La nueva ofensiva migratoria y financiera del presidente Donald Trump podría impactar directamente a millones de familias mexicanas que dependen de remesas enviadas desde Estados Unidos.
La Casa Blanca confirmó esta semana la firma de la orden ejecutiva “Restoring Integrity to America’s Financial System” (“Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”), una medida que instruye a bancos y reguladores federales a endurecer la vigilancia sobre cuentas, préstamos y movimientos financieros vinculados con personas sin autorización migratoria o consideradas de “alto riesgo”.
Aunque la orden no menciona explícitamente las remesas, especialistas y medios estadounidenses advierten que las nuevas reglas podrían afectar transferencias internacionales de dinero enviadas por migrantes, particularmente mexicanos indocumentados.
De acuerdo con documentos oficiales de la Casa Blanca, el gobierno de Trump ordenó revisar y fortalecer las reglas de identificación bancaria bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), permitiendo a instituciones financieras solicitar más información migratoria y de ciudadanía a sus clientes.
La orden también instruye al Departamento del Tesoro y a reguladores financieros a emitir alertas sobre “señales de riesgo” relacionadas con evasión fiscal, tráfico laboral, cuentas ocultas y transferencias sospechosas.
Según reportó The Wall Street Journal, la administración Trump busca incorporar el estatus migratorio dentro de los análisis de riesgo financiero que realizan los bancos, algo que actualmente no forma parte obligatoria de los procesos estándar de verificación bancaria en Estados Unidos.
La medida forma parte de un endurecimiento más amplio contra inmigrantes indocumentados y personas con estatus migratorios temporales, incluidos beneficiarios de ITIN —números fiscales utilizados por millones de trabajadores que pagan impuestos sin contar necesariamente con residencia legal.
Expertos consultados por medios estadounidenses advirtieron que el nuevo esquema podría provocar que muchos migrantes abandonen el sistema bancario formal por miedo a ser identificados o investigados.
La agencia AP señaló que críticos de la medida consideran que la política podría aumentar la población “unbanked”, es decir, personas que dejan de utilizar bancos y servicios financieros regulados.
El tema preocupa especialmente en México debido al peso económico de las remesas.
Datos del Banco de México muestran que México recibió 14 mil 457 millones de dólares en remesas durante el primer trimestre de 2026, con Estados Unidos como principal origen de esos recursos.
Tan solo en marzo de este año, las remesas enviadas a México alcanzaron 5 mil 394 millones de dólares, una de las cifras más altas registradas históricamente para ese mes.
De acuerdo con El País, el gobierno estadounidense ya había comenzado desde 2025 a incrementar la vigilancia sobre transferencias de bajo valor y empresas remesadoras, ante sospechas de lavado de dinero y vínculos con redes criminales.
La nueva orden ejecutiva amplía ahora esas capacidades de supervisión y coloca mayor presión sobre bancos y plataformas de pago digitales.
La Casa Blanca justificó la medida argumentando que “redes criminales”, cárteles mexicanos y organizaciones de lavado de dinero han explotado debilidades del sistema financiero estadounidense.
El documento oficial menciona específicamente actividades vinculadas con tráfico de personas, fentanilo y evasión fiscal laboral como parte de las amenazas que busca combatir.
Sin embargo, organizaciones migrantes y analistas financieros temen que el endurecimiento termine afectando principalmente a trabajadores inmigrantes que utilizan servicios bancarios para enviar dinero legalmente a sus familias.
El impacto podría sentirse particularmente en México, donde millones de hogares dependen de remesas para alimentación, vivienda, salud y educación.
Además de la vigilancia sobre transferencias internacionales, la orden ejecutiva también pide evaluar riesgos crediticios relacionados con préstamos otorgados a personas que podrían enfrentar deportación o pérdida de ingresos laborales.
La administración Trump sostiene que estas medidas buscan “restaurar la integridad” del sistema financiero estadounidense, pero para millones de migrantes mexicanos, la preocupación inmediata es otra: que enviar dinero a casa se convierta ahora en un proceso más vigilado, más complicado y potencialmente más riesgoso.
Te puede interesar: Desmantelando DACA pieza por pieza
