Líderes del the San Mateo County Board of Supervisors, incluidos alcaldes, bomberos, representantes sindicales y defensores de comunidades vulnerables, acudieron al Capitolio estatal en Sacramento para exigir la restitución de fondos que consideran críticos para sostener servicios esenciales como seguridad pública, salud y asistencia social.
Durante una audiencia celebrada el 28 de abril, funcionarios locales alertaron que el condado y sus 20 ciudades han dejado de recibir 157 millones de dólares en los últimos dos años fiscales debido a fallas en el mecanismo estatal de financiamiento conocido como “in-lieu VLF”.
Sin una solución permanente, la pérdida podría superar los mil millones de dólares en la próxima década.
“Cada condado está enfrentando recortes en atención médica y alimentos debido a HR1, pero la pérdida adicional del financiamiento in-lieu VLF perjudicará de manera exponencial a nuestros residentes más vulnerables”, advirtió la presidenta de la Junta de Supervisores del condado, Noelia Corzo, al señalar posibles recortes en asistencia para vivienda, salud mental, programas alimentarios y servicios para veteranos.
El conflicto se centra en el financiamiento que el estado prometió como reemplazo de una tarifa de licencias vehiculares reducida hace más de dos décadas.
Aunque la mayoría de los condados reciben estos recursos de manera automática, San Mateo depende de asignaciones adicionales del fondo general estatal para cubrir el déficit.
“Es dinero que se nos debe bajo un acuerdo de 2004 y el Estado ahora está incumpliendo”, afirmó la supervisora Jackie Speier. “Será devastador para nuestro condado y sus ciudades.”
Legisladores estatales que representan la región trabajan junto a autoridades locales para restituir los fondos. “Durante la última década, el estado ha reconocido esta brecha y ha intervenido con apoyo del fondo general para cubrirla. Ese respaldo no fue un favor, fue el estado cumpliendo con su compromiso con nuestras comunidades”, explicó la asambleísta Diane Papan.
Los líderes locales plantean una solución en dos vías: asegurar el pago completo correspondiente al periodo 2023-2025 dentro del presupuesto actual y establecer un mecanismo permanente que garantice estos recursos sin depender de decisiones discrecionales del estado.
Las advertencias sobre el impacto de los recortes fueron contundentes. “Esta es probablemente la mayor apropiación indebida en la historia de California de un solo condado, con impactos devastadores e irreparables”, señaló el ejecutivo del condado, Mike Callagy, quien anticipó despidos masivos y reducciones significativas en servicios comunitarios.
En ciudades como Pacifica, autoridades ya analizan posibles recortes. “Estamos considerando recortar policía y bomberos — aumentar nuestros tiempos de respuesta — infraestructura costera, mantenimiento de carreteras y programas de asistencia alimentaria”, dijo el vicealcalde Greg Wright.
Funcionarios de seguridad pública subrayaron que la falta de financiamiento tendría consecuencias directas en la atención de emergencias.
“Puedo decirles desde la primera línea que no hay nada discrecional en una llamada al 911”, afirmó el bombero Scott Perham. “Es un compromiso directo con la seguridad.”
El jefe de policía de San Mateo, Ed Barbarini, advirtió que la reducción de recursos implicaría menos oficiales en patrullaje y mayores tiempos de respuesta. “La pérdida de financiamiento de esta magnitud tendrá un impacto crítico en nuestra capacidad de brindar servicios básicos.”
Por su parte, representantes laborales enfatizaron el impacto humano de los posibles recortes: “Esto no es solo un problema presupuestario, es un problema humano… Esta es una crisis que no creamos, pero que ustedes tienen el poder de solucionar”, expresó Julie Lind, en representación de una coalición sindical.
Organizaciones comunitarias coincidieron en que los sectores más vulnerables serían los más afectados. “CORA atiende a miles de víctimas de abuso cada año”, señaló Charity Peets.
“Quiero instarlos firmemente a apoyar que este financiamiento sea restablecido… para que podamos mantener a 3 mil personas en nuestros refugios… y a decenas de miles de personas alimentadas en nuestra comunidad”, agregó Laura Bent, directora de Samaritan House.
Ante los testimonios, la presidenta del subcomité presupuestario estatal, Sharon Quirk-Silva, reconoció la gravedad del problema. “Los hemos escuchado alto y claro”, afirmó, al asegurar que se analizarán posibles soluciones.
El financiamiento solicitado no está incluido en la propuesta presupuestaria actual del estado, por lo que autoridades locales continuarán su gestión ante legisladores en las próximas semanas, en un intento por evitar lo que califican como una crisis para los servicios públicos en el condado.
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