Fallas en control interno originó que el condado de San Mateo dejara a la intemperie equipo de protección personal y de limpieza excedentes para COVID-19, descubrió una investigación independiente. 

Un informe publicado la tarde de este jueves concluyó que las cajas que contenían equipo de protección, principalmente batas, gafas y protectores faciales de grado no médico, así como artículos de limpieza estaban apiladas a la intemperie, sin un cronograma definitivo sobre cómo se distribuiría finalmente el equipo de seguridad excedente.

Debido a esta falla en los controles, las cajas de cartón que contenían aproximadamente 7.1 millones de dólares en equipo de protección se empaparon durante una tormenta de octubre del 2021 mientras estaban almacenadas en un estacionamiento en el Centro de eventos del condado de San Mateo. 

Si bien el informe del investigador independiente enumera el valor del equipo de protección en 7.5 millones de dólares, desde la conclusión de la investigación, el Condado ha podido confirmar que el número está más cerca de 7.1 millones de dólares, puntualizó el condado en un comunicado.

«Lo que está claro es que esto no debería haber pasado. Lo que está igualmente claro es que estamos tomando las medidas necesarias para asegurarnos de que pondremos controles y equilibrios para que esto nunca vuelva a suceder», dijo Mike Callagy, funcionario ejecutivo del condado. 

Con ese fin, puntualizó, «se contrató a Management Partners, para revisar las mejores prácticas en la industria que se revisarán e implementarán una vez que tengamos esos hallazgos».

Callagy ordenó una exhaustiva indagación por parte de un investigador independiente externo sobre por qué y cómo el equipo de protección fue ignorado bajo la lluvia.

En respuesta, el condado contrató a James Lianides, ex superintendente del Distrito Escolar Secundario Sequoia Union, quien tiene décadas de experiencia en el trato con grandes organizaciones y prácticas de compra. 

Lianides entrevistó a los empleados del condado y al personal del Centro de eventos, revisó documentos y realizó visitas al sitio.

En su informe, Lianides descubrió que meses después de la pandemia, había poca demanda de equipo de protección y suministros de limpieza que no fueran de grado médico comprados por el condado.

Así, el Condado, al carecer de su propio espacio de almacenamiento, había contratado al Event Center para almacenar los suministros sobrantes en su Fiesta Hall a un costo mensual de aproximadamente 100 mil dólares. 

Mientras tanto, «el equipo de protección que se determinó que era más valioso, como máscaras N95 y guantes, se trasladó a Sequoia Hall», según el informe. 

Sequoia Hall, un espacio separado y cubierto del Centro de eventos, «se llenó hasta su capacidad con el equipo de seguridad más valioso y solicitado».

Si bien el Condado es dueño de los terrenos y edificios del Centro de eventos, los alquila a una organización sin fines de lucro gobernada por una junta directiva separada, la que, a su vez, administra el Centro de eventos y cobra a todos los usuarios, incluido el condado, el alquiler por usar las instalaciones.

En el verano de 2021, el condado acordó trasladar los suministros excedentes de Fiesta Hall a un estacionamiento descubierto cercano para dar paso a una conferencia planificada. El personal del condado «exploró si se podía donar el exceso de equipo de protección», pero encontró «poco interés», afirma el informe.

The rains are here

En su informe, Lianides reconoce que la prisa del condado por organizar clínicas de refuerzo y vacunación masiva contra el COVID-19 atascó el sistema de toma de decisiones «mientras otras prioridades más inmediatas tenían prioridad».

Después de considerar primero las cajas como una pérdida total, una revisión posterior encontró que el envoltorio de plástico individual ahorró 128 mil 152 dólares en suministros luego de una inspección y limpieza. 

Desde enero, más de 90 organizaciones sin fines de lucro y otras entidades gubernamentales han recibido algunos de estos suministros de equipo de protección para su uso en bancos de alimentos, residencias de ancianos, grupos de veteranos, iglesias y refugios. 

El resto se ha trasladado a almacenamiento. El condado está trabajando con agencias sin fines de lucro para distribuir los suministros utilizables restantes.

En su conclusión, Lianides recomienda al Condado, entre otras cosas:

• Mantener la centralización del proceso de toma de decisiones a través de una clara delimitación de responsabilidades y rendición de cuentas;
• Mejorar la coordinación y la integración entre los departamentos internos encargados de la planificación y respuesta ante emergencias;
• Brindar al personal del condado capacitación y revisión anuales sobre las reglamentaciones federales y estatales relacionadas con el manejo de emergencias;
• Asegurarse de que el proceso para tomar decisiones importantes en una situación de emergencia aborde todas las posibles consecuencias de las acciones tomadas; y,
• Contratar a un experto en almacenamiento, seguimiento y distribución y adquiera herramientas y software de seguimiento.

«El condado de San Mateo fue líder durante la pandemia, pero deberíamos haberlo hecho mejor aquí. Aprenderemos de esto para asegurarnos de que nunca volverá a suceder», puntualizó Callagy. 

«La pandemia de COVID-19 ha causado y continúa causando dolor a tantas personas. Todos los empleados del condado, independientemente de sus roles, también son trabajadores de servicios de desastres y han servido a su comunidad lo mejor que han podido durante estos tiempos difíciles. Tuvimos una falla en el sistema, y ​​ese sistema se arreglará», agregó.

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This Monday, the governor Gavin Newsom tomó juramento a Patricia Guerrero como jueza de la Corte Suprema de California, con lo cual se ha convertido en la primera mujer latina en ocupar este cargo. 

Criada en el Valle Imperial por padres inmigrantes de México, Patricia Guerrero se ha desempeñado como juez asociado en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito, División Uno desde 2017 y tiene una amplia experiencia como jueza de primera instancia, socio de una importante firma de abogados y Asistente del Fiscal de Estados Unidos.

Con toda esta experiencia, su nominación a la corte fue confirmada por unanimidad por la Comisión de Nombramientos Judiciales la semana pasada.

El gobernador tomó juramento a la jueza Guerrero en Sacramento en una ceremonia a la que asistieron la primera socia, Jennifer Siebel Newsom; la jueza presidenta Tani Gorre Cantil-Sakauye; el juez asociado de la Corte Suprema de California, Martin Jenkins, la jueza asociada de la Corte Suprema, Carol Corrigan; la jueza Judith McConnell, del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito y otros miembros del poder judicial, legisladores y el padre de la juez Guerrero, Jorge, su hermana Claudia, su esposo Joe y sus hijos Anthony y Christopher.

«Este es un día de orgullo para todos los californianos», dijo el gobernador Newsom. 

«Una californiana de primera generación e hija del Valle Imperial, el extraordinario ascenso de la jueza Guerrero para servir como la primera jueza latina en el tribunal más alto de nuestro estado no solo es un logro personal increíble, es un ejemplo inspirador de la promesa perdurable de California de que cualquier sueño sea ​​posible, sin importar quién seas o de dónde vengas», agregó. 

Explicó que la brillantez, la integridad, la ética de trabajo y los valiosos conocimientos de la jueza Guerrero «harán una contribución invaluable a la corte. Confío en que la jueza Guerrero continuará el trabajo de su vida para defender nuestros derechos y libertades fundamentales y promover la igualdad de justicia y oportunidades para todos los californianos».

For her part, the judge said she was honored to hold this position on the California Supreme Court.

«Estoy aquí por el coraje, sacrificio y dedicación de mis padres y mis abuelos quienes, como tantos otros, llegaron a este país con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Espero que mi viaje aliente a la próxima generación de líderes a perseguir sus sueños, y espero aprovechar esta oportunidad para defender el estado de derecho y trabajar para garantizar la igualdad de justicia ante la ley para todos los californianos», subrayó la jueza Guerrero, quien reemplaza a Mariano-Florentino Cuéllar.

«Su nombramiento es un testimonio no sólo de su extraordinaria carrera judicial, sino también de su devoción y compromiso con los ciudadanos de California y su acceso a la justicia», escribió Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Corte Suprema de Estados Unidos, en una carta a la jueza Guerrero. 

«Su nombramiento es un recordatorio importante de lo lejos que hemos llegado y también de lo mucho que nos queda por recorrer. Sé que enorgullecerá a nuestro país.»

«Para ser la primera latina en la Corte Suprema de California y hacer historia, es claro que uno debe tener una historia de vida excepcional. La jueza Patricia Guerrero ya está inspirando a las jóvenes latinas a fijar sus miras más alto y creer que pueden ser lo que quieran ser», precisó en su momento la jueza de la Corte Superior del Condado de Orange, Elizabeth G. Macias. 

Guerrero ha contribuido con muchas horas de trabajo pro bono, incluso como miembro de la Junta Asesora del Proyecto de Justicia de Inmigración, para promover el debido proceso y el acceso a la justicia en todos los niveles del sistema de tribunales de inmigración y apelaciones. 

A su vez, ha ayudado a clientes de forma pro bono en asuntos de inmigración, incluidas las solicitudes de asilo y la protección de familias vulnerables al litigar el cumplimiento de las leyes de vivienda justa.

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La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo prometió 1 millón de dólares para mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas a quienes se les prohíbe poseerlas.

Tal es el caso de los condenados por un delito grave o sujetos a una orden de restricción por violencia doméstica o en el lugar de trabajo.

El anuncio, que se dio este martes, también detalla que la Junta comprometió 4 millones de dólares para terminar a fin de año con la falta de vivienda. 

Los fondos subsidiarán el alquiler y brindarán servicios en el lugar para garantizar que las personas y las familias con bajos ingresos puedan permanecer en sus hogares, destacó el condado.

Funding for both efforts comes from Measure K, a voter-approved half-cent sales tax that seeks to provide funds for local needs.

En cuanto a la preocupación por mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas que tienen prohibido poseerlas ha aumentado luego de los recientes tiroteos masivos en Sacramento y San José.

En un foro sobre la prevención de la violencia armada, organizado por el presidente de la junta, Don Horsley, y el vicepresidente, Dave Pine, en asociación con el Giffords Law Center, y con la presencia de Rob Bonta, fiscal general del estado, el discurso se centró en mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas sujetas a violencia doméstica y otras órdenes de restricción o condenadas, así como de aquellos pendientes de juicio por delitos graves.

«Este es un problema de seguridad razonable y bien respaldado, y estoy agradecido con mis compañeros miembros de la Junta por apoyar su financiamiento a través del dinero de la Medida K», dijo Horsley.

«La presencia del fiscal general de California fue sumamente útil para impulsar el perfil de los esfuerzos del condado, lo que dio como resultado la financiación y la implementación de remedios cuidadosamente pensados ​​para los difíciles problemas que presenta el uso de armas prohibidas», abundó.

Por su parte, Pine refirió que cuando alguien es condenado por un delito grave o está sujeto a ciertas órdenes de restricción, existen una serie de políticas y leyes que permiten a las fuerzas del orden garantizar que los propietarios entreguen sus armas de fuego.

Cabe destacar que California tiene leyes que brindan a las autoridades estatales y locales los medios legales para retirar las armas de fuego de las personas que han perdido la capacidad de poseerlas legalmente debido a delitos violentos, enfermedades mentales graves, órdenes de restricción activas y otras causas.

«Este financiamiento aprobado por la Junta ayudará a nuestros oficiales locales encargados de hacer cumplir la ley a hacer lograrlo en lo que puede ser una misión larga y peligrosa para sacar las armas de las manos de estas personas», explicó Mike Callagy, administrador del condado.

El voto de 5-0 de la Junta para ambas iniciativas de financiamiento se produjo durante la aprobación del presupuesto de los fondos de la Medida K para el año fiscal 2022-23.

Por otra parte, los 4 millones de dólares para subsidios de alquiler y servicios de apoyo ayudarán a garantizar que las personas y las familias más necesitadas puedan continuar viviendo en lugares asequibles con el apoyo que necesitan.

«Estoy orgulloso de que nuestra Junta haya continuado con la asistencia financiera para los vales de vivienda, lo que hace posible que el condado de San Mateo continúe con su buen trabajo para ayudar a algunos de los residentes más vulnerables», expresó Horsley.

El programa de subsidio de alquiler que utiliza fondos locales se basará en los programas estatales y federales actuales que proporcionan la diferencia entre el alquiler mensual y el 30 por ciento de los ingresos mensuales de un hogar.

Se espera que los 3 millones de dólares proporcionen un subsidio de alquiler local para 100 unidades de vivienda ‒a un costo de 2 mil 500 dólares por mes para 100 unidades‒ durante un año, mientras que 1 millón de dólares se destinará a la gestión de casos y otros servicios.

El condado se ha fijado el objetivo de lograr el «desamparo funcional cero» para fin de año. 

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From tacos to churros, there has been a recent boom in local street vendor stands. Beyond the sweet smells and hospitality of those who tend them, stories emerge about the danger and complexity of selling food on the sidewalk.

Recently, the number of stands and trucks has increased in several Southern California counties. For many vendors, this is a result of competition and the need to expand to different locations and to face the many fears of street vending, such as city penalties, and competition among themselves.

The popularity of street vendors grew exponentially in Los Angeles last summer, thanks to TikTok. A real food-selling paradise emerged in Lincoln Heights, which was shut down by city authorities in August. This is nothing new in California.

In Riverside, vendors show up almost every night fearing they will be out of work. Valente, who specializes in tacos, said he wants to avoid any conflict with city officials, as business has already been affected by the pandemic. He and his colleagues commute Tuesday through Sunday from South Central Los Angeles to Riverside, as the growth of taco stands in Los Angeles has forced them to branch out into neighboring counties to make ends meet.

“With the pandemic, the truth is that every day it has been more difficult,” said Valente. “There is more competition and less work for us, but we are still here trying to keep selling. It is the necessity of everyday life. If we don’t get out of there, there is nothing either. There is a lot of competition, and we try to stand out.”

For many, street vending is their main source of income, but the fear of being fined looms over them every day. 

Valente says that in Anaheim he was approached by police officers for not having a permit. They threw away all the food that was going to be sold that day.

“(The city) will take your stuff,” Valente said. “That’s the fear more than anything. In Anaheim, it happened. We lose everything. We lose our profit day.”

These issues for vendors are a recurring theme. Fontana, just a few cities away from Riverside, has been faced with a new ordinance: last month's update to Municipal Code Amendment No. 22-001, in a 4-1 City Council vote, which will give all city employees the authority to enforce Environmental Health Department regulations on street vendors in Fontana. 

Many said that obtaining a permit is nearly impossible because most do not qualify to apply for assistance or permits.

Some have criticized the ordinance as a way to further target them, without looking for a way for them to obtain permits to set up shop legally. At a city council meeting on January 25, several street vendors, community members and organizations such as the ACLU and CCAEJ spoke out against the ordinance.

“I am surprised that the most important stakeholders are not included when initiatives like this are brought forward,” Ana Gonzalez said at the city council meeting. “I urge the city council to table this issue or just get rid of it altogether because as our colleagues have said, the ACLU and other attorneys agree with us that this is a very discriminatory ordinance.” 

As of 2022, California allows street food vending with a permit. On February 10, California Senator Lena Gonzalez introduced Senate Bill 972 which supports California's mobile food vendors and removes barriers, making permits more accessible to the community.

“These workers, however, have not had access to the documents they need to be able to work and support their families,” Gonzalez said. “This is due to California Retail Food Code policies that make it difficult for them to access local permit systems.”

Senate Bill 972 will likely make these licenses more available to street vendors and ensure more hygienic and safe food preparation.

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