Tener una “Green Card” ya no ofrece las mismas garantías al cruzar la frontera estadounidense, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara este martes a favor de la administración del presidente Donald Trump en un caso que amplía las facultades del gobierno para actuar contra residentes permanentes acusados de ciertos delitos, incluso antes de que exista una condena.
En una decisión de 6 votos contra 3, el máximo tribunal determinó que los agentes migratorios no necesitan contar con pruebas “claras y convincentes” para considerar a un portador de green card como solicitante de admisión al regresar al país.
La decisión corresponde al caso Blanche v. Muk Choi Lau, un residente permanente de origen chino que regresó a Estados Unidos en 2012 mientras enfrentaba cargos por falsificación de marcas comerciales en Nueva Jersey. En lugar de admitirlo automáticamente, las autoridades lo colocaron bajo parole migratorio, una figura que permite ingresar físicamente al país sin ser admitido formalmente.
Un año después, Lau se declaró culpable y el gobierno inició un proceso para deportarlo.
La pregunta que llegó hasta la Corte Suprema era si los agentes fronterizos debían contar con evidencia sólida antes de tomar esa decisión. La respuesta fue no.
En la opinión mayoritaria, redactada por el juez Clarence Thomas, la Corte concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no exige que los oficiales fronterizos tengan pruebas “claras y convincentes” antes de considerar que un residente permanente está solicitando admisión al país.
“Nos negamos a leer en la ley una carga adicional de prueba clara y convincente sobre oficiales fronterizos encargados de hacer juicios rápidos sobre el terreno”, escribió Thomas.
El fallo revoca una decisión previa de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que había sostenido que el gobierno debía demostrar con evidencia robusta que el residente había cometido un delito antes de privarlo temporalmente de los beneficios asociados a la residencia permanente.
La decisión preocupa a organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos en derecho migratorio porque podría afectar a millones de personas con residencia permanente legal.
Aunque el fallo no significa que cualquier persona con green card pueda perder automáticamente su estatus, sí permite que las autoridades fronterizas tomen decisiones más amplias cuando un residente regresa del extranjero y enfrenta acusaciones relacionadas con delitos considerados de “bajeza moral”, una categoría jurídica que incluye ciertos fraudes, engaños y falsificaciones.
La jueza Ketanji Brown Jackson encabezó la disidencia, acompañada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Jackson advirtió que la resolución otorga al gobierno “un enorme cheque en blanco” y socava las protecciones que históricamente han acompañado a la residencia permanente legal.
“Los residentes permanentes legales están tan cerca de la ciudadanía como se puede estar sin naturalizarse”, escribió la magistrada. “La decisión de hoy ignora ese hecho crucial y debilita los beneficios y la seguridad que el Congreso quiso otorgar con una green card”.
La magistrada alertó además que una persona colocada bajo parole migratorio puede quedar en un “limbo migratorio”, con dificultades para trabajar, acceder a ciertos beneficios o enfrentar procesos de expulsión más complejos.
La decisión llega en un momento en que la administración Trump impulsa una política migratoria más restrictiva y la Corte Suprema analiza otros casos relacionados con ciudadanía por nacimiento, asilo y deportaciones aceleradas.
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