martes, junio 16, 2026
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Distrito escolar más grande de San José cierra cinco escuelas

Escuelas
Cientos de padres permanecieron sentados, ansiosos y en silencio, esperando a que cinco miembros de la junta directiva del distrito escolar más grande de San José decidieran el futuro de sus hijos por el cierre de cinco escuelas.

Cientos de padres permanecieron sentados, ansiosos y en silencio, esperando a que cinco miembros de la junta directiva del distrito escolar más grande de San José decidieran el futuro de sus hijos, y entonces la sala estalló en un grito de “¡Qué vergüenza!”.

El Distrito Escolar Unificado de San José votó el jueves 3-2 a favor del cierre de cinco escuelas para el próximo año escolar, siguiendo la recomendación de su Comité de Implementación de Escuelas del Futuro. Si bien inicialmente se barajaron hasta nueve escuelas para el cierre, finalmente el comité recomendó las mismas cinco que el distrito cerrará: las escuelas primarias Canoas, Empire Gardens, Gardner, Lowell y Terrell. Además, la escuela Hammer Montessori de la Escuela Primaria Galarza se trasladará a Gardner.

Los miembros del consejo directivo y los padres se emocionaron al momento de la votación. El vicepresidente del consejo, Brian Wheatley, y la consejera Nicole Gribstad votaron en contra.

“Ya no nos vemos afectados económicamente por la disminución de la matrícula porque la financiación proviene de ayudas básicas”, dijo Wheatley. “El Distrito Escolar Unificado de San José es un caso excepcional”.

Pero no importó porque los miembros del consejo directivo José Magaña, Carla Collins y Teresa Castellanos votaron a favor.

Los padres mantenían la esperanza de que Castellanos tuviera el voto decisivo, pero a ella le preocupaba que a los estudiantes se les estuviera negando personal y recursos.

Según el distrito, el número de alumnos en una escuela se correlaciona con el número de profesores y personal, incluidos los orientadores, lo que influye en los tipos de programas que puede ofrecer, como ciencias, arte y música. De las 26 escuelas primarias del distrito, 12 tienen menos de 350 alumnos, mientras que la más grande tiene más de 800.

Las cinco escuelas seleccionadas para su cierre son escuelas del Título I, que atienden a un alto porcentaje de estudiantes de bajos ingresos. Además, la mayoría de estos niños son estudiantes de color.

Alrededor de 50 padres se levantaron para hablar, entre ellos Kara Tuohy, quien pidió a la junta que no cerrara las escuelas.

«Nuestros estudiantes y sus familias merecen algo más que una solución apresurada», les dijo a los miembros de la junta. «Merecen un proceso reflexivo y transparente que priorice la equidad, la seguridad y el éxito a largo plazo. Las consecuencias de esta decisión se sentirán durante años, especialmente entre los estudiantes más vulnerables».

La esposa del alcalde de San José, Matt Mahan, Silvia Scandar Mahan, también habló y leyó una declaración en nombre de su marido.

“Las comunidades escolares sólidas no surgen de la noche a la mañana. Se construyen a lo largo de muchos años mediante el compromiso de profesores, directores, padres y alumnos que trabajan juntos”, escribió.

Los padres han luchado con vehemencia contra el cierre de las escuelas, protestando antes de las reuniones y manifestándose durante los turnos de palabra del público.

La superintendente Nancy Albarrán les dijo a los padres que retrasar la decisión limita las oportunidades, sobrecarga los recursos y dificulta brindar una educación excelente.

“Para muchos de los presentes, este proceso es doloroso. Nuestra matrícula ha disminuido significativamente y eso tiene un impacto en nuestras escuelas primarias”, dijo.

Pero para los presentes, sus palabras no tuvieron ningún efecto.

Una coalición de padres presentó una queja ante el distrito el miércoles, impugnando los cierres, fusiones y reubicaciones de escuelas primarias, según una carta revisada por San José Spotlight.

La denuncia alega que el proceso de cierre del distrito viola las protecciones de equidad estatales y federales, se desarrolló a través de un proceso que excluyó estructuralmente a las poblaciones estudiantiles más vulnerables y crea problemas de seguridad adicionales al obligar a estudiantes de tan solo 5 años a caminar hasta 60 minutos para ir a la escuela.

Si no se da una solución adecuada, los padres planean apelar ante el Departamento de Educación de California.

David Friedlander, quien organizó la manifestación del miércoles y presentó la queja, dijo sentirse profundamente decepcionado, pero no sorprendido.

“Es evidente que el distrito y la junta no han escuchado ni se han involucrado con la comunidad”, declaró a San José Spotlight. “La comunidad va a seguir luchando”.

Los padres afirman que el distrito admitió haber dejado de promocionar la matriculación entre las familias, ya que depende de los impuestos sobre la propiedad para obtener ingresos en lugar de la financiación estatal basada en la asistencia.

La matrícula estudiantil ha disminuido en más de 6000 alumnos desde el año escolar 2017-18. El distrito escolar unificado de San José (SJUSD) cuenta con aproximadamente 25 000 estudiantes, desde preescolar hasta el grado 12, distribuidos en sus 41 escuelas.

Otros distritos escolares locales han cerrado planteles en los últimos años debido a la disminución de la matrícula. Esto incluye tres en el Distrito Escolar Franklin-McKinley en 2025, tres en el Distrito Escolar Berryessa Union y seis en el Distrito Escolar Alum Rock Union en 2024.

Jennifer DePuy, una madre desolada, se sentía perdida.

“No creo que esto tuviera que suceder. No tomaron en serio la seguridad de nuestros hijos. Tenemos los recursos”, declaró a San José Spotlight. “Podríamos brindar estas oportunidades y programas educativos adicionales que buscan las escuelas más pequeñas reasignando los recursos”.


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California lanza ultimátum a ciudades por incumplir planes de vivienda

Vivienda
El gobernador de California, Gavin Newsom, elevó la presión sobre gobiernos locales al emitir una advertencia final a 15 ciudades y condados por no cumplir con la ley estatal que exige planificar vivienda para todos los niveles de ingreso.

 

El gobernador de California, Gavin Newsom, elevó la presión sobre gobiernos locales al emitir una advertencia final a 15 ciudades y condados —incluido Half Moon Bay en el Área de la Bahía— por no cumplir con la ley estatal que exige planificar vivienda para todos los niveles de ingreso, un paso que podría derivar en demandas si no corrigen el incumplimiento en las próximas semanas. 

A través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD), el estado notificó que estas jurisdicciones llevan más de dos años de retraso en la adopción de su “elemento de vivienda”, el documento obligatorio que define cómo cada comunidad atenderá sus necesidades habitacionales. 

Las autoridades dieron un plazo de 30 días para responder a la infracción antes de escalar el caso al fiscal general. 

“Me decepciona… que todavía haya comunidades que no satisfacen las necesidades de sus residentes. Aquí no hay excepciones”, advirtió Newsom, al subrayar que ninguna ciudad puede eludir su responsabilidad frente a la crisis de vivienda y personas sin hogar que afecta a California

La acción se produce en un contexto en el que el estado ha logrado que 92 por ciento de las jurisdicciones cumplan con este requisito en el actual ciclo de planeación, dejando a un grupo reducido —pero crítico— rezagado. 

En total, más de 480 gobiernos locales ya adoptaron planes y ajustes de zonificación para alinearse con la normativa estatal, mientras otros están en proceso de hacerlo. 

Entre las ciudades señaladas figuran también Atwater, Avenal, Corcoran, Escalon, Hanford, Lemoore y Turlock, entre otras, en lo que autoridades describen como un esfuerzo final para cerrar brechas de cumplimiento en todo el estado. 

El incumplimiento no es menor, pues sin un plan aprobado, las ciudades enfrentan sanciones que pueden incluir la pérdida de control sobre decisiones de uso de suelo, la imposición de proyectos habitacionales por parte del estado y, en última instancia, litigios.

La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Newsom desde 2021, cuando creó la Unidad de Responsabilidad de Vivienda para supervisar y, en su caso, sancionar a gobiernos locales. Desde entonces, el estado ha emprendido más de mil 200 acciones de cumplimiento y ha logrado destrabar la construcción de al menos 12 mil 486 viviendas, incluidas más de 3 mil 600 unidades asequibles. 

El HCD ya ha llevado a tribunales a ciudades como Anaheim, Elk Grove y Huntington Beach, obteniendo fallos favorables o acuerdos en todos los casos, una señal de que el estado está dispuesto a escalar el conflicto legal si persiste la resistencia local. 

Para el Área de la Bahía, donde el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales, la inclusión de Half Moon Bay en la lista refleja las tensiones persistentes entre el crecimiento urbano, la regulación local y la presión estatal por aumentar la oferta habitacional.


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Advierten que juego “asesino de personas mayores” podría confundirse con una amenaza real

Asesino
La policía de San Mateo informó esta semana a los residentes que los estudiantes de último año de las escuelas secundarias locales podrían estar participando en un juego conocido como “Asesino Senior”.

 

La policía de San Mateo informó esta semana a los residentes que los estudiantes de último año de las escuelas secundarias locales podrían estar participando en un juego conocido como “Asesino Senior”, en el que los participantes utilizan pistolas de agua o lanzadores de juguete que pueden parecerse a armas de fuego reales y que podrían provocar la intervención de los servicios de emergencia.

En un comunicado emitido el miércoles, el Departamento de Policía de San Mateo informó que esta actividad, que suele practicarse cerca de la época de graduaciones, consiste en que los estudiantes intentan “eliminarse” entre sí con réplicas de armas de juguete. 

Los agentes advirtieron que los objetos pueden parecer reales a distancia o en condiciones de poca luz, lo que podría alarmar al público y provocar llamadas a la policía.

Se instó a los estudiantes a no jugar en lugares públicos, cerca de carreteras o en propiedades privadas sin permiso, y se pidió a los participantes que no portaran ni exhibieran objetos que pudieran confundirse con armas reales.

La policía también animó a los padres y tutores a hablar con los estudiantes sobre los riesgos y las posibles consecuencias de la actividad.

La policía recomienda a los miembros de la comunidad que denuncien cualquier comportamiento sospechoso, y señala que el juego podría estar teniendo lugar en la zona. Se aconseja a los residentes que llamen al 911 en caso de emergencia y que utilicen la línea para casos no urgentes del departamento al (650) 522-7700.

 

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Aumenta presencia de insectos en robles de East Palo Alto tras lluvias recientes

 

Robles
Orugas arrastrándose, crisálidas adheridas a troncos y polillas revoloteando entre las copas de los robles comienzan a hacerse visibles en East Palo Alto debido a las lluvias recientes.

 

Orugas arrastrándose, crisálidas adheridas a troncos y polillas revoloteando entre las copas de los robles comienzan a hacerse visibles en East Palo Alto, en un fenómeno estacional que este año se ha intensificado y ha llamado la atención de residentes en distintos vecindarios.

Autoridades de la ciudad informaron que la primavera marca el aumento de diversas especies de insectos, entre ellas la polilla del roble de California, la polilla tussock occidental y los enrolladores de hojas, que se alimentan principalmente de robles, aunque también pueden aparecer en arbustos y otras plantas.

El incremento, explicaron, responde a ciclos naturales que ocurren cada cinco a diez años, pero que en 2026 se han visto favorecidos por las lluvias recientes, las cuales generaron un crecimiento abundante de vegetación y, con ello, mayor disponibilidad de alimento para las orugas.

De acuerdo con la ciudad, los residentes pueden observar varias oleadas de actividad a lo largo del año, con entre dos y tres generaciones de insectos, particularmente hacia el verano, cuando los efectos sobre los árboles pueden volverse más evidentes.

Aunque la presencia de estos insectos puede generar preocupación, especialistas señalan que, en la mayoría de los casos, no representa una amenaza grave. “La actividad de insectos es parte natural del ecosistema local y sirve como alimento para aves y otra fauna”, indicaron autoridades, al destacar que la mayoría de los árboles sanos se recupera tras una infestación.

Sin embargo, advirtieron que los robles que ya presentan estrés —por sequía, enfermedades o daños previos— pueden ser más vulnerables y requerir atención adicional.

Para árboles en propiedad privada, la ciudad recomienda como primera opción no intervenir, salvo que el nivel de afectación sea considerable. Entre las alternativas de bajo impacto se incluye la remoción manual de orugas o el uso de agua para retirarlas de las superficies afectadas.

También existen opciones de tratamiento orgánico, como el uso de Bacillus thuringiensis (Bt), que actúa específicamente contra orugas, así como el aceite de neem o productos a base de piretrina, considerados menos agresivos para el entorno.

En casos más severos, se pueden aplicar insecticidas de baja toxicidad, aunque autoridades recomiendan hacerlo únicamente con la asesoría de profesionales con licencia.

Como medida preventiva, se insiste en mantener los árboles en buen estado mediante riego adecuado y cuidados regulares, ya que su salud es clave para resistir este tipo de fenómenos naturales.

En el caso de los árboles bajo mantenimiento municipal, la División de Mantenimiento de East Palo Alto evaluará cada situación junto con el arborista de la ciudad para determinar si es necesario aplicar algún tratamiento.

El fenómeno, subrayan autoridades, es temporal y forma parte del equilibrio ecológico local, aunque su intensidad este año recuerda a los residentes la importancia de la convivencia con los ciclos naturales del entorno.



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Presentan en Redwood City una mirada crítica al impacto histórico del SFO

Mirada
El Aeropuerto Internacional de San Francisco dejará de ser visto solo como un punto de tránsito para convertirse en objeto de análisis histórico con una mirada crítica.

 

El Aeropuerto Internacional de San Francisco dejará de ser visto solo como un punto de tránsito para convertirse en objeto de análisis histórico. 

El próximo 18 de abril, el doctor Eric Porter, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de California en Santa Cruz, presentará su libro Una historia popular del SFO: La creación del Área de la Bahía y un aeropuerto, en el Museo de Historia del Condado de San Mateo.

La charla, programada a las 13:00 horas en el recinto ubicado en el 2200 de Broadway, ofrecerá una mirada crítica al desarrollo del aeropuerto como un espacio que refleja transformaciones sociales, ambientales y políticas de la región.

El libro, publicado en 2023, propone entender el Aeropuerto Internacional de San Francisco no solo como infraestructura clave de transporte, sino como un punto de convergencia de dinámicas históricas que han moldeado el Área de la Bahía.

Durante la presentación, Porter compartirá fragmentos de su obra y reflexiones sobre cómo la expansión del aeropuerto se vincula con procesos como el crecimiento urbano, la desigualdad, el impacto ambiental y las políticas públicas en California.

El evento se realizará en el Museo de Historia del Condado de San Mateo y es parte de una serie de programas que buscan acercar al público a la historia regional desde una perspectiva contemporánea.

La actividad cuenta con el patrocinio de la Cypress Lawn Heritage Foundation, organización dedicada a la preservación histórica y cultural en la región.

La presentación está abierta al público y forma parte de los esfuerzos por promover el diálogo sobre el pasado y el presente de una de las infraestructuras más emblemáticas del norte de California.

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“No Kings” convoca a millones en EE. UU. en rechazo al poder y a políticas migratorias

No kings
De costa a costa, calles, plazas y avenidas de más de 3 mil ciudades en Estados Unidos se preparan para llenarse este 28 de marzo con una consigna común: “No Kings”.

 

La movilización nacional busca convertirse en una de las mayores expresiones de protesta en los últimos años frente a lo que sus organizadores consideran una deriva autoritaria y un endurecimiento de las políticas migratorias.

En California, y particularmente en el Área de la Bahía, se anticipa una participación destacada con concentraciones en ciudades como San Francisco, Oakland, San José y Berkeley, donde históricamente las movilizaciones sociales han tenido alta convocatoria.

Se trata de la tercera gran jornada impulsada por coaliciones como Indivisible y el movimiento 50501, que en 2025 lograron reunir a millones de personas en protestas masivas en todo el país. Estas nuevas marchas buscan amplificar ese mensaje en un contexto de creciente polarización política.

El lema —“No Kings” (No reyes)— retoma uno de los principios fundacionales de Estados Unidos: el rechazo a la concentración del poder en una sola figura. Para los organizadores, la consigna refleja la preocupación por decisiones del gobierno federal, particularmente en materia migratoria y en el uso de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las movilizaciones incluirán marchas, concentraciones y actos públicos en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Denver y Minneapolis, además de cientos de eventos locales en distintos estados.

Entre las principales demandas destacan la defensa de los derechos constitucionales, el freno a lo que consideran abusos en la aplicación de leyes migratorias y mayor rendición de cuentas en decisiones gubernamentales que impactan tanto la política interna como la exterior.

La convocatoria ha sido respaldada por figuras del ámbito cultural. El actor Robert De Niro ha llamado a la ciudadanía a participar en las protestas, al señalar que los estadounidenses “no querían vivir bajo el mandato de un rey” y exhortar a defender la democracia a través de la movilización.

Los organizadores han insistido en que las protestas serán pacíficas, con llamados explícitos a evitar la violencia y garantizar la seguridad de los participantes. 

Autoridades locales, por su parte, han advertido posibles afectaciones al tráfico en diversas ciudades, incluidas varias del Área de la Bahía.

En medio de un clima político marcado por tensiones sociales y debates sobre inmigración, seguridad y derechos civiles, la jornada del 28 de marzo se perfila no solo como una protesta masiva, sino como un termómetro del momento político que atraviesa Estados Unidos.

Para quienes convocan, el objetivo va más allá de una movilización puntual: buscan consolidar un movimiento sostenido que influya en la agenda pública y en las decisiones políticas en los próximos meses.



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Fallo contra Musk por tuits engañosos desata batalla legal

Musk
Un jurado federal en San Francisco emitiera un veredicto dividido contra Elon Musk en el litigio por las supuestas declaraciones engañosas realizadas al comprar la empresa entonces conocida como Twitter.

 

El lunes, pocos días después de que un jurado federal en San Francisco emitiera un veredicto dividido contra Elon Musk en el litigio por las supuestas declaraciones engañosas realizadas al comprar la empresa entonces conocida como Twitter, los abogados de Musk dieron a entender que la lucha está lejos de haber terminado.

El veredicto fue “dividido” porque, si bien el jurado falló en contra de Musk en declaraciones específicas y le otorgó una indemnización que, una vez calculada en su totalidad, podría superar los 2 mil millones de dólares, falló a su favor en otras reclamaciones.

El juez federal Charles Breyer, que presidió el juicio, pidió a las partes que presentaran sus sugerencias sobre el procedimiento a seguir tras el veredicto del jurado.

Las normas que rigen los litigios en los tribunales federales generalmente establecen los procedimientos que deben seguirse después de que el jurado haya realizado su trabajo, pero en los casos de gran envergadura es común que el tribunal solicite la opinión de las partes sobre cómo proceder de manera justa y eficiente.

En este caso, es evidente que se deberá establecer un calendario aprobado por el tribunal, ya que Musk tiene derecho a solicitar a Breyer que anule o revoque partes del veredicto del jurado. Además, si bien el jurado indicó que se debían otorgar indemnizaciones a los miembros del grupo, aún queda por determinar la cantidad que se pagará a cada demandante individual.

El lunes, los abogados de Musk y de los demandantes informaron por separado a Breyer sobre cómo deberían programarse los principales trámites procesales posteriores al veredicto.

Como era de esperar, los abogados de los accionistas demandantes querían iniciar el proceso mediante el cual cada miembro presentaría sus reclamaciones y obtendría la aprobación para el pago. Asimismo, deseaban recopilar y presentar pruebas de los costos del litigio y del monto de sus honorarios, información que el tribunal deberá considerar.

La estrategia propuesta por los abogados de Musk tampoco fue sorprendente. Sus abogados quieren que el tribunal determine si el veredicto del jurado resistirá un análisis riguroso y que se suspenda cualquier asunto relacionado con reclamaciones o costas procesales hasta que se resuelva dicha cuestión.

En una carta presentada ante el tribunal, los abogados de Musk indicaron que Musk tiene la intención de impugnar la decisión del jurado y que lo hará mediante documentos que presentarán a Breyer a más tardar el 24 de abril.

Si bien no especificaron los motivos que esgrimirán, los abogados no han ocultado su opinión de que el juicio estuvo viciado de forma irreparable y que Breyer debería haber declarado la nulidad del juicio cuando se lo pidieron el 7 de marzo.

En su solicitud de anulación del juicio, los abogados de Musk presentaron una larga lista de quejas, incluyendo la alegación de que los abogados de los demandantes violaron las instrucciones del tribunal y plantearon temas que previamente se habían considerado inapropiados para presentar ante el jurado.

También argumentaron que, en ocasiones durante el juicio, Breyer se mostró hostil hacia Musk y sus abogados, afirmando que las “repetidas interrupciones y advertencias unilaterales de Breyer frente al jurado durante el interrogatorio del abogado defensor perjudicaron al acusado y justifican la anulación del juicio”.

Los abogados de Musk también dijeron que, si no logran convencer a Breyer de que anule el veredicto, esperan apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, algo que les gustaría hacer “sin demora”.

También sugirieron que el proceso de reclamaciones se suspendiera hasta que Breyer se pronunciara sobre sus impugnaciones al veredicto del jurado.

Si bien estas posturas son típicas en casos con mucho en juego, los abogados de Musk también dejaron claro que planean adoptar un enfoque agresivo en el proceso de reclamaciones.

El proceso de reclamaciones requerirá, como mínimo, la recopilación de información sobre las reclamaciones de cada accionista.

El grupo está compuesto por antiguos accionistas de Twitter que vendieron sus acciones después de que las declaraciones engañosas de Musk provocaran una caída en su valor. El jurado ofreció orientación sobre cómo se determinaría el monto de la pérdida relacionada con una venta en un día determinado, pero para calcular la pérdida sufrida por cada accionista en particular se requerirá información sobre la fecha y hora en que se vendieron las acciones y las condiciones de la venta.

Si bien ese tipo de proceso puede llevar tiempo, puede ser un asunto bastante mecánico y sencillo.

Sin embargo, los abogados de Musk afirmaron que Musk “tiene la intención de impugnar la confianza individual y los daños, y hará uso de todos los procesos de investigación y adjudicación relacionados que autorice la ley, para todos los demandantes que busquen indemnización por daños y perjuicios”.

Si Musk mantiene ese enfoque, intentará litigar las demandas caso por caso, cuestionando no solo cómo se calcularon los daños específicos, sino también si el individuo se basó en las declaraciones que el jurado consideró falsas.

Los abogados también dijeron que, para encontrar la información pertinente, podrían recurrir al “escrutinio” de los demandantes individuales, por ejemplo, pidiéndoles que presenten sus registros o tomándoles declaraciones bajo juramento.

Si Musk sigue ese enfoque, podría prolongar considerablemente el tiempo necesario para la resolución definitiva.

Según consta en los registros judiciales, Breyer no ha respondido a las sugerencias de su abogado, pero es probable que las aborde en un futuro próximo.

 

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Arranca campaña por control de rentas en Redwood City de cara a elecciones de 2026

Rentas
La campaña por el control de rentas en Redwood City arranca con cifras que apuntan directamente al corazón del mercado inmobiliario.

 

La campaña por el control de rentas en Redwood City arranca con cifras que apuntan directamente al corazón del mercado inmobiliario local luego de que 87 por ciento de los complejos multifamiliares está en manos de corporaciones y fideicomisos, mientras que 79 por ciento pertenece a propietarios que ni siquiera residen en la ciudad, de acuerdo con un análisis del Anti-Eviction Mapping Project.

En ese contexto, organizaciones comunitarias como Affordable Redwood City y Faith in Action Bay Area lanzaron oficialmente una iniciativa que busca llevar a votación este 2026 una regulación local de rentas, en respuesta a lo que califican como un modelo de vivienda dominado por grandes inversionistas y desconectado de las necesidades de la comunidad.

El arranque oficial se realizará el próximo 18 de abril, de 14:00 a 16:00 horas en el American Legion Post 105, ubicado en el 651 de El Camino Real, en Redwood City. El evento será abierto a todos los residentes y combinará información sobre la iniciativa con actividades comunitarias, alimentos y música, en un esfuerzo por involucrar a la población en el proceso.

La convocatoria llega tras la recolección de más de 8 mil firmas necesarias para impulsar la medida hacia una votación municipal en noviembre de 2026. La propuesta busca establecer límites a los aumentos de renta y reforzar protecciones para inquilinos en una ciudad donde el costo de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones.

Los datos que respaldan la campaña muestran una fuerte concentración de la propiedad, pues apenas 1.6 por ciento de las unidades multifamiliares pertenece a pequeños propietarios locales —los llamados “mom-and-pop landlords”—, lo que contrasta con el peso creciente de corporaciones con amplios portafolios inmobiliarios.

Según el mismo informe, estos grandes propietarios —que concentran alrededor de 54 por ciento de las rentas multifamiliares— son también quienes imponen los precios más altos del mercado. Entre 2020 y 2023, otros propietarios comenzaron a elevar sus tarifas hasta acercarse a esos niveles, acelerando la presión sobre los inquilinos.

La correlación territorial también es clara luego de que tres de los cuatro vecindarios de Redwood City con mayores incrementos de renta en ese mismo periodo coinciden con zonas donde se concentra la mayor cantidad de viviendas multifamiliares en manos de corporaciones, precisamente aquellas que serían sujetas a regulación bajo un eventual esquema de control de rentas.

Para los impulsores de la medida, esto evidencia un cambio estructural en la forma en que se concibe la vivienda: cada vez más tratada como un activo financiero. 

“Los grandes propietarios tienden a ver estas unidades como inversiones y buscan maximizar ganancias, sin considerar el impacto en la comunidad”, sostienen organizaciones que respaldan la iniciativa.

El debate no es nuevo en California y aunque la ley estatal AB 1482 establece límites a los aumentos anuales de renta, ciudades con mercados más tensionados —como las del Área de la Bahía— han impulsado regulaciones adicionales para frenar el desplazamiento de residentes.

Datos del California Housing Partnership y de plataformas inmobiliarias como Zillow han documentado que el condado de San Mateo se mantiene entre los más costosos del país en materia de alquiler, con incrementos que han superado el crecimiento de los ingresos de los hogares.

De concretarse, la iniciativa permitiría a los votantes decidir si la ciudad adopta un modelo de control de rentas, una medida que sus promotores consideran clave para estabilizar comunidades, mientras que sus detractores advierten posibles efectos en la oferta de vivienda.



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Acusan a SFPD de ayudar ilegalmente a ICE durante arresto de migrantes

Ilegalmente
Una coalición de organizaciones locales presentó una denuncia contra el Departamento de Policía de San Francisco el miércoles, acusando a los agentes de colaborar ilegalmente con las autoridades federales de inmigración.

 

Una coalición de organizaciones locales presentó una denuncia contra el Departamento de Policía de San Francisco el miércoles, acusando a los agentes de colaborar ilegalmente con las autoridades federales de inmigración durante la detención de dos migrantes en el Aeropuerto Internacional de San Francisco el fin de semana.

El domingo por la noche, las autoridades federales de inmigración arrestaron a una madre y su hija guatemaltecas en el aeropuerto de San Francisco (SFO). Fueron identificadas como Angelina López-Jiménez y Wendy Godínez-López, y según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tenían una orden de deportación definitiva emitida por un juez de inmigración desde 2019.

“Lo que ocurrió en el aeropuerto de San Francisco el domingo por la noche fue sencillamente espantoso”, declaró Angela Chan, fiscal adjunta de la Oficina del Defensor Público de San Francisco, en un discurso pronunciado el miércoles en una manifestación.

«Lo que convirtió esto de horrible a indignante y luego a exasperante fue lo que los rodeaba», dijo Chan. «Un muro de agentes del Departamento de Policía de San Francisco protegiendo al ICE como si su trabajo fuera proteger a los agentes federales en lugar de a los ciudadanos de San Francisco».

La escena, que fue grabada en vídeo por transeúntes, mostraba a los agentes del Departamento de Policía de San Francisco formando un círculo alrededor de los agentes mientras intentaban arrestar a la madre.

FREE SF, una coalición de organizaciones locales que defienden los derechos de los inmigrantes y la seguridad de la comunidad, alega que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) violó las leyes de santuario de la ciudad y del estado, que prohíben a las fuerzas del orden locales ayudar en el arresto o la detención de personas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“No hace falta ser abogado para entender que la policía de San Francisco violó las leyes estatales y locales de santuario esa noche”, dijo Chan. “Estaban allí para proteger al ICE. No estaban allí para proteger a la madre ni a su hijita que estaban siendo secuestradas en medio del aeropuerto”.

El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) declaró en un comunicado que acudió al lugar de los hechos para garantizar la seguridad pública.

«De conformidad con la Carta Municipal, la legislación estatal y la política del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), no participamos en la aplicación de las leyes federales de inmigración», declaró el SFPD. «Los agentes del SFPD no intervinieron en el incidente, pero permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad pública».

El grupo FREE SF organizó una manifestación frente a la sede del Departamento de Policía de San Francisco el miércoles, antes de presentar la denuncia.

“¡Fuera ICE de San Francisco!”, coreaba el grupo. “¡Fuera ICE de los aeropuertos!”

FREE SF también presentó solicitudes de acceso a registros públicos con el fin de descubrir cualquier comunicación entre el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) relacionada con el arresto.

Laura Valdez es la directora ejecutiva de Mission Action, una organización que brinda servicios de apoyo integral a comunidades de bajos ingresos e inmigrantes en San Francisco. Ella y otros activistas presentes en la manifestación están preocupados de que las acciones del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) durante el arresto en el aeropuerto de San Francisco (SFO) disuadan a los residentes migrantes de contactar a la policía cuando necesiten ayuda de las fuerzas del orden.

“Me preocupa que nuestra comunidad inmigrante no se sienta segura al llamar al Departamento de Policía de San Francisco”, dijo Valdez. “Merecen no tener miedo ni preocuparse de que el Departamento de Policía de San Francisco no esté ahí para servirles y protegerles cuando sean víctimas de un delito, cuando necesiten esos servicios”.

 

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Presencia de ICE en aeropuertos instala el miedo como política pública

Lo que ocurre hoy en los aeropuertos de Estados Unidos no es un cambio operativo: es un cambio de lógica. La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en terminales aéreas convierte espacios de tránsito en escenarios de vigilancia, donde viajar deja de ser un acto cotidiano para convertirse, para millones, en una decisión atravesada por el miedo.

ICE es una agencia federal creada en 2003, cuya función principal es hacer cumplir las leyes migratorias mediante detenciones y deportaciones. En contraste, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) fue diseñada para proteger la aviación civil, no para perseguir estatus migratorios. Mezclar ambas funciones no es un detalle técnico, es un rediseño silencioso del espacio público.

Ese rediseño se justificó por una crisis: un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional dejó sin pago a miles de trabajadores de la TSA y provocó ausencias masivas. La respuesta no fue resolver el problema estructural —financiamiento, condiciones laborales, personal especializado— sino introducir a una agencia de control migratorio en un entorno que nunca le correspondió.

Y ahí es donde el argumento oficial se rompe.

Porque, aunque el gobierno insiste en que ICE cumple funciones “logísticas”, sus agentes no pierden su capacidad de detener, interrogar o iniciar procesos migratorios. No existe una versión “neutral” de ICE en un aeropuerto. Su sola presencia reconfigura el entorno: lo convierte en un lugar donde cualquier interacción puede escalar.

El efecto no es abstracto. Es inmediato.

Organizaciones como la ACLU y abogados de inmigración han advertido que la presencia de ICE en aeropuertos está generando un efecto disuasorio incluso entre personas con estatus legal. Familias de estatus mixto, solicitantes de asilo, residentes permanentes: todos comienzan a recalcular riesgos. No porque hayan cambiado las leyes, sino porque cambió el entorno.

Y cuando el entorno cambia, cambia la conducta.

El caso ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco lo evidencia con brutal claridad. Una mujer guatemalteca fue detenida frente a su hija tras detectarse una orden de deportación. La escena —una niña llorando mientras su madre es arrestada en un espacio público— no es una excepción incómoda: es la expresión visible de una política que traslada la lógica de la detención a la vida cotidiana.

Ese es el punto más delicado: la normalización.

Porque los aeropuertos operaban bajo un acuerdo implícito. Los pasajeros aceptaban controles invasivos porque entendían que estaban orientados exclusivamente a la seguridad del vuelo. La presencia de ICE rompe ese acuerdo. Lo que antes era un filtro de seguridad ahora puede ser percibido como un punto de vigilancia migratoria.

Y cuando la confianza se rompe en un espacio como ese, no se recompone fácilmente.

Quienes defienden la medida apelan a la eficiencia. Argumentan que la presencia de ICE ayudó a reducir tiempos de espera en algunos aeropuertos durante la crisis de personal. Es posible. Pero ese argumento es insuficiente frente al costo real: instalar el miedo como variable de funcionamiento en un espacio público.

Porque el impacto no se mide solo en detenciones, sino en decisiones que dejan de tomarse.

Personas que cancelan viajes. Familias que evitan aeropuertos. Individuos que prefieren no exponerse. Ese efecto silencioso —el retraimiento— es una de las formas más efectivas de control. No necesita operativos masivos, pues se sostiene en la incertidumbre.

La historia reciente de la política migratoria en Estados Unidos muestra un patrón claro: medidas excepcionales que terminan convirtiéndose en norma. La presencia de ICE en aeropuertos encaja en esa lógica. Hoy se presenta como respuesta a una crisis; mañana puede consolidarse como práctica habitual. Y cuando eso ocurra, el debate ya no será si ICE debe estar ahí, será hasta dónde puede llegar.

Ahí es donde el miedo deja de ser una consecuencia y se convierte en política pública.

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