*La Defensa crea un programa de voluntarios de acompañamiento a las audiencias de migración en los tribunales o a sus citas al ICE
Por Araceli Martínez Ortega. American Community Media (ACoM).
Desde que a Lupita, una solicitante de asilo, la acompañan a sus citas en la corte, un par de mujeres hispanas del programa de voluntarias del Court Watch LA, se siente más segura y menos sola.
“Me recogen en mi casa, me llevan al tribunal y esperan a que salga”, cuenta Lupita, quien pide no revelar su verdadero nombre por razones de seguridad. “Cada vez que tengo que asistir a una audiencia, sufro un ataque de pánico. Por eso, la compañía de estas voluntarias, me hace sentir apoyada y más tranquila”.
Lupita, cuyo caso de asilo está pendiente, añade que, además de brindarle compañía durante las audiencias, estas dos mujeres también han actuado como intérpretes. “Me llaman cada dos días y, si necesito algo de comer, me traen despensa a la casa”.
La organización La Defensa, dirigida por mujeres, puso en marcha su programa Court Watch LA a principios de este año. El programa capacita a ciudadanos estadounidenses para que actúen como acompañantes voluntarios de inmigrantes que deben asistir a citas en el tribunal de inmigración o presentarse ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“La forma en que la actual administración detiene a personas a diario, perjudicando a nuestras comunidades, fue lo que nos motivó a iniciar este programa”, explica Titilayo, una de las personas que ayudó a fundar Court Watch LA.
Temor a represalias
A pesar de ser ciudadana estadounidense, Titilayo teme posibles represalias por su labor, por lo que ha solicitado mantener su anonimato.
Karen García, portavoz de La Defensa, explica: “Si grupos conservadores nos identifican, podrían intentar obtener nuestra información privada, localizarnos y causarnos daño”.
En agosto, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley que permitirá a los proveedores de servicios de inmigración, así como a sus empleados y voluntarios que enfrenten amenazas documentadas, solicitar el uso de una dirección de casa alternativa.
La ley AB 2624 entrará en vigor en octubre de 2027. Fue impulsada por la asambleísta demócrata de Oakland, Mia Bonta tras un aumento en las amenazas de muerte, el acoso en línea y las actividades de grupos que, por cuenta propia, hostigan a los inmigrantes. “En este momento, quienes brindan servicios a los inmigrantes viven con miedo debido a extremistas que buscan demonizar tanto su labor como a las poblaciones a las que atiende”, señaló Bonta en un comunicado tras la promulgación de esta ley.
Victor Narro, director de proyectos en el Centro Laboral de la UCLA (UCLA Labor Center), afirma que las amenazas contra quienes trabajan en favor de los inmigrantes sean ciudadanos o no, provienen no solo de grupos extremistas marginales, sino de la propia Casa Blanca.
“En realidad, todos estamos en riesgo, seamos ciudadanos o no”, comentó Narro a ACoM, aludiendo a la trayectoria de la administración Trump de atacar a organizaciones que defienden a los inmigrantes, llegando incluso a calificarlas de terroristas domésticos”.
“Muchas personas intentan ayudar y apoyar a los inmigrantes”, explicó Narro. “El motivo por el que deciden no revelar sus nombres, a pesar de ser ciudadanos, es el peligro de ser investigados, perseguidos o acosados”.
Solidaridad y apoyo
Cuatro años antes de poner en marcha Court Watch LA, la organización La Defensa asumió la gestión de un programa de observación anteriormente dirigido por el National Lawyers Guild de Los Ángeles, destinado a personas que atraviesan el sistema de justicia penal. En junio de este año, respondiendo a numerosas peticiones de la comunidad, la organización amplió el programa para incluir también a los tribunales de inmigración.
Como parte de esta iniciativa, La Defensa colaboró con expertos legales de la UCLA para capacitar a observadores voluntarios sobre diversos aspectos del sistema de inmigración.
Bryanna, quien también forma parte de La Defensa, explica que cada tribunal tiene sus propias normas; en algunos casos, por ejemplo, no se permite el acceso de los voluntarios a las audiencias, por lo que permanecen en el exterior del edificio para asegurarse de que las personas regresen a sus hogares sin contratiempos tras sus citas.
En cuanto a los voluntarios, provienen de diversos ámbitos. Muchos son estudiantes universitarios, mientras que otros son abogados o miembros de la comunidad que desean brindar su apoyo, señaló Titilayo.
“Hasta la fecha, hemos capacitado a más de 200 personas. El objetivo principal es ofrecer solidaridad y apoyo”, afirmó. No obstante, añadió Titilayo: “Siempre dejamos claro a las personas que no estamos allí para ofrecer asesoramiento legal ni asistencia de ningún tipo”.
Planes de preparación
Lo que sí pueden hacer, sin embargo, es ayudar a dar la voz de alarma en caso de que alguien sea detenido.
Según Titilayo, los voluntarios suelen animar a los inmigrantes a quienes acompañan, a tener listo un plan de emergencia que detalle qué hacer en tales situaciones. La organización nacional sin fines de lucro Immigrant Legal Resource Center (ILRC) ofrece una guía paso a paso sobre cómo crear planes de preparación.
En los casos en que se permite a los voluntarios entrar al tribunal, explica Bryanna, por lo general observan y toman nota del desarrollo del proceso, permaneciendo atentos a posibles irregularidades.
Mencionó un caso en el que un intérprete asignado por el tribunal traducía incorrectamente partes del procedimiento. El voluntario de La Defensa presente en ese momento, quien hablaba español con fluidez, se percató de la situación y alertó a los abogados involucrados en el caso.
En casos cuando la corte no permite acompañar a un inmigrante durante su comparecencia, La Defensa envia a dos voluntarios: uno para esperar en la entrada del tribunal y otro en la salida.
“El objetivo es garantizar que la persona no sea secuestrada discretamente a través de esa salida, algo que a veces ocurre en este tipo de citas. Una vez que la persona sale del edificio de forma segura, el voluntario se asegura de que abandone la zona y regrese a su hogar”, explicó Bryanna.
Ampliación de servicios
La Defensa planea seguir ampliando su programa de apoyo a inmigrantes y, con la puesta en marcha de una nueva línea telefónica (323) 872-0411, estima que podrá llegar a muchas más personas en todo el condado de Los Ángeles y brindarles asistencia.
El grupo también espera extender su ayuda a los condados vecinos, ya que han recibido solicitudes de apoyo por parte de comunidades en el condado de Orange.
“En última instancia, nuestro crecimiento se centra en ampliar el alcance de nuestro programa y ofrecer apoyo, manteniendo siempre la colaboración con quienes trabajan directamente sobre el terreno”, señaló Titilayo.
Bryanna comenta que, a pesar de los desafíos, la experiencia de ser voluntaria como observadora judicial, para ella, ha sido profundamente gratificante.
“Éramos dos voluntarias: una persona que hablaba español y yo”, recordó, al describir una reciente comparecencia judicial a la que asistió. “Nos reunimos fuera del tribunal y entramos junto con la persona. Pudimos sentarnos a su lado. Él inmigrante nos dijo que nuestra compañía lo hacía sentir muy seguro”.
Al salir de la audiencia, Bryanna dice que “Toda su familia lo esperaba, visiblemente ansiosa. Nos abrazaron y nos dieron las gracias por asegurarnos de que saliera a salvo”.
This story was produced as part of “Aquí Estamos/Here We Stand,” a collaborative reporting project of American Community Media exploring the impact of Trump Administration’s war on immigrants in communities across California.
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Esta historia fue producida como parte de «Aquí Estamos/Here We Stand», un proyecto de reportaje colaborativo de American Community Media que explora el impacto de la guerra de la Administración Trump contra los inmigrantes en comunidades de toda California.
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