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martes, noviembre 5, 2024
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Líderes de California advierten sobre las prohibiciones de libros en todo el estado

Líderes advierten sobre la prohibición de libros en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, el fiscal general Rob Bonta y el superintendente estatal Tony Thurmond enviaron una carta conjunta a todos los superintendentes escolares del condado, superintendentes escolares del distrito y administradores de escuelas chárter advirtiendo contra la prohibición de libros en California. 

La carta describe los derechos civiles educativos pertinentes y los mandatos legales correspondientes que los administradores escolares deben seguir para preservar la libertad y garantizar el acceso a diversas perspectivas y planes de estudio.

«Solo en la primera mitad de este año escolar, se prohibieron mil 477 libros a nivel nacional, y se amenazó a maestros y bibliotecarios con penas de prisión por colocar en un estante el libro equivocado», dijeron Newsom, Bonta y Thurmond. 

«Como líderes estatales elegidos para representar los valores de todos los californianos, ofrecemos nuestra respuesta en una sola voz compartida: Acceso a libros, incluidos libros que reflejan las diversas experiencias y perspectivas de los californianos y, especialmente, aquellos que pueden desafiarnos a lidiar con situaciones incómodas. verdades- es una libertad profunda que todos debemos proteger y cultivar», subrayaron.

La carta conjunta enviada este jueves destaca jurisprudencia y precedentes constitucionales que restringen la retirada de libros de bibliotecas y escuelas; las responsabilidades de los administradores escolares para exponer a los estudiantes a diversas visiones del mundo; y los mandatos legales que requieren que los administradores escolares proporcionen un plan de estudios imparcial a los estudiantes y preserven la libertad de expresión.

A su vez, informa a las agencias educativas locales que, si retiran o prohíben materiales didácticos de las aulas o bibliotecas, se les puede solicitar que proporcionen información a la Oficina del Fiscal General para su análisis.

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