*Organizaciones de la sociedad civil registran 6 mil 305 denuncias de violaciones de derechos humanos durante los dos años del Régimen de Excepción en El salvador.
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Este 4 de abril, en el 2° Informe Anual Sobre Violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante los dos años de régimen de excepción en El Salvador, celebrado en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), las organizaciones de la sociedad civil registran 6 mil 305 denuncias de violaciones de derechos humanos, recibidas entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2024.
Dichas violaciones, representan la sistematización de los casos y hechos atenidos por las organizaciones: AMATE (52), Azul Originario (354), CRISTOSAL (3 mil 786), FESPAD (383), el Idhuca (mil 293), la Red Salvadoreña de Defensoras (50), y el SSPAS (387).
A partir de las denuncias registradas, dichas organizaciones civiles declaran que las reformas al derecho penal no protegen los derechos de los humanos, sino que legalizan el indebido proceso de inocencia para procesar a personas de forma judicial.
Estas reformas, ponen a las personas en intervención, de ser inocentes no hay una restauración propuesta por parte del Estado. Esto resulta de una realización procesual que no permite reconocer las responsabilidades individuales previas a una acusación colectiva, además de que la calidad y la revisión de procesos probatorios son deficientes, y los jueces desisten de la prueba que pone en juicio la justica de las personas.
A esto se agrega, la reforma a la Ley Espacial contra el crimen organizado con la que se hace uso de la tecnología para el juicio de la persona, pone en riesgo a autenticidad de la información.
Entre los hechos con mayores denuncias se encuentran 5 mil 931 cosos de detenciones arbitrarias o ilegales; 5 mil 470 casos de violaciones al debido proceso; mil 779 allanamientos de morada; 814 tratos crueles, inhumanos o degradantes y 304 casos de hostigamiento.
De la misma forma, el desplazamiento forzado interno corresponde al de 598 mujeres denunciado, siendo en su mayoría acompañadas con infantes y adolescentes. El 80 por ciento de mujeres han presentado denuncias por ser víctimas de violación de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado.
A estos hechos se suman el registro de desaparición forzada, confinamiento, discriminación por orientación sexual, identidad y/o expresión de género, acoso sexual, abuso y violaciones sexuales.
En las denuncias registradas por las Organizaciones Civiles, las personas con mayor afectación son los jóvenes que tienen entre 19 y 30 años de edad, de los cuales corresponden 3 mil 293 registros, equivalentes a 52.23 por ciento del total de denuncias. A estos le siguen personas de 31 a 59 años de edad con 2 mil 167 casos de víctimas, siendo 34.37 por ciento del total de denuncias.
La Fuerza Armada tiene 440 denuncias en su contra, lo que representa 7 por ciento de las denuncias, sumando la Policía Nacional Civil (PNC), con 4 mil 701 denuncias, equivalente al 75 por ciento del total, lo cual corresponde a 90 por ciento de los casos de violaciones a derechos humanos ejecutados por las instancias del Estado.
De acuerdo con los testimonios de víctimas y monitoreo de las organizaciones, entre el 27 de marzo de 2022 y el 29 de febrero de 2024, se han registrado 244 muertes de personas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, así como un aproximado de 109 mil 519 personas adultas privadas de libertad, para una capacidad de 67 mil 280 personas, con una tasa de mil 728 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Esto posiciona a El Salvador con el mayor número de personas en la cárcel a nivel mundial.
A pesar de que se dio la derogatoria de la Ley Mordaza que prohibía un tipo de alusión a las pandillas y se mire en ventaja, “creemos, importante señalar no responde realmente a la protección en el tema de libertad de expresión, sino responde a diversos tipos de presiones que se están realizando que derivo la derogatoria de esta ley. Lamentablemente estas medidas no están siendo progresivas, sino regresivas”, aseguró Gabriela Santos, miembro del Idhuca.
Lo que surgió como una medida para “restablecer el orden” por la Asamblea Legislativa, a petición del Órgano Ejecutivo, a partir de la emisión de 24 decretos legislativos sucesivos, “es solo una burbuja, no se está curando la enfermedad”, declararon representantes de las organizaciones.
Con base en las cifras registradas, las organizaciones civiles hicieron un llamado al Estado para atender el marco de transición y ejecución del Sistema Penal. Para ello proponen seis recomendaciones:
- La derogación del régimen de excepción y las reformas regresivas de materia penal y procesual a las personas durante el periodo debido a la escaza herramienta para sostener estas medidas
- Implementación urgente de acciones para acelerar los procesos judiciales pendientes, así como la priorización de medidas alternativas a la detención, cumplimiento con obligaciones constitucionales de rehabilitación de personas privadas de libertad.
- Establecer procesos de reparación a nivel de salud, física, mental y económicas para personas detenidas injustamente.
- Garantizar la protección de los derechos de las personas detenidas, incluyendo el respeto y salvaguarda de la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTIQ+.
- Compromiso con el debido proceso y rendición de cuentas en casos de muertes de personas bajo custodia
- Implementación política integrales que abordan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad desde una perspectiva de derecho humanos.
Estas propuestas surgen bajo el entiendo que “Existe una percepción diferenciada a la violencia del país, sin embargo, se reconoce que esta situación no va ser sostenible en la medida que no se ataquen las causas estructurales que generan la violencia, lo que es en buena medida la desigualdad económica que existe en El Salvador”, afirmó Gonzalo Montano, miembro de AMANTE.
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