Parece sacado del manual de cualquier tirano: desacreditar a la prensa, castigar a los medios que publican información incómoda, expulsar a sus periodistas y, una vez despejado el escenario, encender un canal propio para transmitir una realidad sin preguntas, contradicciones ni cabezas desagradables.
No sucede en una dictadura lejana ni en uno de esos regímenes que Estados Unidos acostumbra señalar con superioridad democrática, sino en la Casa Blanca, donde Donald Trump retiró el acceso a CNN, MS NOW y Politico para después estrenar Trump TV, una transmisión continua administrada por su gobierno.
El presidente justificó la expulsión al afirmar que esos medios difundían “ficción y mentiras”, mientras la Casa Blanca publicó un comunicado con un título que funciona también como advertencia: “El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”.
“La Primera Enmienda protege su derecho a publicar; no les da derecho a un pase permanente, un asiento en la sala de prensa ni un lugar en el grupo de prensa”, sostuvo el gobierno antes de calificar a las organizaciones periodísticas como una “operación hostil”.
Ningún medio posee acceso ilimitado al Despacho Oval, el Air Force One o cualquier espacio restringido; sin embargo, una vez establecido un sistema de acreditaciones, el gobierno no puede utilizarlo para premiar coberturas favorables y castigar puntos de vista que disgusten al presidente, según especialistas y precedentes judiciales.
Trump se atribuye así el poder de determinar qué información es verdadera, qué medio merece entrar y qué periodista debe permanecer detrás de la reja, convirtiendo la acreditación en un certificado de obediencia y la cobertura presidencial en una concesión sometida al buen humor del gobernante.
La Primera Enmienda no fue escrita para proteger elogios, boletines oficiales ni preguntas amables porque ninguna de esas expresiones necesita protección frente al poder; existe para impedir que el gobierno castigue las investigaciones que exhiben sus contradicciones y las palabras que preferiría no escuchar.
Trump insiste en que no ataca a la prensa libre, sino a las llamadas “noticias falsas”, a las que calificó como una amenaza para la seguridad nacional sin presentar pruebas que sostuvieran semejante acusación.
La maniobra es tan antigua como eficaz: primero se divide al periodismo entre medios legítimos y enemigos del pueblo, después se convence a una parte de la sociedad de que silenciar a los segundos no constituye censura, sino una medida de protección nacional.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca advirtió que la expulsión viola la Primera Enmienda y que el criterio empleado contra esas organizaciones puede aplicarse en el futuro contra cualquier otra; también recordó que el asunto no se limita a los derechos de los periodistas, sino que alcanza el derecho de la población a recibir información completa e independiente sobre las decisiones gubernamentales.
CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda federal y aseguraron que sus acreditaciones fueron desactivadas sin aviso previo ni oportunidad de impugnar la medida.
“Esta prohibición no podría ser un ataque más directo contra la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales fundamentales”, señalaron los medios, que resumieron el conflicto con una frase que debería resultar obvia en cualquier democracia: “El gobierno no decide qué informa o publica la prensa”.
La reacción de otras organizaciones ofrece una de las pocas señales alentadoras: ABC, CBS, NBC y Fox News suspendieron la cobertura audiovisual compartida de actividades presidenciales y se negaron a reemplazar a CNN dentro del grupo televisivo de la Casa Blanca, con lo que la defensa de la libertad de prensa logró cruzar, al menos por un momento, las trincheras ideológicas.
Aceptar la expulsión de un medio al que se considera parcial o desagradable significa conceder al presidente la facultad de expulsar mañana a cualquier otro; cuando el acceso depende del agrado del gobernante, todas las credenciales son provisionales y cada reportero trabaja con una amenaza colgada al cuello.
En medio de esta ofensiva apareció Trump TV, un canal oficial que transmite discursos, videos y materiales seleccionados por la propia administración, presentado apenas unos días después de prohibir el acceso a los tres medios.
Un gobierno tiene derecho a comunicar sus acciones y un canal institucional no constituye, por sí mismo, un atentado contra la libertad de expresión; lo siniestro está en la secuencia, porque primero se expulsa a quienes ofrecen una versión incómoda de la realidad y después se coloca frente al público una pantalla donde el poder decide qué se ve, qué se escucha y qué debe desaparecer del cuadro.
Trump TV resuelve el principal inconveniente que el periodismo representa para cualquier aspirante a autócrata: los periodistas preguntan, contrastan datos, revisan documentos, descubren contradicciones y publican cabezas que el presidente no puede corregir antes de que lleguen a los lectores.
En el canal producido por el gobierno no hay repreguntas ni contexto independiente; la cámara puede permanecer encendida las 24 horas y, aun así, mantener a la sociedad completamente a oscuras.
No hace falta cerrar todos los periódicos ni encarcelar a cada periodista para reconocer el método totalitario, pues el autoritarismo contemporáneo suele avanzar mediante procedimientos aparentemente administrativos: una credencial desactivada, una regla modificada, un medio señalado como enemigo y una transmisión oficial que pretende reemplazar la realidad por propaganda.
Estados Unidos todavía conserva tribunales, medios dispuestos a demandar y periodistas que continúan investigando, pero esos contrapesos no son una garantía eterna, sino defensas que deben utilizarse antes de que sea demasiado tarde.
El totalitarismo no siempre irrumpe con botas militares y periódicos incendiados; a veces llega maquillado como una disputa por acreditaciones, sonríe frente a una cámara oficial y asegura que sólo pretende proteger al público de las mentiras.
Trump puede tener su canal y una programación entera dedicada a celebrar su gobierno, pero lo que no puede reclamar en una democracia es el derecho a escoger quién lo cuestiona; una prensa libre no es la que el presidente considera justa, sino aquella que el presidente no puede amordazar.
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