El pasado 5 de enero, el presidente Joe Biden anunció la ampliación del Título 42, una de las políticas en contra de la inmigración a Estados Unidos, misma que permite que el Departamento de Seguridad Nacional niegue el acceso a territorio estadounidense a todos aquellos considerados una amenaza para la salud, medidas que expertos calificaron de inhumanas y trágicas.
La propuesta de Joe Biden de ampliar el Título 42 permite que se reprima a los migrantes que intenten ingresar a la unión americana sin los documentos requeridos, pero también permite la entrada de 30 mil inmigrantes –cada mes– de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua como parte de un programa de libertad condicional humanitaria.
Kerri Talbot, directora adjunta del Centro de Inmigración, señaló en una rueda de prensa organizada por Ethnic Media Services en la que expertos se reunieron para discutir acerca de las implicaciones que tiene la ampliación del Título 42 en contra de los migrantes, que las políticas en contra de los inmigrantes son «inhumanas» y manifestó la importancia de crear leyes de migración que protejan a los Dreamers y trabajadores agrícolas.
Por su parte, Ed Kissam, administrador del WKF Fund, puntualizó que la ampliación del Título 42 es una «tragedia», pues en su opinión, se está utilizando una política de salud pública para otra totalmente diferente.
DREAMERS afrontan el peligro de ser deportados
Talbot señaló la necesidad de proteger a quienes pertenecen a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia –DACA, por sus siglas en inglés–, una política que concede a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, un permiso temporal para trabajar y conducir, así como un amparo temporal de deportación.
«Estamos preocupados de que DACA eventualmente pueda terminar y queremos que la administración proteja a quienes tienen este pograma a través de políticas que le permitan a las personas arreglar su estatus y obtener la residencia», dijo.
Y es que, recientemente, el juez de Texas Andrew Hanen en un fallo, declaró que el programa DACA es ilegal, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional –DHS, por sus siglas en inglés– tiene prohibido aceptar nuevas solicitudes, aunque los actuales beneficiarios pueden solicitar renovaciones.
En su oportunidad, Ariel G. Ruiz Soto, analista político en el Instituto de Política Migratoria, señaló que «se ha demostrado que las personas que tienen DACA, han obtenido muchos beneficios» y puntualizó que en algunos estados, incluso se han otorgado licencias y certificaciones profesionales a los beneficiarios.
Agregó que actualmente el programa tiene 590 mil beneficiarios, un número menor comparado con el de 2019 que rondaba los 700 mil.
Asimismo, Cyrus Mehta, fundador y socio gerente de Cyrus D. Mehta y Asociados, señaló que el número de las tarjetas de residencia no es suficiente y puntualizó que ese número debe ser abolido.
«El sistema tiene que ser reformado», finalizó.
This publication was supported in whole or part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library.
Te puede interesar: ¿Será la Cumbre de Líderes de América del Norte un cambio sustancial para la política de inmigración?
