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En muchos países de América Latina pareciera que el principal freno al saneo del poder público viene de las cortes.
El poder judicial se ha convertido en reducto de la elite y de los intereses oscuros que se beneficiaron durante las pasadas décadas de la falta de regulaciones al capital y de la operación de negocios ilícitos, incluido el tráfico de drogas y personas.
En Estados Unidos, México y Guatemala, las cortes siguen torciendo la ley en favor de los dueños del gran dinero y en contra de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras.
La eliminación de los programas de acción afirmativa y las acciones contrarias a la lucha de las mujeres en Estados Unidos; la gigantesca operación de las cortes para encubrir a narco políticos y a evasores fiscales en México, y el inacabable litigio malicioso de los golpistas que en Guatemala, controlan la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público recuerdan la sentencia de monseñor Oscar Arnulfo Romero: “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”.
En México y Guatemala, las facciones más reaccionarias de la elite empresarial aliadas con poderosos intereses transnacionales tienen comprada la cúpula del poder judicial.
Magistrados, jueces y fiscales continúan protegiendo a saqueadores del erario y bloquean la lucha ciudadana por la modernización democrática.
Andrés Manuel López Obrador está por culminar su mandato y se espera que el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo abra la posibilidad de limpiar a fondo el poder judicial y así se garantice la continuidad de la Cuarta Transformación, mientras que en Guatemala la cosa va más lenta y preocupante, porque la mafia criminal incrustada en el Estado, ha pasado de la intimidación, el encarcelamiento y el destierro al asesinato de jueces y fiscales probos.
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