La ciudad de Redwood City y la Organización de Investigación Ambiental Hannig (HERO) anunciaron un acuerdo para resolver el litigio relacionado con Docktown Marina. Foto: Google Maps
The city of Redwood City y la Organización de Investigación Ambiental Hannig (HERO) anunciaron un acuerdo para resolver el litigio relacionado con Docktown Marina. Ambas partes colaborarán en una limpieza conjunta de la costa y garantizarán el acceso público al área.
La ciudad informó en un comunicado que continuará con los planes para usos públicos futuros en Docktown, incluyendo una consulta comunitaria. El acuerdo no implica intercambio de dinero, y cada parte cubrirá sus propios gastos legales.
Ambas partes acordaron también realizar una limpieza conjunta a lo largo de la costa de Redwood City, con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Bair Island, invitando a la comunidad a participar activamente en esta iniciativa ambiental.
“Nos alegra ver avances hacia un uso público del puerto deportivo de Docktown y la conservación del ecosistema marino. Esperamos colaborar para que estos terrenos públicos beneficien a la comunidad de Redwood City por generaciones”, expresó Kathleen Harris, presidenta y directora ejecutiva de HERO.
Por su parte, el alcalde Elmer Martínez Saballos destacó que “Los terrenos de Docktown son un recurso público vital y una pieza clave para el futuro Parque Bayfront. Invitamos a la comunidad a participar en la planificación de espacios recreativos y abiertos en esta zona portuaria”.
El acuerdo implicó la desestimación de la demanda por parte de HERO, sin intercambio monetario, y cada parte asumirá sus propios costos legales.
Y es que, Docktown Marina, ubicado en terrenos públicos en fideicomiso estatal, ha enfrentado problemas relacionados con usos residenciales. La ciudad tomó la administración en 2013 y, siguiendo directivas estatales, trabajó para eliminar dichos usos y restaurar el acceso público.
En 2023, HERO presentó una demanda acusando mala gestión, que la ciudad negó. Actualmente, con la mayoría de embarcaciones retiradas y la demolición del muelle en marcha, Redwood City planea el futuro del sitio, priorizando el interés público y el cumplimiento legal.
Restaurantes de California se encuentran afectados por las redadas migratorias en California, algunos restaurantes, preocupados por sus empleados o al descubrir que los clientes se quedan más tiempo en casa, están cerrando temporalmente.
Por Levi Sumagaysay y Lauren Hepler. CalMatters. Peninsula 360 Press.
Brandon Mejía suele pasar sus fines de semana dirigiendo una sinfonía de vendedores que sirven pupusas, huaraches y una variedad de tacos en sus dos eventos emergentes semanales 909Tacolandia.
Mitad festival gastronómico, mitad mercado de pulgas, estos eventos atraen a más de 100 vendedores cada semana en Pomona y San Bernardino. Ofrecen una forma de “legalizar” la comida callejera: los vendedores consiguen una ubicación confiable, las ciudades recaudan impuestos y hacen cumplir las normas sanitarias, mientras que los clientes disfrutan de exquisiteces de todo México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Suena música spanglish, la gente baila y los niños acuden en masa a pintarse la cara y a pasear en poni.
Pero la semana pasada, todo esto se detuvo abruptamente. A medida que la administración Trump intensifica las redadas migratorias en California, algunos restaurantes, preocupados por sus empleados o al descubrir que los clientes se quedan más tiempo en casa, están cerrando temporalmente.
Muchos vendedores ambulantes se están escondiendo, y algunos festivales gastronómicos y mercados agrícolas se han cancelado.
Mejía canceló todos los eventos de Tacolandia la semana pasada. Pensaba a toda velocidad si los agentes irían a buscar a sus vendedores mientras aparecían videos en redes sociales de taqueros, trabajadores agrícolas y vendedores de fruta desapareciendo en redadas de inmigración en Los Ángeles y el vecino condado de Ventura.
“Muchos de estos vendedores buscan tener restaurantes. Quieren seguir las reglas”, dijo Mejía, quien nació y creció en San Bernardino en una familia de la Ciudad de México. Pero después de consultar con los vendedores, decidieron que el riesgo era demasiado alto: “Algunas personas me han dicho que se han llevado a sus familiares, así que no quiero ser responsable”.
Tras una semana de protestas masivas y más redadas en granjas, supermercados y al menos un mercado de pulgas, Mejía y muchos otros siguen en vilo. Mejía comentó que algunos pequeños negocios de alimentos están desesperados, tratando de decidir si arriesgarse a reabrir o permanecer cerrados mientras sus propias familias pasan hambre.
Las interrupciones llegan en un momento difícil para la industria restaurantera de California, que ya enfrenta el aumento vertiginoso de los costos de los ingredientes, la mano de obra, el alquiler y los requisitos regulatorios. Solo en Los Ángeles, más de 100 restaurantes reconocidos cerraron el año pasado, según Los Angeles Times, todo antes de las redadas migratorias que, según advierten los líderes de la industria, podrían perjudicar aún más el sector.
En California, la industria alimentaria y de restaurantes empleaba a aproximadamente 1.42 millones de personas en abril, una fuerza laboral considerable que se ve afectada independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye a casi 600 mil personas que trabajan en restaurantes de servicio completo.
Jot Condie, presidente de la Asociación de Restaurantes de California, llamó a los inmigrantes “el alma de nuestra industria”.
Confusión sobre las órdenes de Trump
El presidente Donald Trump y su administración han sembrado la confusión: a finales de la semana pasada, el presidente publicó lo siguiente en redes sociales: “Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy valiosos y veteranos, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar”. Esto dio lugar a informes de que su administración suspendería la mayoría de las redadas en restaurantes, granjas y hoteles.
Esta semana, esas excepciones se revirtieron.
“El presidente ha sido increíblemente claro”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado enviado por correo electrónico a CalMatters. “No habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan deliberadamente socavar la labor del ICE”. McLaughlin añadió que “la aplicación de la ley en los lugares de trabajo sigue siendo un pilar fundamental de nuestros esfuerzos”.
Cuando CalMatters preguntó si las redadas en los lugares de trabajo se dirigirían solo a aquellos con antecedentes penales, la agencia no respondió.
“Estoy siguiendo los anuncios de la administración al pie de la letra”, dijo Mejía sobre los anuncios. “Pertenezco a esas categorías: hotelería y restaurantes. Pero lo que me asusta es que dijo que iba a ir a las ciudades más grandes: Los Ángeles, Chicago, Nueva York. No sé qué voy a hacer”.
El propietario de un camión de comida en el área de Pasadena que tuvo que cerrar dijo que le resulta difícil confiar en lo que dice el presidente.
“Sentimos que Trump no está siendo honesto”, dijo Adriana Gómez Salazar, quien tenía 4 años cuando llegó a Estados Unidos desde México y ha podido trabajar legalmente durante años sin temor a ser deportada como beneficiaria de DACA. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), establecido durante la presidencia de Barack Obama, enfrenta desafíos legales.
Salazar tuvo que cerrar su food truck en Altadena, LA Cajun Seafood Boil, tras los incendios de enero. Al reabrir, comentó que los clientes escaseaban porque la zona necesita reconstruirse. No cumplía los requisitos para un préstamo de desastre a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) por ser beneficiaria de DACA, algo que, según ella, es frustrante porque es contribuyente y solo intenta ganarse la vida.
Ahora, Salazar ha tenido que cerrar de nuevo para protegerse a sí misma y a sus trabajadores, y porque muchos clientes se quedan en casa por miedo a las redadas de ICE. Intenta generar ingresos con trabajos de catering y ha creado una campaña de GoFundMe para recaudar fondos no solo para ella, sino también para un empleado que se encuentra sin trabajo.
“No tengo ni idea de cuánto tiempo me van a cerrar”, dijo. “Trump puede decir muchas cosas (sobre suspender las redadas de ICE), pero también ha dicho que quiere llevar a cabo las deportaciones masivas más grandes de la historia”.
En el barrio de Wilmington, Los Ángeles, un mercado de agricultores también cerró. “Debido al aumento de la actividad de ICE en Wilmington, muchos de nuestros agricultores están asustados y han decidido no asistir… Esperamos reabrir algún día… pero por ahora, debemos mantenernos al margen”, según una publicación del lunes en la página de Instagram del Mercado de Agricultores de Wilmington.
Historias y preocupaciones similares han surgido en todo el estado. El restaurante Buona Forchetta de San Diego fue objeto de una “redada traumática”, confirmaron recientemente sus dueños en un comunicado. Tuvieron que cerrar durante un par de días.
En el Área de la Bahía, los propietarios de restaurantes y los grupos industriales están ansiosos y se preparan para el posible impacto en sus trabajadores y negocios.
Los propietarios educan a los trabajadores sobre sus derechos
El propietario de un restaurante mexicano en el históricamente latino Distrito de la Misión en San Francisco, que solicitó el anonimato por temor a que su restaurante y sus trabajadores pudieran ser objeto de persecución por parte de ICE, dijo que ha repasado posibles escenarios con sus empleados en caso de que agentes federales ingresen al restaurante.
Tiene un letrero que dice claramente “solo empleados” más allá de cierto punto. Más allá del letrero, no es un espacio público, así que se supone que sus empleados deben estar seguros allí, dijo.
Sus empleados también saben que los agentes deben mostrar una orden judicial y que deben verificar el nombre que aparece en ella. Saben también que deben intentar detener a los agentes verbalmente y con gestos, para que las cámaras de su sistema de seguridad puedan registrarlo todo como posible prueba posterior.
Todos sus empleados tenían la documentación necesaria cuando fueron contratados, pero no puede estar seguro de su estatus migratorio.
“No quiero dar por sentado que alguien es indocumentado”, dijo. “No tengo motivos para cuestionarlos”.
Dijo que lo único que les puedo decir es que tengan cuidado, sobre todo ahora. “Les dije que tengo cuidado porque parezco muy mexicano”, dijo. “Así que conozcan sus derechos cuando estén en la calle”.
Según una estimación del Migration Policy Institute, un grupo de expertos de tendencia liberal, más de 250 mil inmigrantes indocumentados en California trabajaron en las industrias de alojamiento y servicios de comida, artes, entretenimiento y recreación en 2019.
Condie dijo que la Asociación de Restaurantes de California está trabajando con la Asociación Nacional de Restaurantes para impulsar una reforma migratoria federal, que incluye proporcionar vías para la legalización de aquellos que están indocumentados y crear un programa de visas para trabajadores temporales.
La Asociación de Restaurantes Golden Gate, que cuenta con alrededor de 800 miembros de la industria, principalmente en San Francisco, se está centrando en difundir información para tratar de calmar parte de la ansiedad.
“Este miedo realmente está causando estrés en las familias, los trabajadores y también en los clientes”, dijo Laurie Thomas, directora ejecutiva de la asociación.
Además del posible costo personal y financiero para los trabajadores y propietarios como resultado directo de las redadas, dijo que las protestas contra las redadas podrían significar un doble problema para los restaurantes, que tienen márgenes muy ajustados: tienen que prepararse para las posibilidades de una pausa en los negocios, violencia y vandalismo también.
Thomas está al tanto de las directivas cambiantes de la administración Trump. “Hasta que no haya claridad sobre las medidas en curso, seguirá habiendo un alto nivel de estrés en nuestra comunidad”, afirmó.
Algunos dueños de restaurantes en California se mantienen desafiantes y abiertos. En Long Beach, el chef y propietario de El Barrio Cantina, Ulises Pineda-Alfaro, decidió que su restaurante ofrecería a la comunidad un lugar para reunirse y tomarse un respiro de las noticias catastróficas.
Tras varias llamadas a populares marcas de licores de propietarios mexicanos, también ideó una forma de ayudar a quienes están en primera línea. El fin de semana pasado, por 13 dólares, los clientes podían disfrutar de los taquitos de papa del restaurante y una margarita o un whisky sour. El 100 por ciento de las ganancias se destinaría al grupo local de derechos de los inmigrantes Órale.
“La industria hotelera, su columna vertebral, está formada principalmente por inmigrantes”, dijo Pineda-Alfaro. “Mi padre fue inmigrante hasta que obtuvo la ciudadanía. Me afecta profundamente”.
El viernes pasado, una publicación en Instagram que anunciaba el acuerdo tenía más de 50 mil visitas y Pineda-Alfaro dijo que alrededor de una docena de personas estaban esperando afuera cuando el restaurante abrió para el almuerzo ese día, una vista bienvenida ya que otras partes de la ciudad estaban vacías.
“He visto a algunos vendedores y otros restaurantes cerrar temprano o no abrir”, dijo. “Estamos integrados en la comunidad, de ahí nuestro nombre. Seguiremos abiertos”.
Turismo internacional cae en Estados Unidos, atribuida en buena parte a las políticas migratorias, comerciales y retórica del expresidente Donald Trump.
El turismo hacia Estados Unidos, antes uno de los motores más sólidos de su economía, ha registrado una fuerte caída en los últimos años, atribuida en buena parte a las políticas migratorias, comerciales y retórica del expresidente Donald Trump. Analistas advierten que esta tendencia, conocida como la “Trump Slump”, podría tener efectos prolongados y profundos.
En marzo de 2025, las llegadas internacionales por avión disminuyeron 11.6 por ciento interanual, con regiones como Alemania (-28 %), España (-25 %), Reino Unido (-18 %), Canadá (-17 %), Corea del Sur (-15 %) y Australia (-7 %).
En tanto, en el periodo de enero a abril de 2025, las llegadas por aire disminuyeron 2.5 por ciento, con una caída de 20 por ciento en visitantes canadienses.
Tourism Economics recortó su previsión de visitantes extranjeros de 79 millones a 66 millones, advirtiendo un impacto combinado de entre 23 mil y 64 mil millones de dólares en el PIB según analistas como Goldman Sachs y J.P. Morgan.
Entre las causas identificadas del desplome del turismo nacional están la políticas migratorias restrictivas y lenguaje hostil, incluyendo detenciones en frontera y vetos de viaje, que han disuadido a turistas de países como Canadá y la Unión Europea.
A ellos se suman las guerras comerciales, los aranceles agresivos y tensiones con aliados que redujeron la confianza internacional. Además de las preocupaciones por seguridad migratoria, comentarios polémicos y recomendaciones para evitar viajar a Estados Unidos.
Y es que, Nueva York espera hasta 3 millones menos de visitantes internacionales en 2025, y Las Vegas reporta una caída del 7.8 por ciento en ingresos hoteleros.
A ello se suma que aerolíneas y plataformas como Airbnb y Booking.com están recortando proyecciones y cancelando vuelos por la baja demanda.
Así, ciudades y estados vinculados con el turismo, especialmente próxima a la Copa Mundial 2026, ven cada vez más urgente revertir la tendencia.
A nivel global, Canadá registró hasta 20–26 por ciento menos viajes hacia EE. UU. en marzo 2025, con cancelaciones masivas y hasta 76 por ciento menos reservaciones aéreas. Gran parte de Europa también advirtió sobre viajes a la unión americana, provocando un descenso notable en viajeros desde Alemania, Reino Unido y Francia.
Economistas señalan que el turismo es extremadamente sensible a la percepción internacional. El “Trump Slump” no se debe solo a aranceles o políticas aisladas, sino a una visión global de EE. UU. como un destino menos acogedor.
La recuperación anticipada para 2029, según Tourism Economics, dependerá de acciones que reconstruyan la imagen del país, como flexibilizar reglas migratorias, promover campañas internacionales y optimizar la bienvenida a visitantes.
Apoyo a jóvenes LGBTQ desaparece constantemente, ante esto, el gobernador Gavin Newsom condenó la decisión federal que elimina apoyo a jóvenes de la comunidad LGBTQ dentro de la Línea de Ayuda Nacional para Suicidios y Crisis 988.
The Governor Gavin Newsom criticó duramente este miércoles la decisión de la administración Trump de eliminar el apoyo especializado para jóvenes LGBTQ+ dentro de la Línea de Ayuda Nacional para Suicidios y Crisis 988, la cual perderá uno de sus servicios más sensibles a partir del 17 de julio, cuando se corten los fondos federales que sostenían el programa operado por el Proyecto Trevor.
“Cortar un recurso vital comprobado para las personas necesitadas es indignante e inexcusable”, declaró Newsom. “Mientras esta administración federal recorta servicios e intenta eliminar a las personas LGBTQ+, California hará lo contrario. Todos los niños —heterosexuales, gays, transgénero— tienen derecho a estar ahí.”
La crítica del gobernador llega en un momento de creciente tensión entre California y la Casa Blanca, particularmente en temas de derechos civiles y políticas de inclusión. Mientras el gobierno federal se retira, California redobla esfuerzos con su ambicioso Plan Maestro de 4.7 mil millones de dólares para la Salud Mental Infantil, que incluye alianzas estratégicas con organizaciones como el Proyecto Trevor.
Desde septiembre de 2022, el Proyecto Trevor ha estado ofreciendo asistencia especializada a jóvenes LGBTQ+ en crisis a través del sistema nacional 988.
Solo en 2024, sus consejeros ayudaron a unas 500 mil personas, y más de 231 mil de esas interacciones ocurrieron a través de la Línea de Vida. La organización estima que más de 1.8 millones de jóvenes LGBTQ+ consideran seriamente el suicidio cada año en Estados Unidos; al menos uno intenta quitarse la vida cada 45 segundos.
Actualmente, California opera 12 centros locales con personal capacitado para responder llamadas, chats y mensajes de texto a través del 988. Además, los jóvenes LGBTQ+ pueden continuar accediendo a servicios de prevención del suicidio a través del Proyecto Trevor al 1-866-488-7386, vía chat o mensaje de texto.
El estado también ofrece servicios de apoyo emocional no urgentes a través de CalHOPE, un recurso gratuito y accesible para jóvenes, adultos y familias que enfrentan estrés, ansiedad o depresión. La línea CalHOPE brinda atención empática y culturalmente competente, ayudando a quienes llaman a encontrar esperanza en momentos de oscuridad.
Una batalla por el alma del sistema de salud mental
La medida del gobierno federal ha sido ampliamente criticada por expertos en salud mental y defensores de derechos LGBTQ+. Para muchos, representa no solo un retroceso en materia de salud pública, sino un mensaje peligroso sobre la falta de compromiso con las vidas y la dignidad de una población altamente vulnerable.
Newsom ha reiterado que California no permitirá que la intolerancia federal dicte las políticas estatales: “Nosotros no nos daremos por vencidos. Si el gobierno federal da la espalda, nosotros abrimos los brazos.”
Con esta postura, el estado refuerza su imagen como bastión de los derechos humanos y la inclusión en un panorama político nacional cada vez más dividido.
San Mateo celebra la herencia inmigrante con una feria de Recursos Comunitarios gratuita y familiar.
El corazón de Redwood City latirá con fuerza este sábado cuando el San Mateo County abra sus puertas —y su espíritu— a todas las culturas que lo habitan. En honor al Mes de la Herencia Inmigrante, se llevará a cabo una Feria de Recursos Comunitarios gratuita y familiar, donde la diversidad no solo se reconoce, sino que se celebra con alegría, danza, sabores y solidaridad.
La cita es de 11:00 a 14:00 horas en el patio del 500 County Center, en pleno centro cívico. Lo que promete no ser solo un evento informativo, sino una fiesta comunitaria que mezcla servicios esenciales con expresiones artísticas de culturas que, día a día, construyen el alma del condado.
Organizada por el Condado de San Mateo, la feria reunirá a más de 30 organizaciones comunitarias, agencias públicas y grupos culturales. ¿Qué habrá? De todo: desde asistencia para vivienda, orientación legal y programas de salud, hasta cuidado para personas mayores y oportunidades para la juventud.
Es una invitación abierta para inmigrantes nuevos y establecidos, familias trabajadoras, jóvenes curiosos y cualquier persona que quiera conocer más sobre los recursos disponibles en su comunidad.
Entre los participantes estarán organizaciones clave como El Concilio del Condado de San Mateo, Puente de la Costa Sur, Peninsula Family Service, Legal Aid Society / Programa Libre, y equipos del gobierno local como la Oficina de Asuntos Comunitarios, Gestión de Emergencias y Normas Laborales.
Además de servicios útiles, la feria será un escaparate de riqueza cultural. El grupo RAHITI: Hālau Hula O Keli’ikoanuiokeao presentará danzas tradicionales polinesias cargadas de historia y belleza, mientras que el colectivo artístico FAGOGO nos sumergirá en relatos del Pacífico contados a través de movimiento, música y DJ en vivo.
Y como toda celebración merece buen sabor, habrá food trucks con delicias gastronómicas y helados para refrescar la tarde.
En medio de debates nacionales sobre migración y justicia, esta feria no es solo una reunión, es una afirmación. Una declaración de que, en el condado de San Mateo, la diversidad es fortaleza y la comunidad es el camino. Que ser inmigrante no es motivo de exclusión, sino de orgullo.
Más que una feria, es una muestra viva del tejido humano que da vida a California: trabajadores, madres, estudiantes, abuelos, dreamers… todos bienvenidos, todos necesarios.
El auditor de la policía de San José quiere revisar todos los casos de uso de la fuerza, un nivel de supervisión ya establecido para las fuerzas del orden del condado.
El auditor policial independiente de San José quiere revisar todos los casos de uso de la fuerza, un nivel de supervisión ya establecido para las fuerzas del orden del condado. Sin embargo, la idea enfrenta resistencia por parte de la policía y los concejales de la ciudad.
De un total de 400 incidentes en los que la policía de San José usó armas o agredió a personas, 13 resultaron en lesiones corporales graves en 2024, según un nuevo informe del Auditor Independiente de la Policía (IPA), Eddie Aubrey.
Este es el primer año que su oficina ha podido revisar estos casos a fondo tras obtener una mayor autoridad de supervisión tras la aprobación de la Medida G por parte de los votantes en 2020.
De ahora en adelante, Aubrey quiere revisar todos los incidentes en los que la policía usó fuerza contra alguien, independientemente de si hubo civiles heridos o no. Sin embargo, el Ayuntamiento de San José y el departamento de policía afirmaron que sería demasiado costoso y abriría cientos de nuevos casos a revisión.
El informe de la IPA indicó que los 13 incidentes se ajustaron a los límites del uso razonable de la fuerza, a pesar de la preocupación por la alta tasa de lesiones causadas por perros policías y los frecuentes golpes policiales en partes sensibles del cuerpo. También indicó que la escasez de personal dificultó la profundidad de estas revisiones y aseguró un informe más detallado a finales de este año.
La policía y los concejales de San José afirman que el modelo actual de la oficina de la IPA equilibra la rendición de cuentas con la eficiencia. Advierten que la idea de ampliar el alcance a usos menores de la fuerza desviaría la atención de incidentes más graves y generaría nuevas tensiones en un presupuesto ya ajustado.
También se oponen a la recomendación de Aubrey de tener el mismo nivel de acceso a las investigaciones de tiroteos en los que participan agentes que la división de Asuntos Internos del departamento.
“El sistema actual de supervisión de San José logra este equilibrio al brindar a la oficina de la IPA acceso oportuno a incidentes graves y garantizar que las quejas de la ciudadanía, independientemente de su gravedad, se revisen a fondo”, se lee en un memorando en respuesta al informe del alcalde Matt Mahan y otros tres concejales. “Compartimos las preocupaciones planteadas por el jefe Paul Joseph y la Oficina del Administrador Municipal de que las Recomendaciones de la OPIA (…) presentarían riesgos operativos y de investigación, e impondrían importantes impactos fiscales y de personal”.
La oficina de Mahan se negó a hacer comentarios más allá del memorando.
Pero los defensores dicen que ampliar el alcance sugerido por el auditor mejoraría la transparencia y la confianza de la comunidad, y pondría la autoridad de la oficina en línea con la oficina que monitorea al Sheriff del Condado de Santa Clara.
“Podemos observar lo que queramos en cuanto al uso de la fuerza. Es importante analizar los usos de fuerza de bajo nivel, aunque las consecuencias no sean tan graves en cuanto a lesiones”, declaró Michael Gennaco, director de la Oficina de Monitoreo Correccional y de Aplicación de la Ley (OCLEM) del Condado de Santa Clara, a San José Spotlight. “Incluso en esos casos, si se hubiera podido desescalar la situación y se hubiera utilizado eficazmente, tal vez no hubiera sido necesario intervenir directamente”.
El presidente de la NAACP de San José/Silicon Valley, Sean Allen, suele discrepar con la oficina de Gennaco sobre la supervisión del sheriff. Pero la propuesta de ampliar la oficina de supervisión policial de San José los pone de acuerdo.
“Puede que esto incomode a la policía, pero la realidad es que el auditor independiente debe proporcionar una precisión independiente. La policía no puede vigilarse a sí misma. No podemos confiar en que lo hagan. Los auditores deben tener acceso a todo”, declaró Allen, sargento retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara, a San José Spotlight.
Cambio de guardia
Aubrey asumió el cargo en abril de 2024 durante una época turbulenta. Reemplazó a Shivaun Nurre, cuyos cinco años como principal organismo de control de la ciudad finalizaron en 2023 tras una discusión en estado de ebriedad con agentes de policía en un festival público. Apenas unos meses después de la salida de Nurre, el asistente del IPA de San José renunció, dejando una carta mordaz en la que criticaba a la ciudad por ignorar la oficina del IPA y sus recomendaciones.
El informe de Aubrey estudió una variedad de componentes de la responsabilidad policial.
Los incidentes de uso de la fuerza que resultan en lesiones corporales graves, así como las quejas de ciudadanos sobre el uso de la fuerza, han disminuido cada año desde 2021, según el informe de la IPA. Sin embargo, los tiroteos con agentes involucrados han aumentado. Las mordeduras de perros policía, con la excepción de 2024, se han convertido en la principal causa de lesiones corporales en civiles, a pesar de que el uso de perros policía ha disminuido cada año desde 2021, según el informe.
Las denuncias formales por mala conducta afectaron a casi 300 agentes en 2024, lo que representa un aumento del 16.5 por ciento con respecto a 2023. Alrededor del 29 por ciento de los agentes recibió al menos una denuncia de un miembro de la comunidad. Los tipos de denuncia más comunes fueron violaciones de procedimiento (33 por ciento), violaciones de la Cuarta Enmienda (27 por ciento), “descortesía” (16 por ciento) y actuación policial sesgada (15 por ciento), según el informe.
Más de 260 denuncias por mala conducta provinieron de la comunidad, y 41 adicionales fueron presentadas por el propio departamento. El departamento admitió 26 de las denuncias presentadas contra agentes y 34 de las denuncias de la comunidad.
La mayoría de las denuncias se presentaron contra agentes durante sus primeros cuatro años de servicio. Varios agentes con al menos 16 años de experiencia recibieron cinco o más denuncias cada uno en 2024. Un solo agente con al menos 16 años de experiencia recibió siete denuncias.
El departamento de policía solo estuvo en desacuerdo con tres de las 12 recomendaciones de la IPA para cambios de políticas, incluida la revisión ampliada del uso de la fuerza, obtener el mismo nivel de acceso que Asuntos Internos y mejorar las políticas en torno al uso de los vehículos del departamento fuera de servicio.
Allen dijo que le gustaría ver que la oficina de Aubrey desglosara las quejas civiles por demografía racial.
“Y cuando las quejas son fundadas, también es necesario mostrar la demografía racial que hay detrás de ellas”, dijo Allen.
*El gobernador de California llama a los ciudadanos a defender la democracia y no permitir que Trump la destruya.
El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una dura crítica contra el presidente Donald Trump por lo que considera autoritarismo y militarización en California.
The governor of California, Gavin Newsom, lanzó una dura crítica contra el presidente Donald Trump por lo que considera un avance autoritario en Estados Unidos, señalando específicamente las redadas migratorias indiscriminadas, la militarización de las calles y el uso indebido de la Guardia Nacional en California.
En un artículo de opinión titulado “La democracia en una encrucijada”, publicado esta semana, Newsom advirtió que los abusos cometidos por el gobierno federal no solo amenazan a las comunidades inmigrantes, sino que representan un peligro para todo el país.
“Si cualquiera de nosotros puede ser secuestrado de las calles sin orden judicial, basándose únicamente en sospechas o el color de la piel, entonces ninguno de nosotros está a salvo”, expresó.
El gobernador denunció que, en las últimas semanas, agentes federales de inmigración han realizado redadas masivas en el sur de California, deteniendo a personas sin antecedentes penales ni órdenes de arresto, incluyendo a mujeres embarazadas y niños. Además, apuntó que ciudadanos estadounidenses también han sido hostigados y detenidos sin justificación legal.
Newsom acusó al presidente Trump de requisar ilegalmente a 4 mil miembros de la Guardia Nacional de California sin solicitud del estado, y de desplegar a más de 700 infantes de marina entrenados para el combate en el extranjero en las calles de Los Ángeles.
“No queremos que nuestras calles sean militarizadas por nuestras propias Fuerzas Armadas. Esto no es seguridad pública, es tiranía”, afirmó el gobernador.
También criticó lo que describió como una estrategia de miedo y división impulsada por la Casa Blanca, señalando que “Trump y sus leales se nutren de la división porque les permite consolidar el poder y ejercer un control aún mayor”.
En respuesta a estas acciones, California ha presentado 26 demandas contra la administración Trump. Una de ellas resultó en una orden judicial que frena temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en el estado.
Newsom hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su poder y alzar la voz frente al autoritarismo. Y fue contundente: “No podemos permitir que Donald Trump destruya nuestra democracia. No podemos rendirnos ante él. No dejemos que gane.”
“El artículo no trata solo de California o de Los Ángeles. Se trata de todos nosotros, se trata de usted”, subrayó el mandatario estatal, insistiendo en que la única defensa contra la erosión de las instituciones democráticas es la acción colectiva del pueblo.
Cualquiera que piense que una biblioteca filatélica está llena de sellos cuidadosamente guardados dentro de pequeños sobres, estaría equivocado.
La Biblioteca Filatélica Occidental, ubicada en un barrio industrial de Redwood City, no es el lugar ideal para buscar sellos. Sin embargo, es el lugar ideal para investigadores que desean encontrar libros y monografías sobre sellos. También es un lugar ideal para disfrutar de exposiciones postales relacionadas con los sellos: un antiguo buzón, una máquina de sellos y una colección de estuches plateados para guardar sellos. La filatelia se refiere al estudio, la colección y la apreciación de los sellos postales y la historia postal.
Tres miembros de la biblioteca estuvieron en el edificio de 3.000 pies cuadrados un sábado reciente, explicando cómo alberga una de las bibliotecas filatélicas más grandes de Estados Unidos, con más de 16 mil libros y monografías sobre sellos.
Los visitantes pueden examinar la selección de libros de la biblioteca esotérica, con títulos como “Historia postal de las fuerzas imperiales australianas 1914-1918”, o dirigirse a revistas encuadernadas con títulos como “Noticias de la filatelia húngara”.
Joe Coleman, de 72 años, residente de Portola Valley y miembro de la biblioteca, comentó que aquí pudo aprender más sobre las estampillas del pequeño país de Liechtenstein. Coleman, jubilado tras una carrera en finanzas, tiene una colección de más de medio millón de estampillas, que, según él, ocupan una habitación entera de su casa.
La biblioteca cuenta con un sistema informático que permite consultar información sobre su colección, pero el sistema no está en línea, explicó Coleman. Quienes buscan sellos deben visitarlo en persona.
La biblioteca filatélica se fundó en 1969 y estuvo ubicada durante muchos años en la Biblioteca Pública de Sunnyvale, en el condado de Santa Clara. El edificio actual, propiedad de la biblioteca sin fines de lucro, ha sido su sede durante los últimos 11 años. La biblioteca cuenta con unos 200 miembros y está abierta al público.
Las tiendas de sellos han desaparecido prácticamente del panorama minorista en los últimos años, y muchos coleccionistas ahora compran sellos en línea. Sin embargo, a juzgar por la colección de folletos, revistas y anuncios de exposiciones filatélicas actuales de la biblioteca, coleccionar sellos sigue siendo un pasatiempo viable.
“Coleccionar sellos es como trabajar en un rompecabezas”, dijo Coleman, “pero nunca se termina”.
Se invita a investigadores, estudiantes y clubes filatélicos a visitar la biblioteca, aunque los miembros de la biblioteca fueron los únicos que estuvieron allí en una visita reciente.
Eduardo Martino, de 67 años, residente de San Carlos, Coleman, y Jim Giacomazzi, de 83, revisaban colecciones de sellos y libros donados recientemente. Los sellos más valiosos se venden en eventos de recaudación de fondos para apoyar las operaciones de la biblioteca.
Un padre animó a Giacomazzi a comenzar a coleccionar sellos cuando era niño.
“Empecé en 1948, porque no teníamos televisión”, dijo. “Le dije a mamá: ‘Me aburro'”.
Pero ahora, dijo, “tendemos a ser una organización más antigua”. Especuló que coleccionar sellos no atrae a las generaciones que pueden entretenerse con sus teléfonos.
La colección de sellos atrae a muchas personas que trabajan con números en sus carreras, como ingeniería y finanzas, dijo Coleman.
Martino dijo que los beneficios de coleccionar sellos incluyen aprender sobre historia, arte, ciencia y geografía.
Coleman enumeró dos formas en que el coleccionismo de sellos continúa atrayendo a coleccionistas más jóvenes: los maestros de escuela, que transmiten su interés por la filatelia a sus estudiantes, y Scouting America, que ofrece una insignia de mérito en el coleccionismo de sellos.
Algunos coleccionistas de sellos pertenecen a clubes y asisten a reuniones y exposiciones para exhibir y vender sellos. La biblioteca exhibe folletos de clubes filatélicos locales de Fremont, San José, Novato, Alameda y Sacramento.
La Biblioteca Filatélica Occidental se encuentra en 3004 Spring St., Redwood City. Abre los sábados por la mañana y otros días de la semana. La membresía cuesta 25 dólares al año, pero la biblioteca está abierta al público. Para más información, visite fwpl.org.
Debido al papel de Purdue Pharma LP y sus propietarios, la familia Sackler, en el desencadenamiento y agravamiento de la crisis de opioides, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció este lunes que un total de 55 fiscales generales de todo Estados Unidos han firmado un acuerdo histórico por 7.4 mil millones de dólares.
California Attorney General, Rob Bonta, anunció este lunes que un total de 55 fiscales generales de todo Estados Unidos han firmado un acuerdo histórico por 7.4 mil millones e dólares con Purdue Pharma LP y sus propietarios, la familia Sackler, por su papel en el desencadenamiento y agravamiento de la crisis nacional de opioides.
El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de un tribunal de quiebras, pone fin al control de la familia Sackler sobre Purdue Pharma y prohíbe su participación en la venta de opioides en el país. Además, representa el mayor acuerdo hasta la fecha con individuos considerados responsables directos de la epidemia de opioides en Estados Unidos.
“Las empresas y personas que alimentaron esta crisis deben rendir cuentas”, declaró el fiscal general Rob Bonta. “Con el anuncio de hoy, el Departamento de Justicia de California continúa brindando resultados para nuestras comunidades”.
Bajo los términos del acuerdo, California recibirá hasta 440 millones de dólares en los próximos 15 años, fondos que se destinarán al tratamiento, prevención y recuperación de adicciones en comunidades afectadas. La mayor parte del dinero será distribuido durante los primeros tres años.
Los Sackler pagarán mil 500 millones de dólares y Purdue aportará 900 millones de dólares en el primer tramo, seguidos de pagos adicionales de 500 millones en el primer y segundo año, y 400 millones en el tercero.
“Al responsabilizar a Purdue Pharma y a la familia Sackler… estamos proporcionando fondos muy necesarios para quienes han sido afectados por esta crisis”, agregó Bonta.
Un paso hacia la rendición de cuentas
Durante años, Purdue Pharma, bajo el liderazgo de los Sackler, promovió agresivamente la venta de opioides como el OxyContin, minimizando sus riesgos y alimentando una dependencia generalizada que devastó comunidades en todo el país. La compañía ahora estará bajo el control de un nuevo consejo de administración supervisado por representantes estatales y otros acreedores, y no podrá ejercer presión política ni comercializar opioides en el futuro.
Finalizado el período de firma estatal, el acuerdo será presentado para su aprobación por gobiernos locales en todo el país. La adhesión de estas entidades dependerá de la resolución de procedimientos judiciales en curso relacionados con la quiebra de Purdue.
Una audiencia sobre el tema ha sido programada para los próximos días.
Con este acuerdo, California suma un total de 4.6 mil millones de dólares en compromisos financieros obtenidos mediante acuerdos con empresas e individuos vinculados a la crisis de opioides. Este avance se da en coordinación con una amplia coalición nacional de fiscales generales, incluyendo representantes de territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.
El gobernador Gavin Newsom, informó que el presidente Donald Trump, está recortando el financiamiento de la seguridad pública en California.
The governor of California, Gavin Newsom, informó que el presidente Donald Trump, está recortando el financiamiento de la seguridad pública, al eliminar miles de millones de dólares de programas que ayudan a los departamentos de policía, combaten el terrorismo, previenen la violencia armada y protegen a las mujeres y los niños de la violencia doméstica.
Todo ello, dijo, mientras aumenta la deuda de la nación para pagar la militarización de Los Ángeles y su fiesta de cumpleaños impulsada por el ego.
“Trump no respeta el Estado de derecho ni a los contribuyentes. Usa a nuestros militares —nuestros héroes— como sus propias piezas de ajedrez y está manipulando la situación contra nuestras propias fuerzas del orden estatales y locales. Ya basta”, dijo Newsom en un comunicado.
El líder estatal refirió que el presidente Trump propone recortar el financiamiento de la seguridad pública en todo el país, poniendo en riesgo la seguridad y las vidas de todos los estadounidenses.
Aseguró que, en un momento en el que los delitos violentos están disminuyendo, el llamado “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Trump amenaza con borrar avances sustanciales en materia de seguridad pública, en un momento en el que se necesita exactamente lo contrario.
Y es que, entre los recortes de financiación propuestos por el presidente están el eliminar mil millones de dólares de los departamentos de policía para reducir los delitos violentos, los delitos de odio y los delitos contra las mujeres.
Asimismo, 646 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la prevención de la violencia y el terrorismo; 545 millones de dólares del Buró Federal de Investigaciones (FBI), reduciendo su fuerza laboral en más de 2 mil personas y su capacidad para mantener a los criminales fuera de las calles; y 491 millones de dólares de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), lo que hace que nuestra infraestructura cibernética y física sea más vulnerable a los ataques.
De igual manera, precisó, se recortarán 468 millones de dólares de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), lo que reduce en gran medida su capacidad para acabar con el tráfico de armas de fuego y reducir la violencia armada; y 212 millones de dólares de la Administración de Control de Drogas (DEA), lo que reduce en gran medida su capacidad para ayudar a la policía estatal y local y debilita los esfuerzos para combatir el tráfico internacional de drogas que afecta a los Estados Unidos.
Al igual que la eliminación de 107 millones de dólares de la Oficina de Seguridad Pública y Justicia de Asuntos Indígenas (BIA), lo que agrava la actual falta de personal y hace que las comunidades tribales sean menos seguras.
Newsom recordó que, a medida que el gobierno federal aumenta el déficit pendiente, los contribuyentes pagan el despliegue de militarización de 134 millones de dólares en Los Ángeles, donde Trump tomó ilegalmente el control de las unidades estatales de la Guardia Nacional.
Trump federalizó a 4 mil soldados de la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para usarlos como peones en Los Ángeles. “Ahora hay más tropas estadounidenses desplegadas en Los Ángeles que en Irak y Siria juntos”.
Trump está aumentando la deuda nacional
De acuerdo con el gobierno de California, la propuesta presupuestaria de Trump endeudaría aún más al país, pues si bien propone recortar los fondos para la seguridad pública, propone recortes fiscales aún más drásticos para los ricos, lo que agudizaría aún más las cuentas en números rojos del gobierno federal.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su propuesta añadiría 2.4 billones de dólares al déficit, incluso sin considerar los intereses.
