California respondió a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump con un paquete de 21 leyes que endurece la vigilancia sobre las operaciones federales, amplía las protecciones para las comunidades inmigrantes e impone nuevas obligaciones a los centros privados de detención.
Entre las medidas firmadas por el gobernador Gavin Newsom destacan la primera prohibición del país contra el uso policial de guantes de descarga eléctrica y el primer impuesto estatal de 25 por ciento a los centros privados de detención, cuyos ingresos serán destinados a servicios relacionados con la inmigración.
“Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades”, declaró Newsom, quien acusó a Trump de colocar sus intereses políticos por encima de la salud, la seguridad y el bienestar de las familias estadounidenses.
El paquete restringe el uso de instalaciones estatales para preparar redadas, procesar o detener inmigrantes, además de exigir que los vehículos alquilados por las fuerzas del orden para detener, arrestar o transportar personas lleven una calcomanía temporal que permita identificar a la agencia responsable.
Las nuevas leyes también impedirán que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— que hayan cometido faltas graves puedan convertirse posteriormente en policías o empleados públicos en California, mientras que otras disposiciones limitarán el uso de granadas aturdidoras, cargas explosivas y dispositivos portátiles de electrochoque.
La AB 1806 exigirá una investigación estatal independiente cuando un agente migratorio mate a tiros a un civil desarmado, en tanto que la SB 1004 establece restricciones al uso de mascarillas por parte de las fuerzas del orden, una práctica que legisladores estatales han relacionado con las operaciones de agentes federales sin identificación visible.
California también ampliará el acceso público a los registros de los centros privados de detención, reforzará los requisitos sanitarios y de seguridad, aumentará las inspecciones y obligará al fiscal general del estado a elaborar un plan para supervisar estas instalaciones.
Las comunidades tendrán además una mayor participación antes de que una autoridad local apruebe la instalación de un nuevo centro de detención, mediante requisitos adicionales de planificación, zonificación y revisión pública.
“Si van a obtener ganancias de la detención masiva, el sufrimiento humano y la separación familiar en nuestro estado, van a pagar por el daño que causan”, declaró el asambleísta Matt Haney, demócrata por San Francisco, al explicar que los recursos recaudados mediante el nuevo impuesto regresarán a las comunidades afectadas en forma de servicios migratorios.
En materia de derechos civiles, el paquete permitirá que las personas demanden a funcionarios federales que hayan violado sus derechos constitucionales y protegerá de arrestos civiles a quienes se dirijan a un tribunal o salgan de él para participar en actividades legales.
Las disposiciones buscan evitar que víctimas, testigos o familiares renuncien a acudir ante la justicia por temor a ser detenidos, además de fortalecer las protecciones para inmigrantes que denuncien delitos o soliciten asistencia bajo las leyes de California.
Otra medida conservará, bajo determinadas circunstancias, la elegibilidad para recibir asistencia de CalWORKs cuando un niño o integrante del hogar sea detenido por autoridades migratorias federales, mientras que la AB 2495 declara ilegales las amenazas relacionadas con el estatus migratorio utilizadas por empleadores para intimidar o controlar a sus trabajadores.
Aunque California no tiene autoridad para modificar la política migratoria federal, sí puede regular el uso de sus propiedades y recursos, establecer normas para las corporaciones policiales, supervisar los centros de detención que operan dentro de su territorio y proteger el acceso a los programas administrados por el estado.
La legislación surge tras el aumento de las operaciones federales en el sur de California y la federalización de integrantes de la Guardia Nacional del estado, una decisión que Newsom llevó ante los tribunales al considerar que el gobierno federal se había extralimitado en sus facultades.
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