El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó el hecho como un crimen devastador que enluta a toda la ciudad. Captura de pantalla del video de la Ciudad de Minneapolis.
Un tiroteo estremeció a la ciudad de Minneapolis la mañana de este miércoles, cuando un hombre armado abrió fuego hacia las ventanas de la Iglesia de la Anunciación durante una misa escolar, dejando un saldo de dos niños muertos y 17 personas heridas, de las cuales 14 son menores de edad.
El ataque ocurrió poco antes de las 8:30 horas, en el tercer día del ciclo escolar en la escuela católica Annunciation (509 W. 54th St.), al sur de la ciudad. Según la policía, las víctimas fatales son un niño de 8 años y otro de 10; mientras que dos de los heridos permanecen en estado crítico.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó el hecho como un crimen devastador que enluta a toda la ciudad.
“No hay palabras que puedan describir el horror y la tragedia del atroz acto de maldad ocurrido en la Iglesia de la Anunciación. Niños han muerto, muchos más han resultado heridos y nuestra comunidad está conmocionada. Esta era su primera semana de clases. Deberían estar riendo, aprendiendo y jugando en el patio. Hoy toda la ciudad debe rodear a estas familias de amor y apoyo”, declaró.
El municipio habilitó un centro de reunificación familiar en la Escuela Annunciation (525 W. 54th St.), donde se ofrece acompañamiento y recursos a los padres de los estudiantes.
El jefe de policía, Brian O’Hara, informó que el tirador, un joven de poco más de 20 años, llegó armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Se acercó al costado del templo y disparó decenas de rondas hacia los niños sentados en los bancos. Posteriormente, se quitó la vida de un disparo.
Aunque las autoridades han identificado al sospechoso como Robin Westman, oficialmente su nombre no ha sido revelado. La policía asegura que no existen amenazas adicionales para la seguridad pública y que el motivo del ataque continúa bajo investigación.
“Toda nuestra comunidad ha quedado traumatizada por este ataque. Estamos destrozados por la crueldad de esta tragedia y por este acto deliberado contra menores”, dijo O’Hara, subrayando que el Departamento de Policía de Minneapolis y la comunidad parroquial comparten el duelo.
Equipos de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) y especialistas forenses participan en la investigación. Además, se inspecciona un vehículo vinculado al atacante y otros sitios de interés para las autoridades.
Vecinos reportaron haber escuchado hasta 50 disparos en apenas cuatro minutos. Entre los testimonios más conmovedores está el de Michael Simpson, abuelo de Weston Halsne, uno de los menores fallecidos, quien lamentó: “No sé dónde está Dios… no sé dónde está”.
Las concejalas locales Emily Koski y Linea Palmisano también se pronunciaron al respecto de este trágico evento.
“Este es un día desgarrador para nuestra ciudad. Acompañamos a los estudiantes, familias y educadores de Annunciation. Queremos agradecer a los socorristas cuyas acciones rápidas y valientes evitaron que esta tragedia fuera aún peor”.
Las campanas de la Iglesia de la Anunciación sonaron en memoria de las víctimas, mientras la comunidad intenta asimilar lo ocurrido. El tiroteo es considerado uno de los ataques más dolorosos ocurridos en un recinto religioso y escolar en la historia reciente de Minneapolis.
El Condado de San Mateo aclaró este martes que no ha excedido el tiempo asignado en el proceso contra la sheriff Corpus.
The San Mateo County aclaró este martes que no ha excedido el tiempo asignado en la audiencia pública de destitución de la sheriff Christina Corpus, luego de que algunos medios sugirieran lo contrario.
Jan Little, abogada principal del bufete Keker, Van Nest y Peters, que representa al condado, explicó que cada parte dispone de hasta 35 horas para presentar su caso, incluyendo interrogatorios y contrainterrogatorios.
Según los registros oficiales, hasta este lunes los abogados del Condado habían utilizado poco más de 16 horas, mientras que los representantes de la sheriff ya sumaban más de 18.
Además, los abogados precisaron que todos los testigos llamados por el Condado también figuran en la lista presentada por la defensa de Corpus, y que las normas del procedimiento establecen que cada testigo solo puede declarar una vez, respondiendo a las preguntas de ambas partes.
“Esta aclaración sobre cómo cada parte ha utilizado el tiempo asignado hasta la fecha, que fue confirmada como exacta por el abogado del Sheriff en el expediente, subraya la integridad del proceso y refleja los esfuerzos realizados para garantizar que los procedimientos sean justos, equilibrados y transparentes”, dijo la portavoz del condado, Effie Milionis Verducci.
La audiencia de apelación, solicitada por la sheriff Corpus, inició el lunes 18 de agosto en el Salón de Justicia de Redwood City y se espera que se extienda por diez días, hasta el 29 de agosto.
El juez retirado James Emerson funge como oficial de audiencia independiente y será quien emita, en un plazo máximo de 45 días tras concluir las sesiones, un dictamen con hallazgos y recomendaciones a la Junta de Supervisores.
El caso contra la sheriff surgió tras numerosas denuncias sobre abuso de autoridad, creación de puestos de confianza sin requisitos de calificación y fomento de un ambiente laboral marcado por represalias.
La destitución de Corpus se realiza bajo los mecanismos de la Medida A, aprobada en marzo de 2025 por el 84 por ciento de los votantes del condado, que faculta a la Junta de Supervisores a iniciar procedimientos de remoción de funcionarios electos en casos de negligencia, abuso o violaciones de la ley.
El público puede asistir a la audiencia en persona, aunque no se permite transmisión remota ni grabación de audio o video.
Con estas aclaraciones, el Condado busca dejar claro que el proceso contra la sheriff Corpus se desarrolla con estricto apego a las reglas, en un contexto de creciente atención pública y mediática sobre el futuro de la jefa policial de San Mateo.
ICE aparece repentinamente en hospitales de California a medida que la administración Trump intensifica las deportaciones. Foto: Manuel Ortiz P360P
Por Ana B. Ibarra y Kristen Hwang. CalMatters. Peninsula 360 Press.
Los agentes federales de inmigración están apareciendo con mayor frecuencia en las instalaciones médicas de California a medida que la administración Trump intensifica las deportaciones.
Pueden acudir a urgencias, trayendo a alguien que sufre una crisis médica mientras está detenido. Pueden esperar en el vestíbulo, como hicieron los agentes durante dos semanas en un hospital del área de Los Ángeles a que le dieran de alta a una mujer. O incluso pueden perseguir a la gente dentro, como hicieron los agentes federales en un centro quirúrgico del sur de California.
La visión de estos agentes, a menudo armados y con los rostros cubiertos, hace que muchos se sientan cautelosos y puede disuadir a la gente de buscar atención médica.
Las políticas hospitalarias existentes guían las operaciones cuando la policía detiene a una persona bajo arresto, dicen los funcionarios del hospital.
“Esto no es nada nuevo en los hospitales”, dijo Lois Richardson, vicepresidenta y consejera de la Asociación de Hospitales de California. “Recibimos reclusos, detenidos y arrestados constantemente, ya sea de la policía, el sheriff, la patrulla de carreteras, el ICE, o quien sea”. La labor de los trabajadores hospitalarios sigue siendo brindar atención, añadió, y no involucrarse en disputas sobre el motivo de la detención de una persona.
Sin embargo, abogados de inmigración, defensores y trabajadores de la salud han expresado preocupaciones sobre el manejo de algunos de estos casos, tanto por parte de los funcionarios de inmigración como por algunos administradores de instalaciones médicas.
En concreto, les preocupa la aplicación de protocolos como las normas de visita, las amenazas a los derechos legales y a la privacidad de los pacientes y los riesgos para los propios trabajadores del hospital.
“Tenemos un nivel de privacidad que les debemos a los pacientes y sus familias, y que ha sido completamente destruido con la intervención del ICE en los hospitales”, dijo Kate Mobeen, enfermera de la UCI del Centro Médico John Muir en Concord. “Esto genera un gran temor, no solo en nuestros pacientes, sino también en nuestros empleados y enfermeros”.
Los derechos y las políticas de los pacientes se enfrentan a nuevas pruebas
En ocasiones, cuando ICE se ha presentado en instalaciones médicas con un paciente detenido, el resultado ha sido un mensaje contradictorio sobre las reglas.
El 29 de julio, agentes de ICE llevaron a un hombre al Centro Médico John Muir en Concord porque sufrió una emergencia médica no especificada mientras estaba detenido afuera del tribunal de inmigración de Concord, según Ali Saidi, abogado y director de Stand Together Contra Costa, una organización local de respuesta rápida y servicios legales.
Cuando Saidi llegó al hospital como parte de la red de respuesta, el personal le informó que no podía ver al paciente detenido, pero que sí a su familia. Luego, cuando llegó la esposa del hombre, Saidi relató: «Las normas habían cambiado y prohibieron las visitas familiares».
En una declaración compartida por la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Contra Costa, la esposa del hombre detenido, que pidió ser identificada solo por su segundo nombre, María, dijo que cuando más tarde habló con su esposo, él le dijo que estaba tan aterrorizado que se desmayó.
“Mi familia y yo fuimos a urgencias y pedimos verlo y hablar con él para asegurarnos de que estuviera bien”, dijo María en el comunicado. “El personal del hospital no nos dejó verlo ni nos dio información sobre lo que le estaba sucediendo. Ni siquiera respondieron a mis preguntas”.
Los funcionarios del John Muir no hicieron comentarios sobre el incidente, alegando leyes de privacidad. Sin embargo, en un correo electrónico, Ben Drew, portavoz del hospital, indicó que la política general es que “si una agencia del orden público indica que las visitas representan un riesgo para la seguridad, [el hospital] puede limitar o denegar las visitas para proteger a nuestros pacientes, personal y visitantes”.
Saidi dijo que cuando la esposa insistió en obtener información sobre la condición del hombre, la seguridad del hospital llamó a la policía.
“Entendemos que la situación se pone tensa cuando un familiar o amigo se encuentra en urgencias o en el hospital”, dijo Drew. “El hospital solo recurre a la policía local cuando el comportamiento de un paciente o visitante se vuelve abusivo, disruptivo o amenazante, y nuestro equipo de seguridad no puede resolverlo”.
Saidi negó que la familia estuviera causando problemas, diciendo que las conversaciones con el personal del hospital y la administración fueron respetuosas y no se alzaron voces.
“El ambiente en esa zona de emergencias era algo que nunca había visto en mi carrera”, dijo Saidi. “Había un efecto escalofriante. Todos apartaban la mirada. Se notaba que el personal se sentía mal”.
Varias enfermeras del departamento de emergencias le dijeron a Mobeen, líder local de la Asociación de Enfermeras de California en John Muir, que los oficiales de ICE fueron “muy agresivos con el personal” y que el personal luego estaba “emocional y físicamente molesto” por lo sucedido, dijo.
“Es horrible no poder decirles a los familiares de los pacientes cómo están, cuál es su estado”, dijo Mobeen.
Parte del problema, añadió Mobeen, es la capacitación. El personal no recibió la capacitación adecuada sobre cómo responder ante cualquier medida de control migratorio que pudiera ocurrir en el hospital, afirmó.
Drew, el portavoz de John Muir, respondió que el hospital ha brindado orientación sobre su política de aplicación de la ley de larga data y ha respondido múltiples preguntas desde enero sobre qué hacer si los agentes de ICE se presentan en sus instalaciones.
Límites para el acceso al ICE, a veces confusos
El mes pasado, agentes de inmigración ocuparon el vestíbulo del Hospital Glendale Memorial de Dignity Health, incluso detrás de los mostradores de recepción, como mostraron fotos que circularon en línea. Manifestantes se congregaron frente al hospital, organizando manifestaciones y conferencias de prensa.
Todos estaban allí porque los agentes habían traído previamente a Milagro Solís Portillo, una inmigrante salvadoreña, para recibir atención médica tras su detención. Pasaron 15 días en el hospital esperando el alta de Solís Portillo antes de trasladarla a otro hospital y luego ponerla bajo custodia, según informes de prensa locales.
En un comunicado, los funcionarios del Dignity Memorial Hospital dijeron que no podían prohibir legalmente que las fuerzas del orden estuvieran en áreas públicas.
Es cierto, según los expertos legales: las salas de espera y los vestíbulos se consideran espacios públicos en los hospitales. Sin embargo, los agentes no pueden circular libremente por los hospitales. Los agentes del orden público no pueden registrar a personas en las salas de reconocimiento ni en otros espacios privados sin una orden judicial federal.
Cuando los agentes traen a alguien que está bajo su custodia y necesita atención médica, la aplicación de la ley puede ser más confusa.
Según Richardson, de la asociación de hospitales, la distancia que un agente puede recorrer en las áreas de tratamiento con un paciente detenido puede determinarse caso por caso. Si un paciente detenido forcejea o se resiste, podría necesitar vigilancia, explicó.
Y si los agentes del orden público entran en las salas de reconocimiento, podrían escuchar información médica mientras están de guardia. Sin embargo, esto no constituye necesariamente una violación de la privacidad, según las normas federales. La Regla de Privacidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPPA), la ley que establece los estándares de privacidad para la información médica, incluye una disposición que permite la divulgación incidental de información, siempre que se apliquen medidas de seguridad razonables.
El hospital y el médico harán todo lo razonablemente posible para proteger la privacidad del paciente. Lo razonable dependerá, una vez más, de la afección del paciente, de su comportamiento y de la naturaleza de las circunstancias, dijo Richardson.
La HIPAA protege la divulgación de historiales médicos, que incluyen nombres, direcciones y números de seguro social, así como información sobre su estado de salud. La ley estatal también exige que los centros de salud protejan esta información. Según las directrices de la Fiscalía General, los centros de salud deben considerar confidencial el estatus migratorio del paciente.
Al mismo tiempo, se requieren ciertas divulgaciones si las autoridades pueden demostrar la custodia legal o presentar una orden judicial apropiada. Una orden judicial federal firmada por un juez otorga a las autoridades acceso inmediato a la información o al registro de una zona específica, mientras que una orden administrativa del ICE no exige cumplimiento inmediato.
Trabajadores sanitarios en situaciones ‘precarias’
Los centros de salud generalmente indican a los trabajadores de primera línea que no interactúen con los agentes de inmigración, sino que se comuniquen inmediatamente con seguridad o la gerencia.
Se destaca un incidente particular en un centro quirúrgico del sur de California, en una conversación con trabajadores de la salud.
El 8 de julio, agentes federales localizaron a tres jardineros que se habían estacionado frente al Centro Quirúrgico Avanzado de Ontario. Persiguieron a pie a uno de los hombres que se encontraban en el interior, según una denuncia penal por delito grave presentada contra dos trabajadores de la salud ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
En videos del incidente publicados en línea, un agente enmascarado, con un chaleco con la inscripción “POLICÍA ICE” en la espalda, sujeta por el hombro a un hombre que llora dentro del centro, mientras varios trabajadores con uniforme médico observan. En varios momentos del video, los trabajadores le piden al oficial que se identifique; uno de ellos dice: “Esto es un negocio privado”.
Dos trabajadores, Danielle Dávila y José Ortega, le dicen al agente que se vaya. Dávila se interpone entre el agente y el hombre, diciendo: «Quítale las manos de encima. Ni siquiera tienes una orden judicial».
Ortega pone un brazo entre Dávila y el oficial y dice: “No tienes una identificación válida”.
El oficial les dice a ambos trabajadores: «Tocaron a un agente federal». Entonces Dávila responde: «No los voy a tocar».
Posteriormente, Dávila y Ortega fueron acusados de dos delitos graves por agredir a un oficial federal y conspirar para impedir que un oficial federal desempeñara sus funciones.
La semana pasada, se desestimaron los cargos por delitos graves y tanto Dávila como Ortega se declararon inocentes de un cargo posterior de agresión, un delito menor. Un portavoz de la fiscalía federal se negó a hacer comentarios sobre los cargos.
El abogado defensor de Dávila, Oliver Cleary, dijo que su cliente creía que estaba haciendo lo correcto al pedir credenciales y una orden judicial.
“No se puede simplemente llegar a donde la gente recibe atención médica y llevársela rápidamente”, dijo Cleary. “Ella no sabía quiénes eran estas personas. No le dijeron quiénes eran, y hasta donde ella sabía, se trataba de un paciente de la clínica”.
Carlos Juárez, abogado defensor de Ortega, dijo que arrestar y acusar a trabajadores de la salud de delitos por pedir ver una orden judicial y una identificación los coloca en una situación “precaria” y “peligrosa”.
“Hicieron lo que debían hacer y lo que tenían derecho a hacer”, dijo Juárez. “Espero que esto no tenga un efecto disuasorio en otros trabajadores de la salud”.
Los trabajadores dicen que la capacitación adicional puede ayudar
En todo el estado, los trabajadores de la salud afirman que les gustaría que la gerencia brindara orientación adicional sobre cómo responder ante estas situaciones si se presentaran en su lugar de trabajo. Algunos trabajadores están impartiendo capacitación ellos mismos.
Adriana Rugeles-Ortiz, enfermera vocacional con licencia en el Centro Médico Kaiser Permanente Modesto, ha impartido sesiones de “Conozca sus derechos” en su hospital y en su comunidad como parte de su sindicato, SEIU-United Healthcare Workers West. Comentó que algunos de sus compañeros de trabajo han expresado ansiedad por las situaciones que han presenciado en otros hospitales.
“Gracias a mi participación en todas las capacitaciones que hemos impartido a los trabajadores y a la comunidad, personalmente me siento preparada. No estoy muy segura de que hayamos logrado que toda la fuerza laboral de Kaiser adquiera la confianza necesaria para afrontar esta situación”, dijo Rugeles-Ortiz.
El Dr. Douglas Yoshida, médico de urgencias de Stanford Health Tri-Valley en el condado de Alameda, dijo que una orientación y capacitación adicionales para los trabajadores de las instalaciones médicas podrían ser de gran valor.
“Creo que, como profesionales de la salud, debemos brindar una buena atención médica a estos pacientes, como a cualquier otro paciente, y debemos proteger sus derechos”, dijo Yoshida. “Es decir, personalmente, si alguien entra bajo custodia de ICE, dentro de los límites de la ley, quiero hacer todo lo posible para ayudarlos”.
El hospital de Pleasanton donde trabaja Yoshida está ubicado cerca de la Cárcel de Santa Rita del condado; el personal, según él, está acostumbrado a la presencia policial. Pero el reciente incidente en el Centro Médico John Muir, a unos 48 kilómetros al norte, así como los cargos penales presentados contra los trabajadores del centro quirúrgico del sur de California, han generado inquietud, afirmó Yoshida.
“Normalmente, los trabajadores de la salud no tienen motivos para temer a las fuerzas del orden”, añadió, “pero estamos en territorio desconocido”.
Con el apoyo de la Fundación para el Cuidado de la Salud de California (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan, a un precio accesible. Visite www.chcf.org para obtener más información.
El Consulado General de México en San Francisco anunció la realización de la XVII edición de la Semana de Derechos Laborales, con el propósito de promover los derechos de las y los trabajadores migrantes.
The Consulate General of Mexico in San Francisco anunció la realización de la XVII edición de la Semana de Derechos Laborales, que se llevará a cabo del 25 al 29 de agosto, con el propósito de promover los derechos de las y los trabajadores migrantes, sin importar su condición migratoria.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de México, busca garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación en el empleo, además de ofrecer atención directa a casos específicos de personas cuyos derechos laborales han sido vulnerados.
Durante esta edición se pondrá especial énfasis en asuntos fundamentales como: cuidado y seguridad en el trabajo; acción diferida para trabajadores migrantes víctimas de violaciones a sus derechos laborales (DALE); y reconocimiento de las contribuciones de los migrantes en sectores estratégicos.
Así como salario justo, pago de horas extra y respeto al salario mínimo; derechos de portadores de visas H-2A, H-2B y TN; y protección a víctimas de trata de personas y la aplicación de la regla final sobre solicitudes de visa T.
El Consulado informó que, como cada año, la Semana contará con la participación de agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que colaboran en la defensa de los derechos laborales.
Entre ellas destacan la División de Horas y Salario del Departamento del Trabajo (WHD); la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y Cal/OSHA; el Departamento de Relaciones Laborales Agrícolas de California (ALRB); el Comité Internacional de Rescate (IRC); y la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW).
Además, participarán abogados laborales y centros de apoyo a jornaleros y trabajadores domésticos, con el fin de brindar información práctica y orientación legal.
La Semana de Derechos Laborales es un espacio de acompañamiento y empoderamiento para la comunidad migrante que ofrece talleres, asesorías y recursos que contribuyen a mejorar sus condiciones laborales y de vida en Estados Unidos.
El jurado de “México Canta” decidió otorgar un empate y seleccionó a Carolina Imperial y William Zepeda como los dos finalistas que avanzan a la gran final.
En un hecho inédito, el jurado de “México Canta por la paz y contra las adicciones” decidió otorgar un empate durante la semifinal de la Región Centro de Estados Unidos, celebrada el domingo 24 de agosto, y seleccionó a Carolina Imperial y William Zepeda como los dos finalistas que avanzan a la gran final.
El concurso, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, forma parte de la estrategia gubernamental de atención a las causas, con el propósito de fomentar la paz, combatir las adicciones y transformar narrativas en la música mexicana.
Carolina Imperial, originaria de Monterrey y perteneciente a la generación de Dreamers, interpretó “Yo Soy Mexicana”, compuesta junto a Francisco Nájera, con una ejecución fiel al género tradicional y que celebró las raíces culturales del país.
Por su parte, William Zepeda, residente de Los Ángeles, presentó “Insomnio Americano”, de Víctor Osorio y Jonathan Vizcarra, una canción que profundiza en los sentimientos dolorosos ligados al “sueño americano”. Zepeda ha explorado géneros como mariachi, bolero y pop en inglés.
“Es respetar los sueños de los participantes, las ilusiones y todo lo que han luchado para estar aquí. Es lo justo”, afirmó Mónica Vélez en representación del jurado, que también integran América Sierra, Regina Orozco y el invitado especial Mario Domm, quienes reconocieron el talento y compromiso de ambos intérpretes.
Los dos intérpretes se suman Blue Malboro, quien el pasado 17 de agosto se colocó como el primer semifinalista luego de vencer a sus rivales con la interpretación de la canción de rap Cuando niño, que conmovió a los jueces hasta las lágrimas.
Originario de Puerta del Monte, Salvatierra, Guanajuato, Blue Malboro (Diego Raya Rosas) emigró a Estados Unidos, con su madre y su hermano, a los 13 años. Actualmente, compone e interpreta música urbana y hip hop con mensajes positivos, conecta con la gente a través de llevar a recuerdos felices con sus canciones.
“México Canta” es un esfuerzo cultural que une a comunidades de ambos lados de la frontera, celebrando a los migrantes como portadores de la grandeza cultural mexicana y defensores de valores familiares, artísticos y comunitarios.
“Somos un pueblo que sabe cantar; así demostramos el orgullo por nuestras raíces, por nuestro presente y nuestra esperanza en un mejor futuro”, subraya la filosofía del certamen.
La semifinal contó también con las presentaciones de Lola Baqui, Edith González, Lolita 2MX2, Dama Morr, Isaías González y Manuel Luna, además de la participación especial de Majo Aguilar, quienes enriquecieron la velada con propuestas musicales de ambos lados de la frontera.
El concurso ha recibido más de 15 mil inscripciones y actualmente se encuentra en la etapa de semifinales. La gran final se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde se definirá al ganador de esta iniciativa cultural binacional.
El gobernador Gavin Newsom anunció un paquete educativo que busca reducir los costos para las familias y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.
Mientras miles de niños y niñas regresan a las aulas para el nuevo ciclo escolar, el gobernador Gavin Newsom anunció un paquete de diez medidas estratégicas que buscan reducir los costos para las familias y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en todo el estado.
“California está haciendo inversiones históricas para garantizar que cada niño tenga las herramientas que necesita para prosperar en la escuela y en la vida, al mismo tiempo que apoyamos a las familias trabajadoras”, señaló el gobernador Newsom.
En materia alimenticia, el estado se convirtió en pionero al implementar un Programa Universal de Comidas Escolares, que asegura dos comidas gratuitas diarias para todos los estudiantes de escuelas públicas, desde preescolar hasta el último grado de secundaria.
Esta medida se complementa con el programa federal SUN Bucks, destinado a garantizar la nutrición infantil durante los recesos.
A la par, la iniciativa De la Granja a la Escuela, impulsada por Jennifer Siebel Newsom, busca que los alimentos servidos sean cada vez más nutritivos y de origen local.
En educación temprana y cuidado infantil, el ciclo escolar 2025 marca la implementación total del Kínder de Transición Universal, un año de aprendizaje gratuito para todos los niños de cuatro años. La medida permitirá que más de 300 mil menores accedan al preescolar, sentando una base sólida para su alfabetización.
Además, se fortalecieron los programas gratuitos de antes y después de clases y de verano para alumnos desde kínder de transición hasta sexto grado, lo que alivia los costos de cuidado infantil para las familias trabajadoras.
Además, con el programa CalKIDS, 3.4 millones de estudiantes de bajos recursos acceden a cuentas de ahorro universitarias con aportaciones iniciales de entre 100 y mil 500 dólares, una inversión total de mil 900 millones de dólares.
A su vez, en el tema de lectura y alfabetización, California ha destinado 500 millones de dólares a la contratación de Asesores de Lectoescritura en 818 escuelas de mayores necesidades. Asimismo, todos los niños de kínder a segundo grado serán evaluados anualmente para detectar dificultades lectoras, incluida la dislexia.
El Plan de Lectoescritura del Estado Dorado también proporcionará a los docentes guías y bloques de estrategias basadas en evidencia para reforzar la enseñanza.
En cuanto al apoyo a docentes y recuperación postpandemia, el estado ha invertido más de 4 mil millones de dólares en programas de reclutamiento y retención docente, además de destinar 7 mil 200 millones de dólares a la Subvención Global de Emergencia para la Recuperación del Aprendizaje (LREBG), orientada a revertir los efectos académicos y emocionales de la pandemia.
Finalmente, Newsom destacó que California lidera a nivel nacional con la red más amplia de escuelas comunitarias, que integran servicios educativos con atención médica, salud mental y programas sociales. Actualmente, cerca de 2 mil 500 planteles forman parte de esta estrategia, centrada en garantizar que los estudiantes prosperen dentro y fuera del aula.
*El gobernador de Illinois lanzó un duro mensaje contra el presidente, acusándolo de querer militarizar la ciudad como parte de un “peligroso intento de poder autoritario” y advirtiendo que no permitirá que se use a Chicago como pretexto para la violencia.
En un mensaje cargado de firmeza, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, rechazó tajantemente la intención de Donald Trump de enviar tropas federales a Chicago.
En un mensaje cargado de firmeza, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, rechazó tajantemente la intención de Donald Trump de enviar tropas federales a Chicago, calificando la medida como un “intento de poder autoritario” y una amenaza contra la seguridad de sus habitantes.
“Señor presidente, no venga a Chicago. Aquí no es querido ni necesario. Sus declaraciones durante las últimas semanas han mostrado una preocupante falta de capacidad mental y no son dignas del cargo que ocupa”, afirmó Pritzker la tarde de este lunes en conferencia de prensa.
El mandatario estatal acusó a Trump de usar a las Fuerzas Armadas como “peones” en su búsqueda de poder y advirtió que cualquier funcionario federal que busque incitar a la violencia en Chicago será señalado y enfrentará consecuencias.
Donald Trump, if you hurt my people, nothing will stop me from making sure you face justice. pic.twitter.com/VMJU7KQQRl
“Si hiere a mi gente, nada me detendrá —ni el tiempo ni las circunstancias políticas— para asegurarme de que enfrente la justicia bajo nuestra Constitución”, subrayó.
Pritzker defendió los avances de su gobierno en materia de seguridad pública al destacar que, desde 2021, los homicidios en Chicago han caído casi a la mitad, con una reducción del 32 por ciento solo en el último año, mientras que los robos bajaron 34 por ciento y los tiroteos 37 por ciento. “Trump habla de ocupar militarmente nuestra ciudad, pero la realidad es clara: el crimen en Chicago está disminuyendo, gracias a más policías, mayor inversión en programas comunitarios y la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad”, señaló.
El gobernador contrastó estos datos con las cifras nacionales, recordando que 13 de las 20 ciudades con mayores tasas de homicidios tienen gobernadores republicanos, al igual que ocho de los 10 estados más violentos.
“Si Trump realmente quisiera combatir el crimen, no recortaría más de 800 millones de dólares en fondos para seguridad pública y prevención de violencia, incluyendo 158 millones para Illinois”, añadió.
Pritzker enmarcó la iniciativa de Trump como un movimiento político más que como una acción real contra la criminalidad. “Si esto estuviera ocurriendo en otro país, lo llamaríamos lo que es: un peligroso intento de toma de poder”, dijo.
El gobernador concluyó su intervención con un llamado a los medios de comunicación.
“No es momento de fingir que hay dos lados en esta historia. Trump quiere usar al ejército para ocupar una ciudad de Estados Unidos, castigar a sus opositores y ganar puntos políticos. No podemos normalizarlo”.
Con un tono desafiante, Pritzker cerró asegurando que Illinois no permitirá que se manipule la seguridad de su población con fines políticos: “Chicago no será peón de nadie. La justicia siempre alcanzará a quienes pretendan lastimar a nuestra gente”.
Rocío Mejía Flores, directora general de la Financiera para el Bienestar (Finabien) expone los beneficios de la Tarjeta Paisano para revolucionar el envío de remesas. Foto: Mexican Press Agency
La comunidad migrante mexicana en Estados Unidos cuenta desde ahora con una herramienta que promete transformar su vida financiera: la Tarjeta Finabien Paisano, un instrumento respaldado por el Gobierno de México que facilita el envío de remesas, impulsa la inclusión bancaria y abre nuevas posibilidades de ahorro e inversión.
En entrevista con Mexican Press Agency, la directora general de la Financiera para el Bienestar (Finabien), Rocío Mejía Flores, explicó que la tarjeta representa mucho más que un medio de transferencia.
“No es solo un monedero electrónico. Es una cuenta bancaria con la que nuestros paisanos pueden enviar dinero, recibir su nómina, depositar cheques y pagar servicios, tanto en Estados Unidos como en México”.
Cada año, los migrantes mexicanos envían a sus familias miles de millones de dólares, enfrentándose a comisiones elevadas y trámites engorrosos. Con la Tarjeta Finabien Paisano, el proceso se simplifica: el envío de remesas tiene un costo de 2.99 dólares por transacción, frente a los 7 a 14 dólares que cobran las remesadoras tradicionales.
El límite de uso también es competitivo: hasta 2 mil 500 dólares diarios y 10 mil 000 dólares al mes, con trazabilidad total y seguridad bancaria tanto en EE.UU. como en México.
“Queremos que los migrantes dejen de gastar en comisiones injustas. Por eso bajamos la tarifa y mejoramos el tipo de cambio. Se trata de un esfuerzo del gobierno para proteger su dinero”, subrayó Mejía.
Seguridad garantizada
Uno de los mayores temores de la diáspora es la seguridad de sus datos. Sobre este punto, la directora de Finabien fue categórica: “Los únicos que tienen acceso a la información son el banco y la Financiera para el Bienestar. No se entrega a oficinas de impuestos ni a tesorerías. Sus datos están totalmente resguardados por ley”.
Los usuarios pueden solicitar la tarjeta en cualquiera de los 53 consulados de México en Estados Unidos o pedirla por correo en menos de dos semanas, pagando únicamente el costo del envío.
El trámite requiere tres documentos básicos: matrícula consular o identificación oficial, comprobante de domicilio y un correo electrónico.
Blindaje frente a nuevos impuestos
En el actual contexto político de Estados Unidos, donde se discute la aplicación de un impuesto del 1 por ciento a las remesas enviadas en efectivo, la Tarjeta Paisano se vuelve un aliado estratégico.
“Ese impuesto no se aplicará a los envíos de tarjeta a tarjeta. Por eso estamos promoviendo que los migrantes se registren ya y se anticipen a ese escenario”, aseguró la funcionaria.
Además de transferencias, la tarjeta abre la puerta a nuevas formas de ahorro. A través de la aplicación, los usuarios tienen acceso a la “bóveda virtual”, un espacio que ofrece un rendimiento de 10 por ciento anual para depósitos de hasta 24 mil pesos mensuales.
Finabien también trabaja para permitir que desde la tarjeta se invierta directamente en CETES, los bonos gubernamentales más seguros y rentables del país. “La comunidad migrante nos lo ha pedido y ya estamos en pláticas con Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria. Queremos que sus ahorros trabajen para ellos”, adelantó Mejía.
Con más de 60 mil tarjetas activas en EE.UU. en un mes, la institución busca romper las brechas digitales con tutoriales, asesorías personalizadas y la red de Amigos Finabien, que organiza encuentros virtuales con migrantes de California, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado.
“No es cualquier banco o empresa privada; detrás está el Gobierno de México. Tenemos 170 años de experiencia en pago de remesas. Queremos que los paisanos sepan que su dinero y sus familias están respaldados”, recalcó la directora.
Finalmente, Mejía Flores destacó que la Tarjeta Paisano es parte del “segundo piso” de la Cuarta Transformación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Nuestra vocación es clara: apoyar sin corrupción y de manera transparente a nuestros héroes y heroínas migrantes, quienes sostienen a sus familias y a México con su esfuerzo. Es un acto de justicia con quienes nunca han dejado de enviar su apoyo al país”, puntualizó.
Con la Tarjeta Finabien Paisano, la institución busca no solo abaratar las remesas, sino también empoderar financieramente a la diáspora mexicana, fortaleciendo su conexión con la tierra que dejaron atrás, pero que siempre los espera con los brazos abiertos.
This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.
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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California.
Los mapas electorales se modifican cada 10 años normalmente, sin embargo, ahora se busca tener mayor representación política en la Cámara de Representantes, dejando a un lado la representación ciudadana de las comunidades minoritarias.
La redistribución de distritos ha sido una herramienta valiosa para la representación de las comunidades, sin embargo, ahora los republicanos están impulsando nuevos mapas respaldados por el presidente Donald Trump para sumar al Partido Republicano hasta cinco escaños en la Cámara de Representantes, dejando a un lado el valor del voto y la distribución representativa que da voz a los ciudadanos.
La Cámara de Representantes de Texas aprobó un proyecto de ley de redistribución de distritos electorales, lo que le favorecerá en las siguientes elecciones legislativas, con la posibilidad de ganar cinco escaños en la Cámara de Representantes, sin importar que estos procesos se llevaban a cabo cada diez años, con un censo de la población previo adaptándose a los cambios demográficos.
“El censo dice que debemos redistribuir los distritos después de conocer las nuevas cifras de población, si se permite dibujar nuevos mapas ahora, ya sean rojos o azules solo para no perder nunca, entonces los políticos y líderes ya no escucharán al pueblo y no quedará democracia, ya no importarán las comunidades minoritarias”, dijo el representante Estatal Gene Wu del Distrito 137 de la Cámara de Representantes de Texas.
During a briefing held by American Community Media (ACoM), Wu aseguró que “las políticas que se están implementando ahora mismo están causando consecuencias masivas, desde los precios que han aumentado en todos los ámbitos en los últimos meses, sin señales de que estos aumentos vayan a frenar”, hasta la pérdida de empleos.
“El turismo ha bajado un 50 por ciento en muchas zonas, muchos negocios simplemente no pueden permanecer abiertos, estas políticas apenas están comenzando. Nos dirigimos directamente hacia una de las peores recesiones que hemos visto en mucho tiempo y los republicanos lo saben, son los únicos culpables con sus políticas y su apoyo ciego a Donald Trump”, dijo el representante de Texas.
Gene Wu se mostró preocupado por la redistribución de mapas en Texas, pues solo esta a favor de un solo sector: “las comunidades latinas han acumulado poder con el tiempo, pero están más dispersas y los empujarán hacia un área de mayoría blanca, y entonces sus voces ya no importarán”.
Thomas Saenz, presidente y asesor jurídico general de The Latino Legal Voice for Civil Rights in America (MALDEF), explicó que anteriormente ya se había buscado maximizar la ventaja republicana en el mapa en Texas, sin embargo, con el crecimiento de la comunidad de latinos y otras personas de color no habían logrado avanzar.
“La comunidad latina es la principal en el estado de Texas, entonces se producirán violaciones al derecho al voto con la creación de distritos de mayoría latina dispersos, dejando poca probabilidad de elegir candidatos que representen a la comunidad realmente”, agregando, “todo está claramente orquestado con el objetivo de Donald Trump para evitar una pérdida masiva de escaños en la Cámara de Representantes”, dijo Saenz
California modifica sus mapas electorales para anular la ventaja republicana
Se espera una elección especial el próximo 4 de noviembre para someter las medidas de redistribución de distritos, incluyendo la Proposición 50, llamada Elecciones Justas en los 50 estados.
Durante la sesión informativa de American Community Media, Sam Wang, presidente del Laboratorio de Innovación Electoral de Princeton, aseguró que es importante participar en las votaciones, sin sentir que su voto no tendrá peso alguno, pues “hay más distritos competitivos que hace 10 años y la manipulación de los distritos electorales en Texas no afecta el derecho al voto”.
Por otra parte, explicó que “el gobernador Newsom ha propuesto cambiar la Constitución, anular temporalmente el proceso que se hace cada 10 años con el censo y la comisión especial, apegándose a las leyes estatales, entonces los californianos deberían votar en noviembre y decidir, qué hacer con los mapas del Congreso durante los próximos 4 años”.
El 80 por ciento de las elecciones se determinan en las primarias, entonces se debe presentar un mapa justo desde la distribución de las elecciones primarias para obtener un grado de representación real, aunque es muy posible que la manipulación racial de los distritos electorales regrese en los próximos años, expresó Wang.
Por su parte, Sara Rohani, asesora jurídica adjunta del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, comentó que los resultados del censo de 2020 revelaron que las poblaciones afrodescendientes estaban aumentando, mientras que las poblaciones blancas estaban disminuyendo.
“El crecimiento poblacional en este país durante la última década ha sido impulsado por los votantes de color, y los nuevos mapas electorales deberían reflejar mayores oportunidades electorales para los votantes afrodescendientes y otros votantes de color”, dijo.
Los votantes afrodescendientes de todo el país lucharon durante años para ser reconocidos y representados de manera justa, pero ahora los mapas propuestos en ciertos estados tendrían un impacto discriminatorio en los votantes de color, comentó Rohani.
Finalizó diciendo:” lo más importante es recordar que la representación justa no es opcional, es el derecho de todos los estadounidenses a la igualdad de voto, es un pilar fundamental de nuestra democracia. A largo de la historia, hasta el día de hoy, los votantes de color han sido excluidos del proceso democrático. En 2025, es evidente que nuestra lucha por mapas electorales justos continúa, para garantizar que cada voto cuente y exista la igualdad de oportunidades”.
El gobernador Gavin Newsom firmó el paquete legislativo conocido como “Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral”.
The Governor Gavin Newsom, acompañado por el presidente de la Cámara de Representantes, Robert Rivas, y el senador pro tempore, Mike McGuire, firmó el paquete legislativo conocido como “Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral”, que busca dar a los votantes de California la oportunidad de contrarrestar lo que califican como intentos del presidente Donald Trump de socavar la democracia en varios estados del país.
La medida incluye la Proposición 50, llamada Elecciones Justas en los 50 estados, que será sometida a votación en una elección especial el próximo 4 de noviembre de 2025.
“Los californianos han sido blanco directo de la administración Trump y, gracias al arduo trabajo de la legislatura, tendrán la opción de contraatacar y exigir la tan necesaria rendición de cuentas”, afirmó Newsom durante la ceremonia de firma realizada la semana pasada.
El paquete legislativo se compone de tres piezas clave:
ACA 8 (Enmienda Constitucional de la Asamblea, Rivas/McGuire): permite a los californianos adoptar un nuevo mapa temporal del Congreso como respuesta a la redistribución de distritos en Texas, considerada un acaparamiento de poder.
SB 280 (Cervantes/Pellerin): establece plazos, procedimientos y financiamiento para la elección especial que decidirá la Proposición 50; y la AB 604 (Aguiar-Curry/González): define los mapas temporales de distritos que entrarían en vigor si ACA 8 es aprobada.
El gobernador también emitió una Proclamación oficial que convoca a la elección especial, consolidando el marco anunciado la semana pasada en el Centro de la Democracia de Los Ángeles.
“California no será un espectador pasivo ante la toma de poder de Trump. Estamos actuando para defender a nuestro estado de sus ataques, llevándolo directamente a los votantes”, dijo el presidente de la Cámara, Robert Rivas, al defender la iniciativa.
Por su parte, el senador pro tempore Mike McGuire subrayó que la medida es temporal, pero crucial.
“La Ley de Respuesta al Fraude Electoral brinda a los votantes la oportunidad de detener los intentos de Trump y los republicanos de robarnos las elecciones descaradamente. Hoy luchamos por nuestra democracia con el poder de los votantes”.
La administración Trump ha mantenido una relación conflictiva con California en múltiples frentes. De acuerdo con la Oficina del Gobernador, los esfuerzos legales del estado han permitido recuperar al menos 168 mil millones de dólares en fondos federales, con una inversión estatal de 5 millones de dólares, lo que representa un retorno extraordinario del 3.4 millones por ciento.
Con la firma de este paquete, Newsom reafirma su estrategia de resistencia frente a políticas que considera dañinas para los californianos, trasladando ahora el debate directamente a las urnas.
