El fiscal general de California solicitó a un tribunal federal que haga cumplir una orden judicial que protege los programas de financiamiento para la salud mental en escuelas.El fiscal general de California, Rob Bonta, solicitó a un tribunal federal que haga cumplir una orden judicial que protege los programas de financiamiento para la salud mental en escuelas, en medio de un litigio contra la administración del presidente Donald Trump.
La acción forma parte de una coalición de 16 fiscales generales que presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, con el objetivo de obligar al Departamento de Educación a acatar la orden emitida el 19 de diciembre de 2025, la cual determinó que la interrupción de estos fondos fue ilegal.
El conflicto se intensificó luego de que, el 2 de marzo de 2026, el Departamento decidiera otorgar únicamente seis meses de financiamiento a los beneficiarios, en lugar del año completo que tradicionalmente se asigna, lo que, según los fiscales, incumple directamente la orden judicial y pone en riesgo la continuidad de los programas.
“El incumplimiento de la Administración Trump debe terminar. En California y en todo el país, los beneficiarios de subvenciones han emitido avisos de despido, y aunque estos se hacen efectivos meses después, la incertidumbre actual complica la planificación y la dotación de personal para programas esenciales que apoyan la salud mental de los estudiantes”, declaró Bonta.
El fiscal agregó que la coalición busca frenar lo que considera un intento de evadir la decisión del tribunal. “Mis colegas fiscales generales y yo no le daremos a la Administración Trump vía libre. Instamos al Tribunal a que responsabilice plenamente a la Administración por no cumplir con su orden”, afirmó.
Los programas en disputa —el Programa de Subvenciones para la Demostración de Servicios Profesionales de Salud Mental (MHSP), creado en 2018, y el Programa de Servicios de Salud Mental en las Escuelas (SBMH), establecido en 2020— fueron impulsados por el Congreso tras una serie de tiroteos escolares, con el objetivo de ampliar el acceso de los estudiantes a servicios de salud mental.
De acuerdo con la demanda presentada en julio de 2025, el Departamento de Educación notificó previamente a los beneficiarios —entre ellos agencias educativas estatales y locales, así como universidades— la cancelación de las subvenciones por supuestos conflictos con las prioridades de la administración. Posteriormente, la propia administración reconoció en medios que las medidas estaban dirigidas a programas vinculados con diversidad, equidad e inclusión (DEI).
La coalición sostiene que, pese al fallo judicial de diciembre, el Departamento ha continuado imponiendo obstáculos administrativos y nuevas condiciones que afectan la operación de los programas, como requisitos de reembolso más estrictos y la exigencia de informes anticipados sin datos disponibles.
Además, advierten que la retención de medio año de financiamiento podría provocar la pérdida de personal clave y dificultar la planeación para el próximo ciclo escolar, especialmente en comunidades vulnerables.
Los programas han mostrado resultados significativos a nivel nacional. En su primer año, brindaron servicios de salud mental y conductual a cerca de 775 mil estudiantes de primaria y secundaria.
Entre los impactos reportados se encuentran una reducción del 50 por ciento en el riesgo de suicidio en escuelas con mayores necesidades, disminución del ausentismo y de problemas de conducta, así como una mejora en la interacción entre estudiantes y docentes.
Asimismo, las iniciativas permitieron la contratación de casi mil 300 profesionales de salud mental escolar, con una tasa de retención del 95 por ciento, y lograron reducir en un 80 por ciento el tiempo de espera para que los estudiantes recibieran atención.
El objetivo de estos programas es incorporar de manera permanente a 14 mil profesionales adicionales —entre psicólogos, consejeros y trabajadores sociales— en escuelas de todo Estados Unidos, particularmente en comunidades rurales y de bajos ingresos.
A la acción legal encabezada por California se sumaron los fiscales generales de Washington, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Oregón, Rhode Island y Wisconsin.
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