The Board of Supervisors voted to give preference in certain competitive bidding processes to companies in San Mateo County.
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In order to open the doors to local companies, the Board of Supervisors votó este martes por unanimidad para dar preferencia a las empresas con sede en el condado de San Mateo en ciertas licitaciones competitivas.
“Se trata de una enorme concreción de los valores de nuestro condado y una inversión en el futuro de más empresas locales prósperas en este condado. Estoy emocionada de ver los impactos positivos que esto tendrá en nuestra comunidad ahora y en las próximas décadas”, señaló la supervisora Noelia Corzo, quien copatrocinó la medida junto con el presidente de la junta, Warren Slocum.
En ese sentido, advirtieron que la ordenanza crea más oportunidades al proporcionar una fórmula que da a las empresas locales una ventaja al momento de ofertar contratos de bienes o servicios.
La preferencia local funciona así: cuando una empresa con sede en el condado de San Mateo presenta una oferta para la compra de bienes o servicios, dicha oferta se considera como si fuera un 5 por ciento más barata y, por lo tanto, más atractivas que las presentadas por competidores no locales.
Además, se otorgaría una preferencia adicional del 3 por ciento (para un total del 8 por ciento), si el oferente es una pequeña empresa local; mientras que aquellos que estén certificados como “microempresas” recibirían una preferencia del 5 por ciento (para un total del 10 por ciento).
“Sabemos que nuestro condado es un lugar con mucha prosperidad, pero esa prosperidad no es compartida por todos”, dijo Slocum. “Creemos que una pequeña preferencia por las empresas locales ayudará a muchos trabajadores al abrirles las puertas para que prosperen aquí mismo, en su propio patio delantero”.
Corzo and Slocum said many local businesses face competitive disadvantages when bidding for government contracts because of the area's high rents and operating expenses.
“Mantener el dinero en la economía local y apoyar a nuestras pequeñas empresas es bueno para nuestro negocio, bueno para el empleo local, los valores de nuestro condado y nuestras comunidades”, explicó Slocum.
La iniciativa fue impulsada por el Estudio de Diversidad de Proveedores de 2024, en cual encontró que muchas pequeñas empresas locales y aquellas operadas por minorías raciales y étnicas, mujeres, la comunidad LGBTQIA+ y otros grupos subrepresentados, enfrentan barreras y están subutilizadas en las adquisiciones del condado.
Al tiempo que la iniciativa intenta abrir las puertas a las empresas locales, la Junta también establece salvaguardas para los contribuyentes. La preferencia local, por ejemplo, puede ser eximida si una oferta supera las ofertas no locales en 10 mil dólares o “si se determina que se serviría el mejor interés del condado”.
La ordenanza de preferencia local entrará en vigor el 1 de julio de 2025.
Recalling Sheriff Corpus is what the San Mateo County Board of Supervisors unanimously requested of voters.
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The Board of Supervisors of the San Mateo County solicitó por unanimidad a los votantes el poder de destituir al sheriff electo de su cargo, en lo que dijeron fue una medida drástica pero necesaria para proteger la seguridad pública y el dinero de los contribuyentes.
De aprobarse en una segunda lectura el 3 de diciembre, la propuesta de enmienda a la carta orgánica se incluirá en la boleta electoral del 4 de marzo de 2025 para su aprobación por parte de los votantes del condado de San Mateo.
La enmienda a la carta orgánica autorizaría a la Junta de Supervisores a destituir a un sheriff electo por causa justificada, lo que significa la violación de cualquier ley relacionada con el desempeño de las funciones del sheriff, negligencia flagrante o reiterada de las funciones del sheriff, malversación de fondos públicos, falsificación deliberada de declaraciones o documentos oficiales u obstrucción de cualquier investigación sobre la conducta de un sheriff, dijeron.
Una medida extraordinaria como esta sólo podría adoptarse después de una votación de cuatro quintos de la Junta de Supervisores y después de notificar por escrito al sheriff y darle la oportunidad de ser escuchado públicamente.
Estas salvaguardas significan que la Junta sólo podría aplicar la enmienda a la carta orgánica a un sheriff que violara flagrantemente la confianza pública y el juramento del cargo.
A ello, agregaron que la enmienda propuesta tiene una cláusula de caducidad en 2028, fecha en la que la autoridad de la Junta para destituir al sheriff terminará.
La Junta dijo que esa salvedad busca asegurar a los votantes que su inusual solicitud no es una toma de poder, “sino una respuesta limitada y temporal a la sheriff actual, que según un informe de investigación independiente tomó represalias contra los empleados, profirió insultos raciales y homofóbicos y, esencialmente, entregó el control de la oficina a su jefe ejecutivo administrativo civil, con quien mantiene una relación inapropiada”.
The Board currently lacks the authority to remove an elected sheriff, even in cases where the sheriff commits irregularities.
“La verdad es que marzo no es lo suficientemente pronto. Permítanme ser clara: la seguridad pública está en juego en este momento”, dijo la supervisora Noelia Corzo. “La confianza de los votantes conlleva una gran responsabilidad y no es algo que ningún funcionario electo ético utilice para beneficiarse personalmente. Nuestro sheriff fue elegido por el pueblo y el pueblo tomará la decisión”.
Por su parte, el supervisor Ray Mueller, quien presentó la propuesta a la Junta junto con Corzo, dijo que la Junta debe actuar rápidamente porque “el caso contra la sheriff sigue fortaleciéndose”.
Como ejemplo, compartió que el condado recibió confirmación forense de que los insultos homofóbicos atribuidos a la sheriff en el informe fueron enviados desde su teléfono. Corzo también dijo que tan recientemente como en octubre, según el informe, el director ejecutivo de administración de la sheriff presionó para adquirir rifles con silenciador para el comando.
La Junta instó al público a leer ellos mismos el informe de 400 páginas y explicó que si bien una elección puede tener un alto precio, los millones de dólares en demandas esperadas derivadas del personal que afirma haber sido perjudicado por la Oficina del Sheriff superarán con creces el costo de la elección.
La Junta dijo que, si bien los votantes también podrían lanzar un esfuerzo de destitución para remover al sheriff, sería una tarea difícil reunir las casi 45 mil firmas para colocar la pregunta de destitución en la boleta.
“Nuestro deber como Junta de Supervisores es ofrecer soluciones a la comunidad”, dijo Corzo.
La medida que se presentaría a los votantes como una pregunta de sí o no:
¿Debería adoptarse la medida que modifica la Carta del Condado de San Mateo para otorgar a la Junta de Supervisores autoridad hasta el 31 de diciembre de 2028 para destituir a un sheriff electo de su cargo por una causa que incluya la violación de la ley relacionada con los deberes del sheriff, negligencia flagrante y reiterada de los deberes, malversación de fondos públicos, falsificación intencional de documentos u obstrucción de una investigación, mediante un voto de cuatro quintos de la Junta de Supervisores, después de una notificación por escrito y una oportunidad de ser escuchado?
La medida se busca en medio de un creciente apoyo a la alguacil Christina Corpus por parte de los residentes del condado de San Mateo, y luego de una serie de acciones por buscar su destitución luego de una investigación independiente, donde se le acusa por represalias, conflicto de interés, abuso de poder, y uso de insultos racistas y homofóbicos.
Donald Trump has made it clear that he will take a series of actions against immigrants when it comes to immigration, but this sector of the country is a fundamental part of the country's economy.
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Border security and immigration restrictions are a central issue that Donald Trump has insisted on changing; the president-elect's first cabinet appointments indicate that they will be a central focus of his administration, during a briefing held by Ethnic Media Services, Experts agreed that immigrants are an essential part of the growth of the United States and not having them would be a huge loss for the country's economy.
During the meeting, a group of experts on migration issues pointed out the points to consider in light of the changes that Donald Trump will make, as he has mentioned that he will implement several measures to carry out mass deportations, deny entry to immigrants, strengthen border security and more. However, a significant amount of money is needed to successfully carry out these modifications.
Jeremy Robbins, executive director of the American Immigration Council, noted that people who are deported are usually those who are already in contact with the government, such as those in detention centers.
When Trump talks about mass deportations, he is referring to seeking out immigrants in their communities to get them out of the country. However, carrying out this type of process would be extremely costly because it requires a large investment in the immigration system, Robbins said.
In addition, he added that they will detain and hold people until they are sent back to their country, a difficult situation, since currently they only have the capacity to move 50 thousand immigrants.
Greg Chen, senior director of government relations for the American Immigration Lawyers Association (AILA), explained that despite plans for mass deportations, there are a number of laws that currently protect people regardless of their immigration status, since every person has universal rights.
Likewise, he expressed that, like any other person, everyone has a human value and it is important to recognize the work of migrants, because if there were mass deportations, the country's economy would be at risk, since many activities depend specifically on the migrant community, such as agriculture, which would have enormous consequences.
Julia Gelatt, associate director of the Migration Policy Institute's (MPI) U.S. immigration policy program, explained that the way people view migration has changed, not only within the country, but there is fear in the face of Trump's arrival.
“People coming from around the world will think it’s more dangerous to come now that President Trump is here, it’s seen as the worst time to come, unlike what happened with President Biden, so a lot of people won’t try the trip just because of the rhetoric,” Gelatt said.
Added to this is the fact that the country is aging, he added, as the US population will not be sufficient to sustain the country's economy.
“To sustain the workforce, we need migrants to come to work and continue growing. If an employer depends on the migrant workforce and loses its workers, it can even close its operations or make them smaller, since they complement the workforce,” added Julia Gelatt, also a graduate in sociology and anthropology.
He added that if work permits are lost through legal means, many companies will not accept undocumented workers, which would cause the economy to suffer due to job losses.
For her part, Elizabeth Taufa, lawyer and strategist of the Immigrant Legal Resource Center (ILRC), explained that applying for citizenship will be even more difficult, because the number of people accepted now will be minimal, as the legal part is planned to be modified to set more requirements and greater control of the immigration processes.
The Mpox Clade I variant (monkeypox) is causing concern among doctors, as the first known case has arrived in the United States.
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The San Mateo County Health Department said it is working with state and federal partners to respond to a reported case of Mpox Clade I (monkeypox) variant, the first known in the United States.
This first case, reported by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), occurred in California, was laboratory-confirmed, and is associated with an ongoing I mpox clade outbreak in central and eastern Africa and was acquired through travel.
While the risk of public exposure to clade I mpox remains very low, sporadic cases of clade II mpox continue to occur in the country.
Outbreaks from different subclades, or genetic branches, can have different characteristics, including who they affect and how they spread. Although the II mpox clade has been circulating in the United States since 2022, the I mpox clade has never been reported in the United States until now. Historically, the I mpox clade has caused more severe illness and death than the II mpox clade.
The county health system noted that it has been responding to the global mpox clade II outbreak since 2022.
The San Mateo County Health Department is assisting the California Department of Public Health and the Centers for Disease Control and Prevention in tracing and notifying close contacts of possible exposure.
To date, 108 cases of clade II mpox have been reported in San Mateo County.
“While cluster I may be new to the United States, we and other counties have been responding to mpox since 2022 with contact tracing, guidance, and vaccination support,” said Dr. Kismet Baldwin-Santana, San Mateo County health director. “Our work continues, with support from our state and federal partners.”
Health officials said the person, who has mild illness, is isolated at home and recovering, and said there is no concern or evidence that mpox clade I is currently spreading among people in San Mateo County or elsewhere in the United States.
Transmission usually occurs through close (skin-to-skin), intimate, and sexual contact. Casual contact, such as during travel, in an office, classroom, or store, is unlikely to pose significant risks for transmission of human immunodeficiency virus (MPOX). People traveling to countries where clade I outbreaks are occurring should consult with their physician.
“Given the very low risk to the public from exposure to clade I,” said Dr. Baldwin-Santana, “current recommendations for preventing mpox have not changed.”
People who have certain risk factors should talk with their primary health care provider about vaccination and take steps to reduce exposure, including avoiding close, skin-to-skin contact with people who have a rash that looks like MPox and avoiding contact with objects and materials that have been used by a person with MPox.
Sheriff Christina Corpus responde a los llamados de renuncia: “no voy a ir a ningún lado”. Foto: La Sheriff del Condado de San Mateo, Christina Corpus, hablando a la Junta de Supervisores que estaban discutiendo cómo destituir a Corpus de su cargo tras una mordaz investigación el miércoles 13 de noviembre de 2024 en Redwood City, California (Alise Maripuu/Bay City News)
Cinco congresistas y líderes del estado pertenecientes al condado de San Mateo pidieron el lunes la renuncia de la sheriff Christina Corpus, argumentando que su permanencia en el cargo afecta la seguridad pública.
“La agitación que está envolviendo a la oficina del sheriff continúa dañando a la organización y a sus miembros, poniendo en peligro la seguridad pública y exponiendo a los contribuyentes locales a responsabilidades evitables”, según la declaración, firmada por los representantes estadounidenses Kevin Mullin y Anna Eshoo, el senador estatal Josh Becker y los asambleístas Marc Berman y Diane Papan.
Un informe mordaz sobre la Oficina del Sheriff realizado por la investigadora independiente y ex jueza LaDoris Cordell, publicado la semana pasada, incluyó hallazgos de abuso de poder, represalias, intimidación, homofobia y racismo en la oficina de Corpus.
El informe también investigó al jefe de personal de Corpus, Victor Aenlle, quien no es un oficial juramentado, pero Cordell dijo que trabajó en conjunto con Corpus para causar estragos en la Oficina del Sheriff.
La investigación encontró que Aenlle ejerció una autoridad que excedía sus deberes y se abrió camino poco a poco en la cadena de mando, donde aplicó una autoridad amplia y a veces abusiva sobre el personal civil y juramentado.
“Este informe condenatorio, junto con los despidos y las renuncias de todo el personal de mando de la Oficina del Sheriff, demuestran que esta es una agencia en crisis”, según la declaración del lunes de los legisladores del Congreso y del estado. “Nuestro condado ya no puede permitirse el caos y el liderazgo fallido de Christina Corpus. Nuestras comunidades merecen algo mejor”.
El lunes, Corpus reiteró que no tenía intención de dimitir.
“Estoy decepcionada, pero no sorprendida de que más funcionarios electos hayan decidido atacarme a mí y a mi cargo”, dijo la sheriff en un comunicado.
“Quiero dejarles en claro a los habitantes del condado de San Mateo: no me voy a ir a ningún lado. Me eligieron como su sheriff y tengo la intención de continuar con el arduo trabajo de reformar esta oficina y mantener segura a esta comunidad”.
Las críticas del lunes por parte de los líderes estatales y del Congreso siguen a una votación de la semana pasada de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, que exigía la renuncia inmediata de Corpus y la destitución de su jefe de gabinete.
Corpus se ha negado a dimitir, negando las acusaciones del informe, que calificó de “mentiras flagrantes”.
Durante la reunión de supervisores de la semana pasada, Corpus declaró que no renunciaría ni toleraría el despido de su jefe de personal y que, en cambio, lo promovería a asistente del sheriff.
“Lo que ha sucedido en los últimos días es repugnante”, dijo Corpus en la reunión. “No permitiré que la junta me amenace e intente despedir a mi jefe de personal sin motivo. Esta investigación tuvo motivaciones políticas y fue unilateral. Por eso, con efecto inmediato, voy a nombrar a Victor Aenlle para el puesto de ayudante del sheriff”.
Después de que la sheriff anunciara en la reunión que iba a ascender a Aenlle, la junta de supervisores ordenó al fiscal del condado que investigara la legalidad de la medida. El ejecutivo del condado, Mike Callagy, también anunció que se prohibiría a Aenlle el acceso a las instalaciones del condado reservadas para los oficiales juramentados y los empleados del condado.
La sheriff del condado de San Mateo fue acusada a través de una investigación independiente, de conflicto de interés, abuso de poder, y supuesto uso de insultos racistas y homofóbicos, durante el programa de radio Por La Libre, personas de la audiencia enviaron mensajes de texto y audio dando su total apoyo a Corpus, quien además de su deber como alguacil, dijeron, es una verdadera líder comunitaria que se preocupa por los menos representados.
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Luego de que la Junta de Supervisores del condado de San Mateo solicitara, por votación unánime, a la sheriff Christina Corpus que renuncie por, según una investigación independiente: represalias, conflicto de interés, abuso de poder, y supuesto uso de insultos racistas y homofóbicos, la comunidad latina expresó su apoyo a la alguacil; ya que consideran la acción de los Supervisores abusiva y como un golpe político para sacar a Corpus del puesto.
during the radio show For Free, de este sábado 16 de noviembre, personas de la audiencia enviaron mensajes de texto y audio dando su total apoyo a Corpus, quien además de su deber como alguacil, dijeron, es una verdadera líder comunitaria que se preocupa por los menos representados en el the San Mateo County Board of Supervisors, the colored community.
“Para mí es un tipo de discriminación porque este puesto siempre ha estado regido por hombres y ahora que está una mujer la están buscando peros; también hay hombres que abusan del poder cuando están adentro (del puesto), que no se hagan y que no se pongan a criticar ciertas situaciones”, comentó la señora Araceli Agustín.
La residente del condado también destacó que la sheriff Christina Corpus “tiene el apoyo de la comunidad y no porque sea mujer, sino por el trabajo que ha hecho hasta el momento”, dijo. “Si tiene una relación o no, es un asunto de ella y las autoridades internas, ¿porque tiene que saber la comunidad esas cosas?”.
Y es que, apuntó, a la comunidad le importa el trabajo que, hasta el momento, ha realizado Corpus.
Para la radioescucha Vicky Ávila Medrano, “la misión de Christina Corpus, está dirigida a fomentar una cultura de cambio, vital para crear una nueva era de la policía que priorice las necesidades de la comunidad y la colaboración”.
Asimismo, cuestionó a los supervisores de no validar la voz de aquellos que eligieron y pusieron a Corpus en su puesto de alguacil.
“¿Por qué no están validando la voz del pueblo que eligió a Corpus? Pregunten a miembros de la comunidad sobre su trabajo, su desempeño y cómo se ha beneficiado el Condado”, agregó.
Por otra parte, pidió “no romper el modelo de diversidad, inclusión y equidad que la propia Corpus está abriendo camino en el condado de San Mateo “solo por los prejuicios y suposiciones de algunos”.
“’La ropa sucia se lava en casa se dice’. Tomen acción de cosas internas, arreglen lo que haya que arreglar, pero no ‘descobijen’ a la gente de la comunidad que está de acuerdo con el desarrollo del cargo de Cristina Corpus”, finalizó.
Lorena Segovia, otra residente del condado, dijo mediante mensaje de texto que el tema se ha tornado en misoginia, pues, puntualizó que los ataques también son derivados de que Corpus sea una mujer.
“¿Quiénes son las personas que están señalando directamente a la sheriff? ¿Qué es lo que ellos hicieron que ya no están en la corporación? ¿Por qué se les prestó tanto los oídos para comenzar con esas investigaciones? ¿Por qué una juez que no está en funciones está a cargo? ¿No había suficientes jueces que pudieran estar haciendo las investigaciones y estar viendo todo el proceso? En un mundo de hombres, no soportan que una mujer esté a cargo. Ella, desde un principio, sabía que iba a tener problemas, pero no tan grandes con hombres que no querían estos cambios, y menos que una mujer sea la que esté en un puesto tan grande”.
De igual manera, Gloria, otra radio escucha, puntualizó que las represalias contra Christina Corpus son por un tema de género.
“El primer comentario que mencionaron muestra claramente que la cacería de brujas se estuvo gestando desde hace 3 años. Definitivamente creo que aquí hay mucha cuestión de género”, afirmó. “¿No es delito estar revisando un celular ajeno? Debería procederse contra la persona que violó la intimidad del celular de la sheriff o del asistente”.
The voice of the community, one that is often not heard, such as that of the Latino community, affirms that Corpus has been a faithful and worthy representative of the needs of those who live in the county.
Aún queda mucho de este caso y Península 360 Press estará para informarle de este y otros temas que influyen y afectan a la comunidad.
Declaran a sheriff Christina Corpus como “no confiable”, por lo que le solicitaron que dimitiera de su cargo, todo ello tras un informe independiente de 400 páginas elaborado por la ex juez LaDoris H. Cordell.
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After an hour and a half, the Board of Supervisors of the San Mateo County decidió por unanimidad declarar a la primera sheriff latina del condado, Christina Corpus, como “no confiable”, por lo que le solicitaron que dimitiera de su cargo, todo ello tras un informe independiente de 400 páginas elaborado por la ex juez LaDoris H. Cordell.
En este informe, se denunciaba que la actual sheriff del condado de San Mateo, Christina Corpus, había abusado de su poder al mantener relaciones inapropiadas con su jefe de gabinete, Victor Aenlle, además de ascenderle indebidamente debido a este conflicto de intereses, y por proferir insultos racistas y homófobos en el lugar de trabajo.
Los supervisores abrieron el turno de comentarios del público y muchas personas expresaron su apoyo a la sheriff Christina Corpus, así como otras dijeron que les gustaría nombrar a un inspector general permanente para garantizar la transparencia y la responsabilidad de los actuales y futuros sheriffs del condado.
Drew, residente de Redwood City, dijo: “desde una perspectiva externa, no soy un exportador ni nada parecido, pero creo que esto está ocurriendo muy muy rápido. Teniendo en cuenta que la investigación salió a la luz hace poco. Parece drástico pedir la dimisión de inmediato… No digo que no haya hecho nada poco ético, pero la infracción de derechos civiles que he oído es supuesta, pero no necesariamente confirmada”.
Lo que pareció una inesperada aparición sorpresa entre los supervisores y el público para hacer un comentario público fue el de la propia sheriff Christina Corpus, quien dijo que “lo que ha ocurrido en los últimos días es repugnante. No permitiré que la junta me amenace e intente despedir a mi jefe de personal sin motivo. Esta investigación tenía una motivación política y unilateral. Estaba llena de mentiras. Por eso, de inmediato, voy a nombrar al doctor Victor Aenlle ayudante del sheriff. Yo soy el sheriff de este condado. ¡Respondo ante el pueblo del Condado de San Mateo que me ha elegido! ¡No me dejaré intimidar!”.
Tras su declaración, salió de la reunión de la junta de supervisores con el supervisor Ray Mueller gritando: “Sheriff Corpus, ¿¡acepta prestar declaración jurada ante la juez Cordel!? ¿¡Sheriff Corpus!?”.
Antes de abandonar por completo la sala, la sheriff Corpus replicó: “¡Señor Muller, cuando tenga representación legal responderé a esa pregunta!”, lo que provocó el asombro y el jadeo de muchos.
La junta de supervisores procedió a repasar la investigación de 400 páginas, y a discutir el proceso de seguir adelante para presentar su caso al fiscal del distrito, además de ordenar al personal que preparara una ordenanza para que los residentes del Condado de San Mateo votaran sobre ella, que modificaría la Carta del Condado de San Mateo permitiendo a los supervisores destituir al Sheriff por causa justificada.
Posterior a la sesión hubo una rueda de prensa en la que la Supervisora Noelia Corzo atacó el bienestar personal de la Sheriff Corpus sin tener pruebas que respalden sus afirmaciones. Cuando un periodista preguntó cuánto de las acciones de la Sheriff Corpus proceden de ella frente a la influencia del señor Aenlle, la supervisora Corozo expresó: “Hasta cierto punto temo por su seguridad, emocional, física, etc. pero no puedo decir más que eso porque no tengo hechos concretos, pero estoy profundamente preocupada por su bienestar”.
*Christina Corpus warns she will not leave her post and names her controversial chief of staff as assistant sheriff.
Supervisors voted unanimously to request Christina Corpus' resignation. They also unanimously decided that she is “no longer trustworthy” in her current position. Photo: Raul Ayrala
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Before the Board of San Mateo County SupervisorsSheriff Christina Corpus reiterated on Wednesday, November 13, that not only does she not plan to resign from her position as sheriff, but she has named Victor Aenlle as “assistant sheriff.”
Aenlle, born in Cuba, is her chief of staff, and an independent investigation report requested by county lawmakers says he has “an intimate relationship” with the sheriff that creates a conflict of interest and runs afoul of police organization rules.
Corpus appeared spontaneously at the special supervisors' meeting and asked to be included among the members of the public who were expressing their opinions. Speaking at the meeting, she said, “The investigation [into her] is politically motivated, biased and full of lies. I am the sheriff of this county, elected by the people, and I will not be intimidated.”
The sheriff was already leaving the chamber when District 3 Supervisor Ray Mueller asked her if he could submit sworn testimony to the former judge who conducted the investigation, LaDoris Cordell. Corpus turned to the supervisors and reiterated that she would not be intimidated. “I will testify when I get legal representation,” she said, and left the chamber accompanied by her deputy, Dan Perea.
District 3 Supervisor Ray Mueller asked if he could send sworn testimony to the former judge who conducted the investigation, LaDoris Cordell. Photo: Raul Ayrala
The 400-page report by former Santa Clara County Judge Cordell alleges that the sheriff has a personal relationship with Aenlle, which in practice “would have caused her to delegate control of the agency to her chief of staff, creating an internal atmosphere of lies, secrets, retaliation, conflicts of interest and abuse of authority.”
Following the exchange, the supervisors voted unanimously to ask Sheriff Corpus to resign. They also unanimously decided that she is “no longer trustworthy” in her current position (“vote of no confidence”).
County Supervisors They agreed to send a report to a grand jury alleging that Corpus engaged in “extreme abuse of power.” Photo: Raul Ayrala
They also agreed to submit a report to a grand jury alleging that Corpus engaged in “extreme abuse of power.”
The charges against the first Latina to serve as sheriff in the county would then be considered by District Attorney Stephen Wagstaffe, if he finds merit in them.
The county executive, who was present at the meeting, also said he is considering issuing an order that Victor Aenlle not be allowed into the new sheriff's building, "beyond where the public has access." Aenlle is a civilian employee of the organization; he has not taken an oath as all police officers must.
Corpus cannot be removed from office directly by the supervisors because she was elected by voters. But lawmakers have the power to ask voters to approve an amendment to the county charter that would allow them to do so in the medium term.
The Charter is a sort of “mini-Constitution” that grants certain local powers to the county beyond state authority.
Supervisors Noelia Corzo and Ray Mueller, who commissioned the investigation into the sheriff's office after receiving "numerous complaints," said they would be willing to support a recall, or removal of Corpus from office by popular vote, if any sector of the citizenry decides to present it to the electorate for consideration.
“This is a scandal that benefits no one” in our society, Mueller said in a meeting with the press after Wednesday’s meeting, while Corzo said he is “very concerned” about what is happening.
“I care a lot about her as a person, as a leader, as a woman, as a Latina,” said Noelia Corzo, representative of District 2. “I am even concerned about her physical integrity,” she admitted.
The union that represents sheriff's deputies had called the press before the legislative meeting to ask county supervisors to request Corpus' resignation, because they say they "do not trust his leadership ability" at the current time.
Supervisors said union president Carlos Tapia was arrested on charges of felony grand theft, but union leaders allege that it was actually retaliation for Tapia having reported alleged irregularities within the police organization.
California empoderó a inmigrantes a hablar en el trabajo. Trump podría terminar con sus protecciones. Foto: Trabajadoras agrícolas en Tulelake, California. Crédito: Manuel Ortiz P360P
Durante sus 30 años en Estados Unidos, Alejandro Gamez aceptó cualquier trabajo que pudo como trabajador indocumentado: en restaurantes de comida rápida, fábricas, lavaderos de autos y conduciendo camiones, incluso cuando las condiciones eran malas.
“No tenía ningún estatus”, dijo. “No tenía opciones”.
Pero después de hablar en 2017 sobre los salarios impagos en un lavadero de autos de Inglewood, su suerte cambió. Como parte de una investigación estatal sobre las prácticas laborales de ese empleador, Gamez este año se convirtió en elegible para cuatro años de protección contra la deportación, y un permiso de trabajo temporal que pareció abrirle puertas de la noche a la mañana.
El residente de Hawthorne, de 51 años, dijo que puede solicitar trabajos mejores y estables que pagan más y brindan beneficios. Ahora tiene un puesto representado por un sindicato en la cocina de una universidad y un número de Seguro Social para construir su crédito.
“Me cambió la vida”, dijo. “Me está dando muchas oportunidades laborales, de estar mejor económicamente y de darle una mejor vida a mi familia”.
Sus oportunidades se deben a un reciente programa federal que otorga estatus legal temporal a los trabajadores involucrados en ciertas investigaciones laborales. Con algunas de las leyes laborales más estrictas del país, pero con preocupaciones generalizadas de represalias por parte de los empleadores, California ha emitido más de 200 solicitudes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pidiendo que otorgue estatus legal a los trabajadores que denuncien violaciones.
Pero apenas unos meses después de que Gamez consiguiera su indulto, el programa podría estar al borde de la eliminación: el presidente electo Donald Trump y sus asesores han prometido deportaciones masivas, el regreso de las redadas de inmigración en los lugares de trabajo y la revocación de programas similares de protección temporal.
La abogada de Gamez, Yvonne Medrano, dijo que espera que el programa sea cancelado poco después de que Trump asuma el cargo el 20 de enero. Su firma, Bet Tzedek Legal Services, con sede en Los Ángeles, ya no está buscando nuevos casos bajo el programa después de representar a trabajadores que buscan protección en 15 investigaciones laborales diferentes.
“Quitar esta protección devolverá a los trabajadores a un momento en el que temen ser deportados por pedir el salario mínimo, sus cheques de pago o cualquier otra protección que tengan”, dijo Medrano.
Otros abogados de inmigración en California ya habían dejado de presentar nuevas solicitudes antes del día de las elecciones. Dijeron que esperan que el Departamento de Seguridad Nacional respete las prórrogas de cuatro años que ya ha concedido, pero no están seguros de qué ocurrirá a continuación.
“Este es un programa discrecional”, dijo Jessie Hahn, asesora principal de políticas laborales y de empleo del Centro Nacional de Derecho Migratorio, un grupo de defensa. “No prevemos que, si Trump fuera elegido, continuaría con el programa”.
Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre sus intenciones para el programa.
Ha creado otro grupo de inmigrantes a quienes se les ha concedido permiso temporal para estar en Estados Unidos a medida que las posibilidades de una reforma migratoria federal son cada vez más escasas, lo que hace que sus perspectivas dependan en gran medida del vaivén de cada administración presidencial.
El programa, uno de varios esfuerzos de la administración Biden para impulsar la aplicación de las leyes laborales, tiene como objetivo dar a los investigadores estatales un acceso más fácil a los testigos que de otro modo podrían temer represalias por presentar quejas en el lugar de trabajo.
Es similar al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era Obama, que otorgaba permisos de trabajo y protecciones temporales contra la deportación a inmigrantes que habían sido traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.
Unos 500 mil residentes tienen esa forma de estatus legal, pero el programa ha dejado de conceder nuevas solicitudes tras impugnaciones en los tribunales federales. Trump intentó rescindir el programa en su último mandato; Stephen Miller, un asesor cercano de Trump, dijo que lo volverá a hacer, según informó el New York Times.
La Acción Diferida para la Aplicación de la Ley Laboral es mucho más limitada: 7 mil 700 trabajadores se han beneficiado de ella desde enero de 2023. Cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense puede solicitarla si puede demostrar que trabajaba para un empleador bajo investigación. Primero, una agencia laboral estatal o federal debe enviar una carta al Departamento de Seguridad Nacional indicando que necesita la cooperación de los trabajadores testigos en cada investigación.
Los beneficiarios de la acción diferida quedan protegidos de la deportación y pueden trabajar legalmente durante cuatro años, pero no existe un camino hacia la residencia permanente. Algunos beneficiarios la ven como una manera de ganar dinero legalmente y conseguir empleos mejor remunerados fuera de la economía sumergida. Otros dicen que les da tiempo -y un camino mucho más rápido hacia un permiso de trabajo- mientras sus otros casos relacionados con la inmigración avanzan a través de la burocracia federal.
Los abogados y defensores de inmigración dicen que, si bien algunos solicitantes buscan obtener indultos en sus casos de deportación activos, la mayoría ha estado viviendo y trabajando sin papeles sin ser detectados, lo que significa que se han presentado ante las autoridades federales de inmigración por primera vez.
No está claro cuántos de esos trabajadores se encuentran en California. Un portavoz de Seguridad Nacional no dio a conocer cifras por estado, citando “investigaciones en curso”.
Pero California participa con entusiasmo en el programa; la administración del gobernador Gavin Newsom dice que fue el primer estado en presentar una carta en apoyo a las protecciones para los trabajadores. El estado alberga a casi 1.5 millones de trabajadores que son inmigrantes indocumentados, lo que representa más del 7 por ciento de la fuerza laboral.
Estos trabajadores son un foco frecuente de las investigaciones laborales del estado, y los defensores laborales dicen que los trabajadores indocumentados rutinariamente temen perder sus empleos y ser denunciados ante las autoridades de inmigración por quejarse de violaciones en el lugar de trabajo.
“Este temor puede impedirles cooperar plenamente con las agencias de cumplimiento de la ley laboral para denunciar y corroborar las violaciones de la ley”, dijo Daniel López, portavoz de la Oficina del Comisionado Laboral del estado, en un comunicado. “En última instancia, la falta de protecciones socava a los trabajadores y afecta a los empleadores responsables”.
En los últimos dos años, la oficina, que investiga el robo de salarios, ha enviado cartas apoyando las protecciones contra la deportación en 136 investigaciones laborales que afectan potencialmente a cientos de trabajadores.
La División de Seguridad y Salud Ocupacional ha enviado al menos 12 cartas. La Junta de Relaciones Laborales Agrícolas, que supervisa los derechos de los trabajadores agrícolas, ha enviado 10, y el Departamento de Derechos Civiles, que investiga las denuncias de discriminación en el lugar de trabajo, ha enviado 60, dijeron los portavoces.
El estado incluso ha pagado para ayudar a los inmigrantes a obtener permisos de trabajo. El año pasado, Newsom anunció 4.5 millones de dólares para pagar servicios jurídicos gratuitos para ayudar a los trabajadores agrícolas que están involucrados en investigaciones laborales a solicitar la acción diferida. El dinero, asignado hasta mediados de 2026, ha ayudado hasta ahora a evaluar la elegibilidad de más de 500 trabajadores y 175 han solicitado el programa.
En California hay unos 800 mil trabajadores agrícolas estacionales y permanentes; se cree que al menos la mitad son indocumentados.
“Las regiones agrícolas tienen un acceso muy limitado a los servicios legales de inmigración”, dijo Jason Montiel, portavoz del Departamento de Servicios Sociales, que administra la subvención a cinco grupos de asistencia legal en todo el estado. “Ofrecer a los trabajadores agrícolas acceso directo a los servicios legales de inmigración cuando se violan sus derechos laborales aumenta la probabilidad de que presenten reclamos laborales y colaboren con las agencias laborales”.
Los portavoces de Newsom no respondieron a una pregunta sobre qué pasará con el programa de subvenciones estatales si cambian las reglas federales.
Nicole Gorney, abogada supervisora de VIDAS Legal Services, que recibe una subvención estatal, dijo que tiene 12 clientes trabajadores agrícolas que esperan que se les conceda la acción diferida. Ella esperaba que el estado ampliara el programa para incluir a trabajadores de otras industrias.
“Todavía hay muchos trabajadores que podrían calificar, pero realmente no quieren salir de las sombras”, dijo la mañana después de la elección.
La acción diferida de Gamez se concedió en relación con las denuncias por represalias que él y sus compañeros de trabajo presentaron contra Century Car Wash en 2018. Ese año, también habían presentado denuncias por robo de salario ante la Oficina del Comisionado Laboral del estado. Según los registros estatales, le dijeron a la oficina que sus gerentes los obligaban a llegar antes y salir más tarde del horario de apertura de los negocios, pero sus planillas de horas no coincidían con todas las horas que trabajaron. Los copropietarios del lavadero de autos negaron las denuncias y le dijeron al estado que las planillas de horas eran precisas.
Después de exigir el pago a sus gerentes, Gamez dijo que lo despidieron y le dijeron que se fuera frente a los clientes. Según los registros estatales, él y sus compañeros de trabajo ganaron los reclamos salariales en 2021; un oficial de audiencias estatal dictaminó que a Gamez se le debían más de 20 mil dólares. Pero el estado todavía está investigando las denuncias de que los trabajadores fueron despedidos e interrogados sobre su estatus migratorio en represalia por hablar. El año pasado, a pedido del abogado de Gamez, la Oficina del Comisionado Laboral envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar protección contra la deportación para los trabajadores.
“La investigación en curso… está siendo realizada por nuestra unidad de Investigación de Quejas por Represalias y requiere la cooperación y el testimonio de los trabajadores”, escribió la Comisionada Laboral Lilia García-Brower en la carta.
Cuando se contactó por teléfono a uno de los propietarios de Century Car Wash, éste le remitió el asunto al copropietario, quien no respondió a una solicitud de comentarios.
Gamez señaló que su estatus de acción diferida lo mantuvo tranquilo la semana pasada mientras muchos inmigrantes temían por su futuro bajo una segunda administración de Trump.
Otros que recibieron protección siguen teniendo miedo.
Alejandra Montoya llegó a Estados Unidos hace cinco años huyendo de “problemas familiares”, dijo, y encontró trabajo en los campos del Valle Central. Estudió administración de empresas en su natal México y dijo que nunca tuvo la intención de ser una inmigrante indocumentada. Pero tenía un hijo y se quedó a criarlo en Bakersfield.
Montoya dijo que disfruta del trabajo agrícola, a pesar de los duros días que pasa de rodillas recogiendo y amontonando zanahorias por 3.05 dólares la caja. En un buen día, cuando las condiciones del campo son indulgentes, puede llevarse a casa 150 dólares o más, dijo.
Montoya, que trabajaba para un contratista contratado por Grimmway Farms, dijo que mantuvo la cabeza gacha hasta que un día de septiembre pasado una compañera de trabajo, Rosa Sánchez, fue atropellada por un camión y murió en el campo junto al suyo. Montoya dijo que los trabajadores habían expresado su preocupación por ese conductor y que creía que el accidente se podía haber evitado. A algunos de los trabajadores se les dijo que siguieran trabajando cerca del cuerpo de Sánchez, dijo. Aturdida, y ahora sabiendo qué más hacer, lo hizo.
Fue “traumático”, dijo a través de un traductor. “Inhumano”.
En marzo, la agencia de seguridad laboral del estado emitió más de 65 mil dólares en multas contra Grimmway, el contratista Esparza Enterprises y otro contratista que empleaba al conductor, alegando graves violaciones de seguridad por permitir que los empleados trabajaran “muy cerca de un camión comercial que se conducía de manera insegura”, según los archivos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos. Los registros federales y estatales muestran que el conductor estaba dando marcha atrás cuando el camión golpeó a Sánchez.
La empresa y sus contratistas han impugnado las citaciones. Esparza no respondió a una solicitud de comentarios. En una declaración, la portavoz de Grimmway, Dana Brennan, escribió que la empresa tiene políticas estrictas que prohíben las represalias contra los empleados o los empleados de los contratistas que denuncien problemas en el trabajo.
“Contamos con una línea directa confidencial, anónima y bilingüe donde los empleados pueden denunciar inquietudes éticas”, escribió Brennan. “Como lo hemos hecho desde que nos enteramos de este trágico accidente, nos comprometemos a trabajar con las autoridades durante toda la investigación y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de la Sra. Sánchez y a sus compañeros de trabajo por esta dolorosa pérdida”.
Como posible testigo del accidente, Montoya solicitó una acción diferida con la ayuda de United Farm Workers, y desde entonces se ha vuelto más activo con la organización, alentando a sus compañeros de trabajo a presentar sus solicitudes y hablando en una convención sindical en septiembre.
Al día siguiente de las elecciones, dijo que se sentía aliviada por haber obtenido su permiso de trabajo este año y temerosa de haber dado su información a las autoridades federales de inmigración. En los campos, la mayoría de los trabajadores hablaban sobre la victoria de Trump, “sobre lo que pasará con nosotros ahora”.
“Nos protege de la deportación”, dijo sobre el programa. “Aun así, el miedo existe… Cuando él quiera, nos lo puede quitar”.
Claudia Sheinbaum said that a working group is preparing a report on the economic contribution of Mexican immigrants in the U.S.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que un equipo de trabajo, encabezado por Marcelo Ebrard, está elaborando un reporte que se entregará al próximo gobierno de Estados Unidos, sobre la importancia del trabajo realizado por mexicanos en la unión americana, con la finalidad de destacar la magnitud de la aportación de los connacionales a la economía del vecino país del norte.
En su conferencia matutina, la mandataria mexicana explicó que este análisis se lleva a cabo por cada uno de los estados de la unión americana, a razón de que tengan en mente el trabajo de las y los mexicanos y su importancia en diferentes sectores.
This is in light of what was stated by the president-elect of the United States, Donald Trump, quien ha señalado la posibilidad de imponer aranceles a México.
“Estamos haciendo un trabajo muy importante de cuánto aportan nuestros hermanos y hermanas mexicanas que están en Estados Unidos a la economía de ese país. Siempre hablamos de héroes y heroínas, de nuestros paisanos y paisanas, entre otras por lo que aportan a la economía nacional con las remesas, pero ellas y ellos aportan muchísimo a la economía de Estados Unidos”, dijo Sheinbaum.
La presidenta explicó que si bien el Tratado de Libre Comercio (TMEC) beneficia a México, también lo hace a Estados Unidos.
“Estamos haciendo un trabajo, inclusive, por estado de la unión americana, en cuanto benefician a la economía de Estados Unidos… O sea, el TMEC beneficia a México, pero beneficia mucho a Estados Unidos. Entonces, ¿qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel?”, subrayó.
Sheinbaum refirió que el análisis está “muy avanzado”, y es coordinado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien a su vez está en colaboración con la Secretaría de Hacienda.
“Estos números son fundamentales para la revisión que se va a hacer en 2026 del Tratado, pero también para cualquier punto que vaya a poner el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es demostrar, con información, los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá”.
Y es que, aclaró, las mexicanas y mexicanos son “trabajadores de primera”.
“Los trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas que están allá hacen un trabajo extraordinario, y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, todos por igual son importantes”.
A ello, sumó la importancia de la integración.
“Recuerden que las exportaciones de México a Estados Unidos han aumentado, pero en mucho son autopartes que permiten que tengan la producción de vehículos, (esos son) los beneficios de tener el Tratado”.
La mandataria recordó que su gobierno siempre va a defender a México y a sus connacionales.
“En el momento que tengamos la oportunidad de reunirnos, ya sea con el equipo de transición del presidente Trump o una vez que tome la presidencia, (se tendrá) este dialogo de alto nivel donde se vea lo que ha hecho México en temas de fentanilo, migración y en el tema económico, que es fundamental para poder fortalecer la relación económica”, finalizo.
Cabe señalar que Trump ha amenazado con imponer aranceles punitivos del 100 por ciento o más a los automóviles procedentes de México, lo que violaría un acuerdo comercial que su primera administración negoció con Canadá y México.
Donald Trump también ha dicho que los aranceles fomentarían una mayor fabricación de automóviles en Estados Unidos, sin embargo, para muchos fabricantes que tienen plantas de fabricación en México, implicaría grandes pérdidas.
