El Gobierno de México inició formalmente una estrategia jurídica en Estados Unidos para exigir justicia por la muerte de connacionales bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante denuncias ante autoridades estadounidenses, acciones civiles contra centros de detención y una solicitud de intervención de la Organización de las Naciones Unidas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las medidas comenzaron el pasado 13 de julio, en seguimiento a lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum ante los fallecimientos de personas mexicanas vinculados con operativos o centros de detención migratoria.
En coordinación con la Fiscalía General de la República, México presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cual será entregada por conducto de la Embajada mexicana en ese país.
Al mismo tiempo, el Gobierno de México comenzó a presentar denuncias ante las fiscalías estatales competentes, con apoyo de la Embajada y de la red consular.
La Cancillería también inició el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primero fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, instalación en la que, según la SRE, han muerto cuatro connacionales.
El objetivo es exigir el cese inmediato de acciones u omisiones que pudieran haber contribuido a esos fallecimientos, entre ellas impedir el acceso oportuno a atención médica o aplicar políticas contrarias a los estándares médicos y penitenciarios. Estos escritos constituyen el primer paso formal para una eventual presentación de acciones civiles.
La estrategia también incluye una vía internacional. El titular de la SRE envió una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para informarle sobre las muertes de mexicanos bajo custodia de ICE.
México pidió que la oficina del alto comisionado recabe información de las autoridades estadounidenses, analice si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, emita recomendaciones y, en su caso, remita los expedientes a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que estas medidas corresponden todavía a la etapa de investigación, considerada un paso indispensable antes de ejercer las acciones judiciales que resulten procedentes.
La dependencia reiteró que mantendrá el acompañamiento a las familias de las víctimas a través de la red consular y aseguró que el Gobierno de México actuará con firmeza para defender los derechos de sus ciudadanos en el exterior mediante los mecanismos legales disponibles en ambos países y en el derecho internacional.
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