El gobernador Gavin Newsom anunció este martes que las operaciones policiales conjuntas en curso en Bakersfield, Oakland y San Bernardino han dado como resultado 6 mil 727 arrestos.
The Governor Gavin Newsom anunció este martes que las operaciones policiales conjuntas en curso en Bakersfield, Oakland y San Bernardino han dado como resultado 6 mil 727 arrestos, recuperado 4 mil 842 vehículos robados y confiscado 313 armas de fuego peligrosas.
De acuerdo con el estado, las tendencias delictivas antes y después de que comenzaran estas operaciones en 2024, apuntan a una reducción de la delincuencia en Oakland, una disminución de homicidios y tiroteos en Bakersfield y un aumento de arrestos y vehículos robados recuperados en San Bernardino.
“Estoy orgulloso de los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP), quienes siguen sirviendo a sus comunidades, disuadiendo la delincuencia y exigiendo responsabilidades a los malhechores. Su colaboración con las fuerzas del orden locales ha contribuido a generar una sensación de seguridad en las comunidades de todo el estado y ejemplifica el compromiso de California de priorizar la seguridad pública”, dijo Gavin Newsom
En Bakersfield, tras el lanzamiento de la operación conjunta con la CHP en abril de 2024, resultó en 3 mil 315 arrestos, incluyendo 680 arrestos por delitos graves, la recuperación de mil 174 vehículos robados y la incautación de 87 armas de fuego.
La ciudad de Bakersfield anunció que 2024 fue su año más seguro desde 2021, con una disminución del 57 por ciento en homicidios y un 60 por ciento menos de tiroteos en comparación con años anteriores.
En el caso de la ciudad de Oakland, para finales de 2024, redujo la delincuencia en todas las categorías en 34 por ciento en comparación con el año anterior. Los datos preliminares del 1 de enero al 22 de diciembre de 2024 indicaron una disminución del 25 por ciento en los robos, una reducción de casi el 50 por ciento en los allanamientos y una disminución del 33 por ciento en el robo de vehículos motorizados, en comparación con el año anterior.
Desde que comenzaron los esfuerzos conjuntos en febrero de 2024, las autoridades han realizado 2 mil 101 arrestos, mil 504 de ellos por delitos graves, recuperado 3 mil 578 vehículos robados y confiscado 192 armas de fuego ilícitas.
Además de ello, se realizó un arresto por múltiples cargos de delitos graves, un arresto con arma y cocaína luego de una persecución a pie y una investigación de varios meses para acabar con una red organizada de robo minorista y la recuperación de mercancía robada valorada en más de 779 mil dólares.
En cuanto a San Bernardino, las autoridades precisaron que, desde octubre de 2024, se han arrestado a mil 311 personas, 249 de ellas por delitos graves, además se han incautado 90 vehículos robados y confiscado 34 armas de fuego ilícitas.
La operación de la CHP también incorpora unidades especiales de policía en tierra y aire, que se centran específicamente en actividades de feria y vehículos robados mediante cámaras de alta tecnología.
Según un análisis de los datos del Índice de Delincuencia en Tiempo Real realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California, los delitos contra la propiedad disminuyeron un 8.5 por ciento y los delitos violentos 4.6por ciento en 2024, en comparación con 2023. Los robos y los hurtos también disminuyeron 13.6 por ciento y 18.6 por ciento, respectivamente, en comparación con los niveles prepandemia.
Bajo la lupa de legisladores estatales y federales, los colegios comunitarios de California intentan combatir el fraude en la ayuda financiera. Los estafadores se han infiltrado cada vez más en los 116 colegios comunitarios del estado, haciéndose pasar por estudiantes para robar ayuda financiera del gobierno estatal y federal.
En una reunión celebrada el martes, la junta que supervisa los colegios comunitarios de California votó a favor de exigir a todos los estudiantes la verificación de identidad, lo cual actualmente es opcional para la mayoría de los solicitantes. La junta también consideró solicitar a la Legislatura la aprobación para cobrar a los estudiantes una tarifa de solicitud nominal, que según muchos no debería superar los 10 dólares. Sin embargo, tras más de dos horas de debate, la junta rechazó la propuesta y, en su lugar, pidió al personal que “explorara” una política de tarifas.
“Algunos de ustedes se preguntaban: ‘¿Por qué está sucediendo esto tan rápido?'”, dijo la rectora de los Colegios Comunitarios de California, Sonya Christian. “Porque el 8 de abril, CalMatters publicó un artículo que tuvo repercusión nacional. ¿Adivinen qué pasó después? Nueve de nuestros líderes del Congreso enviaron correos electrónicos al Secretario de Educación de los Estados Unidos y al Fiscal General pidiéndoles que iniciaran una investigación sobre los Colegios Comunitarios de California”.
Representantes estatales de ambos partidos han solicitado desde entonces una auditoría del proceso de ayuda financiera del sistema de colegios comunitarios. Christian afirmó que es probable que dichas auditorías se lleven a cabo. “Estamos en el escenario nacional ahora mismo”.
Estudiantes de todo el estado manifestaron a los miembros de la junta que se oponían a la imposición de una cuota, y compartieron historias de momentos en que eran tan pobres que no tenían cuenta bancaria ni $10 para comprar el almuerzo. Muchos contaban experiencias personales con estudiantes falsos.
“Una vez, un bot me quitó el asiento en una clase que necesitaba para graduarme y transferirme. Ese fraude casi me cuesta el futuro”, dijo Flo Cudal, estudiante de Santiago Canyon College en el Condado de Orange. “Entiendo la necesidad de protecciones sólidas, pero no deben ir en detrimento de la exclusión de un estudiante real”.
Cuando Love Adu, estudiante y miembro de la junta directiva, intentó matricularse en Moorpark College, comentó que no pudo verificar su identidad en línea, por lo que tuvo que conducir cinco horas para presentar sus documentos en persona. Estudiantes encarcelados, indocumentados, sin hogar y menores de 18 años tienen dificultades con el software actual de verificación de identidad, afirmó. “Estas propuestas dificultarían que los estudiantes accedan a la educación que les ofrecemos”.
Tarifa de solicitud retrasada
Los colegios comunitarios de California tienen la misión de servir a todos los californianos y se financian principalmente con base en el número de estudiantes que matriculan. Al solicitar admisión, los estudiantes firman una declaración jurada que confirma que su información personal es veraz. Además, solo unos pocos distritos universitarios exigen la verificación de identidad en línea. La solicitud de admisión a un colegio comunitario es gratuita y la matrícula es gratuita para estudiantes de bajos recursos. Una vez matriculado, un estudiante puede obtener miles de dólares en ayuda financiera, dinero que puede utilizarse para cubrir el costo de libros, alojamiento, comida y transporte.
Esa ayuda se ha convertido en un blanco fácil para los estafadores, quienes a menudo presentan decenas o incluso cientos de solicitudes a la vez, utilizando direcciones y números de Seguro Social reales de California para crear cuentas universitarias fraudulentas. El mes pasado, CalMatters informó que aproximadamente un tercio de los solicitantes de colegios comunitarios eran falsos. La oficina del rector estatal afirmó haber eliminado a todos los solicitantes fraudulentos que detectó, pero muchos estafadores evadieron la detección y robaron dinero de los contribuyentes. Solo en los últimos 12 meses, las universidades han perdido más de $10 millones en ayuda federal por fraude y $3 millones en ayuda estatal, según informes estatales, que CalMatters obtuvo mediante una solicitud de registros públicos.
Permitir que el fraude siga aumentando es “irresponsable”, declaró Amy Costa, miembro de la junta, antes de votar a favor de la propuesta de Christian. Estos “bots” buscan programas gubernamentales de prestaciones sociales, como las Becas Pell y las Becas Cal, y es responsabilidad del estado ayudar a administrar el uso de ese dinero de los contribuyentes, afirmó. “Necesitamos que alguien diga ‘Soy una persona real’, y el pago es una de las maneras de lograrlo”.
En la propuesta, Christian afirmó que su oficina consideraría reembolsar o acreditar la cuota de solicitud a cualquier estudiante con dificultades económicas comprobadas. Aproximadamente el 40 % de los estudiantes de colegios comunitarios de California califican para la matrícula gratuita porque se les considera de bajos ingresos, según datos estatales.
Incluso si la propuesta de tarifas se hubiera aprobado, Christian aún necesitaría la aprobación de la Legislatura. Habría llevado un año y habría implicado muchas más discusiones, incluso a nivel de la junta, dijo Christian.
Pero si los legisladores siguen atentos a este asunto, aún podrían producirse cambios, afirmó Chris Ferguson, vicerrector ejecutivo de la oficina del canciller estatal. “Si el fraude en la ayuda financiera continúa aumentando, les aseguro que, en algún momento, se nos aplicarán medidas, ya sea a nivel estatal o federal”.
El condado de San Mateo contará con un presupuesto de 4.9 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-2026
The the San Mateo County Board of Supervisors contará con un presupuesto de 4.9 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-2026 que le permitirá proteger los servicios de los que dependen los 740 mil residentes. Sin embargo, el déficit proyectado de 14 mil millones de dólares para el estado y la incertidumbre en torno al financiamiento federal dejan a los funcionarios locales preparándose para tiempos difíciles
“En un entorno marcado por la incertidumbre económica y posibles cambios significativos en las políticas, nos estamos preparando cuidadosamente y asegurándonos de mantener nuestra flexibilidad”, afirmó el ejecutivo del condado, Mike Callagy.
Sin embargo, destacó, si bien este presupuesto refleja la realidad de las mayores presiones tanto en materia de ingresos como de gastos, el condado está preparado para responder a las circunstancias a medida que cambien.
Y es que, Callagy y los funcionarios de presupuesto local, están preocupados por la posible pérdida de 114 millones de dólares anuales del Monto de Ajuste de la Tarifa de Licencias de Vehículos, que ayuda a financiar la seguridad pública, la salud, la vivienda y otros servicios locales vitales.
A través de un comunicado, Callagy precisó que la parte de estos ingresos estatales que corresponde al condado de San Mateo no está incluida en el presupuesto propuesto por el gobernador.
El Presupuesto Recomendado de 4.9 mil millones de dólares representa el primer paso en el proceso presupuestario multifase del Condado; el siguiente consiste en tres días de audiencias públicas ante la Junta de Supervisores, a partir del 23 de junio.
Como brazo del estado, y de acuerdo con la ley del Estado de California, la Junta de Supervisores debe adoptar un Presupuesto Recomendado para garantizar que la autoridad de gasto esté en vigencia antes del 1 de julio.
Si la Junta lo aprueba, el presupuesto sufrirá modificaciones hasta otra ronda de audiencias presupuestarias en septiembre.
Callagy agregó que anticipa algunos cambios en los programas que sirven a miles de los residentes más vulnerables del condado: Medicaid, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y programas de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas.
Mientras los funcionarios de presupuesto esperan novedades de Sacramento y Washington, DC, Callagy dijo que años de prudencia fiscal han puesto al condado en posición de tomar decisiones meditadas.
“Priorizamos las acciones actuales del Condado, satisfaciendo las necesidades de los residentes de hoy, mientras seguimos construyendo hacia el futuro”, dijo. “Este Presupuesto Recomendado logra un delicado equilibrio: aborda los problemas a corto plazo de frente y, al mismo tiempo, mantiene la vista puesta en los impactos y las oportunidades a largo plazo”.
SamTrans trae de regreso su popular Pase de Verano para Jóvenes, que ofrece viajes en autobús ilimitados para jóvenes de 18 años o menos. Imagen: X @SamTrans
SamTrans trae de regreso su popular Pase de Verano para Jóvenes, que ofrece viajes en autobús ilimitados para jóvenes de 18 años o menos desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto por solo 40 dólares, anunciaron funcionarios.
El pase ofrece acceso a parques, bibliotecas, museos, centros comerciales y otros destinos amigables para los jóvenes en todo el condado de San Mateo, dijeron los funcionarios del condado.
El pase ofrece un ahorro de más de 50 por ciento en comparación con tres pases juveniles mensuales. Su objetivo es ayudar a las familias a mantener a sus hijos activos, conectados y en movimiento de forma segura durante todo el verano, según un comunicado de prensa publicado el miércoles.
“Los padres quieren la tranquilidad de que sus hijos puedan llegar a donde necesitan de forma segura y económica”, afirmó April Chan, directora general y directora ejecutiva de SamTrans. “El Pase de Verano para Jóvenes ofrece a las familias una forma sencilla y económica de garantizar que sus hijos viajen de forma independiente, segura y se mantengan activos en sus comunidades”.
El Pase de Verano para Jóvenes está disponible para su compra en SamTrans.com/SYP, a través de la aplicación móvil SamTrans o en persona en 1250 San Carlos Ave., San Carlos, de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas.
Cabe destacar que este descuento no está disponible en tarjetas Clipper.
Los parques urbanos se han vuelto una parte escencial en el desarrollo de las comunidades, son lugares donde se reunen para platicar y compartir, pero tambien impulsan inciativas comunitarias y trabajor de voluntariado.
Las áreas verdes y los parques urbanos son lugares de descanso y recreación, pero también son espacios esenciales para la conexión y comunicación entre comunidades, donde personas de orígenes diversos interactúan sin importar su ideología política u origen.
Más de la mitad de los estadounidenses afirman haber hablado con alguien que no conocían y que procedía de un entorno social o socioeconómico diferente mientras visitaban un parque, así lo señalaron expertos durante una sesión informtiva realizada por American Community Media (ACoM).
Los datos también muestran que las ciudades con sistemas de parques sólidos tienden a tener mayores tasas de voluntariado, más organización cívica y mayor éxito en el desarrollo de líderes comunitarios.
El índice ParkScore de Trust for Public Land ofrece una evaluación de los sistemas de parques en las 100 ciudades más pobladas de Estados Unidos, y recopila información de organizaciones públicas y privadas para evaluar cada sistema de parques urbanos según cinco categorías: acceso, inversión, servicios, superficie y equidad.
Categorias a considerar
El objetivo del índice ParkScore, es ayudar a los líderes y residentes a promover los recursos necesarios para los parques y proporcionar datos relevantes para fundamentar las iniciativas locales en las mejoras de parques.
El índice ParkScore de Trust for Public Land parques en las 100 ciudades más pobladas de Estados Unidos.
Will Klein, director de investigación de parques de Trust for Public Land, explicó que 4 de cada 5 encuestados, afirmaron que tienen un parque en el que se sienten cómodos y que desean visitar con regularidad, mostrando la importancia de los parques, pues son un lugar donde todos pueden convivir sin importar su ideología política, intereses, raza o estatus económico.
Por otra parte, expresó que el acceso a los parques es fundamental, pues el 76 por ciento de los residentes de las 100 ciudades más pobladas viven a menos de 10 minutos a pie de un parque, frente al 68 por ciento de 2012, lo que indica un considerable aumento en el acceso.
Justin Cutler, comisionado de Parques y Ocio de la ciudad de Atlanta, comentó que, entre sus esfuerzos, ha formado una coalición con las escuelas y otros grupos de trabajo para avanzar en el tema de mejorar el acceso a espacios públicos naturales.
Además de trabajar en la mejora de vías verdes, colaboran con asociaciones que se dedican a plantar árboles y apoyar a personas desplazadas para buscar trabajo o viviendas asequibles.
Cutler agregó que colaboran de diversas formas para apoyar a los ciudadanos y su desarrollo, por ejemplo, en un parque se implementó un sistema de aguas fluviales pues el agua que antes inundaba el parque ahora se junta y es reutilizada, de esta manera se trabaja en diferentes proyectos en conjunto.
Por su parte, Guillermo Rodríguez, director del Trust for Public Land del Estado de California y vicepresidente de la Región del Pacífico, comentó que la ciudad de Los Ángeles ha quedado en el lugar 90 dentro de esta clasificación de los parques.
“Los sistemas de parques en Los Ángeles no han tenido el nivel de atención que se necesita para poder estar a la par con las innovaciones importantes que están sucediendo en el país”, subrayó.
Otro tema importante en el desarrollo de parques es el sistema financiero y el factor de la equidad, pues la mayor parte de los parques están altamente concentrados en los vecindarios con más recursos, por lo que la distribución de los parques no es igualitaria, explicó Rodríguez.
Yvette Lopez Ledesma, integrante del programa Greening America’s Cities de Community Partners, refirió que este programa se centra en asegurarse que las ciudades urbanas tengan la oportunidad de tener espacios para conectar.
Ledesma explicó que la evaluación de necesidades de parques, es un proceso para determinar lo que preocupa y necesita las comunidades en estos lugares de recreación, “esta evaluación es la guía para poder tomar decisiones respecto a los parques”.
“Necesitamos priorizar los parques con los recursos públicos, porque se trata de calidad de vida, que los recursos lleguen a estas áreas de recreación para todos”, finalizó Ledesma.
Harvard demanda a administración Trump y se le concede moción para bloquear orden federal de prohibir recibir estudiantes y maestros extranjeros. Foto: Facebook Harvard
Un juez federal concedió este viernes la solicitud de Harvard de una orden de restricción temporal que bloquea una medida de la administración Trump para revocar la capacidad de la Universidad de inscribir a estudiantes internacionales y patrocinar a académicos internacionales.
El fallo de la jueza de distrito estadounidense Allison D. Burroughs impide al gobierno “implementar, instituir, mantener o dar efecto” a la revocación.
La queja inicial de Harvard sobre el asunto, presentada este viernes temprano, calificó la orden de Trump como “una flagrante violación de la Primera Enmienda, la Cláusula del Debido Proceso y la Ley de Procedimiento Administrativo”.
Las acciones de Harvard se debieron a la reciente escalada de la disputa con la Universidad por parte de la administración Trump. En una carta enviada el jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió que la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad había sido revocada, con efecto inmediato, alegando que la medida se debía al incumplimiento por parte de Harvard de una solicitud gubernamental del 16 de abril que solicitaba registros de estudiantes internacionales.
La carta y el comunicado de prensa adjunto de la secretaria también citaban quejas contra la Universidad que no estaban relacionadas con la participación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Student and Exchange Visitor Program, SEVP), la normativa aplicable ni los estudiantes internacionales de Harvard.
La moción de orden de restricción temporal, presentada poco después de la denuncia principal, buscaba el cese inmediato de la acción del gobierno, argumentando que la revocación causaría un daño irreparable a la Universidad y a sus estudiantes. Menciona el costo humano de no poder patrocinar ni acoger a miles de estudiantes y académicos, cuyas vidas y trabajos se ven gravemente afectados.
La acción de la administración Trump constituye una “represalia manifiesta” y una “medida ejecutiva arbitraria, irracional y unilateral por excelencia”, afirma la moción. “Las consecuencias para los estudiantes de Harvard —todos sus estudiantes— serán devastadoras. Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”.
En un mensaje enviado a la comunidad el viernes por la mañana, el presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que la Universidad, de hecho, ha cumplido con la solicitud en la medida que lo exige la ley. Condenó la orden de Noem y se comprometió a combatirla.
“La revocación continúa una serie de acciones del gobierno para tomar represalias contra Harvard por nuestra negativa a renunciar a nuestra independencia académica y a someternos a la afirmación ilegal de control del gobierno federal sobre nuestro currículo, nuestro cuerpo docente y nuestro estudiantado”, dijo.
“Condenamos esta acción ilegal e injustificada. Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a innumerables personas en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y alcanzar sus sueños”, agregó.
Los estudiantes internacionales de Harvard provienen de más de 140 países y representan aproximadamente una cuarta parte de su alumnado.
En su carta, Noem explicó que la revocación del certificado significa que Harvard no puede acoger a estudiantes o académicos internacionales no inmigrantes con visas F o J para el año académico 2025-26. Esto significa que los estudiantes actuales con esas categorías de visa deben transferirse a otras instituciones para mantener su estatus de visa, escribió.
La orden dejó a investigadores, becarios y estudiantes conmocionados y enojados, y preocupados por las implicaciones para el país y la Universidad.
Garber concluyó su mensaje a la comunidad dirigiéndose directamente a los estudiantes y académicos internacionales: “Ustedes son nuestros compañeros y amigos, nuestros colegas y mentores, nuestros colaboradores en el trabajo de esta gran institución. Gracias a ustedes, sabemos y entendemos más, y nuestro país y nuestro mundo son más iluminados y resilientes. Los apoyaremos mientras hacemos todo lo posible para garantizar que Harvard siga abierto al mundo”.
Luego de completar una investigación que duró meses sobre la queja de la alguacil Corpus contra el ejecutivo del condado Mike Callagy, la Junta de Supervisores del condado votó el jueves para publicar el informe completo.
Luego de completar una investigación que duró meses sobre las quejas realizadas por la sheriff del condado de San Mateo, Christina Corpus, contra un alto funcionario del condado, la Junta de Supervisores del condado votó el jueves para publicar el informe completo.
En septiembre, Corpus escribió una carta a la junta instando a una investigación independiente sobre sus afirmaciones de que el ejecutivo del condado, Mike Callagy, supuestamente abusó de su poder, hizo comentarios inapropiados hacia ella y la trató como a una subordinada.
“Le escribo para llamarle a la acción de inmediato y abordar las represalias, el abuso de poder, la discriminación sexual y las tácticas de intimidación de su empleado, el ejecutivo del condado Mike Callagy”, escribió en la carta.
La junta cumplió con su solicitud y contrató un bufete de abogados externo en enero para evaluar las reclamaciones de Corpus.
La investigación independiente se produce en un momento en que la tensión en el condado sigue siendo alta mientras la Junta de Supervisores se prepara para iniciar un proceso de destitución contra Corpus.
En noviembre pasado, se publicaron los resultados de una investigación de 400 páginas sobre la presunta mala conducta de Corpus, realizada por la jueza jubilada LaDoris Cordell.
El informe, que suscitó acusaciones de represalias e intimidación dentro del liderazgo de Corpus, provocó pedidos de renuncia por parte de la Junta de Supervisores, los concejos municipales locales y los funcionarios electos de la región.
Después de que Corpus se negó a dimitir, la junta recurrió a la celebración de una elección especial en marzo, donde los votantes aprobaron abrumadoramente la Medida A, añadiendo una enmienda a los estatutos que otorga a la junta poder temporal para destituir al sheriff por causas tales como negligencia flagrante de los deberes o violación de la ley relacionada con los deberes de un sheriff.
Durante una reunión especial este jueves, la junta acordó hacer disponible públicamente el informe completo de 166 páginas realizado por Oppenheimer Investigations Group, un equipo de abogados que se especializa en investigaciones en el lugar de trabajo.
Los hallazgos determinaron que todas las acusaciones de Corpus carecían de fundamento, por lo que Callagy quedó exento de las acusaciones, según el informe.
“El informe de la investigación ya está completo”, declaró el fiscal del condado, John Nibbelin, en la reunión extraordinaria. “El investigador no corroboró ninguna acusación que constituya mala conducta por parte del Sr. Callagy”.
La investigación independiente incluyó entrevistas con alrededor de una docena de testigos, incluido el ex subsheriff de Corpus, funcionarios del Departamento de Recursos Humanos del condado y el presidente del sindicato de subsheriffs Carlos Tapia.
La abogada Christina Ro-Connolly del Oppenheimer Investigations Group dirigió la investigación.
Como parte de la investigación, también se solicitó entrevistar a Corpus y al exjefe de gabinete, Víctor Aenlle. Aenlle aparece mencionado en todo el informe Cordell y fue acusado de mantener una relación romántica con Corpus.
El día de su entrevista, programada para la víspera de las elecciones especiales de marzo para la Medida A, el abogado de Corpus, Thomas Mazzucco, la finalizó antes de comenzar. Alegó estrés relacionado con las elecciones especiales y solicitó reprogramarla, según el informe.
En lugar de eso, Corpus terminó proporcionando respuestas escritas a las preguntas de Ro-Connolly.
Una de las acusaciones de Corpus fue que durante una reunión después de ser elegida, Callagy “exigió que revelara con quién estaba saliendo dentro del condado”, dijo Corpus en su respuesta escrita a Ro-Connolly.
“Fue inapropiado que el ejecutivo designado del condado interrogara al sheriff electo sobre su vida romántica”, escribió Corpus. “Sus acciones y comentarios no solo me ofendieron, sino que también me hicieron sentir menospreciado, acosado, avergonzado, conmocionado, desmoralizado, inseguro, discriminado, privado de derechos y humillado”.
Callagy calificó esta acusación a Ro-Connolly como “ridícula” y una “mentira”, pero dijo que le planteó sus preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses debido a los rumores de relación personal de Corpus con Aenlle.
Varias personas informaron a Callagy que Corpus y Aenlle habían viajado juntos a Hawái, según el informe. Corpus confirmó a Callagy que, efectivamente, ella y Aenlle viajaron juntas a Hawái como amigas, afirmó Callagy en el informe.
El informe concluyó que “la preponderancia de la evidencia no respalda la conclusión de que Callagy le ordenó a Corpus que le informara cuándo y con quién había salido dentro del condado”.
También afirmó que Callagy tomó decisiones unilaterales sin la participación de Corpus al negociar horas extras con los sindicatos del sheriff y los servicios de policía para las ciudades que tienen contratos con la Oficina del Sheriff.
“El Sr. Callagy intentó activamente dictar los términos de los acuerdos de servicio policial que eran de mi jurisdicción”, escribió Corpus. “Su interferencia tenía como objetivo socavar mi autoridad y perturbar las negociaciones, algo que nunca hizo con anteriores sheriffs varones”.
Sin embargo, varios testigos entrevistados afirmaron que Corpus efectivamente estuvo involucrado en discusiones sindicales para permitir el doble de horas extras.
El informe incluyó varios correos electrónicos en los que se copiaba a Corpus en relación a negociaciones para duplicar las horas extras y que “Callagy era deferente con Corpus”, según las conclusiones del informe.
Callagy declaró en el informe que el administrador municipal de San Carlos, Jeff Maltbie, lo contactó porque, al parecer, Corpus quería modificar su contrato vigente. San Carlos es una de varias ciudades del condado que contrata a la Oficina del Sheriff para prestar servicios policiales.
Callagy informó a Ro-Connolly que Corpus quería que San Carlos pagara el 100 por ciento del costo de un puesto de capitán para la ciudad, en lugar del 80 por ciento estipulado en el contrato original. Maltbie lo confirmó y afirmó que Callagy intervino para promover la colaboración entre Maltbie y Corpus después de que ambos tuvieran dificultades para llegar a un acuerdo contractual.
Corpus también acusó a Callagy de intentar interferir con el despido del ex asistente del sheriff Ryan Monaghan por parte de Corpus.
“Su negativa a respetar mi autoridad en las decisiones de personal es parte de un patrón más amplio de obstrucción que compromete mi capacidad de liderar eficazmente”, dijo Corpus en su respuesta escrita.
Según un correo electrónico que Callagy envió a Corpus, Callagy intentó pausar el despido de Monaghan por temor a que su despido pudiera ser visto como una represalia ilegal debido a la cooperación de Monaghan en la investigación de Cordell.
“Considero razonable, a la luz de estos hechos, concluir que AS Monaghan sufrió represalias por su participación en la investigación del juez Cordell sobre las quejas relacionadas con su departamento”, escribió Callagy en el correo electrónico. “Esto violaría la ley, incluido el propio Código de Ordenanzas del condado, y podría exponer al condado a un riesgo considerable de litigio”.
Corpus, que se identifica como latina, atribuyó principalmente la discriminación de género y racial como el factor subyacente en el presunto comportamiento de Callagy hacia ella.
“El trato que me dio el Sr. Callagy está plagado de prejuicios”, escribió Corpus. “Su uso de los recursos del condado como arma para controlarme e intimidarme refleja los desafíos más amplios que enfrentan las mujeres, especialmente las mujeres de color, en puestos de liderazgo”.
Muchos testigos declararon que no observaron ni escucharon acusaciones dentro del condado de que Callagy tratara a Corpus de manera diferente debido a su raza o género.
Por ejemplo, la directora de recursos humanos del condado, Rocio Kiryczun, declaró a Ro-Connolly en una entrevista que, como mujer de color, siempre se sintió respetada por Callagy. También señaló que Callagy ha contratado a muchas mujeres para puestos de liderazgo ejecutivo, incluyendo a la subdirectora del condado, Iliana Rodríguez, quien también es mujer de color.
Después de aprobar la publicación del informe de 166 páginas, la Junta de Supervisores también votó por unanimidad para aceptar que la queja de Corpus no tenía mérito y que la queja ya no es relevante.
“La investigación de Oppenheimer ha concluido que el ejecutivo de nuestro condado actuó de manera justa y responsable respecto a las acusaciones del sheriff”, declaró el presidente de la Junta, David Canepa, en un comunicado. “El asunto está cerrado”.
El abogado de Callagy, Jim Hartnett, dijo en una declaración que la investigación desacreditó las afirmaciones de Corpus y que su falta de voluntad para proporcionar una entrevista oral a Ro-Connolly indicaba una falta de credibilidad.
“Aunque la sheriff Corpus solicitó la investigación, en total contradicción con cualquier proceso normal, no solo no se ofreció a testificar bajo juramento, sino que también se negó a comparecer ante un interrogatorio y solo respondió por escrito a las preguntas formuladas”, declaró Hartnett. “En el informe, el investigador concluyó repetidamente que la sheriff no es creíble y que hacía declaraciones generales y generalizadas sin ningún fundamento fáctico”.
A pesar de las conclusiones del informe, Corpus defiende sus acusaciones contra Callagy.
Mantengo mis acusaciones y preocupaciones con respecto a la interferencia del Sr. Callagy en mi capacidad para dirigir la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo como sheriff electo.
En respuesta a las acusaciones, Callagy presentó una denuncia por 10.5 millones de dólares en marzo contra Corpus y Aenlle, argumentando que las acusaciones constituyen difamación y se hicieron con la intención de dañar su reputación.
“Si bien la sheriff Corpus ha podido evitar ser entrevistada, llegará el día en que tendrá que testificar bajo juramento y asumir personalmente las consecuencias de sus declaraciones y conducta”, dijo Hartnett.
La SRE señaló que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, se comunicó personalmente con el embajador Blanco tras el ataque a diplomáticos en Cisjordania para asegurarse que ambos diplomáticos -que resultaron ilesos- se encontraban bien de salud y transmitirles el total respaldo de la Cancillería.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) solicitó a la Embajada de Israel que brinde las aclaraciones sobre el ataque a diplomáticos que se efectuó el día de ayer en Cisjordania.
La cancillería informó que un grupo de diplomáticos de 32 países se encontraba en una visita de campo en Yenín, Cisjordania, entre ellos el titular y el representante alterno de la Oficina de la Representación de México en Palestina, Pedro Blanco Pérez y Julio César Escobedo Flores, respectivamente, cuando soldados israelíes realizaron disparos para amedrentar al grupo.
A través de un mensaje en redes sociales, la SRE señaló que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, se comunicó personalmente con el embajador Blanco para asegurarse que ambos diplomáticos -que resultaron ilesos- se encontraban bien de salud y transmitirles el total respaldo de la Cancillería.
Precisó que el ejército israelí justificó la acción al declarar que la delegación diplomática había invadido una “zona no autorizada”, sin embargo, no se tiene registro de que esto hubiese ocurrido o de que algún oficial se acercara a la delegación para advertir verbal y oportunamente lo anterior.
“Lo ocurrido va en detrimento de lo estipulado en el Art. 29 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que fija la inviolabilidad de las y los agentes diplomáticos. Todos los Estados partes de la citada Convención, e Israel es uno de ellos, están obligados a respetarla”, apuntó la cancillería.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó y condenó la situación durante su conferencia matutina de este jueves desde Palacio Nacional.
Cámaras de velocidad instaladas recientemente en todo San Francisco están capturando un promedio de más de mil conductores por exceso de velocidad cada día. Imagen: Bay City News
By Alise Maripuu. Bay City News. Peninsula 360 Press.
Las cámaras de velocidad instaladas recientemente en todo San Francisco están capturando un promedio de más de mil conductores que exceden el límite de velocidad cada día, según datos publicados por la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco.
La SFMTA inició su programa piloto de cámaras de velocidad en abril, con cámaras instaladas hasta la fecha en 21 puntos de la ciudad. Por ahora, a los conductores que excedan el límite de velocidad en más de 16 km/h solo se les emiten advertencias.
La SFMTA publicó datos que muestran el recuento total de advertencias emitidas, la velocidad promedio de los conductores que viajaron más allá del límite y qué ubicaciones vieron el mayor volumen de advertencias emitidas.
Se reveló que se emitieron más de 31 mil advertencias durante el mes de abril, y la mayoría de los conductores que excedían el límite de velocidad viajaban a un promedio de 11 a 15 mph por encima del límite de velocidad.
Un área en particular, Fulton Street entre Arguello Boulevard y Second Avenue, representó el 44 por ciento del total promedio de infracciones diarias.
Geary Boulevard entre las calles Webster y Buchanan registró el siguiente mayor número de infracciones, incluido un conductor que viajó a 65 mph en la zona de 30 mph.
Los datos también revelaron que la mayoría de las infracciones por exceso de velocidad ocurrieron durante la hora punta de la mañana, entre las 7:00 y las 8:00 horas.
Aunque el programa piloto todavía está en sus primeras etapas, los datos de abril están revelando tendencias importantes en seguridad vial que pueden ayudar a la SFMTA a determinar qué áreas necesitan medidas de seguridad mejoradas, dijo la agencia.
Por ejemplo, la gran cantidad de advertencias emitidas en Fulton Street entre Arguello Boulevard y Second Avenue está impulsando a SFMTA a agregar más señales de límite de velocidad y marcas de límite de velocidad en el pavimento.
Jodie Medeiros es la directora ejecutiva de Walk San Francisco, una organización que aboga por la seguridad peatonal. Aunque espera que las cámaras ayuden a disuadir el exceso de velocidad, quiere que la ciudad redoble sus esfuerzos para promover la seguridad vial.
“Estos datos reflejan nuestra percepción: que el exceso de velocidad peligroso está fuera de control en nuestras calles y representa una amenaza diaria para nuestra seguridad”, declaró en un comunicado publicado por la organización. “La ciudad debe abordar el exceso de velocidad no solo con cámaras de velocidad, sino con todas las herramientas posibles”.
La SFMTA prevé que el resto de las cámaras se activen en 12 ubicaciones adicionales a principios de junio. Una vez activadas todas las cámaras, habrá un período de gracia de 60 días antes de que se empiecen a emitir las multas en agosto.
La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo informó que considerará presentar los resultados de la investigación independiente que encargó en respuesta a las quejas presentadas por la sheriff Christina Corpus contra Michael Callagy, ejecutivo del condado.
La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo informó que tras haber concluido la investigación independiente que encargó en respuesta a las quejas presentadas por la sheriff Christina Corpus contra el ejecutivo del condado, Michael Callagy, considerará este jueves si presenta los resultados de la misma.
La investigación, dijo, fue realizada por un investigador externo e independiente, y será hoy jueves, en una reunión extraordinaria, que votará para da a conocer o no el informe.
La Junta de Supervisores se reunirá hoy jueves 22 de mayo en la Sala de Juntas del 500 County Center, Redwood City.
A través de un breve comunicado, la Junta de Supervisores señaló que no se proporcionarán más comentarios antes de la reunión.
