Por Cayla Mihalovich. CalMatters. Península 360 Press.
Al menos 10 casos están pendientes este año en la Corte Suprema de California para impugnar condenas que involucran a agentes encubiertos en cárceles, incluidas operaciones encubiertas que tuvieron lugar después de que los sospechosos afirmaran haber invocado su derecho a no auto incriminarse.
Los fiscales de distrito afirman que las llamadas operaciones Perkins son una poderosa herramienta de investigación para resolver crímenes o exonerar a personas. Esta práctica ha contribuido a lograr cientos de condenas por asesinato.
Pero los críticos dicen que las fuerzas del orden han ido demasiado lejos, argumentando que las operaciones son coercitivas, conllevan el riesgo de confesiones falsas y se dirigen de manera desproporcionada a personas negras y latinas.
En el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre las operaciones de Perkins, CalMatters examinó más de 5 mil páginas de expedientes judiciales y llevó a cabo más de 40 entrevistas con académicos, defensores públicos, fiscales de distrito, fiscales, legisladores, defensores y personas encarceladas.
Esto es lo que encontramos:
Un área gris legal
En 1990, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las declaraciones de un sospechoso durante una operación Perkins son voluntarias; por lo tanto, no es necesario leerle sus derechos Miranda. Sin embargo, varios de los casos que se presentan hoy ante la Corte Suprema de California argumentan que el fallo no abordó una cuestión fundamental: ¿Puede continuar la operación después de que un sospechoso haya invocado sus derechos Miranda?
En 2019, la Corte Suprema de California rechazó una petición para revisar el caso de un hombre del condado de Kern que fue objeto de una operación Perkins un día después de haber invocado sus derechos Miranda durante un interrogatorio policial.
Aunque el tribunal se negó a escuchar el caso, el juez Goodwin Liu tuvo duras palabras para las fuerzas del orden.
“El uso de artimañas engañosas para obtener confesiones de sospechosos que han invocado sus derechos Miranda parece ser una práctica policial generalizada en California”, escribió. “Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que las protecciones de Miranda se eludan con tanta facilidad?”.
El manual de operaciones de Perkins
Los agentes encubiertos, también conocidos como agentes Perkins, suelen ser descritos en los documentos judiciales como personas mayores y de mayor tamaño que sus objetivos. Con frecuencia se presentaban como miembros experimentados de pandillas con antecedentes de violencia. En algunos casos, hasta cinco personas compartían celda con una sola.
Martín Flores, un experto en pandillas especializado en las operaciones de Perkins, dijo que los agentes se presentan como “amigos mayores y activos con influencia en la cárcel del condado y en las calles”.
“En mi opinión, la mayoría de estas operaciones de Perkins se tratan de impresionar al agente”, dijo. “¿Y por qué es importante? Porque se trata de supervivencia. Si te ves débil y vulnerable, te convertirás en la presa”.
Un análisis de CalMatters sobre las operaciones de Perkins reveló celdas equipadas con dispositivos de grabación, cuantiosos pagos en efectivo a agentes encubiertos y estratagemas con pruebas falsas destinadas a “estimular” la conversación entre los agentes y sus objetivos.
Las operaciones de Perkins bajo el microscopio
CalMatters encontró operaciones de Perkins en los condados de Los Ángeles, Riverside, San Diego, Orange, Santa Bárbara y Santa Clara.
Según los registros obtenidos por CalMatters, el condado de Riverside llevó a cabo su primer operativo en 2014. Dichos registros revelan que sus agencias policiales realizan múltiples operativos cada semana, aproximadamente la mitad de los cuales se llevan a cabo para agencias externas no identificadas.
Pero a medida que proliferan estas operaciones, cada vez más acusados afirman que están siendo coaccionados para renunciar a sus derechos Miranda antes de hablar con la policía o para hacer declaraciones auto incriminatorias después de haber invocado esos derechos.
A principios de este año se produjo un fallo significativo cuando el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito revocó la condena de un hombre del condado de Riverside que había mantenido su inocencia, tras determinar que las fuerzas del orden violaron sus derechos durante una operación de Perkins.
“Cuando un sospechoso invoca su derecho a un abogado y no renuncia a él, y un agente de la ley conocido continúa ‘estimulando’ una operación Perkins de una manera que equivale a un interrogatorio bajo custodia, las declaraciones incriminatorias resultantes del sospechoso son inadmisibles”, escribieron los magistrados.
Disparidades en quiénes son los objetivos
Entre los casos que está revisando la Corte Suprema de California, cuatro acusados son hispanos, cuatro son negros y dos son blancos. El más joven tenía 18 años en el momento de la operación de Perkins.
La Asociación de Defensores Públicos de California y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles instaron al tribunal a examinar detenidamente esta práctica policial altamente coordinada, ya que afirman que produce disparidades raciales extremas y perpetúa una actuación policial con prejuicios raciales.
Citaron datos recientes de la Oficina del Defensor Público del Condado de Riverside, que hallaron importantes disparidades raciales al analizar aproximadamente 881 casos de homicidio entre enero de 2015 y junio de 2023, incluyendo 145 objetivos de la Operación Perkins. El análisis reveló que los acusados negros tenían más de cuatro veces más probabilidades de ser objetivo de una Operación Perkins que los acusados blancos. Los acusados latinos fueron objetivo al doble de la tasa que los acusados blancos, según el estudio.
Los defensores públicos del condado de San Diego también han manifestado su preocupación por las disparidades raciales en la primera petición presentada en California en virtud de la Ley de Justicia Racial, relativa a una operación de Perkins. Esta ley, aprobada en 2020, permite a las personas impugnar un procesamiento, una condena o una sentencia que consideren basada en prejuicios raciales.
En un análisis de aproximadamente 40 operaciones de Perkins en el condado de San Diego, los defensores públicos descubrieron que los agentes utilizaban sistemáticamente un lenguaje discriminatorio desde el punto de vista racial, incluidos insultos y estereotipos culturales, para generar una falsa sensación de confianza y obtener declaraciones incriminatorias.
Pero la fiscal de distrito de San Diego, Summer Stephan, declaró a CalMatters en una entrevista que las operaciones de Perkins “se aplican de forma generalizada, dondequiera que parezca que un asesinato despiadado puede resultar beneficioso… sin importar la raza, el género, la orientación sexual, los antecedentes culturales ni nada más”.
Las operaciones son altamente secretas.
Las fuerzas del orden se han esforzado enormemente por ocultar información sobre las operaciones de Perkins, incluyendo cuánto dinero gastan en ellas y cómo reclutan y entrenan a sus agentes. CalMatters presentó casi dos docenas de solicitudes formales de acceso a la información pública ante agencias policiales de los condados de Los Ángeles, Riverside, San Diego, San Bernardino, Orange y Santa Clara. Casi todas fueron denegadas.
Tras consultar con la Coalición de la Primera Enmienda, CalMatters solicitó a los abogados del bufete Covington & Burling que presionaran para lograr una mayor transparencia. A lo largo de varios meses, sus esfuerzos dieron como resultado un puñado de registros policiales exclusivos.
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