La nueva norma de carga pública de la administración Trump entrará en vigor el 18 de septiembre, poniendo a los inmigrantes a elegir entre su bienestar y su seguridad. Ante esto, expertos piden mantener la calma y asesorarse antes de tomar decisiones, pues esta regla no aplica para todos.
La política de carga pública hace que las personas tengan que elegir entre postularse para la tarjeta verde o tener los beneficios públicos como los de salud y alimentos, comentó Adriana Cadena, directora ejecutiva de la coalición para la protección de familias inmigrantes, durante una sesión informativa realizada por American Community Media (ACoM).
“Programas para niños pueden ser considerados como una indicación de que el candidato a la tarjeta verde tiene bajos ingresos, lo que puede activar esa evaluación de carga pública y eso promueve que las personas sientan la amenaza real y vemos los efectos en las familias migrantes”, expresó la experta en protección de familias inmigrantes.
Ante las acciones que se pueden implementar, Cadena comentó que los miembros del Congreso y líderes del Estado aún están luchando para bloquear esta política, un paso fundamental pues, “las familias inmigrantes son esenciales para la fortaleza de nuestra nación, entonces debemos tomar acción inmediata para protegerlos de esta política perjudicial”.
“No tengan pánico, es necesario que cada familia evalúe por sí misma si sostener o mantener apoyos es una prioridad o si tienen un camino a una tarjeta verde, aunque solo se aplica a algunas personas, el impacto ya es muy grande”, puntualizó Cadena.
Ariel Brown, abogada con sede en San Francisco, comentó que esta regla siembra mucha confusión por su diseño y va a crear un efecto bastante asustador en inmigrantes que están utilizando programas fundamentales, afectando a las comunidades más vulnerables.
Brown puntualizó que no todos aplican a esta nueva norma por eso es importante asesorarse antes de actuar, “les recordamos a las personas que no se aplica a todos los inmigrantes, las personas que tienen asilo político, por ejemplo y varios no están sujetos a la regla de carga pública”.
Sarah Dar, vicepresidenta de políticas y defensa de The Children’s Partnership, comentó que existen muchas afectaciones en las familias, pues casi 44 por ciento de los niños en California que tienen menos de 18 años viven con un padre inmigrante y 9 de cada 10 de esos niños son nacidos en Estados Unidos como ciudadanos americanos.
Más de un millón de niños en California se estima que tienen un padre indocumentado, sumado a eso, el 17 por ciento de las familias de los niños de inmigrantes viven en la pobreza, por lo que estos apoyos son una línea esencial.
Según una encuesta que va de septiembre de 2025 a junio de 2026, 61 por ciento de los padres de California dijeron que estaban preocupados de que la inmigración de California pudiera afectar su participación en el cuidado de niños, explicó Dar.
También compartió que 66 por ciento de los encuestados tienen un sentido de menos seguridad por cómo se ha estado aplicando la ley de inmigración, 62 por ciento reportó dificultades económicas y 58 por ciento reportó menos confianza en las instituciones.
Sarah Dar se mostró preocupada por las circunstancias pues se ha sumado una serie de acciones en contra de los inmigrantes que van aumentando la incertidumbre y ahora es la carga pública, por eso, “es importante que las personas reciban un consejo legal de una organización o un abogado de inmigración que sea específico a su situación, es importante antes de tomar una decisión recibir ayuda especializada”.
Por su parte, Daniel Torres, director de equidad de la agencia de salud y servicios humanos de California, explicó que el principal impacto es para todas las personas que se están postulando para la tarjeta verde, pero todas las familias están experimentando el desafío; por eso, “se debe buscar empoderar a las familias con la mayor cantidad de información posible para que puedan tomar las mejores decisiones”.
Cheryl Branch, directora ejecutiva de las Iglesias Metropolitanas de Los Ángeles, expresó su disgusto por esta norma que se ha sumado a las acciones de inmigración, asegurando que “la regla de la carga pública y las amenazas forman una parte de la historia de las comunidades”.
Branch expresó la importancia de la labor comunitaria, “nuestro equipo está tratando de hacer una acción colectiva centrada en estas prácticas, en nuestro propio lenguaje, nuestra metodología y así es cómo hacemos nuestro trabajo, los líderes hacen posible que las personas tengan a donde dirigirse en nuestros barrios, es muy difícil enfrentar este tipo de problemas en la pobreza, en el miedo”.
“Cuando las reglas federales hacen que las personas sientan miedo de usar las redes de seguridad que existen, ahí es donde nuestro trabajo comienza porque estamos construyendo una red de seguridad para nuestras comunidades”.
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