Casi un tercio de los 3.1 millones de californianos de 12 años o más que sufrieron un acto de odio no recibió el apoyo que necesitaba después del incidente más grave, de acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA (CHPR), reflejando las brechas profundas en la atención a personas afectadas por discriminación, violencia y abusos motivados por prejuicios.
The study se complementa con una investigación cualitativa realizada junto al Instituto de Salud Pública, que recopiló testimonios sobre las barreras para recibir ayuda y el impacto de estos actos en la salud mental, física y económica de las víctimas.
Los relatos, detalla el documento, describen miedo persistente, cambios en rutinas diarias e incluso afectaciones financieras relacionadas con seguridad y reparaciones.
Las tasas de necesidades de apoyo insatisfechas fueron especialmente altas entre indígenas americanos o nativos de Alaska (44 por ciento) y afroamericanos (42 por ciento), superando el promedio estatal del 31 por ciento.
La encuesta CHIS 2024 también mostró que el 20 por ciento de los californianos asiáticos y el 30 por ciento de los blancos reportaron no haber recibido la ayuda que requerían.
Los datos revelan la magnitud del problema: más de 17 millones de actos de odio ocurrieron en California en los 12 meses previos a la encuesta. Entre quienes reportaron experiencias de odio, una de cada cinco personas sufrió seis o más actos en ese periodo, lo que evidencia una recurrencia alarmante.
Las mujeres mostraron tasas más altas de necesidades insatisfechas que los hombres (37 por ciento frente a 25 por ciento). Las personas con vivienda inestable tenían casi el doble de probabilidad de no recibir apoyo (50 por ciento) comparado con quienes cuentan con estabilidad habitacional (27 por ciento).
Además, el 41 por ciento de las personas con discapacidad reportó necesidades no cubiertas, frente al 25 por ciento de quienes no la tienen.
“Los californianos enfrentaron una prevalencia alarmante de actos de odio y algunas de las poblaciones más vulnerables tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de no recibir apoyo”, señaló Alex Bates, analista sénior de CHIS y autor principal del estudio. Sus conclusiones resaltan la urgencia de políticas públicas que cierren estas brechas.
El estudio encontró variaciones regionales importantes. En los condados del Norte y Sierra, las víctimas experimentaron en promedio 11.6 actos por persona, más del doble del promedio estatal de 5.6.
En contraste, Los Ángeles registró un promedio significativamente menor, con 4.2 actos por persona.
Solo 12 por ciento de los residentes del Norte y Sierra que sufrieron un acto de odio recibió consejería o apoyo en salud mental, en comparación con el 20 por ciento del promedio estatal. El apoyo psicológico fue la ayuda más común, pero también la necesidad más frecuentemente insatisfecha, reportada por el 38 por ciento de quienes enfrentaron barreras para acceder a servicios.
Otras necesidades no cubiertas incluyeron protección física (23 por ciento), apoyo para denunciar ante la policía (22 por ciento), asistencia legal (21 por ciento), ayuda financiera (18 por ciento), permisos laborales (14 por ciento) y validación o rendición de cuentas por parte de autoridades o empleadores (9 por ciento). Además, el 38 por ciento de quienes no recibieron apoyo señaló múltiples necesidades simultáneas.
Para profundizar en los impactos, los investigadores entrevistaron a 53 adultos que vivieron actos de odio.
Los testimonios revelan cómo el contexto político influye en la percepción del daño y cómo los incidentes transforman la vida cotidiana: personas que dejan de usar transporte público, evitan tiendas cercanas o restringen actividades al aire libre por miedo.
“Combinar datos cuantitativos rigurosos con entrevistas que describen cambios concretos en la vida diaria nos permite entender no solo qué ocurrió, sino cómo se vieron afectadas las personas”, explicó Valerie Steinmetz, autora del estudio cualitativo. Algunas víctimas también reportaron gastos adicionales en cámaras de seguridad, reparaciones o transporte alternativo.
Los encuestados compartieron además estrategias para enfrentar los incidentes. Algunos normalizaron los actos, otros dudaron de la utilidad de denunciar, especialmente en casos verbales, y muchos desconocían los recursos disponibles. Entre quienes sí denunciaron, varios expresaron frustración por respuestas limitadas o insuficientes de las autoridades.
“Los estudios señalan deficiencias críticas en el acceso y uso de servicios de apoyo”, afirmó Todd Hughes, director de la Encuesta de Entrevistas de Salud de California. “En conjunto, ilustran el profundo impacto humano que los actos de odio tienen en quienes los sufren”.
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