El sistema fiscal de Estados Unidos se encuentra teniendo muchos cambios, al reducir el personal la manera de recaudar y realizar trámites afectará los procesos y las contribuciones.
El sistema fiscal en Estados Unidos se está modificando con la llegada de Donald Trump como presidente, pues el Servicio de Impuestos Internos sufrirá recortes en miles de puestos de trabajo, reduciendo su plantilla 18 por ciento a finales de mayo, lo que modificará la manera de percibir las responsabilidades fiscales en la comunidad.
Según lo planeado por el multimillonario Elon Musk, bajo la bandera del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), Trump realizará recortes en los gastos y parte de estos serán en el personal, acciones que expertos prevén, podrían reducir los ingresos públicos hasta 395 mil millones de dólares en la próxima década.
La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos federales para el año fiscal 2025 para residentes y no residentes que obtuvieron ingresos en el país, es el 15 de abril de 2025.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, por lo que es responsable de la interpretación y aplicación de las leyes fiscales de carácter federal, sus funciones son esenciales para la economía del país.
La gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que laboran en el país deben presentar cada año una declaración de impuestos, para este trámite se toman en cuenta aspectos como el ingreso bruto, estado civil, edad y algunos otros.
A través de una conferencia realizada por American Community Media, especialistas estiman que la extensión en los recortes de impuestos agregaría 4 billones a la deuda nacional en diez años, con la mayoría de los beneficios para los ricos estadounidenses.
Natasha Sarin, profesora de derecho y finanzas de la Universidad de Yale, presidente de The Budget Lab, explicó que, básicamente están disminuyendo el tamaño de la agencia y las inversiones, han echado a 7 mil empleados que no estaban contratados permanentemente y que estaban asignados para trabajar en el tema del cumplimiento de impuestos.
“Hemos concluido que, el IRS seria más chico, unos 400 mil millones de dólares, simplemente por la reducción del personal, pero es muy difícil generar un estimado, tomando en cuenta que se harán menos auditorias al reducir los recursos; esto va a impactar en el comportamiento de las personas que estamos pagando impuestos”, comentó la académica.
Sarin agregó que, tiene mucho que ver con las leyes y los dólares, pero también con el comportamiento de los ciudadanos y los resultados, pues el cumplimiento del pago de impuestos ha disminuido y con estos cambios será mayor.
Michael Kaercher, director adjunto del Centro de Derecho Fiscal de la NYU, antiguo abogado del IRS, comentó que la mayoría de los ajustes, son en beneficio de los más ricos.
“Las tarifas son impuestos de consumo, y los impuestos de consumo generalmente son progresivos y tienen un impacto más amplio en las comunidades de bajos recursos en vez de tenerlo en las personas ricas”, puntualizó Kaercher.
Además, agregó que, “estamos pagando estos cortes inmensos fiscales para las personas ricas, dándole la espalda a las personas que son familias de bajos recursos y medianos recursos, entonces todo este tema parece ser que las familias son las que lo están cargando”.
Aravind Boddupalli, investigador senior asociado de Tax Policy Center, comentó que la función del ISR es asegurarse que todo el mundo este cumpliendo la ley fiscal, pues se estima que migrantes indocumentados pagan 60 mil millones cada año en impuestos de salarios y la mayoría de los inmigrantes cumplen con el pago de sus impuestos, aunque no sean beneficiarios de sus servicios.
Boddupalli, expresó que con todos los cambios habrá efectos de miedo, sobre todo con los indocumentados, residentes permanentes, ciudadanos naturalizados y aquellas personas que tienen visas cómo refugiados y de asilo.
Según una encuesta nacional emitida en diciembre de 2024, el 29 por ciento de los adultos de todas las familias inmigrantes y hasta el 60 por ciento de las familias que tienen estatus mixto, están preocupados por las actividades esenciales, por lo que impactará en el número de personas que presentaran sus impuestos, agregó el investigador.
Richard Prisinzano, director de análisis político de The Budget Lab, comentó que la Inteligencia Artificial juega un gran papel, pues puede sustituir a las personas de la agencia y realizar los trámites necesarios, reduciendo los costos de empleados, sin embargo, el servicio podría afectar la atención y recaudación de impuestos.
Según un análisis de los datos del Índice de Delincuencia en Tiempo Real realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California, los delitos violentos y contra la propiedad mostraron una tendencia a la baja en 2024 a nivel estatal.
Según un análisis de los datos del Índice de Delincuencia en Tiempo Real realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California, los delitos violentos y contra la propiedad mostraron una tendencia a la baja en 2024 a nivel estatal.
Y es que, los delitos violentos disminuyeron un 4.6 por ciento, mientras que aquellos contra la propiedad lo hicieron un 8.5 por ciento en 2024, en comparación con 2023.
Según datos preliminares de 29 agencias del orden público de California, los robos disminuyeron 5.2 por ciento y las agresiones con agravantes 3.9 por ciento. Además, los robos y los homicidios en 2024 también bajaron 12.5 y un 5.9 por ciento, respectivamente.
El robo de vehículos registró una importante disminución del 11.9 por ciento en 2024. Los robos con allanamiento y los hurtos también disminuyeron un 13.6 y 18.6 por ciento, respectivamente, en comparación con los niveles prepandemia.
En ese sentido, el estado detalló que, en general, las disminuciones en los delitos violentos y contra la propiedad en California fueron similares a las observadas por las agencias policiales en otros estados con un 8.5 contra 8.4 por ciento.
El gobernador Gavin Newsom anunció el año pasado que el estado distribuyó 267 millones de dólares a 55 comunidades para ayudar a las comunidades locales a combatir la delincuencia organizada minorista.
A su vez, Newsom encargó a la Patrulla de Carreteras de California (CHP) que colaborara con las fuerzas del orden locales en áreas clave para saturar las zonas de alta delincuencia. Desde el inicio de esta iniciativa regional, se han realizado casi 6 mil arrestos, se han recuperado alrededor de 4 mil 500 vehículos robados y se han confiscado casi 300 armas de fuego en Bakersfield, San Bernardino y Oakland.
Bajo la dirección de la CHP, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Minorista ha participado desde 2019 en más de 3 mil 600 investigaciones, que han resultado en el arresto de más de 4 mil sospechosos y la recuperación de más de 1.3 millones de artículos robados con un valor aproximado de 54 millones de dólares.
Recientemente, el gobernador Newsom anunció un sólido inicio de operaciones para 2025, con 136 investigaciones de robo en tiendas minoristas que resultaron en 209 arrestos y la recuperación de 24 mil 510 artículos robados con un valor estimado de casi 2.2 millones de dólares.
En agosto pasado, el gobernador promulgó la legislación bipartidista más significativa para combatir los delitos contra la propiedad en la historia moderna de California, la cual busca reforzar los esfuerzos continuos para responsabilizar a los delincuentes por robos con violencia, delitos contra la propiedad, hurtos en comercios y robos de vehículos.
Una mujer fue arrestada en Palo Alto después de presuntamente gritar insultos raciales a un hombre al que también le escupió durante el fin de semana, según la policía.
Alrededor de las 18:00 horas del sábado, los oficiales fueron alertados sobre un informe de una pelea en curso en Lytton Plaza en 200 University Ave. Según la policía, los oficiales llegaron al área y encontraron a un hombre de unos 60 años que les dijo que acababa de ser golpeado.
Según una investigación inicial, la víctima estaba sentada en la plaza cuando una mujer se le acercó. Sin provocación alguna, presuntamente le escupió mientras gritaba un insulto racial dirigido a las personas negras.
El hombre abandonó la plaza para ponerse a salvo, pero la mujer, según se informa, siguió gritando. Los agentes encontraron al sospechoso cerca y la detuvieron. Al volver a verlo cerca, supuestamente continuó gritándole insultos racistas en presencia de los agentes.
La sospechosa, identificada como Lisa Madden, de 50 años, de Palo Alto, fue ingresada en la cárcel principal del condado de Santa Clara bajo sospecha de perturbar el orden público, agresión y un cargo agravado por delito de odio, así como una orden de arresto pendiente por delito grave por vandalismo.
Si tiene más información sobre este caso, llame a la policía de Palo Alto al (650) 329-2413. Puede enviar información anónima por mensaje de texto o correo de voz al (650) 383-8984 o a través de la aplicación “TipNow-Palo Alto”, disponible en la App Store o Google Play.
El domingo 13 de abril, a los 89 años, murió Mario Vargas Llosa. Con él se va una de las voces más lúcidas y combativas de la literatura en español, pero su obra queda como testimonio y advertencia. Foto: Archivo cuartoscuro / MxPA
El domingo 13 de abril, a los 89 años, murió Mario Vargas Llosa. Con él se va una de las voces más lúcidas y combativas de la literatura en español, pero su obra queda como testimonio y advertencia. Entre todas, La fiesta del chivo se alza como una de esas novelas que no solo narran el pasado, sino que iluminan el presente.
Publicada en el año 2000, esta obra reconstruye con precisión quirúrgica la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Pero más allá de su valor histórico, lo que convierte a La fiesta del chivo en una lectura imprescindible hoy es su capacidad para mostrar cómo el poder absoluto deforma a una nación entera —desde sus instituciones hasta la conciencia de sus ciudadanos.
En un mundo donde resurgen con fuerza los discursos autoritarios, donde el culto al líder se impone sobre el debate y la democracia parece ceder terreno ante el impulso de lo fácil y lo fuerte, Vargas Llosa nos ofrece un espejo incómodo. Su novela no habla solo de Trujillo, habla de todos los hombres que se creen indispensables, infalibles, omnipresentes.
“La historia no siempre avanza… a veces se repite”, advertimos hoy con sus propias palabras en la memoria. Vargas Llosa, que tantas veces polemizó en el terreno político, nos recuerda que la literatura también es una forma de resistencia. Y que, ante el retorno del “hombre todo poderoso”, hay libros que deberíamos volver a leer. O, mejor dicho, no dejar de leer nunca.
La Junta de Supervisores del condado de San Mateo aceptó los resultados certificados de las elecciones especiales, que le otorgarán la autoridad temporal para remover a un aguacil electo por causa justificada, en este caso la remoción de la sheriff Corpus.
The San Mateo County Board of Supervisors aceptó los resultados certificados de las elecciones especiales que se llevaron a cabo el pasado 4 de marzo, que le otorgarán la autoridad temporal para remover a un aguacil electo por causa justificada, y ha tomado en cuenta los procedimientos propuestos para cualquier procedimiento de remoción.
La Medida A, que fue aprobada con el 84 por ciento de la votación en las elecciones, modifica la Carta del Condado hasta el 31 de diciembre de 2028 para permitir la remoción del alguacil por causa justificada.
Sin embargo, varios pasos deben ocurrir antes de que la Junta pueda tomar en cuenta removerla por causa justificada, la cual incluye una infracción de la ley relacionada con los deberes de un alguacil, negligencia flagrante o repetida de los deberes, malversación de fondos públicos, falsificación intencional de documentos u obstrucción de una investigación.
El cambio de la Carta no entrará en vigor hasta el 18 de abril de 2025, 10 días después de que la Junta acepte el recuento de la votación de la elección especial en la reunión de hoy.
Si los procedimientos presentados el miércoles pasado se adoptaran en una reunión posterior, se aplicaría el siguiente proceso:
La Junta puede comenzar un proceso de remoción con una votación de cuatro quintos y enviando al alguacil un aviso de intención de remoción por escrito que incluya los motivos y una notificación para comparecer en la conferencia previa a la remoción dentro de los cinco días calendario.
En esa conferencia, la alguacil puede responder a los motivos expuestos.
La persona que presida esa conferencia con la alguacil hará una recomendación a la Junta sobre si se mantiene la remoción; se requiere una votación de cuatro quintos de la Junta para remover al alguacil.
La alguacil podrá apelar y recibir una audiencia probatoria completa; cualquiera de estas estará abierta al público a menos que el alguacil se oponga por escrito. Si se lleva a cabo una apelación, se propondrán al menos tres funcionarios de audiencia neutrales y se elegiría uno.
Tras ello, la alguacil debe comparecer en la audiencia de apelación acerca de la cual cada parte tendrá hasta cinco días para llamar a testigos. El funcionario de audiencias también puede emitir citaciones, y todos los testigos testificarán bajo juramento.
Al final de la audiencia, el funcionario de audiencias tiene 30 días calendario para emitir una opinión, después de la recepción de la cual la Junta tomará una decisión final, con una votación de cuatro quintos necesaria para remover a la alguacil.
El abogado contratado por el Condado para ayudar a desarrollar los procedimientos estima que el proceso tardaría tres meses y medio en completarse una vez que haya comenzado.
En reunión el pasado 9 de abril, la Junta instruyó al personal a considerar si los procedimientos deben ser revisados para establecer que el oficial de libertad condicional del Condado o un oficial electo presidirá la conferencia previa a la remoción.
Los procedimientos finales para la remoción, que incorporan las instrucciones de la reunión de hoy, se presentarán a la Junta para su consideración y adopción en una próxima reunión de la Junta.
Los CDC informaron el pasado viernes que el número de casos de sarampión en EE. UU. se ha incrementado a 712, 17 por ciento.
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés) informaron el pasado viernes que el número de casos de sarampión en Estados Unidos se ha incrementado a 712, 17 por ciento (105 nuevos casos) más que su anterior reporte el 4 de abril.
Estos casos confirmados por la agencia de salud, se han encontrado en 25 estados de la unión americana: Alaska, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, el estado de Nueva York, la Ciudad de Nueva York, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont y Washington.
En el 2025, se han notificado 7 brotes (definidos como 3 o más casos relacionados) y el 93 por ciento de los casos (660 de 712) están asociados a un brote. En comparación, durante el 2024, se notificaron 16 brotes y el 69 por ciento de los casos (198 de 285) estuvieron asociados a un brote.
En lo que va del año se han reportado 2 muertes confirmadas por sarampión en Texas, dos niños en edad escolar que vivían en la zona del brote. Los menores no estaban vacunados y, que se sepa, no tenían ninguna enfermedad preexistente.
Texas ha sido el estado más afectado con 505 casos confirmados, 24 más que lo registrado el pasado 4 de abril.
El Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) de Texas que ha reportado un brote de sarampión en las regiones de South Plains y Panhandle de Texas, señaló que 57 de los pacientes fueron hospitalizados. Las personas se consideran contagiosas cuatro días antes y cuatro días después de la aparición del sarpullido.
La agencia estatal destacó que, debido a la naturaleza sumamente contagiosa de esta enfermedad, es posible que surjan casos adicionales en el área y comunidades cercanas.
Basándose en los datos más recientes, el DSHS ha identificado los siguientes condados designados como el foco del brote con transmisión continua de sarampión: Cochran, Dallam, Dawson, Gaines, Garza, Lynn, Lamar, Lubbock, Terry y Yoakum.
El pasado 6 de abril, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy, Jr., refirió en su cuenta de X que, a principios de marzo, desplegó un equipo de los CDC para reforzar la capacidad de respuesta local y estatal en varias regiones de Texas.
Asimismo, subrayó que se ha ordenado abastecer a farmacias y clínicas administradas por Texas con las vacunas MMR necesarias, así como otros medicamentos y suministros médicos; colaborar con escuelas y centros de salud locales para apoyar las investigaciones de contactos y contactar a las comunidades, incluyendo a líderes religiosos, para responder a cualquier pregunta o responder a las necesidades de atención médica.
“La manera más eficaz de prevenir la propagación del sarampión es la vacuna MMR”, escribió luego de informar que, al igual que en este estado del sur del país, se ofrecerán recursos similares a otras jurisdicciones afectadas.
Una división de Salud del Condado de San Mateo cambió su nombre, por lo que los Servicios para Adultos y Envejecimiento del Departamento de Salud del Condado de San Mateo ahora se llaman Servicios para Adultos y Discapacitados, para reflejar mejor las necesidades de las personas con discapacidades.
Una división de Salud del Condado de San Mateo cambió su nombre para reflejar mejor las necesidades de las personas con discapacidades, anunció el condado esta semana.
Los Servicios para Adultos y Envejecimiento del Departamento de Salud del Condado de San Mateo ahora se llaman Servicios para Adultos y Discapacitados.
“El nombre actualizado refleja un creciente movimiento nacional para reconocer las necesidades de las personas con discapacidad, así como de las poblaciones de mayor edad, quienes en algún momento pueden necesitar servicios y apoyos a largo plazo”, afirmó el condado en un comunicado.
Los condados de Los Ángeles y San Francisco también han tomado una medida similar, dijo el condado de San Mateo.
Los programas que asisten a la población de edad avanzada del condado también apoyan a las personas con discapacidad, como la necesidad de cuidadores y programas que promueven la independencia, la seguridad y el bienestar, según el condado.
Ambas poblaciones también se encuentran bajo el amparo de los Servicios de Protección para Adultos, los Servicios de Apoyo Domiciliario y los programas de Tutores y Administradores Públicos, que ayudan a las personas con la tutela y/o la administración de patrimonio.
Según el condado, el 25 por ciento de sus residentes tienen más de 60 años y el 10 por ciento de las personas mayores de 18 años tienen alguna discapacidad.
“A medida que los residentes mayores superan a los más jóvenes, la necesidad del condado de contar con servicios integrales que aborden los desafíos y las oportunidades relacionados con el envejecimiento y la discapacidad es más crítica que nunca”, dijo el condado en un comunicado.
Lee Pullen, director de Servicios para el Envejecimiento y la Discapacidad, destacó que el nuevo nombre refleja mejor el objetivo del departamento.
“El nuevo nombre garantiza que todos a quienes servimos, ya sean adultos mayores que puedan tener limitaciones o personas más jóvenes con discapacidades, se sientan reconocidos y apoyados”, afirmó.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara anunció el jueves que presentará cargos contra 12 manifestantes pro palestinos que supuestamente se atrincheraron en la oficina del presidente de la Universidad de Stanford el verano pasado. Foto: Archivo P360P
By Alise Maripuu. Bay City News. Península 360 Press
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara anunció el jueves que presentará cargos contra 12 manifestantes pro palestinos que supuestamente se atrincheraron en la oficina del presidente de la Universidad de Stanford el verano pasado.
Alrededor de las 5:30 horas del 5 de junio, 13 personas, la mayoría de las cuales eran estudiantes de la universidad, fueron arrestadas bajo sospecha de haber entrado ilegalmente en el edificio de la oficina del presidente como parte de una manifestación a favor de Palestina.
Los cargos contra uno de los estudiantes fueron retirados porque la fiscalía del distrito determinó que se había presentado como periodista del periódico de la escuela y no participó en el presunto vandalismo.
El fiscal de distrito Jeff Rosen celebró una conferencia de prensa el jueves para explicar los cargos y los hallazgos de la investigación de 10 meses.
Rosen sostiene que la ocupación fue una violación calculada y premeditada que los organizadores planearon hasta el más mínimo detalle.
“Estos 12 acusados no se dejaron llevar simplemente por la pasión de su causa”, dijo. “Los conspiradores planearon irrumpir en el Edificio 10, y lo hicieron. Planearon cometer vandalismo y causaron daños por cientos de miles de dólares”.
Los acusados presuntamente vertieron sangre falsa sobre las pertenencias de los empleados, destruyeron cámaras de vigilancia, rompieron una ventana con un martillo, abrieron una puerta con una palanca y destrozaron las oficinas que ocupaban, según Rosen.
En la conferencia de prensa, se exhibieron varias fotos de la escena del crimen que mostraban una oficina saqueada y daños en una puerta. En una de ellas, se puede ver una bandera israelí empapada en sangre falsa sobre un escritorio.
Stanford estima que los perpetradores causaron al menos 360 mil dólares en daños, señaló Rosen.
Los 12 están siendo acusados de dos cargos cada uno: vandalismo grave y conspiración para allanar el terreno. Rosen solicita a cada uno de los acusados que se entregue a las autoridades, ya que existen órdenes de arresto en su contra.
“Los perpetradores taparon las cámaras de vigilancia interiores y bloquearon las puertas con escaleras, muebles y equipo adicional”, precisó Rosen. “Luego comenzaron a salpicar sangre falsa, intentaron entrar en las oficinas y grabaron videos para redes sociales con una serie de exigencias que exigían antes de terminar la ocupación del Edificio 10”.
La policía logró atravesar las barreras una hora después de que comenzara la ocupación y luego arrestó a los que estaban dentro.
Rosen también presentó fotocopias de páginas de un manual – “la guía de ocupaciones “hágalo usted mismo” – destinado a orientar a los manifestantes sobre los procedimientos exactos a seguir.
Al ejecutar las órdenes de registro de los teléfonos celulares de los acusados, los investigadores descubrieron que los manifestantes supuestamente estaban intercambiando el manual entre ellos en la aplicación de mensajería Signal.
El manual incluye instrucciones detalladas sobre cómo entrar en el edificio utilizando un cortador de pernos, una amoladora angular y una palanca, según fotocopias del libro.
También contiene un mensaje escrito que intenta justificar el vandalismo y el asalto a un edificio privado.
¿Vandalismo? Ocupar un espacio lo elimina del panorama capitalista. Un grupo puede decidir que es mejor destruirlo o vandalizarlo que devolverlo a su función habitual en buen estado. El papel del vandalismo puede variar en cada situación, pero no debe rechazarse por completo.
Según la fiscalía, los manifestantes también se intercambiaron información sobre la presencia de guardias de seguridad mientras exploraban la zona en las horas previas al asalto. Los mensajes también indicaban que algunos manifestantes servirían de vigías mientras otros irrumpían en el edificio.
Algunos mensajes supuestamente aconsejaban a los manifestantes usar varias capas de ropa y quitárselas en diferentes puntos de la ocupación para evitar ser identificados.
Ocho de los doce acusados son actualmente estudiantes de Stanford; el resto no. Rosen afirmó que al menos cuatro de los acusados se entregaron el jueves.
La oficina del Área de la Bahía de San Francisco del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, o CAIR-SFBA, publicó el jueves una declaración condenando a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara por presentar cargos.
CAIR-SFBA dijo que la decisión de presentar cargos es una “criminalización de la libertad de expresión estudiantil”.
“Sus acciones fueron una forma de expresión política”, declaró Zahra Billoo, directora ejecutiva de CAIR-SFBA, en el comunicado. “En lugar de escuchar sus demandas de justicia y rendición de cuentas, nuestras instituciones han optado por la represión. Procesar a estos jóvenes por delitos graves es un flagrante ataque a la libertad de expresión”.
Sin embargo, Rosen enfatizó que los 12 manifestantes cruzaron la línea legal cuando se trata de su derecho a la libertad de expresión y que las protestas violentas no serán toleradas.
“La disidencia es estadounidense, el vandalismo es un delito”, dijo Rosen. “La libertad de expresión está protegida por la Primera Enmienda, el vandalismo se persigue con el código penal”.
Los intentos de solicitar comentarios directamente a varias de las 12 personas acusadas no tuvieron éxito.
Un portavoz de la Universidad de Stanford dijo que la decisión sobre cómo responsabilizar a los 12 manifestantes debería recaer en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara.
La universidad ha llevado a cabo sus propias acciones disciplinarias contra los estudiantes presuntamente involucrados, emitiéndoles suspensiones por dos trimestres escolares, libertad condicional estudiantil, demora en la entrega de títulos y servicio comunitario.
Si bien la sentencia máxima por vandalismo y conspiración para invadir una propiedad es de hasta tres años y ocho meses, Rosen cree que los presuntos autores no deberían ir a prisión, sino pagar los daños y realizar servicio comunitario.
Si cada manifestante se entrega, Rosen espera que sus comparecencias tengan lugar la próxima semana.
El evento Mexican Entertainment System, organizado por el desarrollador de videojuegos tapatío Blas Castañeda, planea mostrar al mundo 200 juegos mexicanos del 5 al 12 de mayo a través de la plataforma de distribución Steam.
Esta es la primera vez que se logra contar con tantos desarrolladores de videojuegos mexicanos en un solo evento y Blas, nos cuenta en entrevista para Península 360 Press la odisea que ha sido organizar la monumental celebración: “ha sido pesado, pero ha valido la pena cada instante”.
Aparte de este evento en mayo, Mexican Entertainment System también planea otro en septiembre, mes en que los mexicanos celebramos nuestra independencia y, ahora, también compartimos al mundo nuestro talento en el desarrollo de videojuegos.
Los gamers también podrán disfrutar del trabajo de Blas Castañeda a través del juego “The end is Nahual: if I may say so”, y pronto de Arcaic Memories, aún sin fecha de lanzamiento, pero al que ya le pueden dar wishlist en Steam.
Recuerden que pueden encontrar una oferta permanente en juegos mexicanos si buscan Mexican Entertainment System en Steam y el evento del 5 al 12 de mayo agregará a muchos juegos más.
Aggressive deportation tactics have terrorized farmworkers at the center of the nation’s bird flu strategy, public health workers say.
Dairy and poultry workers have accounted for most cases of the bird flu in the U.S. — and preventing and detecting cases among them is key to averting a pandemic. But public health specialists say they’re struggling to reach farmworkers because many are terrified to talk with strangers or to leave home.
“People are very scared to go out, even to get groceries,” said Rosa Yanez, an outreach worker at Strangers No Longer, a Detroit-based Catholic organization that supports immigrants and refugees in Michigan with legal and health problems, including the bird flu. “People are worried about losing their kids, or about their kids losing their parents.”
“I used to tell people about the bird flu, and workers were happy to have that information,” Yanez said. “But now people just want to know their rights.”
Outreach workers who teach farmworkers about the bird flu, provide protective gear, and connect them with tests say they noticed a dramatic shift — first in California, the state hit hardest by the bird flu — after immigration raids beginning on Jan. 7, the day after Congress certified President Donald Trump’s election victory. That’s when Border Patrol agents indiscriminately stopped about 200 Latino farmworkers and day laborers in the Central Valley, according to local reports cited in a lawsuit subsequently filed by the American Civil Liberties Union on behalf of the United Farm Workers union and several people who were stopped and detained.
“Border Patrol agents went on a fishing expedition” in a three-day raid called “Operation Return to Sender” that “tore families apart and terrorized the community,” the lawsuit alleges.
Among those stopped was Yolanda Aguilera Martinez, a farmworker and grandmother who lives legally in the U.S. and has no criminal record. She was driving at the speed limit on her way to a doctor’s appointment when plainclothes agents in unmarked vehicles pulled her over, ordered her out of the car, pushed her to the ground, and handcuffed her, the lawsuit says. Agents eventually released Aguilera Martinez, but the lawsuit says others who faced deportation were detained for days in “cold, windowless cells” before they were transported to Mexico and abandoned.
Agents eventually released Aguilera Martinez, but the lawsuit says others who faced deportation were detained for days in “cold, windowless cells” before they were transported to Mexico and abandoned.
They weren’t told why they had been arrested, given an opportunity to defend themselves, or allowed to call a lawyer or their families, the lawsuit alleges. It says that the four children of one deported father, who had no criminal record, “have become quiet and scared” and that his epileptic son’s “seizures have worsened.”
News of the raid spread quickly in California, where an estimated 880,000 mainly Latino farmworkers live. Dairies that employ immigrant labor produce nearly 80% of the U.S. milk supply, according to a 2014 survey.
“After Operation Return to Sender, dairy workers became even less willing to speak about the lack of protection on dairy farms and the lack of sick pay when they’re infected — even anonymously,” said Antonio De Loera-Brust, a spokesperson for the United Farm Workers.
Outreach workers in other states report a similar chilling effect from raids and immigration policies passed after Trump took office. He repeatedly degraded immigrants and pledged mass deportations on the campaign trail.
“They’re not humans, they’re animals,” he said of immigrants illegally in the U.S. last April.
Trump’s first legislative action was to sign the Laken Riley Act into law, mandating federal detention for immigrants accused of any crime, regardless of whether they’re convicted.
On Jan. 20, the Department of Homeland Security rescinded the “protected areas” policy, allowing agents to arrest people who don’t have legal status while they’re in schools, churches, or hospitals. Last month, the Trump administration deported more than 100 Venezuelans and others without a hearing, ignoring a court order to turn around planes flying the men to El Salvador.
The public health ramifications of farmworkers shrinking from view are potentially massive: Infectious disease scientists say that preventing people from getting bird flu and detecting cases are critical to warding off a bird flu pandemic. That’s why the government has funded efforts to protect farmworkers and monitor them for signs of bird flu, like red eyes or flu-like symptoms.
“Every time a worker gets sick, you’re rolling the die, so it’s in everyone’s interest to protect them,” De Loera-Brust said. “The virus doesn’t care what your immigration papers say.”
Pandemic Potential
About 65 dairy and poultry workers have tested positive for the bird flu since March 2024, but the true number of infections is higher. A KFF Health News investigation found that patchy surveillance resulted in cases going undetected on farms last year, and studies have revealed signs of prior infections in farmworkers who hadn’t been tested.
State and local health departments were beginning to overcome last year’s barriers to bird flu testing, said Salvador Sandoval, a doctor who retired recently from the Merced County health department. Now, he said, “people see a mobile testing unit and think it’s Border Patrol.”
Last year, outreach organizations connected with farmworkers at places where they gathered, like at food distribution events, but those are no longer well attended, Sandoval and others said.
“Regardless of immigration status, people who look like immigrants are feeling a lot of fear right now,” said Hunter Knapp, the development director at Project Protect Food Systems Workers, a farmworker advocacy organization in Colorado that does bird flu outreach. He said some Latino community health workers have scaled back their outreach efforts because they worry about being harassed by the authorities or members of the public.
A Latina outreach worker in Michigan, speaking on the condition of anonymity because she’s worried about retaliation against her family, said, “Many people don’t go to the doctor right now, because of the immigration situation.”
“They prefer to stay at home and let the pain or redness in the eye or whatever it is go away,” she said. “Things have really intensified this year, and people are very, very scared.”
The Centers for Disease Control and Prevention has reported far fewer human cases since Trump took office. During the three months before Jan. 20, the agency confirmed two dozen cases. Since then, it’s detected only three, including two people with cases severe enough to be hospitalized.
The CDC has said it continues to track the bird flu, but Jennifer Nuzzo, director of the Pandemic Center at Brown University, said the slowdown in cases might be due to a lack of testing. “I am concerned that we are seeing a contraction in surveillance and not necessarily a contraction in the spread of the virus.”
Undetected infections pose a threat to farmworkers and to the public at large. Because viruses evolve by mutating within bodies, each infection is like a pull of a slot machine lever. A person who died of the bird flu in Louisiana in December illustrates that point: Scientific evidence suggests that bird flu viruses evolved inside the patient, gaining mutations that may make the viruses more capable of spreading between humans. However, because the patient was isolated in a hospital, the more dangerous viruses didn’t transmit to others.
That might not happen if sick farmworkers don’t receive treatment and live in crowded households or windowless detention centers where they might infect others, said Angela Rasmussen, a virologist at the University of Saskatchewan in Canada.
Although the bird flu doesn’t yet have the ability to spread easily between people through the air, like the seasonal flu, it might occasionally spread when people are in close quarters — and evolve to do so more efficiently.
“I worry that we might not figure out that this is happening until some people get severely sick,” Rasmussen said. “At that point, the numbers would be so large it could go off the rails.”
The virus might never evolve to spread easily, but it could. Rasmussen said that outcome would be “catastrophic.” Based on what’s known about human infections, she and her colleagues predict in a new report that an H5N1 bird flu pandemic “would overwhelm healthcare systems” and “cause millions more deaths” than the covid-19 pandemic.
Egg supplies have plummeted this year as farmers have culled flocks infected in the ongoing bird flu outbreak in the U.S.(Lydia Zuraw/KFF Health News/P360P)
Vaccinations Drop Off
Late last year, the CDC rolled out a seasonal flu vaccine campaign targeted at more than 200,000 livestock workers. The hope was that flu vaccinations would lessen the chance of a farmworker being infected by seasonal flu and bird flu viruses simultaneously. Co-infection gives the two flu viruses a chance to swap genes, potentially creating a bird flu virus that spreads as easily as the seasonal variety.
Yet Sandoval said flu vaccine uptake dropped immediately after the January operation in California.
U.S. Customs and Border Protection officials said in a statement that they arrested 78 immigrants “unlawfully present in the U.S.” during the three-day operation. They included a convicted sex offender and others with criminal histories including vandalism and petty theft, the statement said. The agency did not name allegations against each person and did not say whether all had been charged.
Former officials with the Biden administration, which was in its waning days as the arrests occurred, distanced itself from the operation in interviews with the Los Angeles Times.
Mayra Joachin, an attorney at the ACLU of Southern California, said the operation was unlike others under the Biden administration in that these were indiscriminate arrests by Border Patrol in the interior of the country. “It fits with the Trump administration’s broader campaign of instilling fear in immigrant communities,” she said, “as seen in the election campaign and in subsequent actions attacking anyone perceived to be a noncitizen in the country.”
In March, an assistant chief in the Border Patrol unit that conducted the operation, David Kim, called the operation a “proof of concept.”
“We know we can push beyond that limit now as far as distance goes,” he told the Southern California news outlet Inewsource.
The Department of Homeland Security did not respond to requests for comment. In an email, White House spokesperson Kush Desai wrote, “Despite what the ‘experts’ believe, combatting the Avian flu epidemic and enforcing our immigration laws are not mutually exclusive.”
Anna Hill Galendez, a managing attorney at the Michigan Immigrant Rights Center, which is involved in bird flu outreach, said unusually aggressive tactics by Immigration and Customs Enforcement agents deterred sick dairy workers in Michigan’s Upper Peninsula from leaving their homes for care in late January. They contacted the center for help.
“They wanted medical care. They wanted flu vaccines. They wanted [personal protective equipment]. They wanted to get tested,” Hill Galendez said. “But they were afraid to go anywhere because of immigration enforcement.”
Lynn Sutfin, a public information officer at the Michigan Department of Health and Human Services, responded to queries about the situation in the peninsula in an email to KFF Health News, saying, “The farmworkers did not take the local health department and MDHHS up on the testing offer.”
The CDC declined to comment on the impact of immigration actions on farmworker outreach.
To adapt to the new reality, Yanez now draws attention to her advice on the bird flu in Michigan by pairing it with information on immigrant rights. Knapp, in Colorado, said his organization is shifting its approach away from bird flu outreach at events where farmworkers congregate, because that could be perceived as a setup — and could inadvertently become one if ICE agents targeted such an event.
Outreach workers who live among farmworkers are withdrawing a little, too. “Being Latinos, we are always identified,” said the outreach worker who spoke on the condition of anonymity. “I have a visa that protects me, but things are changing very quickly under the Trump administration, and the truth is, nothing is certain.”
This article was produced by KFF Health News, a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF — the independent source for health policy research, polling, and journalism.
