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El concejo de Redwood City discutirá este lunes la posibilidad de incluir una ordenanza que Restrinja el Uso de Recursos Municipales para Ayudar o Cooperar con las Autoridades de Inmigración, permitiendo así que la ciudad se convierta en santuario para inmigrantes.
La recomendación fue presentada por el concejal Chris Sturken a la administradora municipal, Melissa Stevenson Diaz para que el ayuntamiento considere su petición en su reunión de hoy lunes 25 de noviembre, e incluir una ordenanza de Ciudad Santuario en el orden del día del Consejo del 16 de diciembre.
La petición, de acuerdo con Sturken, se da en el contexto de las amenazas del presidente electo, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas y con ello generar separación de familias, mismas que han hecho del condado y Redwood City, una ciudad diversa y multicultural.
“Con un historial de deportaciones y separación familiar durante la anterior administración Trump y la amenaza creíble de deportaciones masivas por parte del presidente electo durante su próxima administración, creo que es necesario considerar una ordenanza santuario para proteger a las familias de Redwood City de las deportaciones y la separación”, destacó el concejal.
Además, dijo, los líderes de la organización Fe en Acción, le compartieron que ha habido múltiples testimonios de propietarios que afirman que llamarán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para denunciar a sus inquilinos cuando planteen sus preocupaciones sobre el alquiler o la habitabilidad de sus viviendas.
Ante ello, Sturken celebró una sesión de escucha comunitaria el sábado 16 de noviembre en Yard, en la que 20 asistentes apoyaron que el Consejo estudiara una ordenanza al respecto, donde al menos dos residentes preguntaron cómo se protegería a la comunidad inmigrante y cómo se preparan los distritos escolares para las separaciones familiares en las que se detiene al cuidador y se deja al niño en la escuela.
“Estoy orgulloso de nuestra designación de Ciudad Acogedora y de la actual política de no cooperación de nuestro departamento de policía con el ICE. Sin embargo, tengo entendido que, aunque que nosotros sepamos nunca se han utilizado recursos municipales ni personal de otros departamentos en cooperación con el ICE, el ICE podría utilizarlos en el futuro”, precisó.
Explicó que, como preparación para la administración entrante, es esencial que codifiquemos nuestra política de no cooperación en una ordenanza para proteger a la comunidad de la deportación y mantener unidas a las familias.
“Entiendo que podría haber ramificaciones para la futura financiación federal si el Ayuntamiento sigue adelante con una ordenanza. Me interesa saber más sobre estos riesgos como parte del proceso de remisión”, escribió.
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