El legendario Circo Familiar Italiano Zoppé regresa a Redwood City del 1 al 30 de noviembre, con funciones matinales, vespertinas y presentaciones especiales durante las vacaciones, siendo esta la decimoctava edición del evento en la ciudad. Foto: Redwood City Events.
El legendario Circo Familiar Italiano Zoppé regresa a Redwood City del 1 al 30 de noviembre, con funciones matinales, vespertinas y presentaciones especiales durante las vacaciones, siendo esta la decimoctava edición del evento en la ciudad.
La cita será, como ya es tradición, en el estacionamiento de la Biblioteca Principal, ubicada en el 1044 de Middlefield Road, bajo una acogedora carpa de 500 asientos. La tickets sale inicia este 3 de octubre al mediodía.
Con más de 180 años de historia, el circo Zoppé cautiva al público con un formato de una sola pista, inspirado en la tradición italiana del Viejo Mundo. Bajo la dirección de Giovanni Zoppé, quien encarna al entrañable Nino el Payaso, el espectáculo ofrece una narrativa central que combina acrobacias, actos ecuestres, trapecistas, payasos y gran interacción con el público.
Con más de 180 años de historia, el circo Zoppé cautiva al público con un formato de una sola pista, inspirado en la tradición italiana del Viejo Mundo.
El maestro de ceremonias Patrick McGuire guiará esta experiencia que promete risas, asombro y emoción.
“Reirán, llorarán y se sentirán identificados con los personajes. Es más un evento que un espectáculo”, aseguró Giovanni Zoppé, cuya dedicación ha mantenido vivo este legado familiar.
El Circo Zoppé fue fundado hace más de un siglo y medio en Venecia por Napoleone Zoppé y Ermenglida, un artista circense y una bailarina cuya historia de amor dio origen a la tradición.
Desde entonces, la familia ha llevado su espectáculo a toda Europa y Estados Unidos, donde el bisnieto de Napoleone, Alberto Zoppé, consolidó su prestigio trabajando con figuras como Orson Welles y participando en la cinta ganadora del Óscar El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille.
Actualmente, la familia continúa con la tradición: los hijos de Giovanni, Julien Veneto Zoppé e Illario, participan en las funciones, reafirmando un linaje que se transmite de generación en generación.
Redwood City ocupa un lugar especial en esta historia, fue allí donde Julien debutó con tan solo seis días de nacido y donde su abuelo Alberto ofreció su última función.
El Circo Zoppé se ha convertido en una tradición anual en la ciudad, atrayendo a familias enteras que buscan una experiencia distinta, íntima y cargada de emociones. Con dos horas de espectáculo, el público vivirá desde el estruendo de los cascos de caballos hasta la audacia de los trapecistas y, por supuesto, las travesuras de Nino el Payaso.
La familia Zoppé promete que todos los asistentes saldrán con “una sonrisa, un corazón cálido y una historia para contar”.
Demandan a la administración de Trump, por retener fondos federales previamente autorizados por el Congreso, esta vez buscando desbloquear dinero para servicios de emergencia distribuidos a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Más de una docena de jurisdicciones del Área de la Bahía están demandando nuevamente a la administración del presidente Donald Trump por retener fondos federales previamente autorizados por el Congreso, esta vez buscando desbloquear dinero para servicios de emergencia distribuidos a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
La demanda civil presentada el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California tiene como objetivo obligar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a desembolsar 350 millones de dólares en fondos que fueron asignados para la lucha contra incendios locales, preparación para terremotos e inundaciones, seguridad portuaria y de transporte, respuesta al terrorismo y otros programas relacionados con emergencias.
Se le unieron un total de 29 jurisdicciones en California, Arizona y Washington, incluidas cuatro jurisdicciones en el condado de Sonoma.
El abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, anunció el litigio en una conferencia de prensa en San José el miércoles junto con los abogados de la ciudad de San Francisco, San José y Oakland.
Otras jurisdicciones del Área de la Bahía que se adhirieron a la demanda civil incluyen las ciudades de Alameda, Berkeley, Palo Alto, Petaluma y Santa Rosa, así como los condados de Marin, San Mateo y Sonoma. La Comisión de Desarrollo Comunitario de Sonoma, la Agencia de Agua del Condado de Sonoma y el Distrito de Saneamiento del Condado de Sonoma también se unieron a la demanda.
La administración ha exigido el fin de los programas que incorporan consideraciones de diversidad, equidad e inclusión, políticas conocidas como iniciativas DEI, en las prácticas de empleo, y ha buscado condicionar la liberación del dinero al acuerdo de poner fin a dichos programas, así como a cooperar más con la aplicación de las leyes de inmigración.
“Los gobiernos locales no deberían tener que pasar una prueba de fuego política para poder cuidar de sus comunidades”, dijo LoPresti durante la conferencia de prensa afuera del Centro de Gobierno del Condado de Santa Clara en Hedding Street, que también se transmitió en la página de Facebook del condado.
Algunos de los fondos otorgados en el Área de la Bahía que han sido retenidos incluyen 3 millones de dólares para la prevención del terrorismo en el transporte público en San Francisco, 23 millones para la prevención de inundaciones en el Condado de Marin que afectan a 4 mil residentes y 3.6 millones de dólares para el Condado de Santa Clara que se utilizarán para el terrorismo y la mitigación de desastres, según la oficina del fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu.
“En pocas palabras, amenazar esta financiación pone en riesgo vidas reales”, afirmó Chiu.
Aproximadamente el 43 por ciento del presupuesto para gestión de emergencias del condado de Santa Clara se financia con subvenciones federales de FEMA. El condado será sede del Super Bowl en febrero y de la Copa Mundial de la FIFA el próximo verano.
La fiscal de la ciudad de San José, Nora Frimann, también señaló que había alrededor de 10 mil direcciones residenciales en zonas designadas para incendios forestales en San José y que el área es una de las más activas sísmicamente en la nación y dijo que la financiación federal era fundamental para reducir los riesgos de esas amenazas.
Sylvia Arenas, representante del Distrito 1 y vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara, afirmó que el condado tendría que retirar fondos de otros recursos esenciales para compensar la pérdida de fondos. Acusó a la administración de “priorizar la política sobre la vida de las personas”.
Arenas dijo que varios proyectos de gestión de emergencias podrían retrasarse o cancelarse.
Las subvenciones se otorgan a través de una variedad de programas específicos financiados por el Congreso que el DHS está obligado a pagar una vez que se aprueban las solicitudes, incluido el Programa de subvenciones para el desempeño de la gestión de emergencias, el Programa de subvenciones de seguridad nacional, la Iniciativa de seguridad de áreas urbanas, el Programa de subvenciones de seguridad en tránsito, el Programa de personal para una respuesta adecuada a incendios y emergencias (SAFER), la subvención de asistencia a los bomberos, las subvenciones para la prevención y seguridad de incendios, el Programa de subvenciones de seguridad portuaria, el programa de seguridad de las ciudades y el Sistema nacional de respuesta de búsqueda y rescate urbano.
Jill Habig, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de derechos legales Public Rights Project, dijo en la conferencia de prensa que la administración estaba reteniendo fondos críticos para fines políticos.
“La administración Trump está utilizando el dinero de los contribuyentes como arma para obtener represalias políticas. Esto no solo es inconstitucional. Es peligroso”, afirmó Jill Habig, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Públicos.
Además de intentar lograr que las jurisdicciones pongan fin a las políticas DEI, el DHS también ha condicionado la liberación del dinero al cumplimiento de cualquier posible orden ejecutiva futura, algo que LoPresti también dijo que no era legal y que no se aceptaría.
Al igual que demandas anteriores que involucran a San Francisco y al condado de Santa Clara contra el intento de la administración Trump de retener subvenciones federales, la denuncia argumenta que el poder ejecutivo no puede dejar de pagar el dinero asignado por el Congreso, no puede establecer condiciones adicionales que originalmente se incluyeron en la legislación que autorizaba el dinero y no puede usar criterios “caprichosos” o arbitrarios para apuntar a jurisdicciones o retener fondos.
Ley en California protege a trabajadores agrícolas migrantes que llegan cada año al estado bajo el programa de visas H-2A, luego de que el gobernador Gavin Newsom firmara la ley AB 1362. Foto: Manuel Ortiz.
California dio un paso histórico al convertirse en el primer estado de Estados Unidos en regular a los reclutadores de mano de obra extranjera, luego de que el gobernador Gavin Newsom firmara la ley AB 1362.
La norma, impulsada por el asambleísta Ash Kalra, busca cerrar las brechas legales que han permitido por décadas el abuso y la explotación de miles de jornaleros agrícolas migrantes que llegan cada año al estado bajo el programa de visas H-2A.
Aunque la ley federal ya prohíbe que se cobre a los trabajadores cuotas ilegales o que se les engañe respecto a las condiciones de trabajo, lo cierto es que los reclutadores que operan en el extranjero han enfrentado prácticamente nula supervisión. En la práctica, esto ha derivado en fraudes, endeudamiento forzado y casos de trata laboral.
“Estamos cerrando un vacío de más de diez años en la protección de derechos laborales. Con AB 1362 se genera por primera vez un sistema de supervisión real sobre los reclutadores, obligándolos a registrarse y a presentar una fianza que garantice el cumplimiento de la ley”, explicó Ash Kalra, autor de la iniciativa.
La ley, que entra en vigor a partir de 2026, protegerá directamente a entre 40 mil y 50 mil trabajadores agrícolas reclutados anualmente en California. Además, ofrece a los empleadores una lista confiable de reclutadores verificados, generando certidumbre en la contratación y evitando que empresas legítimas compitan en desventaja con aquellas que se benefician de prácticas ilegales.
En el anuncio realizado este 2 de octubre en los escalones del Capitolio estatal, en Sacramento, sobrevivientes de abusos laborales, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y representantes empresariales celebraron la aprobación de la ley.
“Este es un paso histórico: estamos protegiendo tanto a los trabajadores como a las empresas que actúan de manera ética”, afirmó Joe Martínez, director ejecutivo de CIERTO, una organización que promueve prácticas justas en el reclutamiento de trabajadores agrícolas.
Por su parte, Kanti Salgadu, sobreviviente y líder comunitaria, relató que los abusos por parte de reclutadores son más comunes de lo que se cree.
“Nos decían que tendríamos un salario justo y condiciones dignas, pero al llegar descubrimos que era mentira. Esta ley significa que otros no tendrán que pasar por lo mismo”, destacó.
El contexto político también añade relevancia, pues en años recientes, la administración Trump impulsó recortes a las protecciones federales para trabajadores agrícolas e inmigrantes, debilitando los mecanismos de defensa en casos de abuso.
En contraste, California se posiciona como un estado que no solo resiste ese retroceso, sino que propone un modelo innovador para combatir la trata laboral y garantizar condiciones dignas.
“Este esfuerzo coloca a California a la vanguardia nacional. Es un modelo que puede ser replicado en otros estados e incluso en otros sectores que enfrentan abusos similares”, señaló Aradhana Tiwari, asesora senior del Sunita Jain Anti-Trafficking Initiative.
Sin embargo, los defensores coincidieron en que aún falta mucho por hacer. La nueva ley se limita a los trabajadores contratados bajo el programa H-2A, mientras que cerca de 300 mil trabajadores temporales en California con otros tipos de visas continúan sin estas protecciones.
“AB 1362 es un avance significativo, pero no podemos detenernos aquí. La meta es garantizar que ningún trabajador migrante, sin importar la visa con la que llegue, quede expuesto a prácticas abusivas”, enfatizó Tiwari.
El impacto esperado es amplio, ya que, además de proteger a decenas de miles de jornaleros, la ley genera un precedente en la lucha contra la trata laboral y fortalece el papel de California como pionero en derechos laborales.
Con un sistema que combina registro, supervisión y sanciones, AB 1362 ofrece un modelo que protege tanto a trabajadores como a empleadores responsables, y refuerza la imagen del estado como un bastión de justicia social en medio de un contexto nacional adverso.
“En un país donde los trabajadores agrícolas son esenciales para nuestra seguridad alimentaria, pero históricamente han sido invisibilizados y vulnerados, esta ley es un reconocimiento a su dignidad y una herramienta para garantizar que la explotación no sea parte del sistema”, concluyó Kalra.
This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.
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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California.
Cristina Rivera Garza, reconocida por su estilo transgresor y su mirada crítica sobre la violencia y la memoria, se perfila como una de las escritoras favoritas para obtener el Premio Nobel de Literatura 2025, según diversas casas de apuestas y especialistas en el ámbito literario internacional.
Rivera Garza, originaria de Matamoros, Tamaulipas, es autora de obras emblemáticas como Nadie me verá llorar (1999), Liliana's invincible summer (2021) y Dolerse: textos desde un país herido (2011). Su obra ha sido celebrada por abordar temas como el feminicidio, el duelo, la migración y la resistencia, con una voz que combina la fuerza poética con el rigor crítico.
En 2023 se convirtió en la primera escritora mexicana en ganar el Premio Pulitzer, en la categoría de Memorias y Autobiografía, por Liliana's invincible summer, un libro que rescata la historia de su hermana asesinada en 1990 víctima de feminicidio. Ese reconocimiento internacional consolidó su figura como una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en español.
El Nobel de Literatura, que será anunciado el próximo 9 de octubre en Estocolmo, ha sido históricamente esquivo para América Latina en las últimas décadas, el último galardonado de la región fue el peruano Mario Vargas Llosa en 2010.
De obtenerlo, Rivera Garza sería la primera mexicana en lograrlo y la quinta persona de habla hispana en recibirlo en el último medio siglo.
Especialistas han señalado que su candidatura responde no solo al reconocimiento de su obra, sino al creciente interés de la Academia Sueca por voces literarias que visibilicen problemáticas sociales y de género.
Como escribió The New York Times al reseñar su Pulitzer, su trabajo “es tanto una memoria personal como una acusación contra la impunidad y la violencia feminicida en México”.
Con una trayectoria que combina la docencia universitaria en Estados Unidos, la escritura de narrativa y ensayo, así como la fundación del PhD en Escritura Creativa en Español en la Universidad de Houston, Rivera Garza ha abierto caminos para nuevas generaciones de escritores latinoamericanos.
Mientras crece la expectativa por el anuncio, el nombre de Cristina Rivera Garza ya simboliza una posibilidad: la de que América Latina, y particularmente México, vuelva a brillar en el escenario literario mundial con el reconocimiento más prestigioso de las letras.
El Consulado General de México en San Francisco anunció el inicio de la XXV Semana Binacional de Salud.
The Consulate General of Mexico in San Francisco anunció el inicio de la XXV Semana Binacional de Salud (SBS), que se llevará a cabo del 1 al 31 de octubre de 2025 en distintos condados de su circunscripción consular.
La Semana Binacional de Salud es una iniciativa anual organizada por el Gobierno de México, a través del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IME) y la red consular, con el objetivo de acercar servicios preventivos y de promoción de la salud a la comunidad latina —en particular a la mexicana— en Estados Unidos y Canadá.
En esta edición, el consulado y sus aliados locales desarrollarán más de 90 actividades gratuitas, entre ellas talleres presenciales y virtuales, foros educativos, actividades físicas, mesas informativas, vacunación, pruebas de detección, apoyo en la inscripción a seguros médicos y atención básica.
El esfuerzo colectivo cuenta con la colaboración de más de 35 agencias y organizaciones comunitarias, además de la labor fundamental de la Ventanilla de Salud (VDS), un programa clave que ofrece orientación, recursos de salud preventiva y acompañamiento a miles de familias migrantes.
“El Consulado General de México en San Francisco reafirma su compromiso de acercar servicios y programas que fortalecen el bienestar integral de nuestra comunidad. Gracias al apoyo del IME, de la Ventanilla de Salud y de más de 35 organizaciones, este esfuerzo nos permite brindar herramientas de prevención y cuidado a miles de connacionales y sus familias”, destacó el cónsul general Marco A. Mena.
La Semana Binacional de Salud se ha consolidado como la principal iniciativa comunitaria en materia de salud pública en la región, fortaleciendo la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá, y refrendando el compromiso de mejorar la calidad de vida de la comunidad migrante.
A un año de haber asumido la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum alcanza 80% de aprobación, de acuerdo con un estudio publicado por El País. Foto: Gobierno de México.
A un año de haber asumido la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum registra un índice histórico de aprobación del 80 por ciento, de acuerdo con un estudio publicado por The Country. La cifra no solo supera los estándares de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, sino que la coloca como una de las mandatarias mejor evaluadas en la historia reciente del país.
El análisis atribuye este respaldo a varios factores: la continuidad del proyecto político que la llevó al poder, pero con la incorporación de un estilo personal; la simpatía que despierta incluso en sectores opositores; la fortaleza de su gabinete; y el peso simbólico de su papel como la primera mujer en la presidencia de México.
El País destacó que Sheinbaum no solo ganó la elección de 2024 con la votación más alta de la historia, sino que hoy registra cinco puntos más de aprobación que López Obrador al mismo periodo de su mandato. Además, lo hace con un efecto adicional: ha reducido la polarización y fortalecido a Morena, que pasó de tener una afinidad partidista del 25 por ciento en 2018 a 45 por ciento en 2025, con una opinión positiva del 62 por ciento de la ciudadanía.
“Sheinbaum es una presidenta aprobada hasta por la oposición”, afirmó el medio, recordando que en 2024 no ganó únicamente con el voto duro de Morena, sino que se impuso en todos los estados, con el respaldo de sectores opositores que hoy también aprueban su gestión.
En cuanto al modelo de continuidad, el estudio señaló que la presidenta optó por mantener lo que funcionaba en la administración anterior: los programas sociales, las conferencias matutinas y la bandera de la austeridad republicana. Sin embargo, ha marcado diferencias en temas clave como la estrategia de seguridad, el abasto de medicamentos y la agenda de género.
El factor de género se considera esencial en esta aprobación histórica: a diferencia de López Obrador, cuya mejor evaluación provenía de los hombres, Sheinbaum ha logrado revertir ese patrón.
Según El País, ocho de cada diez ciudadanos reconocen avances en los derechos de las mujeres bajo su gobierno, lo que refuerza su legitimidad en un terreno históricamente adverso.
La evaluación positiva también se extiende a su equipo de gobierno, pues el gabinete federal cuenta con perfiles que han alcanzado índices inéditos de reconocimiento ciudadano. Destacan el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con una opinión positiva del 77 por ciento y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con 67 por ciento.
En comparación con López Obrador, Sheinbaum mantiene niveles altos tanto en aprobación personal como gubernamental.
El 78 por ciento de la ciudadanía aprueba sus acciones para fortalecer la democracia y la participación ciudadana, mientras que el 77 por ciento avala los avances en reducción de pobreza y desigualdad.
Además, el 76 por ciento reconoce el crecimiento económico, el 68 por ciento aprueba el combate a la corrupción, el 64 por ciento respalda las medidas en seguridad y el 63 por ciento califica positivamente su estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Incluso en política exterior, un ámbito complejo para México, Sheinbaum ha logrado ganar respeto. El País subraya que, hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —poco dado a elogiar mandatarios y menos a mujeres—, ha mostrado deferencia hacia ella, lo que refuerza la percepción de estabilidad en la relación bilateral.
Con un respaldo que combina continuidad, cambios estratégicos y una legitimidad inédita, Claudia Sheinbaum arranca el segundo año de su gobierno con niveles de aprobación históricos y con el reto de sostener ese apoyo en medio de los desafíos nacionales.
A partir del 1 de enero de 2026, el Condado de San Mateo elevará el salario mínimo en las zonas no incorporadas a 17.95 dólares por hora. Foto: archivo P360P
A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en las zonas no incorporadas del the San Mateo County Board of Supervisors aumentará a 17.95 dólares por hora, un incremento de 49 centavos respecto al salario vigente en 2025.
La medida beneficiará a todos los empleados que trabajen al menos dos horas a la semana dentro de los límites geográficos de las áreas no incorporadas, sin importar su estatus migratorio, con pocas excepciones.
El salario mínimo en estas áreas se estableció por primera vez en noviembre de 2022, cuando la Junta de Supervisores reconoció la difícil situación de los trabajadores con bajos ingresos en una de las regiones más caras de Estados Unidos. La norma entró en vigor en abril de 2023 y desde entonces se ajusta anualmente conforme al índice de precios al consumidor.
Las comunidades beneficiadas incluyen North Fair Oaks —donde se ubica el concurrido corredor de Middlefield Road—, tierras agrícolas desde el sur de Pacifica hasta Pescadero, Broadmoor Village en el norte del condado, así como otros distritos no incorporados.
El Office of Labor Standards and Enforcement (OLSE), creado en julio de 2025, es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la ley, el cual además de investigar denuncias, realiza actividades de educación y sensibilización para trabajadores y empleadores, e incluso inspecciones aleatorias para verificar que las empresas cumplan con la normativa.
Los trabajadores que sospechen que no reciben el pago mínimo pueden presentar denuncias de manera confidencial y en cualquier idioma, ya sea llamando al 866-870-7726, escribiendo a olse@smcgov.org, o llenando un formulario en línea.
El OLSE también brinda asistencia a empleadores mediante herramientas de orientación, entre ellas la Labor Advice Hotline, una línea gratuita y confidencial atendida por abogados de la organización sin fines de lucro Step Forward Foundation.
Para resolver dudas sobre sus obligaciones legales, las empresas pueden llamar al 866-870-7725.
Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., California mantiene uno de los niveles más altos de salario mínimo en el país, ajustándose continuamente al costo de vida de sus comunidades.
El evento Veterans Stand Down, reunió a decenas de exmilitares que acudieron en busca de atención médica, orientación laboral, apoyo para la salud mental y otros servicios. Foto: Condado de San Mateo.
El evento Veterans Stand Down, realizado en el Centro del San Mateo County, reunió a decenas de exmilitares que acudieron en busca de atención médica, orientación laboral, apoyo para la salud mental y, sobre todo, la oportunidad de conectar con otros compañeros de servicio.
Entre ellos estuvo Luis Romero, veterano de la Guardia Costera, quien recorrió las mesas y módulos conversando con trabajadores sociales y otros asistentes.
“Decidí venir al Área de la Bahía, reconectarme con muchos de mis compañeros y también trabajar en mi salud mental”, comentó.
Los Stand Downs, organizados por el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) en colaboración con autoridades locales, siguen el modelo militar de retirar a las tropas del campo para reagruparse y, en esta edición, la Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de San Mateo ofreció en un solo espacio servicios que de otro modo estarían dispersos en distintas agencias: exámenes médicos, apoyo en vivienda, asesoría educativa y orientación laboral.
“Ampliar el acceso es la clave”, señaló Mario Ramírez, del equipo médico móvil del VA en Palo Alto. “Muchos veteranos ni siquiera saben que son elegibles para la atención médica del VA. Podemos inscribirlos aquí mismo y comenzar el tratamiento”.
El oficial de servicios para veteranos del condado, Ed Kiryczun, explicó que el objetivo es que cada persona se lleve algo concreto: una cita médica, una tarjeta de identificación de salud, un nuevo contacto para llamar o incluso un almuerzo preparado en el lugar.
En el evento, el veterano y artista Colin Hoffman presentó una obra alusiva a los 22 suicidios diarios de veteranos en el país: “He perdido a gente, y yo mismo he estado cerca de ello. Pero lo vivo, y quiero que otros veteranos lo vivan también”, expresó.
Para la enfermera practicante Doral Gonzales, con más de dos décadas de servicio en el Ejército y hoy parte del VA de Palo Alto, este Stand Down fue uno de sus últimos antes de jubilarse. “Vamos a donde están los veteranos, no solo adonde están los hospitales. Es la única manera de llegar a ellos”, afirmó.
Aunque el Stand Down es un evento puntual, la Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de San Mateo ofrece durante todo el año ayuda para solicitar atención médica y compensaciones, acceso a educación y empleo, apoyo en vivienda y alimentación, así como asesoría en salud mental y beneficios para sobrevivientes.
El fiscal general de California, Rob Bonta, codirigió una coalición en la que emitieron una declaración conjunta en defensa del acceso a la mifepristona, un medicamento utilizado en abortos tempranos y en el manejo de abortos espontáneos.
California Attorney General, Rob Bonta, codirigió este lunes una coalición de 20 fiscales generales que emitieron una declaración conjunta en defensa del acceso a la mifepristona, un medicamento utilizado en abortos tempranos y en el manejo de abortos espontáneos.
Ello tras conocerse que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) evalúa su revisión a petición de fiscales generales republicanos.
La mifepristona ha sido utilizada durante más de 25 años de manera segura y eficaz en Estados Unidos y en otros países y, actualmente, constituye el método más común para la atención de interrupciones de embarazos tempranos en el país y es considerado el estándar médico en el manejo de abortos espontáneos.
La coalición de fiscales calificó como “infundada y carente de base científica” la carta enviada por un grupo de fiscales generales republicanos a la FDA para solicitar restricciones o incluso la retirada del medicamento.
Según la declaración conjunta, “las decisiones médicas deben quedar en manos de pacientes, familias y profesionales de la salud, guiadas por la ciencia y no por agendas políticas”.
Bonta reiteró su compromiso de defender el acceso de los californianos a la atención médica reproductiva y recordó que a inicios de 2025 presentó una petición a la FDA para eliminar restricciones innecesarias sobre la mifepristona, en particular las vinculadas al Programa de Evaluación y Mitigación de Riesgos.
En 2024, el fiscal presentó una demanda contra el Hospital Providence St. Joseph, en Eureka, por negarse a brindar atención de aborto de emergencia, lo que resultó en una sentencia histórica que marcó un precedente para que gobiernos locales cumplan con la legislación estatal de salud reproductiva.
Ese mismo año, anunció un acuerdo que obliga a la ciudad de Beverly Hills a garantizar el acceso a servicios de aborto de emergencia, convirtiéndose en un punto de referencia para autoridades municipales en California.
La declaración conjunta fue codirigida por Bonta junto con las fiscales generales de Massachusetts y Nueva York, y contó con el respaldo de los representantes de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
La coalición advirtió que, de imponerse restricciones a la mifepristona, tomará medidas legales para garantizar la protección del acceso a este medicamento en sus estados.
La Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo está investigando la muerte de una reclusa en el Centro Correccional de Maple Street la madrugada de este lunes.
By Kiley Russell. Bay City News. Peninsula 360 Press.
La Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo está investigando la muerte de una reclusa en el Centro Correccional de Maple Street la madrugada de este lunes.
Fue aproximadamente a las 6:00 horas cuando los guardias de la cárcel fueron notificados de que una mujer estaba teniendo algún tipo de aparente emergencia médica dentro de la unidad de población general donde estaba alojada, dijo la Oficina del Sheriff.
Los guardias proporcionaron “medidas para salvarle la vida” hasta que llegó el personal médico de la cárcel, y también se llamó al personal de bomberos y servicios médicos de emergencia a la cárcel de Redwood City, pero el recluso de 31 años fue declarado muerto en el lugar, según los funcionarios del sheriff.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Mateo, la Oficina del Forense del Condado de San Mateo y la Oficina de Investigaciones de la Oficina del Sheriff realizarán cada una investigación independiente sobre cómo murió la mujer y las circunstancias que rodearon su muerte.
El nombre de la mujer se dará a conocer después de que la Oficina del Forense notifique a su familia.
De acuerdo con la ley estatal, también se está notificando a la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias de California.
