Por American Community Media. Península 360 Press.
Más de mil personas marcharon en Houston el 8 de julio, un día después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente federal de inmigración. Salgado Araujo, padre de familia y propietario de un negocio, había llamado hogar a esa ciudad durante más de 30 años. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a Araujo durante una detención de tránsito cuando se dirigía a su trabajo.
La muerte se suma a la creciente oposición observada en comunidades de todo el país frente a los esfuerzos más amplios de la administración por implementar detenciones y deportaciones masivas.
Como escribe el colaborador de ACoM Jongwon Lee desde Atlanta, comunidades de Georgia lograron movilizarse con éxito para bloquear la construcción de dos centros de detención para inmigrantes planeados en una región cercana a Gainesville, conocida como la “Capital Mundial del Pollo”, donde los inmigrantes son —como en muchas otras partes del país— un motor clave de la economía local.
“Este no es un lugar para que vivan seres humanos”, dijo un organizador al referirse a los centros proyectados, uno de los cuales habría albergado hasta 10 mil personas detenidas. “Esto es un campo de concentración.”
Mientras tanto, ProPublica y The Texas Tribune revelan las condiciones que rodearon la muerte, bajo custodia del ICE, del inmigrante cubano Geraldo Lunas Campo en enero, en Camp East Montana, en Texas, donde, según los reportes, el personal no le proporcionó medicamentos vitales ni atendió sus necesidades de salud mental.
Hasta junio de 2026, 52 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE desde que Trump asumió el cargo en 2025.
Al igual que en Georgia, recientemente defensores comunitarios se movilizaron en Gilroy, California, conocida como la “Capital Mundial del Ajo”, para protestar contra la construcción de una instalación del ICE en las afueras de esta ciudad de mayoría latina ubicada en la Costa Central.
Actualmente, California alberga ocho centros de detención, ninguno de ellos al norte de Bakersfield, a más de 200 millas al sur. Los organizadores comunitarios denominaron al proyectado centro de Gilroy, junto con otro centro de detención propuesto en una antigua prisión para mujeres en la cercana Dublín, como la “bestia de dos cabezas”.
Juntos, ambos centros servirían como un importante corredor de detención y deportación en el límite exterior del Área de la Bahía de San Francisco.
“Son dos torres que se ayudan mutuamente, que se complementan”, dijo la organizadora y exconcejal municipal Rebeca Armendariz a la socia informativa de ACoM, Julieth Gualtero. “Dublín se utilizaría para mantener detenidas a las personas, y Gilroy para procesarlas rápidamente para que el ICE no tenga que conducir tan lejos; quieren tener todo al alcance de la mano.”
También está creciendo la oposición a las acciones de Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
El 24 de junio, un par de terremotos mortales en Venezuela cobró la vida de más de 3 mil 500 personas, mientras que otras 50 mil continúan desaparecidas. Los defensores de los migrantes quieren que el Congreso actúe.
La representante María Elvira Salazar (republicana por Florida) está instando a la administración Trump a restablecer el TPS para los venezolanos a la luz de este gran desastre.
Por su parte, el representante Seth Moulton (demócrata por Massachusetts) presentó la Ley de Alivio del TPS (TPS Relief Act), para establecer controles y contrapesos después de que la Suprema Corte de Estados Unidos, el 25 de junio, autorizara a la administración poner fin al estatus de protección para los ciudadanos de Haití y Siria.
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