Trail in the Miramontes Ridge Open Space Reserve, adjacent to the Johnston House property in Half Moon Bay.
The ceremony brought together community members, public officials, and environmental advocates to recognize the career of Lennie Roberts, considered one of the most influential voices in environmental protection in the region.
“Lennie Roberts defined what environmental stewardship means in our region,” said Julie Hutcheson, executive director of Green Foothills. “This trail is a tribute to her vision, passion, and tireless commitment to protecting the natural world.”
The trail—still under planning and construction—honors Roberts' decades of activism, whose work has saved tens of thousands of acres of open space in San Mateo and Santa Clara counties.
Roberts has been part of the Green Foothills team for years and is considered one of the founders of Midpen, the public agency created after the passage of Measure R in Santa Clara County in 1972.
Her work was instrumental in Midpen's expansion into southern San Mateo County in 1976 and later into the coastal area in 2004. Her leadership has preserved iconic landscapes such as Russian Ridge, Purisima Creek Redwoods, and Bear Creek Redwoods.
She also promoted historic policies such as the California Coastal Act of 1976 and the San Mateo Measure A of 1986, which contained urban sprawl and protected the coastal area's rural character.
With 47 years of experience at Green Foothills, Roberts remains active in the organization and a staunch advocate for Midpen's work.
Participating in the tribute ceremony were Ana María Ruiz, general manager of Midpen, who emphasized that “Lennie's extraordinary leadership and passionate commitment have left an indelible mark on the lands and communities of our region. The Lennie Roberts Trail will ensure that her legacy inspires generations of future environmental advocates.”
Las ciudades de California han reforzado la aplicación de la leyes para personas que viven en autos y autocaravanas en las calles.
Por Marisa Kendall. CalMatters. Peninsula 360 Press.
Durante meses, las ciudades de todo el estado han reforzado la aplicación de la ley contra las personas que duermen en tiendas de campaña en la calle. Ahora, algunas se centran en un nuevo objetivo: las personas que viven en vehículos.
Wayne Gardiner, de 58 años, vio cómo su casa, donde había vivido durante 20 años, rodaba sobre la parte trasera de una grúa en San José una tarde de lunes reciente. Entonces se dio cuenta de que había olvidado algo dentro.
Abrió los compartimentos del fondo de la autocaravana a toda velocidad, buscando las herramientas de hidrolavadora que usa para limpiar y ganar dinero extra. Mientras la autocaravana subía a la camioneta, a punto de irse a un desguace, Gardiner encontró la mochila negra llena de herramientas y la sacó.
Luego se apartó con su rottweiler, Buddy, y algunas de sus pertenencias en bolsas de basura verdes a sus pies, y vio cómo se alejaba el camión. Contuvo sus emociones.
“Si me meto en eso, seré un desastre”, dijo Gardiner. “Tengo que dejarlo ir”.
San José está remolcando vehículos de diferentes zonas de la ciudad en un nuevo esfuerzo por despejar las calles de vehículos habitados. El mes pasado, comenzó a desalojar su mayor campamento de personas sin hogar: una ciudad improvisada en Columbus Park, donde Gardiner y cientos de personas más habían estado durmiendo en autos, casas rodantes y tiendas de campaña.
San Francisco aprobó una nueva política este verano que prohíbe estacionarse a vehículos grandes en cualquier calle de la ciudad por más de dos horas, lo que en la práctica hace ilegal vivir en una casa rodante en la calle.
Incluso ciudades más pequeñas, incluidas Carlsbad en las afueras de San Diego, y San Mateo en el Área de la Bahía, han adoptado nuevas políticas dirigidas a las personas que viven en automóviles y vehículos recreativos.
El asunto también ha llamado la atención de los legisladores estatales. El Proyecto de Ley 630 de la Asamblea, que superó otro obstáculo legislativo el viernes, facilitaría a ciertas ciudades la eliminación de vehículos recreativos estacionados en sus calles.
“Tenemos historias de personas que tienen casas rodantes inoperables estacionadas en sus vecindarios, bajo autopistas, y que saben que son focos de tráfico de drogas, redes de prostitución y otras actividades delictivas”, dijo el autor del proyecto de ley, el asambleísta Mark González, demócrata de Los Ángeles. “Por eso, lo que intentamos hacer es abordar este problema de frente”.
La iniciativa surge en un momento en que filas de autocaravanas y coches habitados abarrotan las calles de ciudades de todo el estado, frustrando a los votantes y creando problemas con la basura, las aguas residuales y la visibilidad del tráfico. El número de vehículos habitados en las calles de San Francisco ha aumentado durante el último año: de 474 en julio de 2024 a 612 en junio de 2025, mientras que el número de tiendas de campaña se redujo de 319 a 165, según el recuento municipal.
La falta de vehículos puede ser más difícil de gestionar para las ciudades que la de los campamentos de tiendas de campaña. Las personas suelen ser reacias a renunciar a la seguridad de su autocaravana o coche a cambio de una cama en un refugio temporal o una vivienda temporal. Además, muchas ciudades no tienen dónde guardar autocaravanas ni dónde aparcarlas legalmente.
Los defensores de los derechos de los californianos sin hogar afirman que imponer sanciones para abordar el problema agravará la crisis de personas sin hogar. Cuando las ciudades remolcan autos y casas rodantes habitados, sus dueños a menudo no pueden recuperarlos porque no pueden pagar las tarifas de remolque y almacenamiento, explicó Eleana Binder, directora de políticas públicas de GLIDE, que atiende a los residentes de San Francisco que viven en la calle y en la pobreza. Al final, no tienen adónde ir.
“Aumenta la indigencia en las calles, porque la gente está al borde de la indigencia”, dijo. “Para muchos, un vehículo es su único activo, el último paso antes de quedarse sin hogar”.
Multas y remolques
Las ordenanzas que regulan los campamentos de personas sin hogar suelen centrarse en las personas que duermen en tiendas de campaña, no en vehículos. Por ello, la policía ha utilizado las ordenanzas de estacionamiento para intentar desalojar los campamentos de vehículos mediante multas y remolcando o amenazando con hacerlo. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta que los coches y las autocaravanas son los hogares de las personas.
En algunos lugares, las nuevas políticas dirigidas específicamente a las personas que viven en automóviles y vehículos recreativos intentan resolver ese problema proporcionando servicios además de multas y remolques.
Gardiner, quien vio cómo la ciudad de San José remolcaba su casa, tuvo más suerte que muchos. La ciudad le pagó dos mil dólares por su casa rodante, como parte de un programa piloto para convencer a la gente de que dejara sus vehículos y se mudara a un lugar seguro. También recibió una habitación de hotel gratis, donde la ciudad le dijo que podía quedarse hasta un año.
Gardiner era una de los cientos de personas que vivían en el campamento más grande de San José: una extensa colección de casas rodantes, autos y tiendas de campaña esparcidas por un terreno de tierra lleno de baches en el Parque Columbus y extendiéndose hacia las calles circundantes. Los equipos municipales comenzaron a desalojar el campamento en agosto y, según la ciudad, han remolcado 78 vehículos y trasladado a 128 personas al interior.
La ciudad estima que 370 personas vivían en Columbus Park cuando comenzó la operación, pero los defensores afirman que eran más. Y no a todos se les ha ofrecido el programa de recompra de dos mil dólares, una estancia en un motel u otra ayuda.
Valerie Vallejos, quien vive en su camioneta en Columbus Park mientras estudia cosmetología en San Jose City College, dijo que estaba visitando a sus hijos en Stockton cuando los trabajadores sociales llegaron al parque ofreciendo servicios a las personas. Ahora intenta inscribirse en la lista, con la esperanza de conseguir una vivienda o al menos que le eviten las amenazas de remolque. Hasta ahora, no ha tenido suerte.
“Voy a seguir saliendo hasta que consiga algo”, dijo. “Es mi única opción. ¿Qué más puedo hacer?”
San José también está tomando medidas enérgicas en otros lugares. Las autoridades lanzaron un programa piloto a principios de este año que prohíbe los vehículos de gran tamaño y habitados en ciertas zonas de la ciudad. La ciudad primero coloca letreros y folletos advirtiendo a las personas que muevan sus vehículos, y luego remolca los vehículos si no lo hacen. Desde enero, la ciudad ha remolcado 19 casas rodantes y remolques, además de otros 45 vehículos, según su panel de control en línea. Sin embargo, muchos vehículos regresan tras las medidas de control. Hasta la fecha, la ciudad ha completado el control en 38 “zonas de remolque”, donde había un total de mil 175 automóviles y casas rodantes. Noventa días después de dicho control, 671 vehículos habían regresado a esas ubicaciones.
“Es un comienzo”, dijo el alcalde de San José, Matt Mahan, quien reconoció que el remolque no hará desaparecer por arte de magia la indigencia en las calles. Pero afirmó que incluso obligar a las autocaravanas a trasladarse temporalmente puede ayudar a mitigar los problemas que la ciudad ha visto en los campamentos de larga data, como laboratorios de metanfetamina, incendios y la acumulación de vehículos destartalados y abandonados.
“Se trata de brindar alivio a los vecinos y a las pequeñas empresas que han tenido campamentos permanentes de vehículos recreativos durante años”, dijo Mahan.
Desde principios de año, San José ha implementado tres “zonas de remolque” en las cuadras alrededor de la Avenida Barnard, donde Esmeralda Herrera, de 51 años, vive en una casa rodante estacionada con su perro Kiba, un anciano. Perdió su trabajo como conserje en el distrito escolar del condado de Santa Clara durante la pandemia de COVID-19, y luego un aumento de alquiler la obligó a dejar su apartamento.
Herrera está en lista de espera para una vivienda asequible, pero no ha visto ningún progreso, dijo. Mientras tanto, Herrera comentó que va de un lado a otro de la ciudad, mudándose a una nueva cuadra cada vez que la policía amenaza con remolcar su remolque. Tiene miedo de ir a entrevistas de trabajo porque le preocupa que, al regresar, el remolque y su querido perro ya no estén.
“No sé qué haría”, dijo. “No quiero estar en la calle”.
“La vía pública no es una vivienda permanente”
San Francisco comenzará a aplicar sus nuevas normas de estacionamiento para vehículos recreativos este otoño. Al igual que San José, planea pagar a las personas para que renuncien a sus vehículos recreativos. Además, las personas pueden obtener una exención temporal del remolque si aceptan colaborar con un gestor de casos en un plan de vivienda. Sin embargo, solo las personas que han estado en la mira de la ciudad desde mayo de 2025 son elegibles.
“Me preocupa mucho que la gente termine pasando por alto el programa de permisos, o que pierdan su permiso y sean remolcados”, dijo Binder. “Y para mucha gente, ser remolcado significa terminar en la calle. Ese es mi mayor temor: que veamos a gente sufriendo y a más personas terminando en la calle que antes no lo estaban y que no deberían estarlo”.
En marzo, Carlsbad amplió su prohibición de acampar para incluir dormir en vehículos en propiedad pública. Esta infracción conlleva una multa de 100 dólares la primera vez, 200 la tercera y 500 las siguientes. Desde la modificación, la ciudad ha emitido 34 multas por acampar en vehículos y 77 multas por estacionamiento excesivo, y ha remolcado 12 vehículos, según Mandy Mills, directora de vivienda y servicios para personas sin hogar de la ciudad.
La ciudad recibió una subvención estatal de 3 millones de dólares para ayudar a las personas que viven en vehículos a mudarse a espacios interiores, tanto pagando subsidios de vivienda temporal como financiando los salarios de dos trabajadores de extensión social que conectan a las personas con la vivienda.
En San Mateo, dormir en un vehículo en la vía pública ha sido ilegal desde la década de 1990. Sin embargo, no se ha aplicado. En junio, el Ayuntamiento votó a favor de empezar a multar a las personas que rechazaron dos ofertas de alojamiento.
“La vía pública no es una vivienda permanente”, dijo el administrador de la ciudad, Alex Khojikian.
El proyecto de ley de González pretendía ayudar a ciudades como San Mateo a limpiar sus calles. El proyecto fue aprobado por el Comité de Asignaciones del Senado el viernes con una enmienda de última hora que limita su alcance a los condados de Alameda y Los Ángeles.
El proyecto de ley daría a las ciudades de esos condados mayor libertad para deshacerse de vehículos recreativos abandonados o inoperativos. Según la ley actual, una ciudad puede deshacerse de vehículos recreativos abandonados con un valor de 500 dólares o menos, pero cualquier valor superior se vende en subasta. Alguien más puede comprar ese vehículo recreativo y devolverlo a la calle, dijo González.
El proyecto de ley de González elevaría ese umbral a 4 mil dólares, lo que permitiría a las ciudades desechar más fácilmente los vehículos recreativos y sacarlos de la calle para siempre.
Si bien González afirma que su legislación no afectaría a las casas rodantes en las que viven personas, el proyecto de ley no define qué constituye un vehículo “abandonado”. Los opositores, incluida la Asociación de Defensores Públicos de California, temen que esto permita a las ciudades remolcar de forma excesiva y elimine el refugio tan necesario para la población sin hogar de California.
Una ley independiente, el Proyecto de Ley Senatorial 692, habría reducido el umbral que las ciudades deben cumplir para poder remolcar vehículos abandonados o inoperables. El proyecto de ley, presentado por el senador demócrata de Oakland, Jesse Arreguín, está suspendido este año, pero podría volver a avanzar el próximo, ya que Arreguín afirma que seguirá trabajando con las partes interesadas en las enmiendas.
Mientras tanto, en San José, Herrera seguirá rebotando por las calles de la ciudad con su perro.
“No sé cuál será mi siguiente paso si me dicen que me mude, porque he estado en todas partes”, dijo, “y no estoy llegando a ninguna parte con los programas para personas sin hogar”.
Con la agenda de deportación de Trump alimentando el miedo en las comunidades inmigrantes, los casos de discriminación y acoso a inmigrantes en California están aumentando. Imagen American Community Media vía Flickr . Publicada bajo licencia CC 2.0.
Como miembro de la junta de estabilización de alquileres de East Palo Alto, Laura Rubio lo ha oído todo. Desde caseros negligentes hasta administradores de propiedades hostiles, los inquilinos de este suburbio obrero del Área de la Bahía se han enfrentado durante mucho tiempo a diversos desafíos.
Pero con la agenda de deportación de Trump alimentando el miedo en las comunidades inmigrantes, Rubio dice que los casos de discriminación y acoso están aumentando.
“Mi misión como líder comunitario es evitar el desplazamiento de nuestra comunidad”, declaró Rubio en una entrevista con American Community Media. “Por eso dedico muchas horas de mi tiempo libre a trabajar en estos temas”.
Hablando en español, mencionó una serie de casos, incluido el de una madre latina obligada a comprar hielo para una hielera para mantener fría la leche de sus hijos porque no había refrigerador en el apartamento, y un administrador de propiedades, ella misma latina, que amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para denunciar a un grupo de inquilinos.
Según Rubio, los inquilinos inmigrantes están experimentando un aumento de tales amenazas, a pesar del hecho de que ciudades como East Palo Alto (una ciudad de mayoría latina donde el 40% de los residentes nacieron en el extranjero) han promulgado en los últimos años control de alquileres y protecciones para los inquilinos contra el desalojo en sus leyes locales.
Señaló una reciente audiencia comunitaria sobre una ordenanza propuesta para imponer tarifas de estacionamiento residencial, lo que dijo afectaría particularmente a la comunidad latina.
“Muchas veces la gente se ve obligada a vivir en apartamentos con dos o tres familias”, señaló, a medida que los alquileres en la ciudad y en toda el Área de la Bahía suben. Los padres, por ejemplo, tendrán autos separados para ir al trabajo, mientras que la mayoría de los apartamentos solo asignan una plaza. “Esta política absurda de querer cobrar a todos por el estacionamiento iba a afectar a muchísima gente”.
Una protesta pública finalmente logró derrotar la medida, que Rubio calificó de “racista”, aunque las publicaciones en las redes sociales posteriores al hecho (incluida una que sugería que una llamada a ICE podría ayudar a resolver el problema del estacionamiento) apuntan a una antipatía latente hacia la comunidad inmigrante de East Palo Alto.
Los defensores afirman que un patrón similar está surgiendo en Los Ángeles, donde a principios del verano se desplegaron masivamente tropas de la Infantería de Marina y la Guardia Nacional como parte del enfoque militarizado de la administración Trump para la aplicación de las leyes migratorias. Tan solo en el sur de California, más de 4000 personas han sido detenidas en redadas masivas desde el 6 de junio.
“Todos estamos respondiendo a la crisis”, dijo Carla De Paz, quien lidera el Colectivo de Poder Comunitario, señalando que el miedo en la comunidad causado por las redadas ahora comienza a sentirse dentro de la vivienda. “Nos preocupa que los propietarios se animen a usar el estatus migratorio como amenaza para desalojar a los inquilinos”.
En uno de estos casos , reportado por primera vez por el LA Times , el abogado de una familia latina en Baldwin Park que demandó a su arrendador y agente inmobiliario por desalojo ilegal recibió una carta del abogado del agente instando a la familia a desistir del caso. “Es probable que sus clientes sean detenidos por ICE y deportados antes del juicio”, decía parte de la carta.
La organización de De Paz ha presentado una carta conjunta de defensa para exigir una moratoria de desalojos en Los Ángeles. Ante el creciente número de familias que han perdido sus fuentes de ingresos debido a la deportación, la coalición busca proteger a los inquilinos con dificultades económicas y exige la aplicación legal de las protecciones para inquilinos en casos en que los propietarios amenacen con llamar a ICE u otras agencias federales como forma de acoso.
El Departamento de Vivienda de Los Ángeles también está finalizando las directrices contra el acoso impulsadas por las organizaciones de inquilinos, aunque su aplicación sigue siendo un problema. Una auditoría reciente del Contralor Municipal reveló que solo 23 de las 11,000 quejas de inquilinos por acoso se remitieron a la Fiscalía Municipal.
Y aunque la legislatura estatal de California aprobó la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes en 2019, que prohíbe a los propietarios preguntar a los inquilinos sobre su estatus migratorio o amenazar con desalojarlos por ese motivo, muchos inquilinos siguen dudando en expresar sus preocupaciones.
“Somos muy conscientes de que muchas familias e individuos tienen un miedo muy intenso a hablar abiertamente”, dijo Kevin Kish, director del Departamento de Derechos Civiles de California. “Una vez superada esa reticencia inicial, la falta de conocimiento y la desconfianza, no importa si estás en Shasta, El Centro o Los Ángeles, recibirás el mismo nivel de servicio por parte de nuestro departamento”.
Aun así, las comunidades de bajos ingresos a menudo carecen de los recursos necesarios para abordar las infracciones de los inquilinos. Es mucho más probable que los propietarios cuenten con representación legal en casos de desalojo, y los inquilinos carecen de acceso a servicios legales sin fines de lucro o pro bono, excepto en unas pocas ciudades que cuentan con programas de Derecho a Asesoría Jurídica para Inquilinos.
A menudo, simplemente hacer llegar la información a las personas que la necesitan puede ser un desafío.
“No hay muchas organizaciones que difundan información sobre el control de alquileres y sobre los derechos de los inquilinos” en East Palo Alto, dijo Rubio.
Describió un programa comunitario local que capacita a líderes juveniles para realizar actividades de divulgación en la ciudad, incluyendo la educación de los residentes sobre los derechos de los inquilinos. En un encuentro reciente, un administrador de propiedades llamó a la policía porque los estudiantes de secundaria estaban recorriendo un edificio de apartamentos local, comentó.
Refiriéndose a un complejo de apartamentos cercano, Rubio dijo que los residentes acaban de enterarse de que sus casas se pondrán a la venta. “Tengo que informar a todos los inquilinos sobre sus derechos para evitar que los desalojen”, dijo. “Es una oleada de malas noticias.”
La organización Innovate anunció la realización del Instituto de Liderazgo para Padres José Arenas, un programa intensivo de dos días diseñado para capacitar a padres y cuidadores. Foto: Innovate Public Schools
La organización Innovate anunció la realización del Instituto de Liderazgo para Padres José Arenas (PLI, por sus siglas en inglés), un programa intensivo de dos días diseñado para capacitar a padres y cuidadores en organización comunitaria, defensa estudiantil y liderazgo escolar.
El encuentro se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre de 2025 en Cañada College, Redwood City, con jornadas de formación que incluirán talleres prácticos de 9:00 a 17:00 horas el primer día y de 9:00 a 16:00 horas el segundo.
“El poder de transformar la educación está en manos de las familias. Cuando los padres cuentan con herramientas de organización, conocimiento y redes sólidas, pueden cambiar escuelas y garantizar que cada niño tenga acceso a una educación de calidad”, señaló Innovate en el anuncio del evento.
Durante el programa, los participantes explorarán los cuatro ciclos de la organización comunitaria: escucha, investigación, acción y evaluación, y aprenderán habilidades tangibles para impulsar campañas, defender a los estudiantes y lograr cambios significativos en sus comunidades.
Los resultados de ediciones pasadas han sido notables: egresados del PLI han liderado organizaciones educativas, impulsado políticas públicas y promovido la equidad escolar en distintas regiones del país.
Innovate recordó, por ejemplo, que durante la pandemia las familias, organizadas junto con Parent Revolution, lograron un fallo histórico contra el Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD) para garantizar herramientas de aprendizaje a los estudiantes.
Este año, el programa ofrece descuentos especiales como Alumni COTP con 15 por ciento de descuento con el código COTP2025ALUM; Exalumnos del PLI con 15 por ciento de descuento con el código PLI2025ALUM; y referencias, a quienes recomienden nuevos participantes podrán acceder a un 15 por ciento de descuento con el código PLI2025REFERRAL.
Con cupo limitado, Innovate invita a padres, madres y cuidadores interesados a registrarse cuanto antes para formar parte de una red de líderes familiares que están moldeando el futuro de la educación.
“El liderazgo de los padres no solo cambia escuelas: cambia sistemas enteros. Este instituto es la oportunidad para aprender cómo hacerlo”, destacaron los organizadores.
Funcionarios locales, líderes comunitarios y defensores de la vivienda celebraron el arranque de las obras de Monarch at Redwood. Foto: vmwp.com
Funcionarios locales, líderes comunitarios y defensores de la vivienda celebraron el arranque de las obras de Monarch at Redwood, un complejo de seis pisos que ofrecerá 86 apartamentos asequibles en North Fair Oaks, incluidos espacios reservados para residentes con necesidades especiales.
Ubicado junto a la transitada Middlefield Road, el desarrollo ofrecerá estudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones, con acceso cercano a transporte público, comercios y empleos.
El nombre “Monarch” fue elegido como símbolo de cambio, resiliencia y esperanza, en un proyecto que busca transformar un terreno baldío en hogares estables para familias de bajos ingresos y personas que requieren apoyo adicional para vivir de manera independiente.
“Estoy muy orgullosa de que Monarch at Redwood esté en mi distrito y en mi patio trasero”, expresó la supervisora del condado de San Mateo, Lisa Gauthier, ante una multitud de vecinos y autoridades.
“En una región donde la asequibilidad es cada vez más escasa, este proyecto demuestra lo que es posible cuando el condado, la comunidad y los socios de desarrollo trabajan con valores y propósitos compartidos”, agregó.
De las 86 unidades, 39 estarán destinadas a personas con problemas de salud mental o física, con servicios de apoyo proporcionados por San Mateo County Health, bajo un modelo de vivienda permanente que estudios de la UCSF han señalado como clave para garantizar estabilidad habitacional. Otras 46 unidades estarán reservadas para familias de bajos ingresos, mientras que una se destinará a un administrador en el lugar.
El proyecto, encabezado por Affirmed Housing, contempla más que un techo: todos los residentes tendrán acceso a programas de capacitación laboral, desarrollo profesional y salud y bienestar. Quienes enfrenten retos médicos o de salud mental contarán además con acompañamiento especializado de la Asociación de Salud Mental del Condado de San Mateo y otros proveedores.
“Nuestro objetivo con Monarch es fortalecer North Fair Oaks, ofreciendo viviendas que mantengan a los residentes cerca de sus amigos, escuelas y negocios locales”, señaló Jimmy Silverwood, presidente de la desarrolladora. “Queremos que este sea un espacio donde las personas realmente puedan echar raíces”.
El complejo de 70.4 millones de dólares incluye una inversión significativa del condado, que ha comprometido casi 21 millones de dólares en préstamos para vivienda a través de su Fondo de Vivienda Asequible, con recursos provenientes de la Medida K (impuesto de medio centavo a las ventas), fondos federales de recuperación postpandemia, la Ley de Servicios de Salud Mental y el programa estatal Vivienda para una California Saludable.
Además, contará con 24 vales de vivienda de la Autoridad de Vivienda del Condado, que garantizan subsidios permanentes para los inquilinos actuales y futuros.
El diseño contempla un edificio totalmente eléctrico con paneles solares, aspirante a la certificación GreenPoint Rated Platinum, y comodidades como patio ajardinado, sala comunitaria, estacionamiento para bicicletas, lavandería, vestíbulo y áreas de correo.
Con una excavadora como telón de fondo, la supervisora Gauthier resumió el espíritu del evento: “A todos los que algún día llamarán a Monarch at Redwood su hogar, bienvenidos a la comunidad. Nos alegra mucho que estén aquí”.
La construcción concluirá en abril de 2027, y se prevé que las solicitudes de arrendamiento se abran entre cuatro y seis meses antes de la entrega.
Hospital rural en Glenn, ubicado en la ciudad de Willows, condado de Glenn, se encuentra en riesgo de cerrar y dejar a ciudadanos sin servicio médico.
El Hospital Regional Glenn Medical Center, ubicado en la ciudad de Willows, condado de Glenn, se encuentra en riesgo de cerrar y dejar a ciudadanos sin servicio médico, después de que el gobierno federal retirara los fondos que sostenían su operación considerando innecesario por la cercanía a otro hospital.
El Centro de Medicare determinó en abril que la instalación se ubica a menos de 35 millas del siguiente hospital, lo que elimina su elegibilidad para recursos federales, esto como parte de los cambios implementados por el presidente Donald Trump.
A pesar de que el condado de Glenn, incluyendo Willows, mostró en las elecciones presidenciales de 2024 un fuerte respaldo republicano, pues obtuvo Donald Trump el 66.1 por ciento de los votos frente al 31.2 por ciento a Kamala Harris, actualmente enfrentan los desafíos que han generado los recortes presupuestales en los servicios de salud.
Así como este condado, otros se encuentran afectados por los ajustes presupuestarios en diferentes áreas, como la alimentación, educación, acceso a energías renovables, atención y cuidado a la salud, entre otros, lo que ha cambiado la perspectiva de los estadounidenses.
Según The Economist, con cifras del 3 de septiembre, el índice de aprobación neta del presidente es de menos 14 por ciento; el 41 por ciento lo aprueba, el 55 por ciento lo desaprueba y el 3 por ciento no está seguro.
Al cerrarse el Hospital Regional Glenn Medical Center, la comunidad perdería el servicio necesario de urgencias y los pacientes con emergencias tendrían que trasladarse más de 32 millas para recibir atención inmediata.
Este hospital catalogado como rural, atiende a una población diversa integrada en un 57.5 por ciento por personas blancas y un 37 por ciento de origen hispano o latino, además de pequeñas comunidades de nativos americanos, asiáticos y otros grupos minoritarios.
El cierre no sólo impactará a los pacientes, sino también a la economía local, ya que más de 150 empleados del Glenn Medical Center perderían su empleo.
Pero las afectaciones no solo son locales, organizaciones han estimado que entre 17 y 20 millones de ciudadanos podrían perder la cobertura médica que tienen actualmente con Medicaid.
Con ello, se espera que alrededor de 2 millones de personas pierdan cobertura médica en California, dejando a los ciudadanos sin atención médica prevenible, lo que aumentará los servicios de atención médica en urgencias y de enfermedades consideradas como prevenibles o controlables.
Funcionarios electos y miembros de la comunidad se manifestaron este martes en las escaleras del Ayuntamiento de San Francisco para proponer un rediseño de los mapas de distritos del Congreso. Foto: Bay City News.
Por Audrey Tomlin. Bay City News. Peninsula 360 Press.
Funcionarios electos y miembros de la comunidad se manifestaron este martes en las escaleras del Ayuntamiento de San Francisco en apoyo de una resolución para respaldar la Proposición 50 de California, que redibujaría temporalmente los mapas de los distritos del Congreso del estado.
Si se aprueba, la resolución de la Junta de Supervisores convertiría a San Francisco en una de las primeras ciudades en respaldar la Proposición 50, que surge en respuesta a la reciente redistribución de distritos del Congreso de Texas a mediados de la década a favor de los republicanos.
La medida electoral crearía nuevos mapas de distritos para las elecciones al Congreso de California hasta 2030. Según la Proposición 50, la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California, la comisión independiente del estado encargada de trazar distritos no partidistas cada 10 años, reanudaría la creación de mapas de distritos del Congreso para el estado en 2031.
Los funcionarios electos, entre ellos la vicegobernadora de California Eleni Kounalakis, el senador estatal Scott Wiener, demócrata de San Francisco, el fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, y el supervisor de San Francisco, Bilal Mahmood, quien presentó la resolución, enmarcaron la Proposición 50 como una respuesta apropiada e importante a los ataques a la democracia por parte de la administración del presidente Donald Trump.
“Somos el pueblo estadounidense. Somos rebeldes. Luchamos”, dijo Kounalakis. “Vamos a aprobar la Proposición 50 para lograr justicia en Washington, para el país, mientras la derecha intenta arrebatárnosla”.
Wiener presentó la Proposición 50 como una “lucha que nos llegó”.
“Donald Trump fue a Texas y dijo: ‘Quiero que me consigas cinco escaños más, quiero que manipules estas elecciones’, porque Trump sabe que sus políticas son impopulares y no pueden ganar unas elecciones libres y justas”, dijo Wiener. “California dijo que no”.
Chiu afirmó que la Fiscalía de la Ciudad de San Francisco había ganado siete demandas contra la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato. Aun así, Chiu argumentó que «no podemos luchar contra esta administración solo en los tribunales».
“Donald Trump y sus republicanos MAGA han destrozado este manual”, dijo. “No podemos seguir reglas que ya no existen”.
California llevará a cabo una elección especial a nivel estatal para la Proposición 50 el 4 de noviembre.
Los gobernadores de California, Oregón y Washington anunciaron la creación de la Alianza de Salud de la Costa Oeste.
En un mensaje contundente frente al deterioro de la confianza en las instituciones federales de salud, los gobernadores de California, Oregón y Washington anunciaron la creación de la Alianza de Salud de la Costa Oeste, un frente regional diseñado para garantizar que las políticas públicas en materia sanitaria se basen en la evidencia científica y no en la ideología política.
El anuncio llega tras semanas de controversia generada por la administración de Donald Trump, que ha sido acusada de socavar la independencia de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés) mediante despidos masivos y decisiones señaladas como politización de la ciencia.
Según los mandatarios estatales, esta situación amenaza la seguridad de millones de estadounidenses al dejar de lado décadas de experiencia científica en favor de intereses políticos.
“Los CDC se han convertido en una herramienta política que promueve cada vez más ideología en lugar de ciencia. Eso no lo vamos a permitir en la Costa Oeste”, declaró el gobernador de California, Gavin Newsom, al presentar la iniciativa.
La alianza establecerá recomendaciones unificadas de vacunación para los tres estados, tomando como base la investigación de organismos médicos de renombre como la Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.
El objetivo es ofrecer a los residentes mensajes claros, coherentes y confiables en un momento en el que la incertidumbre federal genera confusión entre fabricantes de vacunas, profesionales de la salud y familias.
La doctora Erica Pan, directora de Salud Pública de California, fue categórica al señalar que “el desmantelamiento de la salud pública, sumado al despido de líderes experimentados y a la falta de datos y evidencia científica en la toma de decisiones, está poniendo vidas en riesgo. Por eso debemos actuar a nivel regional”.
Desde Oregón, Sejal Hathi, directora de la Autoridad de Salud, subrayó que la confianza pública está en juego.
“Las vacunas han salvado millones de vidas en el mundo moderno. Pero cuando sus recomendaciones se vuelven inconsistentes o se politizan, se erosiona la confianza en el momento en que más la necesitamos. Nuestro compromiso es claro: liderar con la ciencia”, declaró.
Por su parte, Dennis Worsham, secretario de Salud del Estado de Washington, recordó que la salud pública se centra en la prevención y no puede quedar subordinada a intereses ideológicos.
“Respaldamos a profesionales y organizaciones médicas de confianza. Nuestro deber es proteger vidas mediante la prevención y la evidencia, no con teorías sin fundamento”.
La Alianza de Salud de la Costa Oeste trabajará en las próximas semanas en la definición de principios compartidos para fortalecer la confianza en las vacunas y coordinar estrategias de prevención frente a enfermedades infecciosas. Cada estado aplicará sus propias políticas de acuerdo con sus leyes y contextos, pero bajo un marco común que privilegie la ciencia y la transparencia.
Un punto clave del acuerdo es el respeto a la soberanía tribal, reconociendo que las comunidades indígenas tienen autoridad sobre sus propios sistemas de salud y vacunación.
Desde su fundación, los CDC han sido considerados la principal autoridad de Estados Unidos en materia de prevención y control de enfermedades. Sin embargo, el despido de los 17 integrantes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, sumado a la creciente falta de transparencia, han generado una profunda crisis en la agencia.
De acuerdo con expertos, la ausencia de directrices claras afecta no solo a la población, sino también a la industria farmacéutica y a los sistemas de salud locales, que carecen de información confiable para planificar la producción y distribución de vacunas.
Con esta alianza, California, Oregón y Washington buscan enviar un mensaje de confianza a sus residentes: la ciencia seguirá siendo la guía principal. Los gobernadores coincidieron en que, frente a la inestabilidad federal, la región debe asumir un liderazgo responsable para proteger la salud de millones de personas.
“Estamos viviendo un momento crítico para la salud pública en Estados Unidos”, concluyó Newsom. “Pero en la Costa Oeste, la ciencia seguirá marcando el rumbo. Esa es nuestra promesa”.
