El condado de San Mateo abrió oficialmente este miércoles el proceso para seleccionar a su nuevo sheriff, bajo un modelo que prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, según informó la Junta de Supervisores.

Las solicitudes estarán abiertas hasta el mediodía del miércoles 5 de noviembre de 2025, y los candidatos deberán residir en el condado de San Mateo y cumplir con los requisitos estatales para el puesto, entre ellos poseer un certificado válido de la Comisión de Normas y Capacitación para Oficiales de Paz (POST, por sus siglas en inglés) o demostrar formación y experiencia relevantes.

La descripción del puesto y el proceso de reclutamiento reflejan las directrices establecidas por la Junta de Supervisores y las aportaciones de casi 100 residentes que participaron en una reunión pública especial el pasado 28 de octubre, donde expresaron sus opiniones sobre cómo debe elegirse al nuevo sheriff y qué cualidades consideran más importantes para quien ocupe el cargo.

El condado anunció una serie de reuniones públicas que se llevarán a cabo durante las próximas dos semanas, en las que los candidatos serán entrevistados públicamente antes de que uno sea designado como sheriff.

El proceso incluye un foro público de candidatos, en el que la ciudadanía podrá enviar preguntas que desee que sean respondidas durante la sesión. 

Además, como resultado de las sugerencias recibidas en la reunión del martes, los aspirantes deberán presentar un breve video, una fotografía y un resumen escrito sobre su interés en el puesto y su filosofía de liderazgo.

Todo este material será publicado en un nuevo portal del condado (smcgov.org/ceo/new-sheriff) para garantizar el acceso público a la información y promover una selección abierta y participativa.

El condado detalló que habrá tres fechas clave en el proceso: el jueves 6 de noviembre, la Junta de Supervisores realizará una reunión pública para entrevistar a todos los candidatos calificados y seleccionar a los finalistas; el lunes 10 de noviembre se llevará a cabo el Foro Público de Candidatos, donde un moderador formulará preguntas enviadas por los residentes. El evento será presencial y transmitido en vivo. Finalmente, el miércoles 12 de noviembre, la Junta realizará las entrevistas finales y tomará una decisión definitiva en una sesión pública.

De acuerdo con la Sección 415 de la Carta del Condado, la Junta deberá nombrar oficialmente al nuevo sheriff antes del 13 de noviembre de 2025. Toda la información sobre los horarios, ubicaciones y oportunidades de participación será publicada en el sitio web del condado y en sus plataformas de redes sociales.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo cuenta con más de 800 miembros, entre personal juramentado y civil, que brindan servicios de seguridad pública en toda la región. También ofrecen servicios contratados para Caltrain, SamTrans y los municipios de San Carlos, Half Moon Bay, Millbrae, Woodside y Portola Valley.

Asimismo, el despacho tiene presencia en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde proporciona servicios de investigación, y está a cargo de las instalaciones correccionales del condado.

El sheriff, como máxima autoridad policial del condado, supervisa todas las operaciones del departamento, incluyendo patrullaje, investigaciones, programas de reinserción y rehabilitación, así como unidades especializadas en búsqueda y rescate, control de narcóticos y desactivación de explosivos.

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The San Mateo County podrá seguir adelante con el proceso para cubrir la vacante en la Oficina del Sheriff luego de que una jueza de la Corte Superior rechazara la petición presentada por la ex sheriff Christina Corpus para suspender el procedimiento mientras impugna su destitución del cargo.

Funcionarios del condado celebraron la decisión judicial, al considerar que confirma la legalidad y transparencia del proceso emprendido por la Junta de Supervisores, conforme a lo dispuesto por la Carta Constitutiva del Condado.

“La decisión del juez confirma que el proceso fue justo, transparente y se llevó a cabo exactamente como lo dictaron los votantes”, declaró el supervisor Ray Mueller. 

“Un funcionario independiente revisó todas las pruebas, la Junta actuó en función de esas conclusiones y el fallo de hoy reafirma que el sistema funcionó en beneficio de los residentes de nuestro condado”, agregó.

Corpus había solicitado al tribunal suspender cualquier nombramiento o elección hasta que se resolviera su recurso judicial contra la decisión de la Junta de destituirla. Sin embargo, en su fallo emitido este martes, la jueza Nina Shapirshteyn determinó que no existían bases suficientes para otorgar la medida solicitada.

En la resolución, la magistrada escribió que “mantener la orden de destitución de la Junta en espera de la revisión judicial sirve al interés público en un liderazgo policial responsable y estable”, y añadió que la ex funcionaria “no había demostrado una probabilidad de éxito en el fondo” de su alegación de violación al debido proceso.

El pasado 14 de octubre, tras una audiencia probatoria independiente de dos semanas, la Junta de Supervisores votó por unanimidad a favor de destituir a Corpus, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Medida A, aprobada por los votantes en marzo de 2025.

El funcionario designado para conducir la audiencia, el juez retirado del Tribunal Superior James Emerson, encontró cuatro fundamentos de causa que sustentaron la destitución. 

En su dictamen, concluyó que Corpus violó la ley del condado sobre conflicto de intereses; ordenó una investigación y el arresto sin orden judicial de un agente sindical en represalia por su actividad gremial, en violación del Código de Gobierno; ordenó el arresto del mismo agente sin causa probable, infringiendo el Código Penal; y tomó represalias contra un capitán que se negó a cumplir una orden que consideró ilegal, en violación del Código Laboral.

Estas conclusiones fueron adoptadas íntegramente por la Junta de Supervisores, conforme a los procedimientos estipulados por la ley local.

Tras el fallo judicial, el supervisor Ray Mueller subrayó que el condado ahora puede centrarse en seguir adelante, y destacó que la prioridad es restablecer la estabilidad en la Oficina del Sheriff y mantener la confianza pública mientras continúa el proceso para designar a la nueva persona titular del cargo.

El Condado de San Mateo confirmó que seguirá los procedimientos establecidos en la Sección 415 de la Carta Constitutiva del Condado, la cual establece que la Junta de Supervisores debe realizar la designación oficial a más tardar el 13 de noviembre de 2025.

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En una decisión dividida, la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo decidió avanzar con un nombramiento a largo plazo para elegir al próximo jefe del Departamento del Sheriff, en medio de un intenso debate público en el que residentes y organizaciones laborales exigieron que el nuevo titular se niegue a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante una reunión especial celebrada este martes, la Junta votó 3 a 2 a favor de designar a un sheriff que cumpla el resto del mandato de seis años de Christina Corpus, destituida de su cargo el pasado 14 de octubre. 

La decisión coloca al condado de San Mateo en una situación inédita, al ser el primero en California en remover a una sheriff elegida por voto popular.

“Llegar a esta decisión fue muy difícil”, reconoció el supervisor Ray Mueller. “Se trata, en definitiva, de intentar darle al departamento la capacidad y la mejor oportunidad para recuperarse”.

Por ahora, el subjefe Dan Perea, quien fue designado por Corpus, continúa desempeñando las funciones administrativas del departamento, aunque no será nombrado sheriff interino.

Entre las más de cien intervenciones registradas durante la sesión, un mensaje fue constante: la comunidad no quiere un sheriff que colabore con ICE ni respalde políticas de deportación.

“Me preocupa si el próximo sheriff hará todo lo posible para proteger a nuestra comunidad del ICE”, expresó Nancy Bott, residente de San Mateo. “Necesitamos un sheriff que se niegue a cooperar con el ICE”.

“Por favor, nombren a un sheriff que permita la tan necesaria sanación y el progreso dentro de nuestro Departamento del Sheriff”, pidió Rebecca Kieler, residente del área no incorporada del condado.

Varios participantes advirtieron que realizar una elección en este momento podría dividir aún más a la comunidad y favorecer a un candidato que obtenga el cargo con una minoría de votos, en lugar de una mayoría. 

Para muchos, el nombramiento directo ofrece mayor estabilidad y una oportunidad de evaluar con cuidado el compromiso ético y comunitario del próximo líder policial.

Durante la sesión, la Asociación de Alguaciles Adjuntos del Condado de San Mateo (DSA) y la Organización de Sargentos del Sheriff (OSS), representadas por Julie Lind, del Consejo Laboral de San Mateo, también expresaron su respaldo a un nombramiento a largo plazo.

“Creemos que la destitución de los últimos miembros del antiguo equipo de mando del sheriff Corpus permitirá a la oficina iniciar rápidamente el proceso de reconstrucción”, dijo Lind. “Para ello, nuestros capitanes, tenientes, sargentos y agentes, así como nuestros compañeros civiles, apoyan un nombramiento que complete el resto del mandato”.

La votación final reflejó una clara división en la Junta: Ray Mueller, Noelia Corzo y Lisa Gauthier respaldaron el nombramiento permanente, mientras que David Canepa y Jackie Speier votaron en contra, al considerar que los votantes deberían tener la oportunidad de elegir al próximo sheriff en las elecciones de junio de 2026.

“Tengo plena fe y confianza en los votantes”, afirmó Speier. “Creo que tienen derecho a elegir al sheriff”.

Por su parte, Canepa expresó su preocupación por el corto plazo que tiene la Junta para decidir, señalando que “el proceso de nombramiento otorga a tan solo tres miembros de esta Junta, en un lapso de dos semanas, el poder de elegir al próximo máximo responsable de la aplicación de la ley del condado para los próximos tres años sin ninguna participación de los votantes”.

El ejecutivo del condado, Mike Callagy, informó que se recibirán solicitudes hasta el 5 de noviembre, y que se publicará de inmediato la descripción del puesto en diversos medios y plataformas. Además, la Junta planea realizar foros públicos y entrevistas abiertas antes de emitir su decisión final.

De acuerdo con la Sección 415 de la Carta Constitutiva del Condado, el nombramiento deberá completarse a más tardar el 13 de noviembre de 2025.

La comunidad de San Mateo —compuesta en gran parte por familias inmigrantes y trabajadores esenciales— dejó claro su mensaje: quieren un sheriff que priorice la justicia, la inclusión y la protección de todos los residentes, sin colaborar con políticas federales de deportación.

En palabras de una vecina que tomó el micrófono en la sesión: “El próximo sheriff no solo debe hacer cumplir la ley, sino también representar los valores de un condado que se enorgullece de su diversidad y humanidad”.

A su vez, la Junta de Supervisores instruyó al personal del condado a desarrollar un proceso de nombramiento basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza comunitaria.

Durante la reunión, los supervisores también discutieron otros criterios deseables en él o la que podría ser Sheriff, como experiencia reciente en funciones de seguridad pública y administración de centros de detención, así como formación académica relevante.

Además, se propuso que el proceso de selección incorpore preguntas complementarias para conocer la filosofía de liderazgo de los aspirantes, sus tres principales prioridades en caso de ser designados y sus estrategias para fomentar la confianza y la rendición de cuentas públicas.

El personal del condado adelantó que se podría habilitar próximamente un portal público multilingüe, con información sobre el procedimiento, los requisitos y el calendario de selección, a fin de garantizar el acceso equitativo a la información.

Asimismo, la Junta solicitó programar una sesión pública de entrevistas y un foro abierto con la comunidad para escuchar directamente a los candidatos.

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El Tribunal Superior del Condado de San Mateo anunció que recibió una subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (OTS, por sus siglas en inglés) para mantener y fortalecer su Tribunal de Conductores Múltiples Bajo Influencia (MDUI, por sus siglas en inglés), especializado en monitoreo, supervisión y servicios de rehabilitación para personas con múltiples condenas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. 

Los recursos otorgados permitirán financiar servicios clave ya existentes, entre ellos la contratación de un oficial de libertad condicional dedicado a supervisar a los participantes, la subvención de dispositivos de monitoreo continuo de alcohol, la inscripción en el Programa para Infractores Múltiples y la asignación de un gestor de casos bilingüe del área de Servicios de Salud Conductual y Recuperación encargado de vincular a los participantes con tratamiento especializado.

El programa que tendrá vigencia hasta septiembre de 2026, tiene como objetivo reducir la reincidencia de conductores bajo influencia, mediante un modelo integral de seguimiento y apoyo que combina supervisión judicial, tratamiento terapéutico y acompañamiento comunitario. 

Desde su creación hace ocho años, el Tribunal MDUI ha atendido a más de 1,300 infractores, ofreciendo alternativas efectivas a las sanciones tradicionales y promoviendo una recuperación sostenible.

“Los programas de intervención son fundamentales para fomentar comunidades más seguras y solidarias”, afirmó Barbara Rooney, directora de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (OTS). 

“Al ofrecer recursos especializados y atención enfocada, este programa ayudará a reducir los incidentes de conducción bajo los efectos del alcohol y a crear carreteras más seguras para todos”, destacó.

El Tribunal MDUI trabaja en colaboración con servicios de salud, agencias de justicia y organizaciones comunitarias para desarrollar planes de tratamiento personalizados que respondan a las necesidades de cada participante. 

El enfoque se apoya en la cooperación entre el Tribunal Superior del Condado de San Mateo, la Fiscalía del Condado, el Programa de Defensores Privados, el Departamento de Libertad Condicional y la División de Servicios de Salud Conductual y Recuperación.

El financiamiento del programa proviene de una subvención otorgada por la Oficina de Seguridad del Tráfico de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), agencia federal encargada de promover la seguridad vial en todo Estados Unidos.

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Al declarar octubre como el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, la Junta de Supervisores del San Mateo County reiteró su compromiso con las víctimas y sobrevivientes, recordando a la comunidad que los servicios de apoyo están disponibles todo el año, desde refugios de emergencia y asistencia legal, hasta consejería y ayuda financiera.

“La violencia doméstica afecta a personas de todos los orígenes, sin importar edad, género, ingresos o cultura”, señaló la supervisora Noelia Corzo, quien junto con la supervisora Lisa Gauthier impulsó la proclamación en solidaridad con los sobrevivientes. 

“En el Condado de San Mateo sabemos que poner fin a la violencia requiere que todos trabajemos juntos: sobrevivientes, defensores, fuerzas del orden, proveedores de salud y socios comunitarios”, agregó.

Gauthier subrayó la importancia de “mantenernos junto a los sobrevivientes, honrar a quienes hemos perdido y reafirmar nuestro compromiso con la seguridad y la dignidad de todos en el condado”.

La proclamación, aprobada el 21 de octubre, señala que más de una de cada tres mujeres, uno de cada cuatro hombres y una de cada dos personas transgénero experimentan violencia física, sexual o acoso por parte de una pareja íntima en algún momento de su vida. 

También reconoce que los grupos marginados, como personas indocumentadas, individuos transgénero y personas con discapacidades, enfrentan una vulnerabilidad mayor ante el abuso.

Entre los avances impulsados por el condado se encuentran la creación de la Coalition to End Violence, Abuse and Exploitation, que coordina los esfuerzos de prevención a nivel local; el Domestic Violence Emergency Response Team (DVERT), que despliega defensores junto a oficiales de policía durante llamadas de crisis; el Survivor Safe Team, una alianza multidisciplinaria para atender casos de alto riesgo; el programa SPARK, que brinda apoyo a niños y familias; y el Family Justice Center, el primer centro integral del condado que ofrece recursos centralizados para sobrevivientes.

Corzo destacó que el objetivo del condado es “asegurar que tengamos los servicios adecuados en el momento adecuado, para que los miembros de nuestra comunidad puedan sanar”.

Añadió que la proclamación representa “un reconocimiento al trabajo realizado y un llamado a seguir avanzando hasta que todas las personas estén libres de abuso, violencia y explotación”.

El año pasado, la organización Communities Overcoming Relationship Abuse (CORA) —la única agencia del condado dedicada exclusivamente a atender a personas afectadas por abuso de pareja— brindó más de 10 mil servicios y más de un millón de dólares en asistencia directa, que incluyó vivienda de emergencia, subsidios de renta y apoyo para necesidades esenciales.

Los líderes del condado coincidieron en que la colaboración continua es esencial para garantizar que las víctimas y sobrevivientes puedan acceder a ayuda cuando más la necesitan.

“La violencia doméstica puede verse diferente en cada situación: puede ser daño físico, abuso emocional o palabras que poco a poco destruyen tu espíritu”, expresó Gauthier. “Estamos aquí para alzar sus voces y recordarles que no están solos. Este problema toca a todas las comunidades, incluida la nuestra”.

La organización CORA opera una línea de ayuda las 24 horas para quienes necesiten apoyo o información: 800-300-1080.

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¿Cuál es una de las regiones del país en la que ganar 100 mil dólares anuales está considerado “ingreso bajo”? El Área de la Bahía de San Francisco. Hace veinte años, con cuatrocientos mil podía comprarse una vivienda decente y básica (dos habitaciones y un baño) en la Península, por ejemplo. Hoy, esa misma casa básica no baja del millón doscientos mil dólares, una cifra imposible para la mayoría de las familias latinas. 

En medio de este frenesí de los precios de la vivienda en constante aumento —que lleva ya décadas y que ninguna crisis pudo revertir— Hayward, en la costa este de la Bahía, fue durante mucho tiempo un lugar en el que todavía era posible acceder a un techo. 

Ya no es así, y por eso dos organizaciones (American Community Media y Housing & Economic Rights Advocates o HERA) ofrecieron un panel para la prensa, llamado “Preservando la propiedad de viviendas en Hayward, corazón de la Bahía”, el pasado martes 14 de octubre en la biblioteca pública local. Las conclusiones pueden aplicarse tanto a esa ciudad que tiene un 41 por ciento de latinos, como al resto de nuestra región. 

Como lo expresaron los organizadores, las empresas que tienen intereses en el mercado de viviendas (constructores e industrias relacionadas) “venden” al público que el ser propietaria o propietario de una casa es un primer paso para tener estabilidad económica. El tan mentado “sueño americano”. 

Sin embargo, integrantes de comunidades “étnicas” están hallando que ese primer paso puede conducir en cambio a una pesadilla de riesgos ocultos, entre los que se mencionaron las prácticas predatorias de las asociaciones de dueños (HOA) en condominios, o las barreras del lenguaje.

La senadora estatal demócrata Aisha Wahab expuso en la reunión que su familia emigró desde Afganistán y en 2018 fue la primera persona de ascendencia afgana en ocupar un cargo público en Estados Unidos al asumir como concejal de Hayward. Ahora representa en el Capitolio estatal a su ciudad, Union City, San José y Santa Clara, entre otras localidades del distrito 10. 

Explicó Wahab que los “intereses especiales” —poderosas empresas constructoras y afines, muchas de alcance nacional— dominan la provisión de vivienda a sectores con moderados o bajos ingresos aquí en California, por lo que es tan complicado desarrollar proyectos de este tipo, conocidos en inglés como “housing”.  

Citó como ejemplo el caso de una conocida compañía que terminó admitiendo a legisladores de Sacramento que “podría construir y vender casas a precios de Texas”, pero que no lo hacen porque aquí hay mucha gente que puede pagar lo que se les impone. 

Tengamos en cuenta por un lado la cifra ya mencionada (1 millón doscientos como promedio) y por el otro los abultados sueldos que pagan las empresas de tecnología con base en nuestra región a ingenieros en informática y otros profesionales altamente calificados: es muy claro que a las constructoras y desarrolladoras los números les cierran sin hacer demasiado esfuerzo, mientras que a la población restante lo que se les cierran son los caminos para acceder a un techo, incluyendo a maestros, trabajadores de servicios, otros profesionales o pequeños comerciantes. 

Para qué construir casas de bajo precio, si el negocio no está allí. Lo cual esa responsabilidad le cabe a los gobiernos – el estatal y los municipales-. Y abundan en el área de la Bahía las ciudades y pueblos pudientes que no quieren ni por asomo que en sus límites se construyan edificios, complejos o barrios para habitantes de medianos o bajos ingresos, presentando como una de las excusas “que sus (millonarias) propiedades se devalúan”.  

La senadora Wahab dijo en el encuentro que en 2023 se construyeron cien mil viviendas asequibles en el estado, pero que se necesita un total de 2 millones 500 mil para cubrir la demanda actual. 

Por su parte, Nancy Rivera, que es la directora de A-1 Community Housing Services de Hayward, expuso acerca de la ayuda que su agencia brinda a quien quiere comprar una casa: 

“Nos centramos en preguntas que debe hacerse cada persona o familia: ‘En su caso específico, ¿conviene o no comprar una casa? ¿Cómo es su situación financiera?’”. Según Rivera, contestar con sinceridad a estos interrogantes es fundamental para prepararse a asumir la responsabilidad de ser propietario y no ser sorprendido por lo que viene luego. 

Nancy Rivera contó una de las maneras que adoptó una apreciable cantidad de residentes de la región para acceder a viviendas: “Para no tener que irse del área, a Modesto o a Stockton por ejemplo, lo que hacen algunas familias es cooperar, aportando cada una su dinero con el fin de comprar una sola casa que luego se reparten”. 

Ello, dijo, se da mucho entre grupos familiares latinos que tienen pequeños emprendimientos o negocios. 

A-1 Community Housing Services – a1chs.org – ofrece seminarios y talleres en español e inglés, en los que se prepara a los interesados a entender la importancia de un buen puntaje de crédito; se les guía en cómo obtener una hipoteca; se les informa sobre las opciones de ayuda para el enganche inicial y los subsidios disponibles, y se les educa en cómo administrar bien su dinero después de la compra. 

Su directora recalcó que “este tipo de cursos o talleres es necesario hacerlos antes de tomar la decisión de comprar, no en el momento en que ya van a cerrar la operación”.

Por su lado, la abogada Gina Di Giusto de HERA enfatizó al respecto que la persona que busca ser propietaria debe informarse muy bien sobre los costos que implica ser dueña o dueño de una casa, pues si se adquiere una unidad en condominio, pueden darse aumentos súbitos e inesperados en lo que cobra periódicamente la asociación de propietarios o HOA. 

También es necesario pensar en posibles incrementos en el impuesto a la propiedad, en los seguros, en la luz y el gas, etcétera, recordó la representante de Housing & Economic Rights Advocates (HERA), asociación sin fines de lucro que provee asistencia legal a dueños de casa vulnerables en riesgo de perder sus viviendas.

Este artículo fue escrito con apoyo del Media Fellowship Program de American Community Media.

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