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Por Jocelyn Wiener. CalMatters
Las consecuencias de la larga historia de nuestro estado de incumplir promesas a personas con enfermedades mentales graves están en todas partes.
Se puede encontrar debajo de nuestros pasos elevados y en nuestros campamentos de tiendas de campaña, pero también dentro de nuestras cárceles y prisiones, nuestras salas de emergencia, escuelas y hogares.
Aparece en nuestras encuestas de opinión pública, que repetidamente enumeran la salud mental como una de las principales preocupaciones.
Cada vez más, se abre paso en nuestro discurso político. Haciendo referencia a “nuestro sistema roto”, el gobernador Gavin Newsom en los últimos años ha implementado políticas de salud mental a una velocidad vertiginosa.
Ahora está promoviendo la Propuesta 1, una medida doble en la votación de marzo que financiaría un bono de 6.4 mil millones de dólares para camas de tratamiento y viviendas de apoyo permanente, al mismo tiempo que requeriría que los condados gasten más de sus fondos existentes para salud mental en personas crónicamente sin hogar.
La medida también hace promesas.
“Estas reformas y esta nueva inversión en viviendas de salud conductual ayudarán a California a cumplir las promesas hechas hace décadas”, ha dicho Newsom.
¿Cuáles son las promesas que California ha hecho a las personas con enfermedades mentales a lo largo de los años? ¿Y por qué tanta gente sigue sufriendo?
Aquí hay una breve cronología de las políticas de salud mental en nuestro estado (de las promesas hechas y las promesas incumplidas) durante los últimos 75 años.
Décadas de 1950 y 1960: una era de institucionalización
En la década de 1950, era relativamente fácil obligar a la gente a ingresar en hospitales psiquiátricos estatales, muchos de los cuales tenían condiciones horribles. El número de pacientes alcanza su punto máximo a finales de la década de 1950, con aproximadamente 37 mil. Durante ese tiempo, el estado comienza a trasladar el control de los servicios de salud mental a los condados, embarcándose en el proceso de desinstitucionalización. Este proceso se acelera a finales de la década de 1960 con la aprobación de la histórica Ley Lanterman-Petris-Short, una ley diseñada para proteger los derechos civiles de las personas con enfermedades mentales.
1954: La Administración federal de Alimentos y Medicamentos aprueba la clorpromazina (Thorazine), el primer fármaco antipsicótico, para tratar a personas con enfermedades mentales graves.
1957: La Legislatura de California aumenta los fondos para la salud mental comunitaria en virtud de la Ley Short-Doyle, con el objetivo de tratar a más personas en sus comunidades en lugar de en hospitales estatales.
1963: El presidente John Fitzgerald Kennedy firma la Ley de Salud Mental Comunitaria, prometiendo liderazgo federal para construir y dotar de personal a una red de centros comunitarios de salud mental. Menos de un mes después, es asesinado. Muchas de las clínicas nunca se construyen.
1965: El Congreso crea Medicare y Medicaid, lo que permite que las personas con enfermedades mentales reciban tratamiento en sus comunidades.
1967: el entonces gobernador. Ronald Reagan firma la ley Lanterman-Petris-Short que limita la detención involuntaria de todas las personas con enfermedades mentales, excepto las más gravemente discapacitadas, y les proporciona protección legal.
Décadas de 1970 y 1980: la revuelta fiscal de California conduce a la austeridad
A medida que los hospitales psiquiátricos estatales cierran en la década de 1970, muchas personas con enfermedades mentales graves son trasladadas a residencias de ancianos y residencias de ancianos con fines de lucro. Su número en las calles y dentro de las cárceles y prisiones comienza a aumentar. En la década de 1980 se produjeron importantes recortes de financiación para los servicios de salud mental tanto a nivel estatal como federal.
1978: La Ley de Sistemas Comunitarios de Tratamiento Residencial busca crear alternativas desbloqueadas y no institucionales para personas con enfermedades mentales en todo California.
El mismo año, los votantes aprueban la Proposición 13, que limita los impuestos a la propiedad y reduce la cantidad de dinero disponible para los condados para una variedad de servicios, incluida la salud mental.
1980: El presidente Jimmy Carter, quien unos años antes creó una Comisión Presidencial sobre Salud Mental a instancias de su esposa Rosalynn, firma la Ley de Sistemas de Salud Mental para financiar los centros comunitarios de salud mental ideados por el presidente Kennedy.
1981: El presidente Ronald Reagan firma la Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria, que deroga la mayor parte de la Ley de Sistemas de Salud Mental de Carter y devuelve a los estados la responsabilidad de las personas con enfermedades mentales graves.
Década de 1990: control local de los servicios de salud mental
En la década, la financiación y la responsabilidad de los servicios de salud mental pasan del estado a los condados. California aprueba una ley para responsabilizar a los planes de salud de brindar un tratamiento de salud mental adecuado.
1991: La Legislatura estatal aprueba una “realineación”: trasladando la financiación y la responsabilidad de muchos servicios de salud mental del estado a los condados.
1995: El estado implementa Medi-Cal Mental Health Managed Care, responsabilizando a los condados de brindar muchos servicios de salud mental de Medicaid.
1999: California aprueba una ley estatal de paridad que exige que los planes de salud privados brinden igual cobertura para enfermedades mentales graves y salud física.
El mismo año, la Ley de Enfermedades Mentales sin Hogar, un programa piloto para ayudar a las personas sin hogar con enfermedades mentales graves y un precursor importante de la Ley de Servicios de Salud Mental, se implementa en tres condados.
Década de 2000: nuevos recursos para la atención de la salud mental
El optimismo sobre la capacidad del estado para abordar finalmente las necesidades de las personas con enfermedades mentales aumenta con la aprobación de la histórica Ley de Servicios de Salud Mental. Pero la Gran Recesión de la última parte de la década amenaza parte de ese progreso.
2002: La Legislatura aprueba la Ley Laura. La ley, que lleva el nombre de una joven asesinada por un hombre que se negó a recibir atención psiquiátrica, permite, pero no exige, que los condados creen programas de tratamiento ordenados por los tribunales.
2004: Los votantes de California aprueban la Ley de Servicios de Salud Mental. El impuesto del 1% sobre las personas con ingresos superiores a $1 millón proporciona una nueva fuente de ingresos para reforzar los sistemas de salud mental de los condados.
2008: Una ley federal de paridad, la Ley de Equidad en Adicciones y Paridad en Salud Mental Paul Wellstone y Pete Domenici, exige que los planes de salud que ofrecen cobertura para problemas de salud mental y trastornos por uso de sustancias proporcionen beneficios comparables a los que se ofrecen para tratamientos médicos y quirúrgicos.
Década de 2010: la falta de vivienda centra la atención
El número de personas con enfermedades mentales graves que se encuentran sin hogar continúa aumentando. Las cárceles y prisiones son ahora los mayores proveedores de salud mental del país, y una acumulación de personas encarceladas consideradas incompetentes para ser juzgadas genera un escrutinio cada vez mayor. El número de niños y adolescentes que ingresan en hospitales en crisis de salud mental comienza a aumentar.
2010: La Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare) exige que las aseguradoras brinden salud mental como un beneficio esencial.
2011: La Gran Recesión provoca importantes recortes presupuestarios, lo que expulsa a algunas personas del sistema público de salud mental. Un segundo movimiento o “realineación” de los servicios de salud mental y trastornos por uso de sustancias transfiere aún más fondos y responsabilidad del estado a los condados.
2012: California elimina su Departamento de Salud Mental y distribuye sus responsabilidades entre otros departamentos estatales.
2013: La Ley de Bienestar de la Salud Mental inyecta alrededor de $143 millones para aumentar la capacidad del sistema estatal de respuesta a crisis de salud mental.
2018: Los votantes de California aprueban una medida electoral llamada No Place Like Home para construir y rehabilitar viviendas de apoyo para personas con enfermedades mentales. La medida autoriza el uso de fondos de la Ley de Servicios de Salud Mental para pagar $2 mil millones en bonos.
Ese mismo año, Newsom es elegido gobernador y promete hacer de la salud mental un foco importante de su administración.
Década de 2020: la agenda de salud mental de Newsom
A raíz de la pandemia de COVID-19, la gran cantidad de personas con enfermedades mentales en las calles, junto con la epidemia de fentanilo y una creciente crisis de salud mental entre niños y adolescentes, genera un mayor interés público en la salud mental. La administración Newsom realiza inversiones sin precedentes y implementa un flujo constante de cambios políticos importantes. Los críticos denuncian que algunos de estos cambios mueven al Estado hacia un tratamiento más involuntario.
2020: California aprueba una nueva ley de paridad estatal “innovadora”, que amplía enormemente su ley anterior y la convierte en líder nacional en exigir que los planes de salud comerciales brinden servicios de salud mental.
2021: La administración de Newsom asigna $4.6 mil millones en fondos únicos para una Iniciativa de Salud Conductual para Niños y Jóvenes.
2022: La administración crea los Tribunales de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento Comunitario (CARE), nuevos sistemas judiciales para abordar las necesidades de las personas con enfermedades mentales graves que tienen algunos ecos de la Ley de Laura. Esta vez, la participación del condado no es opcional.
Ese mismo año, comienza a implementarse un esfuerzo estatal masivo llamado California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM), que promete ampliar y agilizar el acceso a la atención de salud mental para las personas aseguradas por Medi-Cal, el programa de seguro público para californianos de bajos ingresos.
2023: Newsom firma una ley que modifica la definición de “discapacidad grave” que se estableció originalmente en la histórica ley de 1967 que limita el confinamiento involuntario en el estado. La enmienda facilita la conservación de personas con enfermedades mentales graves, despojándolas de sus derechos y confiando su cuidado a tutores públicos.
2024: La Proposición 1 se presenta ante los votantes. Si se aprueba, aportará miles de millones de nuevos fondos para viviendas de apoyo permanentes y camas de tratamiento, y establecerá nuevos parámetros sobre cómo se utilizan los fondos de la Ley de Servicios de Salud Mental.
Esta línea de tiempo fue reportada con la ayuda de docenas de artículos de noticias e informes gubernamentales y académicos, así como entrevistas e información histórica proporcionada por una variedad de personas, incluidos Steve Fields, Adrienne Shilton, Michelle Cabrera, Corey Hashida, Stacie Hiramoto, Randall Hagar, Libro de Diane Van Maren, Chad Costello y Alex Barnard de 2023 “Tutela: dentro del sistema de coerción y atención de las enfermedades mentales de California”.
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